Esta historia cargada de muertos, abusos, violaciones y desprecio por la vida humana, de las empresas químicas estadounidenses fabricantes del DBCP, Nemagón o Fumazone, no es un caso aislado, sino que ha sido un comportamiento más que frecuente de los gigantes del sector de la industria química, farmacéutica y biotecnológica, tanto en ese país como en otros.
Pedro Rivera Ramos / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Pero esta multinacional no sería reconocida solo por este rasgo, sino también porque con ella nacen las llamadas “repúblicas bananeras”, las intoxicaciones y contaminaciones químicas de trabajadores y el ambiente, así como las numerosas intervenciones violentas que, con apoyo total de la CIA, van a financiar en estos países para imponer sus intereses comerciales, políticos, y a veces ideológicos.
En tierras centroamericanas y colombianas, sobre todo, esta empresa arrastra junto con otras multinacionales de la fruta no tan conocidas, un largo historial siniestro en el financiamiento de golpes de estado, acciones terroristas, sobornos políticos y asesinatos de personas considerados problemáticos a sus intereses o que simplemente se negaban a vender sus tierras a esta compañía para sembrar bananas.
En Colombia, el 6 de diciembre de 1928, fueron masacrados por efectivos del ejército colombiano miles de trabajadores del municipio de Ciénaga, por órdenes de la United Fruit Company que de ese modo quería poner fin a una huelga decretada. Casi un siglo después, son enjuiciados por estos hechos, varios gerentes de la Chiquita Brands International, nombre con el que se empezó a conocer esta compañía a partir de 1970. Más recientemente, en junio de 2024 un tribunal de Florida condenó a esta multinacional bananera, a pagar más de 38 millones de dólares a las familias de ocho hombres colombianos, que fueron asesinados en los años noventa por el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cumpliendo sus órdenes directas.
Entre las andanzas intervencionistas más conocidas de la United Fruit Company, se encuentra el golpe de estado en Guatemala al presidente Jacobo Arbenz en 1954, mediante un operativo de la CIA llamado PBSUCCESS, que se puso en marcha cuando iniciaba una reforma agraria en ese país, que contemplaba la expropiación de más de 70,000 hectáreas ociosas de la United Fruit. Mientras que, en Honduras, se le acusó de estar detrás no solo de los sobornos al presidente Arellano en 1975, en un escándalo llamado “Bananagate”, que terminó con su derrocamiento militar, sino también del golpe de estado al presidente electo José Manuel Zelaya en junio del 2009.
Para empresas como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y Del Monte Foods, entre otras, lo más importante siempre fue que las frutas tropicales producidas en las tierras de nuestro continente, se vieran inmaculadas, aunque ello fuera a costa de la salud y vida de los trabajadores y del medioambiente. Por eso jamás dudaron en combatir los nemátodos y otros insectos que afectaban sus plantaciones y áreas de empacado, con los venenos más poderosos que existieran en esos momentos. Así fue como en el año 1969 llegó a las plantaciones bananeras el DBCP (1,2-dibromo-3-cloropropano), Nemagón o Fumazone (según lo fabricara la empresa química Shell Oil Company o Dow Chemical Company), como el tóxico que garantizaría que la fruta tuviera a los ojos una presencia estética impecable. Desde muy temprano estos dos laboratorios químicos descubrieron que su veneno, no era solo muy efectivo para combatir nemátodos del suelo, sino también que tenía una fuerte toxicidad genética y mutagénica en animales, y que era capaz por ello, de producir crecimiento retardado, así como daños graves en pulmones, riñones e hígado, distintos tipos de cánceres y, sobre todo, lesiones irreversibles en el aparato reproductor masculino causándole infertilidad.
Aun así, el DBCP empezó producirse en 1955 y solo fue en 1958, cuando la empresa fabricante le advertía de manera muy confidencial a sus directivos, que se habían encontrado serios trastornos en los órganos sensibles de ratas de laboratorio, expuestas a este químico. Pese a esto, nadie advirtió a los trabajadores de los graves riesgos y consecuencias para su salud, que tendrían al exponerse al contacto con este poderoso veneno, ninguno recibió equipos de protección y seguridad, nunca supieron que por la forma de aplicación contaminaban el suministro de agua que bebían y mucho menos se contaba con un etiquetado del químico para su uso con instrucciones en español. Naturalmente que las plantaciones bananeras y sus trabajadores de Centroamérica no fueran las únicas en el mundo expuestas a este químico, sino que también se usó en tantos otros países como Ecuador, Perú, República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, Francia, Israel y algunos del continente africano.
El DBCP o Nemagón, es considerado un plaguicida muy persistente y móvil, estable al agua y ya aplicado al suelo se descompone lentamente, pudiendo estar presente en el mismo hasta 140 años. Por su alta peligrosidad, forma parte de los doce contaminantes orgánicos persistentes llamado “la docena sucia” del Convenio de Estocolmo de 2004. También se presupone que un derivado de él fue usado por los Estados Unidos en bombas lanzadas durante la Segunda Guerra Mundial.
La comunidad científica en general considera probado que el DBCP es causante de esterilidad masculina y es un probable agente cancerígeno, porque en pruebas con animales se han encontrado cánceres de hígado, estomago, riñones y esófago. Asimismo, está aceptado que la toxicidad aguda y crónica del DBCP producida por exposiciones por vía respiratoria, oral o dermal, causan daños al sistema nervioso central, debilidad, irritación de piel y ojos, daños renales y hepáticos, malformaciones congénitas y abortos. A estos problemas graves de salud se suman, además, que algunas personas expuestas a este químico manifiestan traumas psicológicos y sociales en forma de impotencia, depresión y pérdida de autoestima, que muchas veces desembocan en alcoholismo, desempleo y amenazas de suicidio.
En los Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental (EPA) en 1975 catalogó al DBCP como posible agente cancerígeno; restringiendo su uso y exigiendo para su utilización equipos de protección adecuada, dos años después. Mientras que, para ese año, 1977, las compañías químicas Shell y Dow decidieron dejar de producirlo, aunque siguieron exportando sus existencias a determinados países centroamericanos, entre ellos Honduras. En 1979 la EPA canceló el registro de DBCP, prohibiéndose su manejo en territorio estadounidense para casi todos sus usos, excepto para siembras de piña en Hawái donde se permitió hasta 1985. Ante este panorama y el temor de demandas legales, Dow les comunicó a las multinacionales del banano, que iba a suspender el suministro del químico. Acción que no llevó a cabo porque la Standard Fruit le aseguró que ella, asumiría los costos de todas las posibles demandas que pudieran presentarse.
Los plaguicidas químicos o sintéticos han estado presentes en el modelo de agricultura convencional desde principios de la década de los 50, dejando residuos en los alimentos, ropa, suelos, aire y agua, así como causando impactos en la salud de los aplicadores, manipuladores y sus familias o personas que viven cerca de los campos de cultivo. Es decir, que estas sustancias químicas y tóxicas han venido provocando problemas que afectan la calidad y bienestar de vida de las personas, la biodiversidad y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas.
Los plaguicidas químicos suelen causar en los seres humanos daños a corto y largo plazo y estos pueden ser de efectos tóxicos agudos y crónicos. En exposiciones muy prolongadas en el tiempo, pueden provocar distintos tipos de cánceres, deterioro del sistema reproductor, leucemia, tumores, esterilidad, abortos y problemas neurológicos, respiratorios y congénitos. Se estima que cada año enferman por intoxicación aguda por plaguicidas, un aproximado de 400 millones de personas vinculadas a las actividades agropecuarias en todo el mundo, causando la muerte de 50,000 de ellas. Muchos de estos casos pueden ser resultado de la ausencia de capacitación de los trabajadores, sobre los riesgos que corren al exponerse a los plaguicidas, la ausencia de medios de protección y seguridad o el uso de un etiquetado en idiomas distintos al del lugar donde se aplican.
La cantidad de personas que son expuestas directa e indirectamente tanto en áreas rurales como urbanas a la acción de plaguicidas altamente venenosos y a distintas concentraciones, es realmente una cifra impresionante y muy preocupante. Ya que estos no son usados únicamente en actividades agrícolas y pecuarias por los que formulan, manipulan y aplican, sino porque son utilizados con mucha frecuencia en el control de vectores en viviendas, parques y otras áreas públicas, comunitarias y laborales. Y todo esto tiene un gran impacto no solo en lo económico y social, sino también en la esfera humana y ambiental.
Pocos médicos aceptan relacionar muchas de las enfermedades que tratan con impactos de tóxicos medioambientales o la exposición de las personas a plaguicidas sintéticos, al uso de plaguicidas sin control en el hogar, al hecho de vivir cerca de un lugar donde se fabrican o se hacen aplicaciones aéreas, que los afecta por una deriva sin regulación que llega hasta alcanzar un 40% y que se puede detectar entre 8-24 horas después de la aplicación.
Es evidente que, con toda la información científica disponible hoy día, nuestro enfoque regulatorio sobre el uso de los plaguicidas químicos, se debe tornar más riguroso a la hora de proteger la salud de los seres humanos y el ambiente, ya que debemos reconocer que las estrategias vigentes y el valor de protección que se han establecido para determinar los riesgos de agroquímicos, viene generando crecientes dudas desde hace algún tiempo. Esto debido a que se ha encontrado una elevada corrupción entre expertos de las entidades que realizan las evaluaciones toxicológicas de los plaguicidas para el registro de los mismos, así como en los laboratorios que se contratan para ello. Esa situación suele reflejarse con mucha frecuencia, en las políticas de fiscalización, aprobación, supervisión e investigación de los riesgos e impacto sanitario de los plaguicidas sintéticos.
Lo cierto es que la clasificación toxicológica que se propone y se sigue en muchos países, suele mostrar o clasificar a los plaguicidas sintéticos con menos toxicidad, que las que realmente tienen sobre el ambiente y la salud de las personas. No obstante, existen muchos que aseguran que los problemas y daños de los plaguicidas al ambiente y a la salud, es porque las personas los manipulan y usan sin considerar ni atender las recomendaciones de seguridad; para ellos este es un asunto que se resuelve fácilmente, con la simple aplicación de buenas prácticas agrícolas cuando se estén usando. A pesar de esta postura tan cándida y sospechosa, la creencia extendida es que el uso intensivo de plaguicidas sintéticos provoca daños a la salud de las personas, puede aumentar la resistencia de las plagas y enfermedades, provocar una reducción significativa de la biodiversidad y causar un marcado deterioro de los agrosistemas.
Precisamente por las graves, irreversibles y profundas secuelas que el DBCP o Nemagón, causó a muchísimos extrabajadores de las empresas transnacionales del banano en Centroamérica, se iniciaron en la década de los 80, demandas judiciales contra ellas y los fabricantes de este veneno. Las empresas más demandadas han sido Standard Fruit Company, Shell Oil Company, Chiquita Brands International, Dow Agro Sciences, Del Monte Tropical Fruit Company, Aka Del Monte Fruits, Occidental Chemical, Del Monte Foods y Dole Food Corporation. Se cree que más de 20,000 afectados han presentado sus demandas en tribunales de los Estados Unidos, aunque se considera que la cifra de afectados supera los 65,000 y que crece constantemente.
En 1997 miles de trabajadores afectados por este veneno engañados por abogados y políticos corruptos de sus países, aceptaron resolver sus peticiones con una miserable indemnización y en el finiquito se comprometieron a que en el futuro no entablarían nuevas demandas. Mientras que en el 2007 más de 30 trabajadores en representación de 5,000 trabajadores agrícolas de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, lograron llevar a juicio, por fin, a Dow Chemical Company, Amvac Chemical Corp y Dole Fresh Fruit Co. El fundamento principal de la demanda era que muchos de ellos quedaron estériles, por haber sido expuestos al Nemagón en las décadas de los 60 y 70. Más tarde, a finales de ese año, un jurado de la ciudad de Los Ángeles condenó a la empresa Dole Fresh Fruit Co. que operaba en Costa Rica como Standard Fruit y a Dow Chemical, a pagar una indemnización a seis trabajadores bananeros por 3.3 millones de dólares.
Estos procesos judiciales, aun cuando se suman por miles, no han resultado nada fáciles para los extrabajadores bananeros; tornándose además muy costosos y complejos, debido, entre otras cosas, al costo del traslado de testigos, a que se desarrollan en tribunales estadounidenses y en idioma inglés, y a que las leyes de ese país, tratando de proteger a sus empresas bananeras y sus compañías químicas, fueron usadas durante muchos años para esquivar las demandas que se presentaban, en unos casos, mediante humillantes acuerdos extrajudiciales o invocando el recurso legal llamado “foro no conveniente” (FNC), que traducido en lenguaje llano, significa que el caso debe ser atendido por los juzgados más apropiados o de los países donde ocurrieron los hechos. Para complicar aún más las justas peticiones de los afectados, las empresas demandadas aducían que no podían ser juzgadas por un tribunal distinto al de la nacionalidad de su capital y mucho menos por sistemas judiciales corruptos de los países donde operaban.
Pese a que ya desde los años 50 se sabía que el DBCP o Nemagón, era altamente perjudicial para los humanos y que no solamente causaba esterilidad, impotencia, daños en la piel, en la vista, riñones, hígado y otros órganos; mientras en las mujeres, abortos y malformaciones congénitas a sus descendientes, la esterilidad masculina fue la única consecuencia comprobada científicamente que se aceptaba en las demandas, lo que hizo que las mismas se centraran en los daños a los hombres, excluyendo mujeres y niños que también habían sido expuestos, así como también pasaron a ser demandas netamente económicas, como si esa fuera la única forma de resarcir los daños causados, que iban desde psicológicos, depresiones, hasta en los entornos familiar y ambiental. La exclusión de las mujeres en estos litigios vino a constituirse al final, en una clara expresión de la discriminación histórica que ellas habían sufrido dentro, de las organizaciones sindicales de los trabajadores bananeros.
No obstante, desesperados por su situación, la muerte de muchos de sus compañeros y sus graves enfermedades y trastornos, los afectados por este químico recurrieron en muchos países a las protestas públicas, apelaciones a sus diputados, huelgas de hambre, bloqueos y movilizaciones. Muchos de los dirigentes bananeros hondureños, nicaragüenses y costarricenses, desde que empezaron los conflictos y las demandas, fueron amenazados, agredidos y asesinados de manera sospechosa. Algunos han tenido que enfrentar juicios amañados por su protagonismo y militancia en estas acciones.
Todo esto fue creando las condiciones para que a mediados de los 90, nacieran tanto en Nicaragua como en Costa Rica, las primeras organizaciones de afectados por el DBCP. En Nicaragua, la estrategia de los extrabajadores bananeros consistió en ganar los juicios a nivel interno, para luego hacer las gestiones correspondientes ante tribunales estadounidenses para exigir su cumplimiento, mientras que en Costa Rica, aun cuando no se responsabilizaba directamente al Estado, éste terminó aprobando la ley No.8130 de septiembre de 2001, que sirvió para indemnizar a muchos trabajadores costarricenses y, de ese modo, eximir de responsabilidad a las empresas bananeras y las productoras del veneno.
En estudios realizados sobre trabajadores que aplicaron el químico en las plantaciones bananeras de Costa Rica entre 1967 y 1979, se encontró que en su exposición al DBCP, la cantidad de espermatozoides disminuía al aumentar su exposición y una correlación positiva altamente significativa, entre el porcentaje de trabajadores estériles y el número de horas de aplicación. Esta situación no era solo por la exposición en los campos, sino que también en las empacadoras de las frutas, donde trabajaban principalmente mujeres, se usaban el tiabendazol e imazalil, plaguicidas que son capaces de producir malformaciones durante el desarrollo del embrión, entre otros daños a la salud humana.
En 1999 en un recorrido de más de 140 kilómetros (desde Chinandega hasta Managua), miles de trabajadores y extrabajadores bananeros fueron a la Asamblea Nacional, para exigir la aprobación de una ley especial que les permitiera enjuiciar, a las empresas estadounidenses que estaban detrás del veneno Nemagón. Esta marcha fue la primera de muchas. Solo fue en el año 2005 y bajo una fuerte presión, que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba una Resolución, que protege de manera definitiva la Ley No. 364 o ley especial del 2000, sobre la tramitación de juicios promovidos por las personas afectadas, por el uso de pesticidas fabricados a base de DBCP.
Así y en virtud de esa ley en ese mismo año, la justicia nicaragüense condena a Shell Oil Company, Dow Chemical Company y Dole Food, a indemnizar con 489 millones de dólares a un grupo de afectados, representados por el bufete “Ojeda, Gutiérrez, Espinoza y Asociados”. De inmediato, los abogados inician trámites para reclamar en las cortes de Estados Unidos esa indemnización, pero fue rechazada en 2003. También un grupo de afectados por el DBCP de Chinandega, logró ya en tribunales estadounidenses condenar a las empresas Shell, Dow y Occidental, a pagar la suma de 97 millones de dólares a 150 trabajadores.
No obstante, los rigores de una lucha tan compleja y contra intereses tan poderosos, comenzaron a diezmar la fuerza de los afectados. Con el tiempo los demandantes y las organizaciones formadas en torno a las secuelas que les dejó el DBCP, se fueron desalentando en sus peticiones ante tantos litigios judiciales rechazados y apareció la división y el distanciamiento entre ellos, cultivados por políticos, abogados corruptos, seudodirigentes, instituciones del estado y serviles de las empresas bananeras. Esto al final debilitó las demandas y, sobre todo, el apoyo y la solidaridad de otros grupos sociales, que habían visto en sus luchas el optimismo que les faltaba a las de ellos; lo mismo va a influir de manera decisiva para impedir, que el movimiento rebase los límites de cada nación y se convierta en lo que pudo ser, un sólido proyecto de alcance regional.
Panamá también fue otra de las naciones centroamericanas, al igual que Nicaragua y Costa Rica, donde el DBCP se usó desde su fabricación hasta el año 2000, dejando incontables trabajadores muertos y afectados de por vida en su salud orgánica y psíquica. Aquí las empresas bananeras Chiriquí Land Company y United Fruit Company, expusieron a miles de trabajadores bananeros con sus fumigaciones aéreas. En 1927 llegó a Chiriquí la Chiriquí Land Company, específicamente a Puerto Armuelles, mientras que la United Fruit Company se estableció en Bocas del Toro desde 1896, cuando nuestro país era todavía un departamento de Colombia y fue la que dotó de las primeras infraestructuras públicas a esa provincia.
Más de 3000 trabajadores bananeros y sus familias, que vivían en los costados de los campos de banano de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, adquirieron enfermedades incurables como consecuencia de su constante exposición a químicos venenosos, que les han causado afectaciones severas en la piel, esterilidad masculina, cáncer de estómago y daños a los pulmones. Hasta el momento los afectados por DBCP en Panamá no han recibido una compensación justa, por los daños irreversibles sufridos en su salud. Un proyecto de ley presentado en el 2003 que intentaba que fueran indemnizados por el estado panameño, nunca se aprobó por presiones de la Chiquita Brands.
Esta historia cargada de muertos, abusos, violaciones y desprecio por la vida humana, de las empresas químicas estadounidenses fabricantes del DBCP, Nemagón o Fumazone, no es un caso aislado, sino que ha sido un comportamiento más que frecuente de los gigantes del sector de la industria química, farmacéutica y biotecnológica, tanto en ese país como en otros.
Uno de los episodios más criminales y vergonzosos ocurrió en una fábrica de plaguicidas de la empresa estadounidense Union Carbide Corporation, situada en Bhopal, India, cuando entre la noche del 2 al 3 de diciembre de 1984, se produce un escape de gases altamente tóxicos, considerado más tarde, como la mayor catástrofe química de la historia. Al enterarse de este desastre los principales ejecutivos de la fábrica huyeron de la India. Nunca se supo la composición exacta de los gases liberados y sus efectos nocivos sobre los seres humanos, aunque se cree que se liberaron 27 toneladas de isocianato de metilo, cianuro de hidrógeno y otras sustancias muy tóxicas, cuando la fábrica descuidó de manera increíble las medidas de limpieza y mantenimiento. Solo tres días después de esta tragedia habían muerto unos 8,000 bhopalíes por exposición directa a esos gases.
El gobierno de la India de ese entonces, exigió a Union Carbide una indemnización, aceptando en 1989 un acuerdo extrajudicial por 470 millones de dólares. Compensación que solo se distribuyó 15 años después, entre más de medio millón de sobrevivientes a razón de la humillante cifra de 370 y 533 dólares por persona.
En el aniversario 40 de la tragedia de Bhopal que se cumple este 2024, cuando una ciudad fue convertida literalmente en una gigantesca cámara de gas por la irresponsabilidad de Union Carbide, empresa que en 1999 se escondería al fusionarse con Dow Chemical, la misma compañía que fabricara el Napalm, una versión del Agente Naranja y el Fumazone (DBCP), es lamentable conocer que aún siguen muriendo personas como consecuencia de enfermedades relacionadas con la exposición a esos gases letales, al mismo tiempo que siguen sin resolverse más de 100 demandas en tribunales de los Estados Unidos.
Otra empresa química que refleja cuán crueles e inhumanas han sido sus andanzas en los negocios con sus venenos, ha sido la Monsanto Chemical Company, que fue fundada como una empresa química en 1901 y que antes de la fusión en el 2016 con la multinacional alemana Bayer AG, era desde la década del 40, una de las 10 primeras empresas químicas estadounidenses.
Es conocido que el Agente Naranja, un defoliante usado por el ejército estadounidense en la guerra de Vietnam, era producido principalmente por dos empresas químicas, Dow Chemical y Monsanto (esta última lo producía con concentraciones de dioxinas muy tóxicas y superiores a su competidor). Más de 75 millones de litros del Agente Naranja fueron rociados por militares estadounidenses en la década del 70 y durante diez años sobre Vietnam, Cambodia y Laos, arrasando no solo con millones de hectáreas y la vegetación existente, sino provocando distintos tipos de cánceres, linfomas, quemaduras, abortos, dolencias respiratorias y muertes entre la población expuesta y sus descendientes.
Ya en la década de los 90, los Estados Unidos se comprometerían a realizar operaciones de limpieza, de muchas de las áreas afectadas por el uso del Agente Naranja. También los vietnamitas han limpiado algunos sitios. Pero las secuelas en cientos de miles de personas siguen apareciendo. Fueron precisamente los soldados veteranos de esa guerra de los Estados Unidos, que consiguieron que, mediante un acuerdo, los indemnizaran en 1984 con 180 millones de dólares y así se reconocieran los efectos nocivos de esta despiadada arma de guerra química; siendo Monsanto la empresa que, de siete demandadas, tuvo que pagar casi la mitad de ese dinero. Sin embargo, no corrió con la misma suerte una demanda civil presentada por un grupo de vietnamitas, en un juzgado de Nueva York en el 2004 contra las empresas químicas Dow, Monsanto y Hércules, que le vendieron el Agente Naranja al ejército estadounidense. La demanda fue desestimada porque el juez de la causa consideraba que no era un crimen “vender herbicidas”.
En la historia tenebrosa de Monsanto (apellido de soltera de la esposa española de su fundador John Francis Queeny), aparece el bifenil policlorado o PCB, usado durante mucho tiempo como refrigerante en transformadores y relacionado como agente cancerígeno; además de ser causante de desórdenes inmunológicos y reproductivos en el ser humano. Concentraciones elevadas del PCB se han detectado hasta en el Ártico. Asimismo, Monsanto añadió a su historia de terror, el desarrollo de la hormona del crecimiento bovino Posilac, cuya comercialización fue aprobada en 1994, cuando se sabía que causaba en las vacas un aumento de la mastitis y otros problemas de reproducción y dificultades metabólicas.
Sin embargo, ha sido el herbicida Roundup el tóxico que mejor identifica a Monsanto, cuando hace su irrupción en el mercado en 1974, para convertirse en poco tiempo no solo en el herbicida más vendido en el mundo, sino también, el más demandado y con algunas condenas exitosas por miles de millones de dólares. Se cree que existen solo en los Estados Unidos más de 100,000 afectados por la manipulación de este herbicida y que han desarrollado el linfoma de Hodgkin, efecto maligno que la empresa ocultó por muchos años en beneficio del lucro empresarial. Además de causar esta grave enfermedad, al Roundup se le considera desde el 2015, un agente probablemente cancerígeno, que en las personas que lo manipulan o se exponen, también provoca problemas respiratorios, irritaciones oculares, dérmicas, mareos y náuseas.
En tierras latinoamericanas el Roundup de Monsanto, no es solo conocido por su uso intensivo en las plantaciones de monocultivo en la agricultura industrial, sino porque formó parte junto con el CosmoFlux y el CosmoID como surfactantes, de la estrategia en Colombia desde 1999, de la erradicación forzada de las siembras de coca y amapola con fumigaciones aéreas. Eso lógicamente afectó sensiblemente áreas de cultivos alimenticios y la salud de las personas que vivían en esas áreas. Al final se observó en este fracasado programa, que cada vez que se incrementaban las fumigaciones, crecían al año siguiente las áreas cultivadas con estas plantas ilícitas.
Consideraciones finales
Al llegar hasta aquí debo precisar que no podemos olvidarnos que estas empresas del área biotecnológica, química y farmacéutica desde hace muchísimo tiempo, forman parte de los intereses políticos, económicos y militares del complejo militar industrial estadounidense, donde ocupa un lugar fundamental la producción de armas biológicas y químicas para las guerras a nivel global. Este dato nada despreciable y el hecho que cuentan con cuantiosos fondos para pagarse costosas campañas publicitarias y contratar “expertos” para tratar de minimizar el daño que producen sus venenos, neutralizando tanto a críticos como informes negativos, --cómo ha sido práctica frecuente desde Monsanto y otros gigantes estadounidenses-- nos ayuda a explicar mejor porqué casi nunca pierden o porqué los pueblos siempre pierden.
Una de las principales lecciones que se desprende de la situación que han enfrentado las víctimas y afectados por el uso de los venenos Nemagón y Fumazone, así como los sobrevivientes de las tragedias de Bhopal, Chernóbil, Vietnam y de tantos otros desastres químicos alrededor del mundo, es que en el debate nacional y político de los países, ha de considerarse primero, que la protección de las inversiones extranjeras no puede hacerse a expensas de perjudicar la salud de la población y el deterioro del ambiente; y de producirse estos, se debería contar con un sólido respaldo jurídico interno, para demandar a esas empresas y obtener una apremiante y justa indemnización por las afectaciones causadas.
Y es que volvemos a constatar nuevamente que, aunque ninguna suma de dinero podrá algún día resarcir el daño físico y moral, causado a los afectados por DBCP y por otros venenos químicos, el valor de una vida humana y las reparaciones a los daños causados a una persona, que ha sido incapacitada de por vida para trabajar o vivir dignamente, seguirán dependiendo del lugar donde se produjeron los hechos, tu origen y nacionalidad. Sin embargo, sabemos que, a pesar de todo, las víctimas seguirán esperando que algún día llegue un verdadero castigo para todos los culpables y las indemnizaciones y otras acciones en beneficio de los afectados, cubran de algún modo todo lo perdido.
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