Con los auspicios de la
Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Archivo General
de la Nación y Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la semana
pasada se realizó en la ciudad de México el seminario “Un Siglo de
Constitucionalismo en América Latina: 1917-2007”, que anticipa la conmemoración
del centenario de la Constitución Mexicana de 1917, pionera en América Latina
en muchos aspectos y particularmente en el reconocimiento de amplios derechos
sociales y laborales.
Juan J. Paz y Miño Cepeda / El
Telégrafo (Ecuador)
Participaron
constitucionalistas, sociólogos e historiadores de México, Alemania, Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, EE.UU., Guatemala,
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, quienes presentaron
ponencias relativas al constitucionalismo de cada país, con el objeto de
analizar experiencias comunes y también diferentes.
En las exposiciones se
procuró determinar el impacto que tuvo la Constitución de 1917. Ha quedado en
claro que los derechos sociales y laborales se extienden por América Latina a
partir de la segunda década del siglo XX; y se ha examinado la contradicción
existente entre su proclama y el ejercicio efectivo de esos derechos, burlados
o recortados con demasiada frecuencia.
En Ecuador, fue la
Constitución de 1929, que concretó ideales de la Revolución Juliana (1925), la
que por primera vez estableció derechos sociales y laborales, pues todas las
Constituciones anteriores exclusivamente se concentraron en el desarrollo de
los derechos individuales (civiles y políticos), incluyendo a la Constitución
Liberal de 1906.
También se ha examinado
el “neo-constitucionalismo” y la extensión de derechos hasta los de tipo comunitario y colectivo, que se han
generalizado en Latinoamérica. Además, se discutió sobre la forma en que se
organizan las funciones o poderes del Estado, siempre dependiente de las luchas
por el poder. Desde luego tienen especial impacto las Constituciones
Bolivarianas, aprobadas en Bolivia, Ecuador y Venezuela, que presiden sus
respectivos procesos políticos, capaces de provocar debates y polarizaciones.
En medio de tantos
puntos examinados, otro de interés es el de los derechos para las poblaciones
indígenas, que son una minoría en el conjunto latinoamericano.
En Bolivia y Ecuador se
han proclamado Estados plurinacionales; pero en otros países ya se ha
reconocido el dominio sobre tierras ancestrales, educación bilingüe, gobierno y
administración comunitaria autónomos, justicia indígena, etc., en concordancia
con declaraciones y principios aceptados por la OIT y las NN.UU.
Como ocurre en Ecuador,
donde la población indígena apenas representa el 7% del total nacional, la
discusión sensible está en torno a cuál es el sentido y alcances que dan a
estos derechos aquellos sectores y líderes indígenas que defienden la autonomía
comunitaria radical como una reivindicación “ancestral”, pero para justificar
posiciones políticas desafiantes frente al Estado y sus autoridades, y tratando
de imponer su visión al conjunto de la sociedad.
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