Petro sigue insistiendo en mantener la negociación con el ELN porque es claro que no hay salida diferente, máxime cuando se acerca el espectro de Trump.
Consuelo Ahumada / Para Con Nuestra América
Han pasado 26 años desde entonces. Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, señaló hace pocos días que no firmaría la paz con este gobierno, que prefería negociar con la derecha. Antonio García, su máximo dirigente, dijo antes que no confiaban en el gobierno. El mensaje es claro y contundente.
Sin embargo, a pesar de las similitudes en cuanto a la estrechez política de la dirigencia guerrillera, las circunstancias históricas son bien distintas. Petro avanza con su proyecto transformador con enormes dificultades, frente a una oposición implacable. La ultraderecha, obsesionada con regresar al poder, quiere impedir la concreción y continuación de dicho proyecto.
La delicada situación de orden público obstaculiza la ejecución exitosa del programa de gobierno. Recordemos que el compromiso de Petro fue precisamente recoger las banderas del estallido social. Estableció tres prioridades integradas: paz total, justicia climática y justicia social.
La paz total propone dialogar con todas las organizaciones guerrilleras con carácter claramente político y llegar a los acuerdos necesarios para su desmovilización. El ELN y las diversas disidencias de las antiguas FARC, principalmente.
También se han entablado diálogos territoriales con organizaciones y bandas delincuenciales, del campo y las ciudades, para examinar las condiciones de su sometimiento a la justicia.
Una estrategia muy difícil, dada la multiplicidad, diversidad y complejidad de todas estas organizaciones y agrupaciones.
Es claro también que el narcotráfico y otros negocios ilegales motivan una constante disputa territorial entre todas ellas. La economía ilícita en sus distintas modalidades representa el eje de la violencia que golpea a los territorios más empobrecidos. La cruenta lucha en El Plateado, Cauca, es un vivo ejemplo.
Hoy la disputa no es con el Estado sino por el control territorial y los recursos ilícitos entre distintos grupos, señaló Petro en los inicios de su gobierno.
Por ello, la estrategia del Ejército no puede ser enfrentar a las comunidades, sino atacar la estructura empresarial de la cocaína. Así, se opuso a la fumigación que afecta a las familias campesinas.
“Si se pierde el pueblo, se pierde la guerra”, señaló durante la primera asamblea de cocaleros del Catatumbo, en diciembre 2022, ante múltiples organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, autoridades civiles y eclesiásticas de la región.
Pero sobre todo, el Estado debe llegar a los territorios con inversión social y brindarle oportunidades a la juventud, más allá de las armas. Construir justicia social. Es también la base de su nueva propuesta en la lucha antinarcóticos.
En medio de enormes dificultades, contradicciones e inconsistencias, pero también aciertos, el proyecto avanza. El propósito es incontrovertible: sentar las bases de la paz y el desarrollo territorial.
En este gobierno, el proceso con el ELN se reinició con apoyo de la ONU y la Iglesia Católica y con Noruega, Cuba y Venezuela como países garantes. Brasil, Chile y México se sumaron con ese estatus. Alemania, Suecia, Suiza y España son acompañantes del proceso.
Se adelantaron 6 rondas de negociación entre Caracas, La Habana y México DF. Al final de la tercera, se suscribió un cese al fuego “bilateral, nacional y temporal”, a la espera de una tregua definitiva. El cese se prolongó durante un año, hasta el pasado 4 de agosto.
Asimismo, en mayo se suscribió un modelo de participación de la sociedad civil, primer punto de la agenda y se iniciaron las reuniones.
Pero en septiembre pasado las negociaciones con el ELN entraron en crisis, debido a un atentado en Puerto Jordán, Arauca. Este recordó el de la Escuela General Santander de Bogotá en 2019, durante el gobierno de Duque, cuando fueron asesinados 23 cadetes.
Sin embargo, la respuesta de los dos gobiernos fue bien diferente. En el primer golpe, la decisión del entonces presidente fue ponerle fin al proceso. Como vocero de Uribe y enemigo acérrimo de la paz, sintió la ruptura como un alivio.
Le sirvió para someterse aún más a la estrategia de Trump de aislar y reforzar el bloqueo y las sanciones a Cuba. Contrariando el derecho internacional, le exigió infructuosamente que extraditara a los negociadores del ELN. Logró que la Isla fuera incluida en la lista de países que apoyan el terrorismo, con nefastas consecuencias para su población.
Petro, por el contrario, sigue insistiendo en mantener la negociación.
Hay asuntos centrales muy tensos. El primero, la exigencia del gobierno de ponerle fin a las extorsiones y secuestros, dos prácticas muy repudiadas por la población, que históricamente le han servido a la causa de la ultraderecha en Colombia.
Un segundo asunto son los paros armados impuestos a las comunidades, lo que agrava notoriamente sus difíciles condiciones de vida. El confinamiento reciente de más de 50 mil personas en el Chocó, en medio de graves inundaciones, es un ejemplo claro.
El tercero es la negociación que adelanta el gobierno con el Frente Comuneros del Sur, disidencia del comando central. En este diálogo, que registra avances, participan el gobierno regional y las organizaciones sociales de Nariño. Pero el ELN insiste en que esto es traición.
Quizás el mayor logro de todo el proceso con el ELN ha sido el cese al fuego. De acuerdo con Iván Cepeda, senador y negociador del gobierno, en un año de su vigencia las muertes del conflicto se redujeron al mínimo, así como los atentados a la infraestructura petrolera. Desde que se rompió el cese han muerto 31 integrantes de las FF. MM y 30 del ELN.
Es claro, entonces, que no hay salida diferente a persistir en la negociación. Máxime cuando se acerca el espectro de Trump.
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