Costa Rica 2015: Un terreno movedizo

Ni el Frente Amplio ni las organizaciones sociales estamos frente a un gobierno progresista, ni mucho menos popular, pero tampoco es allí donde tenemos que referenciar a nuestros antagónicos. Más que nunca, con mucha sapiencia, es necesario saber diferenciar a nuestros adversarios de nuestros enemigos, como dijo en alguna oportunidad Paulo Freire. Menudo desafío.

Héctor Solano Chavarría* / Especial para Con Nuestra América

El presidente Solís vive horas difíciles, en menos
de un año de gestión al frente del gobierno.

El levantamiento del veto de la reforma procesal laboral (RPL) por parte del presidente Luis Guillermo Solís (LGS), en diciembre pasado, como se indicó en su momento, implicó una inflexión considerable en materia de posicionamientos políticos de cara a 2015.

Y en ese marco, la reacción no se ha hecho esperar.

Tanto las élites político-económicas vinculadas con el modelo neoliberal, como sus vocerías en la Asamblea Legislativa y el periodismo de opinión, han intensificado su ofensiva conducente a desestabilizar la gestión del (autodenominado) “gobierno del cambio”, para así, frustrar las expectativas de cambio que siguen imperando en la población.

Dicha ofensiva parecería estar orientada en tres direcciones: i) aislar al presidente LGS de aquellos referentes progresistas pertenecientes al gobierno, o de aquellas alianzas que puedan estar colocadas hacia su izquierda (Frente Amplio, FA, organizaciones populares), ii) naturalizar a nivel de “opinión pública” una imagen de que indefectiblemente nos encontramos a las partes de un régimen “autoritario”, “contrario a la democracia”, iii) empoderar políticamente a aquellos poderes que se encuentran “al margen” de los partidos políticos, tales como el Poder Judicial, órganos contralores (Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República) y medios de comunicación.

El denominado caso Soley-Brenes ha sido una muestra fehaciente de la anterior.  Y es que, independientemente de las versiones encontradas o de los dimes y los diretes en relación con el caso -“si se dijo”, “si no se dijo”, de si “la fue a dejar a la casa” o de si la señora Procuradora sabe o no “hablar inglés-, lo cierto, es que el hecho de que las filas hayan estado (o sigan estando) dirigidas contra la imagen de uno de los denominados hombres fuertes del presidente LGS, Melvin Jiménez, Ministro de la Presidencia, es sintomático.

Los hechos acontecidos durante las últimas semanas parecen apuntar al fortalecimiento de una “estela” de objetividad y pureza para el caso los poderes fácticos situados “al margen” de la política, en contraposición con la imagen “autoritaria”, “poco democrática” e intrínsecamente “poco transparente” que caracteriza “lo político”, circunscrito ello a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Se trata de una ofensiva que si bien está dirigida contra el gobierno LGS, no se limita a éste, ya que en sentido amplio, apunta a afectar la credibilidad de todo aquello que a la ciudadanía pueda resultar emancipador y/o transformador al respecto del ejercicio de la política.

Es una prolongación de la estrategia de naturalización de la “anti-política” que desde hace algunos años viene impulsándose desde dichas agendas; y que en lo particular, para el momento presente, está orientada en la perspectiva de frustrar las expectativas de cambio que siguen imperando en la población. Los neoliberales saben que solo así volverán a gobernar en 2018.

Tal es la razón por la cual, entre otras cosas, se insiste en estigmatizar a los sindicatos y cuantas herramientas de organización colectiva puedan existir, en defensa de los trabajadores (a propósito de la discusión sobre los presuntos “privilegios” en el sector público); en profundizar la campaña del miedo contra el FA, en marcha desde la campaña electoral-presidencial de 2014 (a propósito de la cumbre de la CELAC); y en achacar al gobierno un talante y manejo político autoritario y poco transparente (a propósito del desenlace del debate sobre el presupuesto 2015, en noviembre pasado, y del citado caso Soley-Brenes).

Y en contrapartida, esa es la razón por la cual, entre otras cosas, se atribuye a la prensa (entiéndase, La Nación) una condición casi innata de pureza y objetividad, al margen de cualquier tipo de intereses (económicos o políticos), y se soslaya el debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación (algo así como la “libertad de prensa” independientemente de cualquier clase de responsabilidad); o se atribuye a instancias tales como la Procuradoría General de la República (PGR) o la Sala Constitucional el papel de árbitros, en virtud de su condición innatamente “despolitizada” (a propósito del debate sobre si el levantamiento del veto de la RPL es constitucional o no).

Se trata de una estrategia que hace del maniqueísmo una manera de hacer política. Así entienden la política los neoliberales, desde la polarización. Desde construcciones binarias, que suelen reducir la complejidad de la sociedad a una disputa entre “buenos” y “malos”; y en ese marco, las implicaciones para el campo popular-progresista en el sentido de pensar la política en esos términos podrían a la postre terminar siendo nefastas.

El panorama de lo político de cara al 2015 se presenta como un terreno movedizo, de mucha complejidad a nivel de opinión pública y de posicionamiento político.

Ni el FA ni las organizaciones sociales estamos frente a un gobierno progresista, ni mucho menos popular, pero tampoco es allí donde tenemos que referenciar a nuestros antagónicos. Más que nunca, con mucha sapiencia, es necesario saber diferenciar a nuestros adversarios de nuestros enemigos, como dijo en alguna oportunidad Paulo Freire. Menudo desafío.

El (autodenominado) “gobierno del cambio”, como se indicó, más que un actor político como tal, representa un campo en disputa; y frente a esa realidad, se impone más que nunca la necesidad de pensar la política en clave de la acumulación de fuerzas. En esos términos lo han entendido los neoliberales, como ha quedado claro.

El 2015 debe ser un año para poner en tensión el trabajo político-institucional que pueda desempeñar el FA en la Asamblea Legislativa, con la organización de la ciudadanía en el territorio y la articulación con los movimientos sociales.

Solo desde allí, será posible seguir empujando las decisiones del gobierno de turno en un sentido que al menos sea contrario a los intereses históricamente hegemónicos, como se demostró para el caso del levantamiento del veto de la RPL.

*Politólogo. Asesor legislativo e integrante del equipo de monitoreo y análisis de coyuntura del Frente Amplio.