La coyuntura electoral
ha obligado a los candidatos presidenciales a pronunciarse sobre la
constituyente. Varios están de acuerdo con la convocatoria, otros prefieren que
la nueva Asamblea se encargue de las reformas.
Marco A. Gandásegui, h. / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Coincido
plenamente con la opinión del reconocido abogado Mario Galindo, que no tiene
sentido convocar a una Asamblea constituyente si su propósito es reformar la
actual carta magna. También estoy de acuerdo con Galindo cuando dice que si el
objetivo es ‘refundar la República’, como algunos proponen, entonces sí sería
necesaria una Asamblea constituyente ‘originaria’. Es decir, hacer tabla rasa
con todos los reglamentos, instituciones y símbolos republicanos existentes. La
constituyente originaria reemplazaría de inmediato las viejas estructuras
republicanas con nuevas.
En
la actualidad, casi todos los sectores políticos y muchas organizaciones con
bases sociales son partidarios de la ‘constituyente’. Muchos no entienden muy
bien en qué consiste una Asamblea convocada para tratar la Constitución
Política vigente. Lo que si tienen claro, casi todos, es que el ordenamiento
legal de la República no les beneficia y quieren cambios.
Veamos
estas dos propuestas. En primer lugar, la ‘reforma’ a la Constitución. En
segundo lugar, la ‘refundación’ de la República. Todo panameño tiene su
proyecto para reformar la Constitución vigente de 1972. Unos plantean la
necesidad de arrancarle todo vestigio del militarismo que la vio nacer hace
casi 50 años. Otros señalan las fallas que existen en las estructuras que
sostienen los órganos del Estado. Incluso, hay quienes creen que la reforma
puede resolver los problemas sociales (educación, salud, vivienda) o de empleo. La Cámara de Comercio y
asociaciones afines han propuesto cambios significativos que beneficiarían a
las grandes empresas panameñas en detrimento de los sectores populares.
Proponen una República al servicio de un mercado (regulado por ellos).
Galindo
no lo afirma explícitamente, pero deja entender que una ‘reforma’ debe quedar
en manos de la Asamblea Nacional, tal como establece la Constitución vigente.
En cambio, la refundación de la República requiere de una Constitución
totalmente nueva. Galindo utiliza el término ‘revolucionario’ para referirse a
la situación. La constituyente originaria rompería con el pasado y establecería
nuevas reglas para la República. Galindo es muy cauto y advierte que la nueva
Constitución para una República ‘refundada’ no resolvería los problemas del
país. Según el jurista, la nueva República sería el reflejo “de la correlación de fuerzas que, en la realidad de los hechos,
exista entre los partidos y movimientos políticos que se disputen en las
elecciones el nombramiento de los convencionales y, en consecuencia, el
ejercicio del poder constituyente”.
Agrega, para dejar a los promotores de la constituyente pensando, “mientras
esa correlación de fuerzas se parezca a la existente no puede esperarse que la
constituyente, por muy originaria que sea, genere rupturas revolucionarias ni
cosa parecida”. Galindo abre la ‘caja de Pandora’ al hablar de la correlación
de fuerzas. Todo indica que se refiere a las fuerzas sociales que se organizan
dentro de la sociedad para participar en la repartición de las riquezas del
país.
La Constitución Política es un instrumento, es un medio, no es un
fin. Quien maneja ese instrumento, legitima su poder. El poder es el fin. La
correlación de fuerzas define quien tiene el poder. Galindo cita a César
Quintero, quien en 1983, después de las reformas a la Constitución de 1972,
afirmó que “el Acto Constitucional de 1983 no significó una reforma de la
Constitución de 1972, sino una nueva Constitución que técnicamente sustituyó
por entero a la que decía reformar”. Quintero quería decir que el poder
económico – desplazado políticamente después del golpe militar de 1968 – le
había torcido el brazo a la Guardia Nacional y había cambiado la correlación de
fuerzas. Poco años después (1989), las Fuerzas Armadas de EEUU le hizo el
camino para que los grandes propietarios regresaran al poder político y dieron
vuelta en su totalidad la correlación de fuerzas. El poder económico no
consideró necesario ‘refundar’ la República con una constituyente originaria
porque como dijera Quintero, “el democrático Acto Constitucional de 1983 es
la antítesis de la autocrática y autoritaria Constitución de 1972”.
La
coyuntura electoral ha obligado a los candidatos presidenciales a pronunciarse
sobre la constituyente. Varios están de acuerdo con la convocatoria, otros
prefieren que la nueva Asamblea se encargue de las reformas. Saúl Méndez dice
que apoya la ‘originaria’ y José Blandón también, bajo ciertas condiciones. La
originaria tendría que trastocar la correlación de fuerzas y entregarle el
poder a los sectores sociales que pongan fin al mercado ‘regulado’, madre de la
corrupción, y canalizar las riquezas del país hacia el pleno desarrollo de la
nación.
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