El derecho internacional, como construcción jurídica tiene en su base, la garantía y defensa del derecho de los estados, su autonomía e independencia y, por esa vía, los derechos de las personas a las que estos estados representan.
Jaime Delgado Rojas / AUNA-Costa Rica
Los locales de la misión (diplomática) son inviolables.
(art. 22 Convención de Viena, 1961)
Las derechas políticas gustan de violentar los instrumentos de derecho internacional de la misma forma que irrespetan los derechos humanos. Es su deporte favorito. Esa conducta les permite legitimarse con el discurso de defensa de la soberanía nacional para darse aires de nacionalistas. Ese nacionalismo que se arrogan es igual en contenidos y prácticas al homólogo de los nacionalsocialistas de la primera mitad del siglo XX europeo: así fue en estados parapetados con las doctrinas de la seguridad nacional, donde las dictaduras militares cundieron de sangre y represión las naciones del Sur del continente. Aquellos regímenes de gorilas se vanagloriaban de su nacionalismo y eso les daba aliento para perseguir a todos los que ellos calificaban enemigos de la nación: los de izquierda, los demócratas progresistas. De igual forma, tienen ese contenido las retóricas antivacunas difundidas durante la pandemia del COVID 19 por Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, quienes tuvieron portavoces en diversos países. De hace unos días para acá el presidente de Costa Rica ha insistido en que “Ninguna organización internacional nos va a dar órdenes”, que este país “…no va a renunciar a su soberanía”, a propósito de las posibles medidas sanitarias que pediría la Organización Mundial de la Salud en la perspectiva de una nueva pandemia.
Estas retóricas de la derecha están muy lejos del otro discurso nacionalista proclamado por líderes, gobiernos y corrientes de pensamiento que enfrentan cultural y políticamente, la agresión colonialista. En este otro discurso se expresa la voluntad de autodeterminación de estos pueblos frente, en particular, a la política exterior norteamericana. No es igual entonces y debe subrayarse esta diferencia pues se estampa en la política exterior de México actual, la del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Nuestra América y es parte de la disputa por la violación a la soberanía del espacio diplomático azteca en Quito, Ecuador, el 5 de abril pasado; precisamente, a escasos días de otra violación, por parte del ejército de Israel, con saldo de vidas humanas sucedida en Damasco, Siria, en la sede diplomática iraní.
La acción del día 5 de abril en Quito violenta un instrumento de derecho internacional de reconocimiento declarado por la comunidad internacional. Su violación abrió espacio a la condena regional e internacional y a posibles litigios internacionales que comprometen el prestigio del país infractor. Entre las condenas no podía esperarse la de la OEA, el organismo continental y la demanda por parte de México de sanciones en la CELAC. Incluso, aunque casi anecdótico por la calidad de los actores, la condena conjunta de los presidentes de los países de una organización subregional difusa y etérea, como lo es la Alianza para el Desarrollo en Democracia. Esta organización, un espacio de encuentro circunstancial, creada en el 2021 por los presidentes de Panamá, Costa Rica y República Dominicana había incorporado a Ecuador, en la medida de que el país sudamericano venía abriendo espacios de negociación económica con los otros países, integrantes del Sistema de la Integración Centroamericana. La condena de los tres países fue notoria tratándose de gobiernos derechistas, sobre todo el de Costa Rica. “… confiamos, dice el pronunciamiento, que Ecuador y México, naciones hermanas, puedan superar este grave conflicto a la mayor brevedad posible por la vía del diálogo y las normas que regulan esta materia, con el fin de retomar el normal cauce de sus relaciones diplomáticas (6 de abril 2024).
El derecho internacional no es, per se, un instrumento al servicio de confabulaciones oscuras y conspiraciones internacionales. El derecho internacional, como construcción jurídica tiene en su base, la garantía y defensa del derecho de los estados, su autonomía e independencia y, por esa vía, los derechos de las personas a las que estos estados representan. Su proceso constitutivo es de larga data y coincide con los procesos de construcción de estados nacionales, desde el siglo XVI. El derecho diplomático, en su particular expresión de derecho de legación era defendido por los padres del derecho internacional, el fraile dominico español Francisco de Vitoria (1483-1546) y el jurista neerlandés Hugo Grocio (1583-1645). Sin embargo, el respeto a los delegados del adversario, en situaciones bélicas, era parte del derecho en la guerra desde la Antigüedad y en Roma formó parte, de su ius gentium (el respeto al derecho de los diferentes pueblos, la legación, el derecho a los combatientes en la guerra, el comercio interoceánico y el trato a los prisioneros de guerra). Tal pareciera que la derecha ecuatoriana requiere de un recordatorio sobre el tema pues sus alegatos para defender la incursión en la Embajada no alcanzan en la balanza el peso que tiene el derecho violentado. Hace unos años, otro gobierno ecuatoriano, el de Lenin Moreno, violentó el derecho del asilo diplomático al permitir que fuera sacado de la su embajada en Londres, el periodista australiano perseguido por Estados Unidos Julián Assange (había sido asilado en la embajada desde junio del 2012 y en diciembre del 2017 había adquirido la ciudadanía ecuatoriana, pero el 11 de abril del 2019 fue detenido por la policía británica.)
No puedo dejar de lado que también ha habido situaciones en las que gobiernos y líderes progresistas han llegado al extremo de repudiar los órganos internacionales garantes de los derechos humanos, dilapidando, por esa vía, trincheras valiosas del derecho internacional en tanto son espacios de diálogo y negociación en los que se encuentran frente a frente, y reciben abrazos fraternos, como iguales, naciones y estados muy diversos en tamaño, poblaciones, recursos y concepciones del mundo.
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