La explosiva situación en Chile reproduce -mutatis mutandis- lo que
Ecuador vivió bajo la vigencia del modelo empresarial, consolidado por una
clase política que terminó por derrumbar las bases de la democracia
ecuatoriana, como se evidenció entre 1996-2006, con ocho gobiernos.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El
Telégrafo (Ecuador)
El pasado 11 de julio se realizó el paro nacional en Chile, convocado
por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y con el respaldo de estudiantes,
profesores, trabajadores públicos, organizaciones sociales, etc., lo cual
demostró un proceso de creciente acumulación de fuerzas populares.
En Chile se ha reclamado por el fin de las AFP (administradoras de
fondos de pensiones); por la educación pública gratuita y de calidad; reforma
del sistema de salud; reforma tributaria que asegure la redistribución de la
riqueza; y, desde luego, reforma laboral, para mejorar salarios y tener plena
garantía a los derechos de los trabajadores, conculcados desde la época del
terrorista dictador Pinochet (1973-1990), particularmente en cuanto a la
negociación colectiva, la libre sindicalización y la huelga.
En las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, en América Latina se
tenía como “exitoso” al modelo chileno, inspirado en la ideología del
neoliberalismo. En igual época, los sucesivos gobiernos del Ecuador
magnificaban los “logros” de Chile, pretendiendo llevar al país al paraíso del
mercado libre, la empresa privada desregulada y la flexibilidad laboral. Los
gremios empresariales eran aún más “creativos”, demandando: suprimir el reparto
de utilidades, congelar salarios, aumentar la jornada, acabar con las
liquidaciones por despido, reducir el pago por horas extras, privatizar la
seguridad y los servicios de salud, restringir la sindicalización, el contrato
colectivo y la huelga, etc. Regía en el país un modelo empresarial de
desarrollo, que agudizó la concentración de la riqueza, descalabró los
servicios públicos y agravó las condiciones de vida y de trabajo de la
población nacional.
La explosiva situación en Chile reproduce -mutatis mutandis- lo que
Ecuador vivió bajo la vigencia del modelo empresarial, consolidado por una
clase política que terminó por derrumbar las bases de la democracia
ecuatoriana, como se evidenció entre 1996-2006, con ocho gobiernos.
En América Latina, las leyes y derechos laborales son conquistas con
larga historia, que incluye represiones y matanzas obreras, por solo defender
al capital. Por eso, el nuevo código del trabajo que Ecuador impulsa no puede
menos que considerar esa trayectoria y sus logros, a fin de potenciar y avanzar
en nuevos derechos, bajo la premisa de que las leyes laborales son, ante todo,
a favor de los trabajadores y no flexibilizadoras en beneficio de los
empresarios.
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