Nuestra cultura dominante tiene,
así, un claro sustrato racista, clasista y autoritario. De allí que parte de
nuestros problemas presentes se refiera al intento de construir la República
soberana del siglo XXI con las mentalidades y los métodos políticos del
protectorado oligárquico de mediados del siglo XX.
Guillermo Castro H. / Especial para Con
Nuestra América
Desde Alto
Boquete, Panamá
“el buen gobernante en
América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que
sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto,
para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel
estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos
de la abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan
con su trabajo y defienden con sus vidas.
José Martí, “Nuestra
América”, 1891.[1]
La lucha de Panamá por su soberanía
sobre la llamada Zona del Canal tuvo dos dimensiones fundamentales. La más
visible se relacionó con el proceso de formación del último Estado nacional
plenamente soberano en nuestra América. Así lo expresó la principal consigna
patriotica de la década de 1970, que reclamaba un solo territorio con una sola
bandera. La segunda, estrechamente vinculada a la primera, consistió en capturar
para el Estado nacional de Panamá de la renta generada por la operación del
Canal y las actividades de servicios a la circulación del capital en el mercado
mundial asociadas al mismo.
La lucha por esas aspiraciones se
gestó al interior de una formación social desarrollada a partir de la oferta de
esos servicios al desarrollo del mercado mundial de mediados del siglo XVI en
adelante. Esa formación, tradicionalmente llamada transitista, se ha
caracterizado por la concentración de las actividades de tránsito interoceánico
en un solo corredor transístmico; el control monopólico de ese corredor por el
Estado dominante en el Istmo, y la apropiación por quienes controlan ese Estado
de la renta generada por esos servicios. De aquí la pregunta inevitable: si el Estado
nacional de Panamá controla el hoy Canal, ¿quién controla a ese Estado y decide
sobre el uso de sus ingresos?
La cultura dominante en Panamá hace
difícil plantear esa pregunta. Esa cultura se sustenta en la premisa de que la
organización transitista del tránsito es un hecho de carácter natural, no
histórico, y que – en ese sentido – es natural también la organización de la
sociedad panameña, de su Estado y de su territorio en función de las
necesidades del tránsito así entendido.
Esa premisa conduce a una visión
fragmentada del territorio y sus habitantes, que lleva a plantear incluso la
existencia de diversas etnoregiones que coexisten en el espacio pero divergen
en el tiempo, y conviven poco -y a menudo mal - entre sí. Expresión de esto,
también, es un tenaz conflicto entre el pretendido cosmopolitismo liberal
oligárquico de la región de tránsito, y el regionalismo conservador dominante
en el resto del país.
De esa cultura dominante hace
parte, también, el temor ascentral de nuestra oligarquía a la organización
autónoma de los sectores populares. Ese temor hunde sus raíces en los
asentamientos de esclavos fugados en el siglo XVII o las incursiones de
indígenas miskitos desde el litoral Atlántico al Pacífico, por poner dos
ejemplos, y sigue dando frutos en la sorda y tenaz resistencia de los grupos
dominantes a la organización autónoma de los trabajadores y los sectores
populares del campo y la ciudad.
Nuestra cultura dominante tiene,
así, un claro sustrato racista, clasista y autoritario. De allí que parte de
nuestros problemas presentes se refiera al intento de construir la República
soberana del siglo XXI con las mentalidades y los métodos políticos del
protectorado oligárquico de mediados del siglo XX.
Por contraste, desde una
perspectiva nacional-popular, la organización transitista del tránsito es un
hecho histórico que pone el principal recurso del país al servicio de una
minoría social en una región particular. Con eso, además, esa minoría social se
convierte en la práctica en una mayoría política.
Esa organización puede y debe ser
transformada para expandir los beneficios del tránsito interoceánico e
interamericano a todas las regiones del país. Esa es la única manera de
culminar la construcción de una República soberana en la identificación y el
ejercicio de sus deberes; próspera, equitativa y sostenible en todo su
territorio; democrática en su capacidad de ejercer el control social de la
gestión pública, y respetable y respetada por sus ciudadanos y por la comunidad
internacional.
Esta tarea, sin embargo, demanda
renovar nuestra identidad nacional a partir de – entre otras cosas - una
educación que proporcione a nuestra gente algunos elementos indispensables para
tal tarea. Debemos, en efecto, re-conocernos en nuestra historia de 12 mil años;
en la comprensión de la organización natural de nuestro territorio, y en el
aprecio por la diversidad y las afinidades de nuestra población aborigen,
mestiza, afropanameña y chino-panameña, por mencionar apenas los grupos más
numerosos.
Ese re-conocernos desde nosotros
mismos en lo que hemos llegado a ser es indispensable para identificar los
intereses regionales y sociales que deben confluir en la definición del interés
general de los panameños en el ejercicio de su soberanía en las circunstancias
del siglo XXI. Ese interés será el que sostenga la tarea de culminar la
conquista de la soberanía nacional mediante la consolidación de la soberanía
popular, mediante una revolución democrática que trascienda los límites
renovados por la restauración oligarquica de fines del siglo XX, y permita
construir la República que abra paso a la nación que deseamos, merecemos llegar
a ser.
Alto Boquete, Panamá, 7 de marzo de
2019
NOTA:
[1] El Partido Liberal, México, 30 de enero
de 1891. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1975. VI, 17.
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