domingo, 12 de abril de 2009

Emiliano Zapata: 90 años cabalgando

Por muchas partes del país el general Emiliano Zapata sigue cabalgando junto a los campesinos porque, como cuando él vivía y luchaba a su lado, siguen siendo despojados de sus tierras.
Francisco López Bárcenas / LA JORNADA
(Ilustración: Zapata visto por Diego Rivera)
Arroyito revoltoso, /¿qué te dijo aquel clavel?/ Dice que no ha muerto el Jefe,/ que Zapata ha de volver. El corrido es eminentemente rural, pero su esencia originaria se refuerza cuando se canta a Emiliano Zapata Salazar, general del Ejército Libertador del Sur, más aún si para hacerlo se recurre a un diálogo entre elementos naturales, del campo. Esto no es historia pasada, sino realidad viva que cotidianamente se recrea en los pueblos y se fortalece en fechas importantes; como este 10 de abril, cuando se cumple el 90 aniversario del asesinato de El caudillo del sur, perpetrado por fuerzas gubernamentales, a traición, porque no podían de frente, como recuerda otro corrido.
La clase política y los herederos de los antiguos hacendados, en contra de quienes lucharon los zapatistas, no pueden librarse de su fantasma y buscan exorcizarlo con montajes a modo, supuestamente para recordar su vida y sus actos, aunque su práctica diaria demuestra que lo que más quisieran es librarse de él y sus ideales.
Pero hay otros que sí lo recuerdan y mucho: los campesinos, los verdaderos, los que trabajan y viven del campo, los mismos que defienden sus tierras como Emiliano les enseñara. Por muchas partes del país el general Emiliano Zapata sigue cabalgando junto a ellos porque, como cuando él vivía y luchaba a su lado, siguen siendo despojados de sus tierras. Los ejemplos pueden ser muchos, aunque sólo algunos han roto el aislamiento y se han posesionado en la opinión pública. Sobresalen los proyectos hidroeléctricos de Temacapulín, Jalisco, y Paso de la Reina, Oaxaca, cuyos habitantes se oponen a la construcción de la presa El Zapotillo y Paso de la Reina, porque inundarían sus tierras, dejándolos sin forma de producir sus alimentos, destruirían el tejido social que los une y eso aumentaría la migración y la pobreza.
Pero no son los únicos. Los habitantes de San Jerónimo Taviche, Ocotlán, Oaxaca, luchan contra las mineras canadienses porque se llevan sus riquezas, mientras ellos se quedan más pobres; la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, se opone a ser despojada de su territorio y la explotación de sus recursos naturales por unos cuantos talamontes a quienes las autoridades agrarias dan derecho contra toda evidencia; los pueblos originarios del Distrito Federal luchan contra la privatización de sus tierras para la ampliación del Metro, y los de San Pedro Yosotatu, en la mixteca oaxaqueña, quieren que les devuelvan sus tierras que el gobierno federal pretendió vender a unos invasores.
Hace dos o tres décadas, cuando el gobierno declaró que ya no había tierra que repartir y ofreció recursos económicos para que los campesinos se pusieran a producir las que tenían, muchas organizaciones campesinas cayeron en el juego, abandonaron la lucha por la tierra y con ella los ideales zapatistas, dando lugar a un nuevo corporativismo. Los resultados están a la vista, ahora esas organizaciones o sus herederas dependen para su existencia de los financiamientos públicos; de los pocos que quedan, porque ya está demostrado que la mayoría de ellos no se dirigen a los campesinos de escasos recursos, sino a los grandes que se dedican a la exportación. Este cambio de rumbo tuvo fuertes efectos negativos en la lucha por la tierra, y no sólo se presentó un abandono por obtenerla, sino se dejó el campo abierto para el despojo.
Claro, ahora adquiere otras formas. Ya no es sólo la tierra lo que interesa, sino los recursos naturales en ella existentes, y entre éstos no nada más los forestales y mineros, como fue por mucho tiempo. Ahora lo que más les importa es el agua y la biodiversidad, los recursos genéticos y los conocimientos indígenas asociados a ellos. Por eso este 10 de abril, cuando los campesinos recuerdan el 90 aniversario del asesinato de su general, es necesario que también hagan un balance de lo que han sido estas nueve décadas de lucha, así como de los nuevos escenarios y las formas que habrán de tomar las nuevas luchas que, dada la situación, requieren plantearse como resistencia y emancipación al mismo tiempo. Sólo de esa manera puede sostenerse la veracidad del corrido: Emiliano Zapata no ha muerto y ha de volver.

De Centroamérica a Colombia

Con esta victoria del FMLN en El Salvador, Centroamérica definitivamente se sacude la colonización de Estados Unidos, que materializó allí su última orgía de sangre contra los movimientos populares de América Latina.
Pascual Serrano / Público.es
El pasado 15 de marzo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) logró por primera vez en la historia la presidencia de El Salvador mediante su candidato, el periodista Mauricio Funes. Esta antigua guerrilla, tras liderar durante 12 heroicos años la defensa de lo oprimidos, sufrir masacres de pueblos enteros que simpatizaban con su causa y padecer la cruel represión los escuadrones de la muerte, veía que el sueño de tantos de sus mártires se hacía realidad.
El FMLN, como sucedió en toda Centroamérica, ha debido soportar durante todos estos años la paranoia anticomunista, marcada a fuego en la sociedad de la región por las infames campañas ideológicas de la derecha que seguía rentabilizando el discurso de la guerra fría. A pesar del tremendo apoyo social con que contaba, hasta ahora no pudo alcanzar la presidencia por la sistemática amenaza estadounidense de bloquear el envío de remesas de los dos millones de salvadoreños que trabajan en el país del norte, una cifra igual a la mitad del censo de votantes del país.
Se han necesitado 17 años desde la firma de los acuerdos de paz para que una nueva generación de salvadoreños se recupere de los miles de militantes y cuadros asesinados, se supere la manipulación anticomunista y se pierda el miedo a las presiones estadounidenses.
Con esta victoria, Centroamérica definitivamente se sacude la colonización de Estados Unidos, que materializó allí su última orgía de sangre contra los movimientos populares de América Latina. En Nicaragua, los sandinistas han vuelto al poder después de cometer el pecado de gobernar durante los años más duros de la contrainsurgencia de EEUU. En Guatemala, la paz con la guerrilla de izquierdas (URNG) se firmó en 1996, tras nada menos que 36 años de guerra. La derecha se mantendría en el poder hasta finales de 2006, cuando ganó las elecciones el socialdemócrata Álvaro Colom.
Si bien, a diferencia de El Salvador, su partido no es el heredero de la guerrilla, se trata del candidato que se enfrentaba en la segunda vuelta a la opción más neoliberal y quien recogería las aspiraciones de la izquierda que tomó las armas.
La influencia progresista es de tal envergadura en la región que hasta el presidente liberal de Honduras, Manuel Zelaya, ha suscrito la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), promovida por Venezuela y Cuba, y ha firmado con Hugo Chávez el acuerdo de Petrocaribe, despertando con ello las iras de la derecha local.
Todos estos países han normalizado su vinculación con Cuba, con la que no tenían relaciones diplomáticas desde hacía décadas. Es evidente que la región que fuera propiedad de la United Fruit Company estadounidense y campo de entrenamiento en la guerra fría de los grupos contrarrevolucionarios financiados por la CIA ha despertado y se despide de su servilismo del norte.
Existen otros elementos a tener presentes. Quienes afirmen que los avances de la izquierda en esta región demuestran el error de haber recurrido a la violencia durante la década de los ochenta como lucha en la defensa de las propuestas políticas de izquierda, se equivocan. En aquel entonces, la vía electoral se encontraba cerrada y la lucha armada era la única opción para los movimientos populares que sólo pedían tierra y libertad.
La victoria del FMLN en El Salvador, como la de los sandinistas en Nicaragua, lo que muestra es que es la izquierda la que recoge el sentir mayoritario de los centroamericanos, y que fueron la represión y las masacres las que nunca permitieron su justa representación en las instituciones. Ha debido de pasar más de una década de paz para que la izquierda se recupere del genocidio que sufrió en la región. Se trata del mismo fenómeno sucedido en el Cono Sur. Allí, la izquierda, más moderada o más radical, ha llegado al poder en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay cuando las nuevas generaciones han superado el terror y las bajas que sufrieron en sus filas y cuadros por los militares de las dictaduras.
Tampoco debemos olvidar otro detalle de gran importancia. En aquellos años de plomo en Centroamérica, varios de sus gobiernos se presentaban ante la comunidad internacional como regímenes democráticos mientras los miembros de la guerrilla eran “subversivos comunistas”, léase “terroristas” en la terminología actual. Los paralelismos con Colombia son, por tanto, inevitables. Aquellos escuadrones de la muerte salvadoreños son los paramilitares colombianos de hoy.Tal y como mostraron las correspondientes Comisiones de la Verdad, la financiación estadounidense a los criminales ejércitos salvadoreño y guatemalteco y a la contra hondureña es el Plan Colombia de ahora. Y los presidentes democristianos de El Salvador, liberales de Honduras y republicanos en Guatemala –cómplices del genocidio de toda una generación progresista en Centroamérica– son el Álvaro Uribe que gobierna Colombia.
El Salvador de los años ochenta estaba partido en dos bandos, cada uno de los cuales gestionaba y administraba sus propios territorios. Al igual que sucedió con la guerrilla guatemalteca, el día en que se sentaron a estudiar las causas del conflicto, la reforma agraria y la reinserción de los levantados en armas en condiciones de seguridad, empezó el final de la violencia política. Si la comunidad internacional empieza a comprender eso, la paz y el derecho de la izquierda a existir sin necesidad de matar ni morir puede ser una realidad en Colombia.

Centroamérica, ALBA o TLC

En las nuevas circunstancias, los pueblos y gobiernos de Centroamérica se encaminan, como otros de América Latina, hacia una alianza que les permita disminuir el hambre y la miseria. El ALBA se abre camino por el hemisferio occidental.

Hedelberto López Blanch / Rebelion
Dos vertientes político-económicas con intereses y características opuestas están presentes en la empobrecida Centroamérica y en los últimos tiempos la que más ha avanzado es la que apuesta por la integración regional y por el bienestar de sus pobladores, que han sido olvidados durante décadas.
Tras fracasar en la Cumbre de las Américas celebrada en Argentina en 2005 en la cual no pudo imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en toda la región, Estados Unidos se lanzó a crear acuerdos bilaterales con gobiernos afines y bajo su égida económica.
En ese momento, en Centroamérica la correlación de fuerzas favorecía a Washington con varios estados dóciles en el área y este pudo firmar, en 2006, el Tratado de Libre Comercio con Centro América (TLCCA), el cual obliga a esas naciones a abrir, aún más, sus mercados, fábricas y servicios a las empresas transnacionales y al capital privado, con el consiguiente perjuicio para las mayorías urbanas y campesinas.
Estados Unidos utiliza los TLC y otros acuerdos sobre inversiones bilaterales y regionales para lograr concesiones que no puede conseguir en la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues los países en desarrollo pueden unirse y negociar reglas más favorables.
El premio Nobel de Economía 2001, el estadounidense Joseph Stiglitz, quien para nada puede ser considerado un pensador de izquierda, ha alertado en varias ocasiones los riesgos que entrañan los TLC, al aumentar las desigualdades sociales y agudizar la pobreza en los núcleos rurales.
Según Stiglitz, los TLC son, además, una herramienta utilizada por Estados Unidos para “dividir a los países subdesarrollados, destruir el multilateralismo e imponer sus industrias”.
Cuatro países del área, El Salvador (como principal impulsor), Guatemala, Honduras y Nicaragua (antes del regreso del Frente Sandinista al poder) firmaron el TLC, mientras en Costa Rica, la fuerte oposición popular ocurrida en 2006, lo impidió.
No obstante, en múltiples ocasiones el presidente Oscar Arias ha presionado para acatarlo pues se considera como el mayor defensor del libre comercio y las privatizaciones en la región.
En una reciente visita a México Arias enfatizó que “muchos gobiernos de América Latina han virado su timón hacia el rechazo al libre comercio y a la inversión extranjera directa, hacia la retórica antiimperialista y las utopías de autoabastecimiento”.
El neoliberalismo, aplicado durante las tres últimas décadas en la región, ha dejado un panorama devastador para sus habitantes, incrementado con la implementación de los TLC. La Coordinadora de ONG y Cooperativas (COONGCOP) señaló que a tres años de la ratificación del Tratado, los resultados son negativos para la economía de Guatemala y especialmente para el sector rural.
Una publicación de la organización titulado “Impactos de la Imposición del TLC-CAUSA y el modelo económico neoliberal”, expresa que la balanza comercial con Estados Unidos sumó un saldo negativo de 406 millones de dólares en 2006, año en que entró en vigencia, y el crecimiento de las importaciones fue más sostenido que el de las exportaciones.
“El país, agregó, también perdió soberanía alimentaria como resultado de la liberalización arancelaria de los granos básicos, pues 90 % del consumo de arroz nacional, 70 % del maíz y granos y 100 % del trigo proviene de importaciones”.En El Salvador la situación es aún peor en el campo y las ciudades, donde además 78 % de la población carece de seguro médico estatal o privado y 90% de los más pobres no cuenta con ese beneficio.
La pobreza afecta a cerca de 80 % de la población y algunos sobreviven de las insuficientes remesas que les envían sus familiares en el exterior en tanto el desempleo alcanza 66 % de los habitantes.
Similares eran las estadísticas en Nicaragua y Honduras antes de que sus gobernantes, Daniel Ortega y Manuel Zelaya se integraran a la Alternativa Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA).
Durante la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, efectuada en Caracas en diciembre de 2001, el presidente venezolano Hugo Chávez presentó el proyecto para crear el ALBA, el cual vio la luz en diciembre de 2004 en La Habana cuando Chávez y el presidente cubano Fidel Castro suscribieron los protocolos de su fundación, cuya premisa fundamental sería la integración de la región en busca de un desarrollo independiente mediante el respeto, la colaboración y la solidaridad.
Al proyecto se integraron más tarde los gobiernos de Bolivia y Nicaragua tras la llegada al poder de sus presidentes Evo Morales y Daniel Ortega, respectivamente. En enero de 2008, la pequeña isla caribeña de Dominica se suscribió como quinto miembro permanente, y en agosto de ese año lo hizo Honduras, país que durante largo tiempo había girado en la órbita de Estados Unidos.
Desde años antes, los gobiernos de Cuba y Venezuela habían colaborado con varios países de la región, con el envío de médicos y especialistas para atender a sus poblaciones, operaciones oftalmológicas gratuitas gracias a la Misión Milagro, o los programas venezolanos de entrega de petróleo a bajos precios y créditos blandos, entre otros.
Zelaya informó que Honduras recibió recientemente 50 millones de dólares del ALBA, sin condicionamiento alguno. “Ningún gobierno, ningún país, ningún organismo internacional nos hace este tipo de apoyo tan significativo, sin misiones de programación, de planificación de desembolsos, de evaluación, sin pedirnos absolutamente nada a cambio”, enfatizó.
Desde su adhesión al ALBA, Honduras recibió un préstamo de 30 millones de dólares para capitalizar el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y 2,6 millones de bombillos ahorradores por valor de cuatro millones de dólares.
Además, dos millones de dólares para el Comité Permanente de Contingencias, y un donativo venezolano de 100 tractores e insumos agrícolas que representaron una erogación superior a los cinco millones de esa divisa.
El periódico local El Heraldo reseñó que mediante PETROCARIBE, Honduras obtiene suministro de combustible a créditos, con una tasa de interés que oscila entre 1 y 2 %, un período de gracia de dos años y 25 años plazo para el pago.
Nicaragua ha alcanzado numerosos beneficios que le han permitido paliar la difícil situación dejada por 16 años de gobiernos neoliberales que arruinaron al país, y pronto se declarará libre de analfabetismo con la ayuda del programa cubano Yo Sí Puedo.
Aunque no ha hecho firme su entrada al ALBA, Guatemala también se ha insertado en programas económicos, de salud y de educación proporcionados por la Alternativa Bolivariana.
El triunfo del candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FLMN), Mauricio Funes posibilitará mayores augurios para el fortalecimiento de la integración centroamericana dentro del ámbito latinoamericano.
En las nuevas circunstancias, los pueblos y gobiernos de Centroamérica se encaminan, como otros de América Latina, hacia una alianza que les permita disminuir el hambre y la miseria.
El ALBA se abre camino por el hemisferio occidental, mientras la estrategia de dominio colonial de Estados Unidos con los TLC, va en decadencia.

Cuba y la revolución en el siglo XXI

Hoy, casi veinte años después de la caída de la URSS y de la subsecuente crisis de la revolución cubana, esa nación caribeña continúa con su rumbo propio y más bien adquiere aliados en la región latinoamericana . ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se derrumbó la revolución cubana entre 1990 y 1995 (o incluso, digamos, antes del 2000)?
Eduardo Saxe-Fernández y Francisco Robles
La historia cubana es muy clara, en términos de la dominación política, económica y cultural ejercida por las potencias metropolitanas, desde el genocidio de los pueblos aborígenes y las consiguientes importaciones de esclav@s african@s y el asentamiento hispano, pasando a la dominación directa de EE.UU. entre 1898 y 1959. La revolución cubana marcó el hito más significativo en la historia contemporánea de la isla y de la misma región latinoamericana -similar al de la independencia de España y Portugal y a la revolución mexicana de 1910. Cuba se separó del control del entonces hegemón mundial, los EE.UU., y se alió con su principal retador del período 1917-1989, la URSS y en una medida muy importante –aunque difícil de evaluar-, sobrevivió a los embates contrarrevolucionarios y de los sucesivos gobiernos de Washington, por ese apoyo euroasiático.
Con el colapso soviético luego del derrumbe de las “democracias populares” en la Europa oriental, así como con el aggiornamento neocapitalista de la R.P.China, la opinión generalizada era que la revolución cubana y latinoamericana, tenían sus días contados. Caería derrotada como habrían caído las luchas revolucionarias en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Granada y antes en Chile, en Bolivia, en Perú o en Panamá.
En el caso cubano, con el hundimiento soviético y la hegemonía “imperial” de EE.UU., no haría falta ninguna intervención militar para destruir la revolución, sino que la mismas dinámicas sociales, económicas, y culturales internas, condicionadas por el determinismo tecnológico en su versión informática, así como por la supuesta perfección democrático capitalista de la “globalización”, junto con el posmoderno fin de la historia y el eterno “imperio global” de EE.UU., producirían los efectos deseados. Después de todo, algo así estaba sucediendo en la República Democrática Alemana, en las repúblicas populares de Polonia, Checoeslovaquia, Hungría, Rumanía, etc., así como en la URSS misma, que se desintegraba porque poc@s creían ya en el socialismo y en la revolución social. Las juventudes, sobre todo, daban la espalda a los regímenes socialistas pro soviéticos y pedían “democracia y mercado”, por supuesto con mucha ayuda de los aparatos ideológicos y de seguridad de EE.UU., sus aliados de la propaganda, la OTAN, Israel, Japón y el Vaticano. Recordemos que durante la última fase de la llamada Guerra Fría, al frente de EE.UU. y de la URSS se encontraban los directores de las principales agencias de seguridad e inteligencia, Bush I y Andrópov.
A Cuba se le ofrecería una “transición” al capitalismo que podría ser pacífica si el gobierno cubano no resistía, renunciaba y se entregaba a juicio “internacional” por sus “crímenes”, tal como se haría eventualmente en la R.F. Yugoslava con Milósevich y asociados. Se hablaría entonces de “la primavera de La Habana”, etc. Esto sucedía entre 1989 y 1991.
Para ese momento el presidente de Cuba, Fidel Castro, en el discurso pronunciado en el acto central por el XXXVI aniversario del asalto al Cuartel Moncada, celebrado el 26 de julio de 1989, en Camagüey, argüía:
Hay dificultades en el movimiento revolucionario mundial; hay dificultades en el movimiento socialista. Ni siquiera podemos decir con seguridad que los suministros del campo socialista, que con la puntualidad de un reloj han estado llegando a nuestro país durante casi 30 años, sigan llegando con esa seguridad y con esa puntualidad de reloj. (Castro, 2007a)
Y más adelante apuntaba:
...con relación a la idea de que nuestra Revolución no pudiera resistir si hay una debacle en la comunidad socialista; porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o, incluso, que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró...¡aún en esas circunstancias Cuba y la Revolución Cubana, seguirían resistiendo! (Castro, 2007a)
Efectivamente, el período entre 1989 y 1995 fue durísimo en todos los aspectos para la revolución cubana. Mas no se derrumbó la revolución, ni enfrentó el régimen un descontento generalizado, organizado y activo, ni las juventudes se sentieron alienadas y reprimidas por el “sistema”. El incentivo capitalista de consumo sin medida para engrandecer sin medida el ego parecía fallar. La mayoría en Cuba interiorizó y siguió las consignas de resistencia e hizo de tripas corazón. El daño económico social fue severo; muchas personas sufrieron penuria. El deterioro no llegaba, ni siquiera al punto de partida de la situación social en los otros países latinoamericanos sometidos a las “reformas” neoliberal globalistas. En Cuba, mientras tanto la economía decrecía y la población tenía menos acceso a bienes básicos. El embargo de EE.UU. parecía acabar con la revolución.
Hoy, casi veinte años después de la caída de la URSS y de la subsecuente crisis de la revolución cubana, esa nación caribeña continúa con su rumbo propio y más bien adquiere aliados en la región latinoamericana . ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se derrumbó la revolución cubana entre 1990 y 1995 (o incluso, digamos, antes del 2000)? Leer más...

La sentencia

Costaba reconocerlo a Fujimori en la sala de audiencias, encorvado y vencido, a punto de ser el primer ex mandatario constitucional del mundo en ser condenado por violaciones a los derechos humanos en su propio país, por su propia Justicia.
Santiago O'Donnel / Página12
El día de la sentencia Francisco “Pancho” Soberón arrancó bien temprano. A las seis y media de la mañana se reunió con los 29 familiares de víctimas que tenían pases para asistir a la audiencia, mitad en la sala principal, mitad en la sala contigua, ante un televisor con pantalla gigante. Hablaron y se pusieron de acuerdo en evitar festejos desmedidos si la sentencia era buena, es decir veinte años o más, y de apelar si la sentencia era de menos de veinte años. Después viajaron todos juntos, familiares y abogados, al lugar donde se llevaba adelante el juicio.
Ate Vitarte es el suburbio del suburbio de Lima. Allí, en un rincón de un vecindario que parece una enorme feria de baratijas, se encuentra la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, un campus de entrenamiento de policías de elite. Luego de pasar por varios guardias y casetas de seguridad, se accede a una sala especialmente montada para este juicio histórico. Soberón, director de la Asociación Pro Derechos Humanos, ocupó su lugar en la sala contigua. Los familiares se tomaron de las manos. En la pantalla se veía al acusado.
“Habíamos visto desde el comienzo que estaba con la cabeza gacha, apuntando en un cuaderno. Creo que no apuntaba nada, que era para evadir mirar a las cámaras”, recuerda Soberón.
El acusado no era otro que Alberto Fujimori, dos veces presidente del Perú. Pero costaba reconocerlo, encorvado y vencido, a punto de ser el primer ex mandatario constitucional del mundo en ser condenado por violaciones a los derechos humanos en su propio país, por su propia Justicia.
“Tuvimos que esperar una media hora para que empiece la lectura de la sentencia, creo que fue la media hora más larga de mi vida. Pero enseguida nos tranquilizamos porque una de las primeras cosas que dijo el juez, antes de empezar con los fundamentos, es que la sentencia había sido unánime. Eso nos dio tranquilidad. Había usado la palabra ‘sentencia’ y nosotros pensamos que si era unánime, tenía que ser una pena importante.”
“Cuando empezaron a enumerar los hechos que se habían comprobado empezamos a pensar que habría una condena firme, pero no podíamos saber el monto. Fujimori seguía igual, pero el rictus se le iba endureciendo frente a lo que escuchaba.”
Había llegado el momento. El final de un camino recorrido durante diecisiete años, o más bien la culminación de una lucha emprendida por los familiares, Soberón y tantos otros activistas de las agrupaciones de derechos humanos peruanas, contra la impunidad y el olvido. Fujimori a punto de ser declarado culpable de ser autor intelectual de las matanzas de quince personas en la zona limeña de Barrios Altos en diciembre de 1991 y de nueve alumnos y un maestro de la Universidad de La Cantuta en julio de 1992. El tiempo y los sucesos que mediaron entre las masacres y el juicio cortaron en dos la historia del Perú. Leer más...

El buen vivir

El "buen vivir" apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad y no solamente para el individuo. El "buen vivir" supone una visión holística e integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal.
Leonardo Boff /CCS
Según la ideología dominante, todo el mundo quiere vivir mejor y disfrutar de una mejor calidad de vida. De modo general asocia esta calidad de vida al Producto Interior Bruto (PIB) de cada país. El PIB representa todas las riquezas materiales que produce un país. Entonces, de acuerdo con este criterio, los países mejor situados son Estados Unidos, seguido de Japón, Alemania, Suecia y otros. El PIB es una medida inventada por el capitalismo para estimular la producción creciente de bienes materiales de consumo.
En los últimos años, a la vista del crecimiento de la pobreza y de la urbanización favelizada del mundo y hasta por un sentido de decencia, la ONU introdujo el Índice de Desarrollo Humano (IDH). En él se incluyen valores intangibles como salud, educación, igualdad social, cuidado de la naturaleza, equidad de género y otros. Ha enriquecido el sentido de "calidad de vida", que era entendido de forma muy materialista: goza de una buena calidad de vida quien consume más y mejor.
Por delante de todos los países está Bután, encajonado entre la China y la India, a los pies del Himalaya, muy pobre materialmente, pero que estableció oficialmente el "Índice de Felicidad Interna Bruta". Ésta no se mide por criterios cuantitativos, sino cualitativos, como buen gobierno de las autoridades, distribución equitativa de los excedentes de la agricultura de subsistencia, de la extracción vegetal y de la venta de energía a la India, buena salud y educación y, especialmente, buen nivel de cooperación de todos para garantizar la paz social.
En las tradiciones indígenas de Abya Yala, nombre para el continente indoamericano, en vez de "vivir mejor" se habla de "el buen vivir". Esta categoría entró en las constituciones de Bolivia y Ecuador como el objetivo social a ser perseguido por el Estado y por toda la sociedad.
El "vivir mejor" supone una ética del progreso ilimitado y nos incita a una competición con los otros para crear más y más condiciones para "vivir mejor". Sin embargo, para que algunos puedan "vivir mejor", millones de personas han tenido que vivir mal. Es la contradicción capitalista.
Por el contrario, el "buen vivir" apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad y no solamente para el individuo. El "buen vivir" supone una visión holística e integradora del ser humano, inmerso en la gran comunidad terrenal, que incluye no sólo al ser humano, sino también al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales; es estar en profunda comunión con la Pachamama (Tierra), con las energías del Universo, y con Dios.
La preocupación central no es acumular. Además, la Madre Tierra nos proporciona todo lo que necesitamos. Con nuestro trabajo suplimos lo que ella por las excesivas agresiones no nos puede dar, o le ayudamos a producir lo suficiente y decente para todos, también para los animales y las plantas. El "buen vivir" es estar en permanente armonía con todo, celebrando los ritos sagrados que continuamente renuevan la conexión cósmica y con Dios.
El "buen vivir" nos convida a no consumir más de lo que el ecosistema puede soportar, a evitar la producción de residuos que no podemos absorber con seguridad y nos incita a reutilizar y reciclar todo lo que hemos usado. Será un consumo reciclable y frugal. Entonces no habrá escasez.
En esta época de búsqueda de nuevos caminos para la humanidad la idea del "buen vivir" tiene mucho que enseñarnos.

domingo, 5 de abril de 2009

Biden, el control de Centroamérica y el anzuelo del Plan Mérida

Ninguna de las manifestaciones del Vicepresidente de EE.UU. deberían causar asombro, puesto que el tema de fondo de su agenda era otro: profundizar la línea de control e intervención político-militar de Centroamérica y el Caribe, en el marco del Plan Mérida.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
Joe Biden, vicepresidente del gobierno de EE.UU., culminó el pasado 30 de marzo una gira latinoamericana que lo llevó a Chile y Costa Rica, dos aliados tradicionales que, en los últimos años, han reforzado sus vínculos con la potencia del norte, mediante la firma y ratificación de sendos tratados de libre comercio.
En un artículo publicado por el Grupo de Diarios de América antes de su visita a Chile, bajo el título “Por una sociedad de las Américas” (27/03/2009), Biden reconoció que el objetivo de los encuentros en la Cumbre Progresista de Viña del Mar, primero, y luego en San José, era preparar el terreno de la V Cumbre de las Américas (Trinidad y Tobago) para el presidente Barack Obama, consultando para ello “a los líderes latinoamericanos (…) sobre los desafíos que enfrentan sus pueblos”, en lo que pretende ser “un primer e importante paso hacia un nuevo día en las relaciones entre los países del hemisferio”.
No obstante, a juzgar por los exiguos resultados de las dos reuniones, y particularmente por los mensajes y declaraciones del Vicepresidente, no cabe esperar, en lo inmediato, grandes cambios en las tendencias históricas de la relación entre EE.UU. y nuestra América, aunque sí una profundización de aquellos aspectos que refuerzan el control político-militar de Washington sobre la región.
EL ANZUELO DEL PLAN MÉRIDA. En Viña del Mar, Biden fue enfático en señalar que el gobierno estadounidense mantendrá su muy “progresista” decisión de no levantar el embargo y bloqueo económico a Cuba, a pesar de la unánime condena de esta medida por parte de los gobiernos latinoamericanos. “Cuba no es el mayor desafío del Hemisferio", dijo el Vicepresidente.
En tanto, en San José, ante la petición de los gobiernos y las élites políticas y empresariales centroamericanas –que al cabo son lo mismo- de que Estados Unidos apoye financieramente la recapitalización de los bancos regionales, en especial al Banco Centroamericano de Integración Económica, Biden se limitó a pedir paciencia: la crisis económica interna de su país es la prioridad. Como Cuba, Centroamérica tampoco representa un desafío para la política norteamericana.
Por eso ninguna de las manifestaciones del Vicepresidente Biden deberían causar asombro, puesto que el tema de fondo de su agenda era otro: profundizar la línea de control e intervención político-militar de Centroamérica y el Caribe –como ya es inminente en México-, en el marco del Plan Mérida y sus conceptos de “seguridad de las fronteras” y “lucha contra el narcotráfico”. Propuesta que fue aplaudida por los presidentes que asistieron a la minicumbre de San José.
Biden lo anticipó en el artículo antes mencionado, al afirmar que: “la valiente posición de México contra los carteles de drogas, como también los esfuerzos de Colombia por combatir las drogas”, tendrán “el efecto secundario de empujar a los traficantes hacia América Central. Nos basaremos en la Iniciativa de Mérida, lanzada el año pasado por el presidente Bush, para ayudar a México y a los países centroamericanos. El narcotráfico es un problema de todos, y debemos encontrar una solución juntos”.
Las reales intenciones de la política estadounidenses para Centroamérica quedan al descubierto con esta declaración: no hay dinero para la cooperación en materias como desarrollo económico, social y cultural, pero sí existen los recursos para aquellos países que se sumen activamente a la guerra contra el narcotráfico.
Por supuesto, esta ayuda no obedece al altruismo del Departamento de Estado ni del Congreso estadounidense, y allí es donde brilla el anzuelo en el agua. Entre 2008 y 2009, Estados Unidos entregó 700 millones y 165 millones de dólares a México y Centroamérica, respectivamente, como parte de los compromisos del Plan Mérida. Esta suma podría aumentar en los próximos años, según lo reconoció Thomas Shannon, Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, en una entrevista dada al diario La Nación de Costa Rica (03/04/2009): “Es poco dinero, pero es mejor que nada. Es como un enganche para un programa más grande (…). Eventualmente vamos a tener que aumentar nuestra asistencia a América Central y el Caribe”.
El Plan Mérida es solo el primer paso de un proyecto más ambicioso de Washington. Como bien lo señaló el periodista uruguayo Eduardo Galeano en su reciente visita a México: con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos somete y controla militarmente a otras naciones, como ocurre actualmente en Colombia, donde “hay una ocupación militar que, en parte, empieza a ser gravemente el caso de México” (La Jornada, 26/03/2009).
LA OFENSIVA DIPLOMÁTICA DE OBAMA. La ofensiva diplomática en Centroamérica, a través del Plan Mérida, coincide con uno de los principales movimientos de política exterior del nuevo gobierno estadounidense que, a la vez, es uno de los menos publicitados por los medios hegemónicos: su reposicionamiento en la zona de influencia inmediata: México, Centroamérica y el Caribe.
Apelando al llamado soft power y al discurso de la guerra contra el narcotráfico, Obama consiguió, en menos de tres meses, lo que no logró Bush en ocho años con su actitud de cowboy texano: la oportunidad de intervenir militarmente en México.
Además, como lo muestra el caso de Costa Rica, el gobierno estadounidense procura “amarrar” nuevos socios a su proyecto de reconstitución de la hegemonía debilitada (o perdida). La visita de Biden a San José le permitió al presidente Oscar Arias, y a algunos sectores políticos costarricenses, colocar el tema del combate al narcotráfico y el incremento de la intervención estadounidense en el país –objetivo final del Plan Mérida- como un tema prioritario de seguridad nacional (y sin duda, de la campaña electoral 2009-2010).
Esto bien puede interpretarse como una respuesta geopolítica al cambio en la correlación de fuerzas en Centroamérica, que tiende a un acercamiento al consenso nuestroamericano (lo que se observa, con diferencias obvias, en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) y un relativo distanciamiento de los Estados Unidos.
UNA SOCIEDAD DE LAS AMÉRICAS… VIGILADA. En un sentido más amplio, resulta preocupante que esa “nueva sociedad de las Américas” que pregonan Obama y Biden, se forje sobre la base de la dominación económica y militar que las últimas administraciones estadounidenses -demócratas y republicanas- desplegaron en la región, al amparo de los tratados de libre comercio, las operaciones militares (reactivación de la IV Flota, convenios de patrullaje conjunto) y los planes geoestratégicos (Plan Colombia I y II, y el Plan Mérida).
Ninguna de esas iniciativas, que en su momento han sido presentadas y defendidas como solución a los graves problemas latinoamericanos, permitirá avanzar hacia mejores condiciones de vida para nuestros pueblos (la evidencia así lo demuestra), puesto que no se construyen sociedades justas, solidarias y con relaciones entre iguales, a partir de la amenaza militar, más o menos velada, ni del dominio de los poderosos sobre los más débiles.
Lo que se requiere, a partir de ahora, es una vigilancia y movilización permanente de parte de los movimientos sociales y la organizaciones políticas, sobre todo a nivel centroamericano, para defender la soberanía de nuestros países y los intereses nuestroamericanos, ante la nueva y sigilosa carga de la diplomacia estadounidense.

Sobre la violencia en Centroamérica

Aquí están los países en donde la pobreza extrema alcanza los más altos niveles, en donde puede verse por la calle a los tullidos, a los desnutridos, a los deformes, verdadera corte de los milagros en medio de la lujuriante naturaleza y de las tierras fértiles que habrían dado para que todos tuvieran, cuando menos, lo necesario para la vida digna.
Rafael Cuevas Molina/ Presidente AUNA-Costa Rica
Una verdadera cultura de la violencia se ha entronizado en Centroamérica. Siendo, como es, una cultura, hunde sus raíces en la historia de la región, y sus causas son múltiples y diversas, a tal punto que hoy cuesta identificarlas con precisión. Algunas, sin embargo, son evidentes y solo los ciegos de siempre no las ven aunque cualquiera, con dos dedos de frente, puede identificarlas fácilmente.
Repúblicas estructuradas alrededor de oligarquías retrógradas, autoritarias y racistas, que han impuesto su dominio a sangre y fuego, construyeron estados excluyentes, con escasos o nulos mecanismos para el diálogo y el consenso, apostando en primer lugar por la imposición. Oligarquías de mirada corta, miopes (si no ciegas) cuyos proyectos nacionales siempre han sido furgón de cola de los intereses de las transnacionales norteamericanas. Lo único que han sabido hacer es lucrar como intermediarios, sometiendo a niveles a veces inauditos de explotación a los sectores populares.
Repúblicas que no han estado interesadas en estructurar sistemas judiciales modernos, en donde sigue privando la ley del más fuerte, del que más dinero tiene, del que ha logrado tejer mejor sus redes de influencia.
Repúblicas en donde las diferencias de clase son las mayores en un continente donde las desigualdades son las más grandes del mundo. Aquí están los países en donde la pobreza extrema alcanza los más altos niveles, en donde puede verse por la calle a los tullidos, a los desnutridos, a los deformes, verdadera corte de los milagros en medio de la lujuriante naturaleza y de las tierras fértiles que habrían dado para que todos tuvieran, cuando menos, lo necesario para la vida digna. Entre ellos se pasean orondos los que todo lo tienen, los que vacacionan en Europa o en las pistas de esquí de Colorado; los que se van para Miami o Nueva York a comprar el traje para la próxima fiesta.
Oligarquías que ante los reclamos del pobrerío no supieron sino construir estados contrainsurgentes, armados hasta los dientes y que cometieron las más grandes tropelías, muchas de ellas inimaginables si no fuera porque han sido documentadas por aquellos que las sufrieron en carne propia: el arrasamiento de poblados enteros con métodos similares a los utilizados por los Estados Unidos en Vietnam; el destazamiento de seres humanos, sin distinción de sexo o edad, en público y para escarmiento de los que quedaran vivos; el asesinato en plena vía pública, por parte de las autoridades policiales, de profesores universitarios, estudiantes, de ciudadanos cuyo mayor delito fue pedir lo mínimo que ofrece cualquier estado de derecho.
Estados tomados por la corrupción, Estados venales en donde el más ínfimo puestecito en la administración pública asegura algún mínimo ingreso extra que se acrecienta conforme se asciende en el escalafón hasta llegar a los principales puestos: el de ministro, el de presidente, el de diputado. Estados propensos, por lo tanto, a la penetración de las mafias internacionales, del narcotráfico, que hoy se enseñorea en la región.
Región que explotó ante tantas contradicciones y vivió más de 30 años de guerra en donde miles fueron “desaparecidos”, asesinados u obligados a moverse y a transformarse en refugiados. Más de 30 años en los que muchos no supieron de otra cosa que del ruido de las armas, y que una vez desmovilizados al firmarse los acuerdos de paz, hicieron de la violencia su modus vivendi.
Región que, al expulsar a cientos de miles, creó grandes contingentes de desarraigados en lugares lejanos como las grandes urbes norteamericanas, como en la megalópolis de Los Ángeles, por ejemplo, en donde las nuevas generaciones encontraron sentido de partencia, solidaridad e identidad en las pandillas juveniles como la Mara Salvatrucha o la Dieciocho, y que al ser deportados por las autoridades norteamericanas a sus países de origen, a El Salvador, a Honduras, a Guatemala -que venían saliendo de la guerra; estaban transformándose en puente de la droga entre América del Sur y los Estados Unidos; tenían aparatos gubernamentales corruptos; tenían estructuras sociales excluyentes- no solo pervivieron sino que se potenciaron, creando un cóctel que tiene aterrados a propios y extraños, que solo atinan a idear medidas represivas como aumentar las penas de cárcel o reforzar los penales.
Cultura de la violencia: el que siembra vientos cosecha tempestades. El huracán puede dejar devastas a estas tierras.

La ofensiva de Obama en América Latina

El gobierno de Obama está preocupado por la pérdida de dominación de Estados Unidos en la región y busca, desesperadamente, cómo recuperarla.
Eva Golinger / Rebelion
“No levantaremos el embargo contra Cuba,” afirmó el Vicepresidente de Estados Unidos Joseph Biden durante su participación en el primer intento público de la administración de Barack Obama de marcar una línea de división en las Américas. La mal llamada “Cumbre de los Líderes Progresistas”, iniciativa impulsada por el gobierno de Obama la semana pasada en Chile, tuvo como objetivo destacar la “diferencia” entre países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, donde gobiernan líderes de centro-izquierda, y los países Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde crece la izquierda socialista.
El uso del término “progresista” para clasificar los líderes y países participantes en dicha cumbre fue un obvio intento de identificar a esas naciones con el gobierno demócrata de Washington, ya que la izquierda en Estados Unidos cesó de existir en la época de los setenta y surgieron los “progresistas” en su lugar. El empleo de la palabra “progreso” es una decepción que buscar invocar sentimientos positivos con quienes se identifican con ésa ala política de Estados Unidos. Al final, sus políticas no son de izquierda ni están enfocadas en el progreso social, sino en el económico, y en el avance del mercado libre.
Así lo mostró la Secretaria de Estado, Hillary Clinton ,en una entrevista en el canal de televisión hispano-estadounidense Univisión, el 30 de marzo, cuando declaró que el gobierno de Obama “…cree que está en el interés de Venezuela promover una economía de libre mercado y no caer en las políticas del pasado cuando se apropriaron de compañias y negocios para verlos después fracasar…” Eso, dicho por la vocera de la diplomacia del país que acaba de invertir cerca de un trillón de dólares para salvar bancos y empresas de seguro, que han quebrado debido al fracaso del sistema capitalista del libre mercado.
Clinton no falló en referirse también directamente al Presidente Chávez, continuando el discurso agresivo y hostíl hacia el país suramericano: “Obviamente tenemos muchos problemas con el Presidente Chávez y la manera como está maltratando al pueblo venezolano. La manera como trata a sus vecinos. Su actitud general en política doméstica e internacional que no creemos que esté en el mejor interés de nadie...”
Esta clase de declaraciones no varían del veneno escupido por Condoleezza Rice y los otros altos funcionarios del gobierno de George W. Bush, durante los últimos cinco años. Vista esta misma posición, se podría preguntar, ¿dónde está el cambio?
El precioso “cambio” de Obama nada tiene que ver con una reevaulación o una modificación de las políticas de Washington hacia América Latina. Más bien, por las acciones y declaraciones realizadas durante sus primeros cien días de gobierno, se evidencia una continuación de las políticas de Bush, que simplemente son las políticas imperiales de los grandes intereses internacionales.
Habrá que contemplar, entonces, ¿por qué países como Argentina, Brasil y Uruguay se prestaron al juego de Washington y su búsqueda de retroceder la unidad latinoamericana? Chile, como país anfitrión de la “Cumbre de Líderes Progresistas”, no sorprende, ya que la Presidenta Michele Bachelet ha continuado descaradamente con las políticas neoliberales comenzadas durante la dictadura de Pinochet. Tampoco llama la atención que Brasil, con el Presidente Lula al frente, sigue acercándose a Washington. Hizo lo mismo con Bush, y ahora lo hace con Obama con más razón. Los representantes de Washington se excitan con la mera visión de Lula cumpliendo su agenda y presentándose como el gran “mediador” entre el imperio y el bastión de cambios en América Latina.
Pero Argentina y Uruguay, aunque sus líderes no han implementado políticas tan socialistas como sus vecinos en Bolivia y Venezuela, aún han estado presentes en casi todas las iniciativas de integración suramericana durante los últimos años. Y han dado indicaciones de su deseo de lograr un real “progreso”, un sincero avance social como en Venezuela, y no como la política panfletaria de Washington que siempre habla bonito de lo que es una democracia y un buen estilo de vida, y luego hacen todo lo posible para que nunca se logre. Venezuela tan generosamente ha comprado gran parte de la deuda de Argentina, buscando aliviar la grave situación económica del país sureño causada por la estrecha relación de dependencia con Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales. Por eso, causa curiosidad ver a la Presidente Cristina Fernández reunida con el Vicepresidente Joe Biden, conversando sobre el papel activo que Washington quisiera que tuvieran los países suramericanos en organizaciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Obviamente, el gobierno de Obama está preocupado por la pérdida de dominación de Estados Unidos en la región y busca, desesperadamente, cómo recuperarla. Con iniciativas como la Alternativa Bolivariana para las Americas (ALBA), la UNASUR, el Banco del Sur y otras promovidas por Venezuela y bien aceptadas por una mayoría de países latinoamericanos, la dependencia con el norte se ha disminuido y Washington está convertiéndose en un demonio del pasado.
Entonces, ¿porqué éstos países creen que su resucitación beneficiará la región? ¿O será que simplemente no tienen la valentía de romper esas últimas cadenas imperiales que quedan asfixiando sus pueblos? La próxima Cumbre de las Américas, a realizarse en Trinidad y Tobago en abril, proveerá un escenario para comprobar – cara a cara – la dirección que realmente están tomando los líderes de la región.
¿Tendrán el coraje estos países “progresistas” de mostrar su solidaridad y lealtad con Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba, frente a la presencia de Obama? ¿O se arrodillarían ante la nueva cara del imperio que parece estarles convenciendo de sus “buenas intenciones”? Lo que sí es cierto es que Venezuela y sus hermanos del ALBA mantendrán su posición firme en contra del imperialismo y el capitalismo y no se dejarán engañar por los gestos insinceros y manipuladores de Washington y su cara perfecta.

Movimientos sociales ante el fracaso de la VII Ronda UE-Centroamérica

Posición de los movimientos sociales centroamericanos ante el fracaso de la VII Ronda de negociación del Acuerdo Unión Europea/Centroamérica.
Las organizaciones populares y movimientos sociales centroamericanos reunidos en Tegucigalpa, Honduras continuamos expresando nuestra oposición al libre comercio, en el marco de la VII Ronda de Negociación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (AdA).
Vemos como la crisis global tiene un impacto directo que sigue profundizando las condiciones de pobreza, exclusión, discriminación y marginación de nuestros pueblos, que se ha venido agravando con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos y que nos ha hecho más dependientes de la economía de ese país, lo que provoca una mayor vulnerabilidad económica y pérdida de soberanía como pueblos y como región centroamericana.
La crisis ha demostrado que el modelo neoliberal impuesto expresado a través de los tratados de libre comercio, ha fracasado y que se hace necesario encontrar nuevas alternativas privilegiando en opciones desde nuestras propias sociedades. Que busque más equidad, más solidaridad, justicia social y sostenibilidad ambiental.
Desde el Foro Popular "El AdA más riesgos que oportunidades", el movimiento social centroamericano ha ratificado que el Acuerdo de Asociación con Europa lesiona nuestros derechos políticos, económicos y sociales. Afecta nuestra soberanía, facilita el dominio transnacional sobre nuestros recursos naturales. Los componentes de diálogo político y cooperación son simplemente aspectos intrascendentes que forman parte de toda la estrategia económica comercial europea sobre la región. Por lo que reiteramos que el AdA es simplemente un nuevo tratado de libre comercio.
En esta VII Ronda de Negociación se ha ratificado el carácter unilateral e impositivo de las negociaciones de parte de la Unión Europea y la débil e indigna actitud de los gobernantes centroamericanos, lo que ha llevado al retiro honorable y oportuno de la delegación negociadora de Nicaragua, a la que hacemos un llamado a mantener esa posición y a que otros Gobiernos se sumen a esta iniciativa, en especial al Gobierno de Honduras representado por el mandatario MANUEL ZELAYA ROSALES y al Presidente electo de la República de El Salvador MAURICIO FUNES. Lo anterior demuestra la intransigencia de la Unión Europea, en no querer impulsar un verdadero proceso de negociación, que considere las asimetrías entre las dos regiones, la protección del medio ambiente y los recursos naturales como el agua, el rechazo a las condicionalidades, el respeto de la soberanía, etc.
Por el carácter excluyente de la negociación, por ser hasta ahora un acuerdo que beneficia únicamente a las transnacionales y al gran capital, el movimiento social centroamericano demandamos la inmediata suspensión del proceso negociador y el inicio de procesos de discusión, consulta y análisis en cada país, con la participación real y vinculante por parte de las organizaciones y movimientos sociales.
Llamamos a impulsar una verdadera integración centroamericana desde las necesidades e intereses de los pueblos.
Llamamos a todo el movimiento social Centroamericano a redoblar la presión y movilización social para garantizar relaciones comerciales justas y solidarias que no estén basadas en la lógica del libre comercio y que se promuevan un desarrollo sostenible, equitativo y de respeto mutuo.
Tegucigalpa, 2 de Abril del 2009.
VIA CAMPESINA CENTROAMERICA - ALIANZA SOCIAL CONTINENTAL - CENTROAMERICA POR EL DIALOGO

El Salvador, 20 años de desastre neoliberal

Grandes son los retos que se le presentan al futuro mandatario y fundamental será, para alcanzar muchos de esos logros, caminar por el camino de la integración regional, para beneficio de su pueblo y de la América Latina en general.
Hedelberto López Blanch / Rebelion
La tarea que tiene por delante el reciente electo presidente de El Salvador, Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) será harto difícil pues cuando asuma su cargo el próximo primero de junio, recibirá un país abrumado por problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de la población.
Tras la enorme guerra civil que padeció El Salvador, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con la ayuda de Estados Unidos llegó al poder en 1989 e inmediatamente aplicó las directrices neoliberales orientadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Se inició la privatización de la electricidad, la banca y las telecomunicaciones, se adoptó el dólar como moneda oficial que condujeron al incremento de la pobreza en esa nación.
Durante 20 años, los sucesivos gobiernos de ARENA marcharon muy unido a las decisiones emanadas desde Washington y como colofón el gobierno del presidente saliente Antonio Saca impulsó la firma del Tratado de Libre Comercio con Centro América (TLCCA) a la vez que se convertía en el único país latinoamericano que enviaba un contingente militar a Iraq en apoyo a la ocupación norteamericana.
Esas políticas económicas han motivado que la capacidad de compra y de consumo de la población salvadoreña haya registrado los índices más bajos de los últimos 20 años.
Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, a casi tres años de la entrada en vigor del TLCCA, “el 52 % de la población está en la pobreza soportando situaciones extremas de necesidad sanitaria, educativa y de servicios básicos”, mientras se asegura que el Estado es prácticamente inexistente para las comunidades rurales y el cinturón humano que se refugia alrededor de las ciudades.
El PNUD agregó en un reciente informe que solo el 49 % de la población tiene agua potable en sus casas y la mayoría de los escolares abandonan sus estudios antes de concluir la primaria y secundaria en busca de algún posible sustente para sus familiares.
Los datos y cifras difieren entre las distintas instituciones aunque todas son elocuentes. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señaló que el 78 % de la población carece de seguro médico estatal o privado y el 90 % de los más pobres no cuenta con ese beneficio.
Antonio Saca, antes de suscribir el TLC, afirmó que los nuevos puestos de trabajo crecerían en espiral pero el desempleo se mantiene aún como una tarea pendiente pues organizaciones sociales y sindicales aseguran que se ubica entre el 66.70 % y el 70 % de la población económicamente activa.
La entrada con bajos impuestos al país de productos norteamericanos como el maíz, frijol, huevos, lácteos, pollos congelados y otros, han provocado la quiebra de miles de agricultores los cuales han tenido que abandonar sus pequeñas parcelas en el campo y trasladarse a las ciudades en un intento por tratar de sobrevivir.
La Fundación FUSADES puntualizó que la mayor parte de los salvadoreños tampoco cuentan con la protección de proyectos de seguridad en el área de salud y el 85 % de la población rural carece de la más mínima atención médica con un alto por ciento de desnutrición infantil.
El Programa Rural de Salud Visual de la Fundación para el Desarrollo de la Mujer indicó que en el campo y zonas periféricas de las ciudades proliferan enfermedades oftalmológicas, estomacales, cardiovasculares y de cáncer, mientras los pobladores no tienen ningún acceso a la salud.
La atención pública salvadoreña, tradicionalmente en crisis por desinterés estatal, se agravó con la entrada en vigor del TLC pues pocos meses después se firmó la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud que contiene fundamentalmente elementos privatizadores por los cuales solo las personas adineradas pueden pagar esos servicios.
Las medidas neoliberales han servido de caldo de cultivo para que esta nación de 6 500 000 personas, sea una de las más violentas del mundo con una tasa de 12 asesinatos diarios.
Las pandillas, denominadas Maras, proliferan por todo el país debido a las malas condiciones sociales, y los asaltos y asesinatos se han convertido en una “epidemia” de difícil solución.
La delincuencia y la miseria impulsan la emigración al grado de que casi tres millones de salvadoreños residen en el exterior, gran parte en Estados Unidos.
Las remesas que envían sus emigrados alcanzan a cerca de 3 500 millones de dólares y representan alrededor del 17 % del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque ese dinero no influye en el desarrollo del país, si sirve para aliviar algunas necesidades de la población receptora.
Los gobiernos de derecha de ARENA no privilegiaron los desposeídos, sino a los grupos de poder que se enriquecieron del aparato de Estado y dejaron a las grandes mayorías aun más pobres y necesitadas.
Un ejemplo para comprender esa inequidad. El último aumento salarial decretado en el país llevó los sueldos de los parlamentarios de 1 800 a 2 900 dólares mensuales, mientras que los haberes de los empleados de comercio y servicio se fijaron en 182.95; los de industria 178.79; maquila 161.97; y agropecuarios, 85.59 dólares.
Los cuatro gobiernos de ARENA cuyo último presidente Antonio Saca entregará el batón a Mauricio Funes, han dejado un gris panorama a sus coterráneos salvadoreños además un Tratado que solo sirve de Libre Comercio a Estados Unidos y sus transnacionales.
El programa del FMLN prevé programas para generar empleos, reducir el costo de la vida, mejorar la salud y la educación, así como implementar planes de corto, mediano y largo plazos para erradicar las causas de la violencia.
Mauricio Funes también intentará fortalecer la institucionalidad del Estado, luchar contra la corrupción, estabilizar y desarrollar las labores agrícolas, crear una red de seguridad alimentaria para proteger a grupos vulnerables y una economía a favor del bienestar social.
Grandes son los retos que se le presentan al futuro mandatario y fundamental será, para alcanzar muchos de esos logros, caminar por el camino de la integración regional, para beneficio de su pueblo y de la América Latina en general.

Tlatelolco: genocidio sin culpables

El magistrado José Guadalupe Luna Altamirano concluyó que “no existía prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que demostrara que Echeverría preparó, concibió o ejecutó la matanza estudiantil… en la Plaza de las Tres Culturas”.
Jorge Camil / LA JORNADA
Eufórico, por una victoria judicial que es una vergüenza para México, el penalista Juan Velázquez se mostró contento, satisfecho, orgulloso. Acababan de exonerar de la matanza de Tlatelolco a Luis Echeverría. El juicio más importante en la historia moderna de México, declaró sin recato; “es la primera vez que se acusa y se apresa a un ex presidente… y por genocidio”, añadió, como diciendo: admiren la magnitud de mi proeza. Se refirió con socarronería a Ignacio Carrillo Prieto como el fiscal del pasado, y le agradeció, entre bromas y veras, y por inverosímil que parezca, el favor de haber sometido a su cliente a juicio, porque así, en el marco de un proceso legal, Echeverría pudo finalmente probar su inocencia.
Estos litigantes son frecuentemente miopes, eternamente encorvados sobre la letra de la ley; una especie maniquea al servicio de seres de cualquier calaña. Jamás se detienen a analizar el delito ni su impacto social, su meta es exonerar al cliente. Para Velázquez, existen ahora dos verdades sobre Tlatelolco: una, con tinte despectivo, el dicho de la gente, y otra absolutamente distinta, el fallo del tribunal.
En boca del penalista la frase absolutamente distinta adquiere categoría de verdad inmutable. Un edicto papal. Sólo que todos sabemos cómo y dónde se obtienen algunos fallos de nuestros venerables tribunales; las complicidades, amistades e intereses que empujan las sentencias por las inmundas cañerías del sistema; las conversaciones sotto voce en los pasillos de tribunales; los cafetines donde se fraguan acuerdos que harían palidecer a la bolsa de valores. Todos sabemos de las interpretaciones tortuosas de leyes y reglamentos que parecen redactados ex profeso para interpretarse en beneficio del mejor postor.
Velázquez pretende burlarse de la historia y de los muertos de Tlatelolco: los encierra en un archivero al que denomina despectivamente el dicho de la gente. La historia oficial, en cambio, parece insinuar el jurisconsulto con un gesto napoleónico, es la que él contribuyó a plasmar en un fallo inverosímil; una sentencia ignominiosa que habrá de tener implicaciones catastróficas para la democracia mexicana.
Se equivoca Velázquez, lo que hace histórica su sentencia no fue la exoneración del ex presidente; fue la confirmación de que 40 años después continúa vigente el mismo sistema político que permitió la matanza de Tlatelolco. Tampoco es cierto que la única verdad sea la que aparece en la letra descarnada de un fallo judicial que contradice abiertamente el modus operandi del presidencialismo absolutista de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. ¿Dónde vivió Juan Velázquez del 64 al 76? ¿Soldados que disparan contra inermes estudiantes sin autorización presidencial o anuencia de Gobernación? Cada día surgen más indicios y testimonios que fortalecen la tesis de quienes afirman que Echeverría orquestó el conflicto, y lo resolvió con el operativo que conocemos, como parte de su estrategia para llegar a Los Pinos. (Como diría el niño verde, chamaqueó a GDO.)
No cante victoria aún, licenciado Velázquez, el dicho de la gente no es únicamente la palabra de politólogos de café; es también la opinión de prestigiados analistas e historiadores que continúan desentrañando un suceso que cambió la historia de México y que continúa siendo un obstáculo para el avance de nuestra democracia.
De acuerdo con Milenio (27/03/09), el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano (cuya tesis de amparo fue ratificada por el quinto colegiado en materia penal) concluyó que “no existía prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que demostrara que Echeverría preparó, concibió o ejecutó la matanza estudiantil… en la Plaza de las Tres Culturas” (o de las sepulturas, como la apodó Demetrio Vallejo, o de los sacrificios, como la llamó Octavio Paz después de la tragedia).
El magistrado (qué digo magistrado: ¡mago!) logró un milagro de proporciones bíblicas: hubo genocidio, sí, pero no hubo culpable. (Debe haber sido obra de Satán.) Pretende reivindicar a los muertos (“ocurrió, sí, ese delito de lesa humanidad, y no ha prescrito”), pero se burla de los vivos, porque mata por otros 40 años (quizá para siempre) la posibilidad de que, enfrentando el pasado, encontremos por fin la vía para establecer un sistema democrático. Después, curándose en salud, este melindroso purista del derecho declaró que “su resolución se encontraba completamente exenta de todo tipo de cuestiones sentimentales, humanitarias, ideológicas, sociales o políticas. (Debió reconocer que también estuvo exenta de sentido histórico, compasión, altura de miras y patriotismo.) Se basó en razones estrictamente jurídicas. Su fallo fue obra de un robot: ¡un Terminator con inteligencia artificial impartiendo justicia! Al final, un Velázquez compasivo declaró que en ese mismo instante iría por el ex presidente. Intentaría subirlo a su coche para darle una vuelta a la manzana como símbolo de que había logrado su libertad (La Jornada 27/03/09). Ya lo decían los romanos: cuán pasajera es la gloria.

Bolivia: la mujer, actora clave

La Nueva Constitución fundamenta e institucionaliza los derechos de las mujeres, pero no derriba instantáneamente los prejuicios, ni las prácticas discriminatorias acuñadas por siglos. Es una palanca clave para construir la nueva Bolivia, pero las mujeres tienen todavía mucho por hacer para que el texto constitucional sea una realidad.
Isabel Rauber* / ALAI
El hecho se debe a un gran esfuerzo de las mujeres bolivianas, trabajadoras campesinas, indígenas, del campo y de la ciudad para incorporar los derechos de su género en el debate constitucional y en la redacción final del nuevo texto de la Carta Magna. El resultado es que la Nueva Constitución Política del Estado de Bolivia es la primera de los países andinos que contiene puntos específicos referidos a la igualdad de géneros y a los derechos de las mujeres, para a hacer efectiva esa igualdad. "El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género (...)", reza parte del artículo 15. En el mismo artículo se otorga al Estado la obligación de investigar y sancionar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres.
Vale destacar que la anterior Constitución (hasta hace poco vigente) no incluía sanciones a la discriminación por razones de sexo, orientación sexual o embarazo, y la de ahora sí. Esta es una diferencia sustancial. El artículo 14 de la Nueva Constitución Política del Estado, "...prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona". Y esto se reafirma en el mencionado articulo 15, cuando se señala que: "…todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad."
Entre otras innovaciones de la Carta Magna boliviana en relación a las mujeres puede destacarse que ella proclama y avala el derecho a la maternidad segura, garantiza a las mujeres la misma remuneración que los hombres por trabajo igual, así como también la estabilidad laboral en período de embarazo y hasta que el niño o la niña cumpla el primer año de vida.
Reconociendo esta realidad, Celima Torrico, Ministra de Justicia y Derechos Humanos, subrayó que la Nueva Constitución Política del Estado, reconoce y sanciona la los derechos de igualdad para todos y todas, y favorece particularmente a las mujeres, pues son considerados todos sus derechos, y abre mejores condiciones para su desarrollo en los ámbitos sindical, laboral y administrativo. “La Nueva Constitución, recalcó, nos incluye exclusivamente a las mujeres en más de treinta artículos".
Por ello –entre muchas otras razones , Silvia Lazarte, dirigente cocalera que fuera Presidenta de la Asamblea Constituyente de Bolivia, insistió en marcar que el proceso constituyente fue histórico y fundacional, tanto por el protagonismo de los movimientos sociales que lucharon por recuperar el sentido de país, como por la fuerte presencia femenina. Ambos sectores resultaron y resultan claves para la construcción de un nuevo Estado plurinacional.
Hay que recordar que la Asamblea Constituyente contó con 255 constituyentes, de los cuales, 88 fueron mujeres. Y esto fue muy importante porque las mujeres estaban en términos de derechos , totalmente marginadas, particularmente las mujeres trabajadoras de la ciudad y el campo, y más aún las mujeres indígenas. Por esa razón, revelándose ante la injusticia y luchando por la igualdad se levantaron y lucharon valerosas mujeres en el pasado: Bartolina Sisa, Miquela Bastida, Juana Azurduy de Padilla, Curusa Yavi, las mujeres de la Conoriña, las mujeres mineras, las cocaleras… y siguen luchando.
La Nueva Constitución aprobada con más del 60% de los votos en el referéndum de enero último, fundamenta e institucionaliza los derechos, pero no derriba instantáneamente los prejuicios, ni las prácticas discriminatorias, ni las barreras culturales acuñadas por siglos. Es una palanca clave para construir la nueva Bolivia, pero las mujeres tienen todavía mucho por hacer para que el texto constitucional sea una realidad. Una herramienta central para ello es aprehender la cuestión de género y trabajar particularmente el tema de participación política de las mujeres, para que ellas sean actoras activas y protagónicas en los ámbitos de toma de decisiones, particularmente en temas referentes al desarrollo económico, cultural, y social.
“Nos toca trabajar en las políticas públicas, en los diferentes espacios de Bolivia", insistió Celima Torrico, refiriéndose a esta situación. "Tenemos que capacitarnos como mujeres para elegir en 2010 a mujeres alcaldesas, concejalas, prefectas, tener más mujeres pero con el compromiso de luchar y de trabajar por el bien de nuestro país Bolivia, Latinoamérica y el mundo".
* Isabel Rauber es doctora en Filosofía. Directora de Pasado y Presente XXI. Profesora de la Universidad Nacional de Lanús. Estudiosa de/con los movimientos sociales latinoamericanos, de las relaciones de poder y la construcción de poder desde abajo.

Habrá Banco del Sur este año

La operatoria empezaría en el segundo semestre, según confirmaron Argentina y Venezuela. Contará con un capital inicial de 10.000 millones de dólares. Brasilia, Buenos Aires y Caracas, los mayores aportantes.
Pablo Ramos /Agencia Perioídstica del Mercosur
En una reunión celebrada el lunes 23 de marzo en Caracas, y que pasase desapercibida por la prensa hegemónica, se dio el anteúltimo paso para que comience a funcionar el Banco del Sur. Los ministros de Economía y Finanzas de las siete naciones interesadas en este proyecto multilateral de crédito acordaron en la capital venezolana a cuánto va a ascender el capital y cuánto deben aportar cada uno de los estados. Y se anunció que en el segundo semestre de 2009 va a comenzar la operatoria de la entidad financiera.
Definimos como anteúltimo paso porque aún resta una reunión de funcionarios de Hacienda que va a realizarse en Buenos Aires en mayo, tras lo cual, en la posterior cumbre presidencial seguramente serán cortadas las cintas (en forma simbólica) de la entidad que fuera propuesta por el mandatario venezolano, Hugo Chávez, a su par argentino, Néstor Kirchner, en 2007. (Ver: APM “El Banco del Sur en marcha” 07/12/2007)
Fue el ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro quien puso fecha al nacimiento de la entidad, el jueves en Buenos Aires, donde participó junto a su homónimo local, Jorge Taiana, de la V Reunión de la Comisión Mixta Bilateral. El Banco del Sur “ya es una realidad”, dijo el venezolano a la prensa en el Palacio San Martín (sede de la Cancillería), al aclarar que en la reunión celebrada el lunes pasado en Caracas “se llegó a acuerdos que finiquitan el documento fundacional definitivo para que entre en operaciones”.
"En mayo en Buenos Aires va a haber una reunión de equipos técnicos y de ministros para dejar listo el documento y estamos seguros de que para el segundo semestre de este año el Banco del Sur empieza operaciones", cerró el ministro caraqueño.
Por su parte, Taiana agregó que "lo fundamental" es que en la reunión de Caracas citada ut supra "se superaron los temas centrales que estaban pendientes", entre ellos el capital inicial y los aportes de capital que debían realizar los países interesados.
El encuentro de Taiana y Maduro fue parte de una ronda de cooperación entre Venezuela y Argentina, dentro del Programa de Industrialización del gobierno de Venezuela y de los emprendimientos que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) lleva adelante en el país bolivariano.
Números previos
Del encuentro en Caracas participaron los encargados de Hacienda de Argentina, Carlos Fernández; Bolivia, Luis Arce; Ecuador, Diego Borja; Paraguay, Dionisio Borda; Uruguay, Álvaro García, y Brasil, Guido Mantega. En ese encuentro quedó establecido que el capital inicial del Banco del Sur va a ser de 10.000 millones de dólares. Argentina, Brasil y Venezuela van a cargar con el 60 por ciento del capital en partes iguales, es decir, 2.000 millones de dólares cada uno. En cuanto a los restantes 4.000 millones, Quito, Montevideo, La Paz y Asunción van a realizar aporte periódicos de 100 millones de dólares cada uno hasta completar el monto final.
Maduro expresó que "hay un cronograma de desarrollo que implica desembolsos por cada uno de los países y el funcionamiento de mecanismos para acceder al crédito para los primeros cinco años, pero lo cierto es que el Banco del Sur es ya una realidad".
Taiana y Maduro explicaron a los periodistas que "el último lunes en una reunión en Caracas hubo un gran avance, se superaron obstáculos y se logró un acuerdo para los documentos fundacionales del Banco del Sur. En mayo habrá un encuentro en Buenos Aires de ministros y equipos técnicos que dejarán listos todos los últimos detalles para el segundo semestre del año el Banco del Sur comenzará a operar".
El Banco del Sur se inscribe como una entidad financiera multilateral, cuyos países destinatarios son los siete citados, todos integrantes de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur). Ni Chile, ni Colombia, Perú, Surinam y Guyana van a integrar la entidad ni aportar capital.
En un principio, Brasil presentó sus dudas sobre el banco, y no se integró a las reuniones. Pero luego, el presidente Lula da Silva dio instrucciones a su Palacio de Hacienda para tener peso y banca en tan importante organización.En declaraciones a Radio Netherland, el canciller Celso Amorim, definió al Banco del Sur como una pieza fundamental para que el continente responda a la crisis financiera internacional. "El Banco del Sur debe ser visto en la dimensión adecuada. Claro que para un país como Brasil la importancia de este banco es relativa, no así para otras naciones pequeñas de nuestra región del sur. Es una institución que favorecerá proyectos bilaterales. Es pensado como un banco de desarrollo que invierta en infraestructura y rubros productivos. No es un banco para socorrer la falta de créditos, para eso hay otros mecanismos".
El banco fue fundado en diciembre del 2007 por los presidentes: Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolivia), Lula (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) y Chávez (Venezuela), y un representante de Uruguay.
La entidad fue propuesta para consolidar una entidad financiera multilateral en Sudamérica, y contrarrestar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones crediticias controladas por las potencias.
El Banco del Sur va a financiar obras de infraestructura y social a las siete naciones, básicamente de integración física. El ecuatoriano Correa, oportunamente propuso la creación de un fondo monetario sudamericano que sirva para superar los ciclos depresivos como el actual, pero no tuvo demasiado eco.
Ahora sólo resta que en el segundo semestre del año comience a operar y comprobar si en los hechos puede convertirse en una herramienta de autonomía financiera para la unión de las naciones sudamericanas.

América Latina: los sentidos ocultos de las palabras

El modismo que identifica al subcontinente fue enarbolado por pensadores empeñados en alcanzar la unidad de estos pueblos, pero enmascaró cierta visión avasalladora.
Isabel Soto Mayedo / LA VENTANA
Historiadores atribuyen la paternidad del neologismo “América Latina” al colombiano José María Torres Caicedo y al chileno Francisco Bilbao, quienes vivían para mediados del siglo XIX, en París. Este último empleó el vocablo por primera vez en una conferencia en la capital francesa, el 24 de junio de 1856, que trascendió como Iniciativa de la América. No obstante, precisa el colombiano Miguel Rojas, Bilbao en esa ocasión usó igual el gentilicio latinoamericano y en escritos anteriores y posteriores hasta aludió a una “raza latinoamericana”.
Los nombres identifican en la misma proporción que ocultan. Ese es el caso de “América Latina”, denominación cuya aceptación fue alentada por los europeos para justificar sus pretensiones recuperativas de los ricos territorios situados entre el Río Bravo y la Patagonia.
El modismo destinado a identificar al subcontinente fue enarbolado por pensadores empeñados en alcanzar la unidad de estos pueblos, pero para varios especialistas, sin proponérselo enmascaró cierta visión avasalladora y el empeño de ocultar el sincretismo de una cultura resultante de la fusión de aportes indígenas, europeos, africanos y de otros grupos poblacionales. La frase comenzó a gestarse al terminar las guerras de independencia en los territorios sureños, de 1791 a 1825, con un marcado acento anti-norteamericano y su aceptación en esta parte del mundo respondió en buena medida al descontento con el vecino norteño que poco o nada ayudó en las luchas contra el dominio colonial.
Hacia mediados de la centuria decimonónica eran evidentes los afanes expansionistas de Estados Unidos por el resto de la plataforma continental y a tono con ello, el ascenso de los antagonismos entre las derrotadas ex metrópolis europeas con la naciente potencia capitalista. En ese ámbito, varios pensadores comenzaron a insistir en las diferencias culturales, religiosas, lingüísticas, étnicas, u otras, entre las naciones situadas de una y otra parte del continente. Leer más...