La “vaca” de Uribe refleja el enfrentamiento de Petro con la elite antioqueña y su lucha por reorientar la inversión pública hacia los territorios más necesitados.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Desde Colombia
Hay antecedentes cercanos. Junto con otras fuerzas regionales del país, el gobernador ha insistido en la necesidad de impulsar un referendo que les permita tener autonomía fiscal. Se propone modificar el artículo 298 de la Constitución para que puedan administrar de manera autónoma el recaudo de ciertos impuestos, como el de renta, sin injerencia nacional.
No es un debate técnico ni académico, como lo presentan sus promotores. Se reactivó con el triunfo electoral y el fortalecimiento del uribismo en Antioquia. Es una disputa atravesada también por la influencia regional de las mafias.
El asunto de fondo aquí es la lucha del Gobierno Nacional por reorientar la inversión pública hacia los territorios y regiones más necesitados, afectados por el abandono estatal y por el conflicto armado.
Hacerlo requiere de un cambio en la normatividad, las costumbres, del “sentido común” imperantes por siglos y afianzados en las últimas décadas. Es la lucha en contra de la concepción de la inversión pública como negocio privado, defendida por quienes se oponen al cambio.
Lo cierto es que la descentralización, impulsada en la época neoliberal, se centró en el llamado a la democracia directa y la participación ciudadana. Pero las decisiones de fondo se concentraron en la tecnocracia y esto provocó un incremento en las desigualdades regionales y territoriales.
Por ello, una estrategia fundamental del Gobierno Nacional es redirigir la inversión pública hacia los territorios más necesitados, en consonancia con las metas del Plan de desarrollo. Se recoge así el clamor de juventudes, comunidades, campesinos y grupos étnicos, mujeres pobres. Las reformas sociales estratégicas que parecen naufragar en el Congreso buscan precisamente la reivindicación de todas estas expresiones.
A este respecto, William Camargo, ministro de Transporte, hace una interesante reflexión, basada en diversos textos académicos, incluido uno de Fedesarrollo: "La distribución espacial de las actividades económicas tiende a ser desigual y se concentra en algunas áreas geográficas (…). Sin embargo, la existencia de una geografía económica desigual no implica que el mapa de las oportunidades sociales y el acceso a mínimos sociales deba ser desigual”.
Camargo introduce también la relación entre conceptos como justicia espacial (David Harvey, Milton Santos), pobreza multidimensional y descentralización. Se centra aquí a dos enfoques en tensión con respecto a la provisión de los bienes del Estado. El primero, de carácter marcadamente eficientista, (neoliberal, diríamos), quesólojustifica la intervención cuando los beneficios económicos de la operación generan ganancia.
El segundo corresponde a la provisión de bienes públicos, aun a pesar de su baja rentabilidad económica, como principio de justicia social que trae beneficios para comunidades históricamente excluidas.
Recuerda que durante los últimos 8 años la inversión en los territorios con presupuesto nacional, expresada en vigencias futuras, recursos de la vigencia y recursos propios de las entidades del sector, se ha concentrado en las zonas de mayor preexistencia de actividades económicas.
Mientras tanto, departamentos como Huila, Sucre, Vaupés, Vichada, Chocó y Cauca entre otros, han quedado rezagados. Tal es la discusión que propone este gobierno, para generar un mayor balance y un giro diferente en la asignación de dichas partidas.
Hay además un elemento central, prioritario desde el acuerdo de paz: la necesidad de avanzar en la reparación de las víctimas. “Hay que arrebatarle a la pobreza, la violencia y las economías ilícitas el espacio que el Estado ha permitido que históricamente gobiernen”, señala el ministro.
En ese respecto, las inversiones en Antioquia suman alrededor de 17,13 billones bajo el esquema de concesiones. A ello se agregan otros recursos, resultantes de “asimetrías a escala departamental”, lo que eleva la suma a 20 billones en los 8 años.
Frente a esta realidad, señala, el Gobierno del Cambio antepone prioridades de inversión en infraestructura y bienes públicos en otros territorios del país, incluso a nivel subnacional. Algunas de estas son la carretera Quibdó-Medellín, vías territoriales en Urabá o acueductos municipales.
El presidente y el ministro han invitado al gobernador a dialogar sobre el tema y a buscar recursos adicionales. Le plantean opciones: obras por impuestos, vigencias futuras departamentales, regalías, valorización nacional. Pero aquí y en todas partes, la derecha se resiste a pagar impuestos.
En este debate, Petro, afirma con toda razón que la inversión pública se ha concentrado en las vías 4G, especialmente en Antioquia y Bogotá, en zonas geográficas de estratos altos. Y reafirma que, contrario a lo que se dice, su gobierno giró 1,1 billones para el túnel del Toyo, una obra con posibles sobrecostos de 765.000 millones. Señala que este es el ejemplo de lo que pasa en la mayoría de las 4G: sobre calculan el tráfico y el Estado tiene que asumir déficits billonarios.
Así, el sistema de concesiones 4G, tan promocionado por los gobiernos anteriores, es una transferencia neta de recursos por billones de pesos de la nación a los concesionarios de carreteras.
Cita otros ejemplos del debate actual. El fondo de subsidios a la gasolina dejó una deuda de 80 billones; los gobiernos pasados trasladaron 12 billones de pesos a Electricaribe, que se perdieron. Lo mismo sucedió con 15 billones de reservas técnicas de los recursos de la salud y con la deuda de 35 billones al sistema hospitalario.
“Recibimos un país empeñado, con una realidad presupuestal manejada a las patadas con cerca de cien billones de deudas escondidas y con el erario dedicado exclusivamente a los grandes negocios del cartel nacional de la contratación en carreteras, salud, energía eléctrica”.
He ahí el fondo y la magnitud del problema.
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