Las elecciones de mayo no resolverán la crisis política que aqueja al
país, pero facilitarán su despliegue en los tiempos por venir, y abrirán nuevas
opciones a su solución: consolidar la soberanía nacional consolidando la
soberanía popular.
Guillermo Castro
H. / Especial
para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
El 5 de mayo de 1914, a las 3 de la madrugada, estalló en la ciudad de
Panamá un depósito de municiones y material explosivo llamado El Polvorín.
Perecieron allí seis bomberos, cuya memoria fue honrada designando con esa
fecha una de las principales plazas de la Capital del país. Ciento cinco años
después, el 5 de mayo de 2019 bien podría iniciarse la implosión del Estado
surgido del golpe militar del 20 de diciembre de 1989. Ese día, en efecto,
tendrán lugar en Panamá las séptimas elecciones – presidenciales, legislativas
y municipales – gestadas por ese Estado, en el marco de una crisis
institucional, cultural y moral que no se resolverá escogiendo ni al mejor ni
al menos peor de los candidatos.
Todos y cada uno de los contendientes se ha esforzado por ofrecerse como
el mejor aspirante a la administración de los síntomas de esa crisis. Ninguno
de ellos, sin embargo, parece estar en sintonía con los orígenes y la
trayectoria del mal que genera esos síntomas. Esto se ha expresado en tres
grandes ausencias en los planteamientos de los candidatos al electorado.
La primera de esas ausencias es la de la política exterior. Ninguno de
los candidatos parece haber advertido que el país está inmerso un mundo
convulso y cambiante, atado a una política estatal de compromiso creciente con
la Doctrina Monroe y su herramienta más visible, el Grupo de Lima, y sometido a
reiteradas advertencias del Departamento de Estado contra la ampliación de las
relaciones económicas con la República Popular China. Salvo alguna vaga
declaración acerca del compromiso con los mejores intereses del país, nada de
esto ha figurado en los debates electorales.
La segunda ausencia es la de referencias claras a las relaciones
interiores entre el Estado y la sociedad panameños. Aquí se ha mantenido el
hábito del rosario de ofertas a grupos particulares de interés. Pequeños y
medianos productores agropecuarios, comunidades indígenas, científicos,
sindicatos, banqueros, empresarios, jubilados, educadores y discapacitados –
por mencionar algunos de los más visibles – han sido encarados como si sus
integrantes fueran meros habitantes de un mismo territorio.
Todos ellos, sin embargo, se definen por las relaciones que mantienen
entre sí - ¿qué sería de los productores de café sin la mano de obra indígena
para la cosecha? Sin embargo, esas
relaciones, y las que como agrupaciones ciudadanas mantienen con el Estado, no
han sido siquiera abordadas en el debate electoral. Con esto se ha enmascarado
el hecho de que en realidad vivimos en una sociedad en la que grupos
minoritarios actúan de hecho como mayorías políticas, y grandes sectores
sociales lo hacen como si fueran minoritarios.
La clave de esto, naturalmente, está en el grado de ejercicio de la libertad
de organización por cada una de las partes. Aquellos sectores sociales que
controlan los medios de producción están muy bien organizados. En cambio,
quienes trabajan para ellos, de manera formal o informal, lo están en una
medida muy limitada. En un país de 4 millones de habitantes, por ejemplo, 250
mil funcionarios públicos carecen de organización sindical – una situación
impensable en el referente democrático más importante en el país, los Estados
Unidos. Ningún candidato, sin embargo, ha planteado la necesidad de encarar
semejante situación de inequidad ciudadana, fomentando y facilitando por
ejemplo la organización cooperativa de los pequeños y medianos productores
agropecuarios, y la sindicial de los trabajadores al servicio del Estado y del sector
privado.
La tercera ausencia es la de conducción del proceso de cambio y
transformación que viene conociendo el país desde la integración del Canal a la
economía interna gracias al Tratado Torrijos – Carter, y de esa economía al
mercado global. El golpe de Estado de 1989 restauró la república oligárquica de
las décadas de 1950 y 1960, que restauró a su vez su cultura política
tradicional y facilitó su ejercicio hasta desembocar en el escenario de
corrupción y descrédito institucional que hoy abruma y desconcierta al país.
Esa cultura no está en capacidad de ofrecer ni orientación estratégica ni
liderazgo colectivo a nuestra sociedad y, por el contrario, se torna cada vez
más autófaga.
En esta tercera ausencia se expresa, así sea de manera encubierta, un
hecho de enorme trascendencia histórica. La lucha contra la presencia colonial
norteamericana y la situación de protectorado militar extranjero que la
sostenía fue, también, la lucha por el control de la renta generada por la
actividad económica del Corredor Interoceánico de Panamá. Esa lucha terminó
trasladando el control de esa renta del Estado norteamericano al panameño y,
con ello, trasladó la disputa por esa renta al interior de la sociedad
panameña. Esto explica que la relación del Canal con el país sea un elemento
relevante en esta tercera ausencia. No solo se trata de la administración de la
renta canalera. Se trata del hecho de que, si el Estado controla hoy el Canal,
lo realmente importante es entender quién – y cómo – controla al Estado.
Ausencias como éstas tienen un importante papel como expresión de la
crisis política que aqueja al país. Las elecciones de mayo no resolverán esa
crisis, pero facilitarán su despliegue en los tiempos por venir, y abrirán
nuevas opciones a su solución: consolidar la soberanía nacional consolidando la
soberanía popular. De momento, al menos, ya se sabe aquí que las campanas
doblan por la república oligárquica a (apenas) treinta años de haber sido
restaurada.
Panamá, 26 de
abril de 2019
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