Aparte de los diez años de experiencia en el ejercicio de la democracia que vivieron los guatemaltecos de 1944 a 1954, muchos de los que aún viven sólo conocieron la dictadura militar disfrazada de democracia que celebraba elecciones cada cuatro años y elegía como presidentes a los altos mandos del ejército.
Desde Ciudad de Guatemala
Pero la democracia, entendida como un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, puede no haber llegado todavía. Además de un conflicto armado interno inconcluso, en el que el Estado representado por sus gobernantes no respetó plenamente los derechos y libertades individuales garantizados por la Constitución Política de la República, la existencia de partidos políticos fundados como plataformas electorales de élites políticas y/o empresariales que no representan los intereses de los votantes, los poderes fácticos (económicos, militares, religiosos y otros) que influyeron en los resultados de las elecciones a su conveniencia, aportan elementos suficientes para afirmar que, en este período que precedió al fin de la guerra interna en 1996, los guatemaltecos sólo conocieron una democracia limitada. Sin embargo, el período de 1986 a 1996, que los especialistas denominan “transición política”, posibilitó la búsqueda de la paz y dio paso al intento de restaurar la democracia a través de los acuerdos de paz firmados por el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Este fue el inicio de una nueva etapa en la historia política de Guatemala que llevaría a muchos a pensar en la posibilidad de una transformación democrática del Estado, la economía y la sociedad. De hecho, el proceso político iniciado con la firma del Acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996, al menos en los primeros años de implementación de los acuerdos, dio un nuevo sentido a importantes sectores de la sociedad. Pero el conservadurismo de las clases y grupos sociales que deseaban mantener el statu quo impidió su plena realización. ¿Vivimos en democracia o seguimos en transición? Esta es la pregunta que se plantea.
1. Transición política y proceso de democratización
A) El gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo
En noviembre de 1985, en un proceso electoral que generó muchas expectativas en la población y con 12 partidos compitiendo para elegir a las autoridades que encabezarían el primer gobierno constitucional desde 1982, Vinicio Cerezo Arévalo, candidato a la Presidencia de la República de la Democracia Cristiana (DC), obtuvo el primer lugar seguido por el candidato de la Unión del Centro Nacional (UCN) Jorge Carpio Nicolle. Sin embargo, fue necesario convocar a una segunda vuelta electoral en diciembre del mismo año, ya que el candidato de la Democracia Cristiana no obtuvo la mayoría absoluta requerida por la ley. Fue entonces cuando la DC ganó las elecciones consideradas por muchos como libres y transparentes con el 68% de los votos. Con este resultado, Vinicio Cerezo asumió el Gobierno de la República el 14 de enero de 1986 por un período de cinco años, de 1986 a 1991.
Se trataba de poner fin a un sistema político que, gracias al papel desempeñado por los partidos que representaban a los sectores más conservadores de la sociedad, había configurado un régimen militar dictatorial disfrazado de formas democráticas desde su institucionalización en 1963. Lamentablemente, las tres décadas de gobierno militar entre 1954 y 1985 dejaron una profunda huella en la sociedad y, tras una primera experiencia de elecciones democráticas desde la caída del presidente Jacobo Árbenz, no sería fácil liberar las tensiones provocadas por ese largo período de hegemonía militar.
Atenuar las tensiones sociales en la transición política sería aún más difícil si se tiene en cuenta que entre las elecciones generales y la toma de posesión de Vinicio Cerezo Arévalo, el gobierno de Mejía Víctores emitió una serie de decretos que reforzaron el proyecto militar. En efecto, del 1 al 14 de enero de 1986 se aprobaron 33 decretos leyes relacionados con la continuidad del Proyecto de asistencia a las áreas de conflicto, una amnistía general para los delitos políticos y comunes ocurridos entre marzo de 1982 y 1986, la creación del Consejo de Seguridad del Estado, el reconocimiento de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) como organismos civiles dependientes del Ministerio de Defensa, y una nueva ley constitutiva del ejército (CEH, 1999, pp. 211-212).
Así, aunque la victoria de la DC representaba el rechazo de los ciudadanos al régimen militar, y aunque los militares estaban dispuestos a entregar el poder a las nuevas autoridades civiles, estaba claro que los militares querían mantener el control de la transición y garantizarse la impunidad. De hecho, mientras los partidos políticos y diversos sectores de la sociedad luchaban por una apertura amplia y abierta, los militares buscaban, por un lado, una transición controlada que combinara su constante observación con un cierto juego político, y, por otro, establecer un régimen democrático en el que el ejército saliera fortalecido y su pasado político no pudiera ser cuestionado.
Los militares, como puede verse, eran conscientes de sus excesos durante el conflicto armado interno y habían diseñado una estrategia en la que definían su nuevo papel en el Estado y la sociedad. En efecto, el ejército definió su relación con el gobierno a través de la estrategia de Estabilidad Nacional impulsada por el nuevo ministro de Defensa, Héctor Alejandro Gramajo Morales, según la cual se buscaba un equilibrio entre los factores de poder, entre las acciones políticas, psicosociales, económicas y militares, que produjera el grado relativo de seguridad necesario para la continuidad del Estado. Según el ministro de Defensa, se trataría de una nueva fase política que el ejército había definido previamente como “la continuación de la guerra por la política” (Gramajo, 1995, pp. 258-259). Por ello, el gobierno y el ejército buscaban “no afectarse mutuamente”, hasta el punto de que Vinicio Cerezo declaró que “gobernaría junto con los militares”. De hecho, el “estilo político” del presidente, que él mismo llamó “concertación”, estuvo presente en todo su gobierno (CEH, 1999, p. 212).
El contexto político fue tanto más complejo cuanto que la guerrilla mantuvo un cierto grado de beligerancia en la sociedad, a pesar de los duros golpes asestados por las fuerzas armadas entre 1981 y 1983. Así, el proceso de transición no estuvo exento de las tensiones generadas por la lucha entre ciertas fuerzas políticas legales, algunos sectores sociales y los militares. Sin embargo, la presión internacional a favor de soluciones políticas a los conflictos de la región, por un lado, y la influencia de partidos políticos y sectores sociales que abogaban por un proceso de apertura que ampliara la participación social, por otro, ayudaron al gobierno a priorizar la dimensión política del conflicto armado interno.
Pero hay que decir que Vinicio Cerezo era consciente de la importancia del contexto político regional e internacional para su gobierno: conocía las propuestas del Grupo de Contadora que en 1983 planteó la posibilidad de buscar una solución negociada a los conflictos centroamericanos, conocía el Grupo de Apoyo a la Iniciativa de Contadora que en 1985 concretó la definición de una política latinoamericana para Centroamérica, conocía el Acta de Contadora para la paz y la cooperación en Centroamérica y sabía, por supuesto, “Que la paz en América Central sólo puede ser fruto de un auténtico proceso democrático pluralista y participativo que implique la promoción de la justicia social, el respeto de los derechos humanos, la soberanía e integridad territorial de los Estados y el derecho de todas las naciones a determinar libremente y sin injerencias externas de ninguna clase, su modelo económico, político y social, entendiéndose esta determinación como el producto de la voluntad libremente expresada por los pueblos” (Declaración de Esquipulas, 25 de mayo de 1986).
Por ello, el presidente guatemalteco buscaría algunas soluciones a los problemas nacionales y regionales vinculados a los conflictos armados de la región, al tiempo que intentaba acabar con el aislamiento internacional heredado de los gobiernos militares. En efecto, a nivel internacional, el gobierno definió una política de “neutralidad activa” que consistía en no intervenir en los asuntos centroamericanos para mantener cierta autonomía respecto a la política de Estados Unidos para la región. Así, tras la reunión de presidentes centroamericanos en Esquipulas, el 25 de mayo de 1986, los gobiernos de la región acordaron fortalecer una solución regional a los conflictos armados en El Salvador y Guatemala que, a la vez que lograra la paz en estos países, contrarrestara las intenciones de Estados Unidos de crear un bloque regional contra Nicaragua. Además, antes de asumir el Gobierno de la República, Vinicio Cerezo se acercó al gobierno mexicano presidido por Miguel de la Madrid con el propósito de atenuar las tensiones generadas por los gobiernos anteriores por los problemas con los refugiados e inició las primeras conversaciones para su posible retorno al país.
Por otra parte, en la segunda reunión de presidentes centroamericanos celebrada del 5 al 7 de agosto de 1987, conocida como Esquipulas II, Vinicio Cerezo firmó el 7 de agosto de 1987 el Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, que, entre otras cosas, abordaba el establecimiento de procedimientos de negociación, la necesidad de democratización y la búsqueda de soluciones políticas a los conflictos de la región. Así, a la vez que reafirmaba la legitimidad de los gobiernos centroamericanos, el Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica, nacido de una propuesta del presidente costarricense Óscar Arias Sánchez, quien a su vez recogió las propuestas del Grupo de Contadora, obligaba a las fuerzas insurgentes a aceptar una solución política a los conflictos armados internos, reconociendo implícitamente su carácter beligerante y político (CEH, 1999, p. 212).
Al mismo tiempo, aunque en abierta contradicción con las iniciativas de Esquipulas, el 12 de agosto del mismo año, los militares convocaron el Foro 27 años de lucha por la libertad con el propósito de pedir a los empresarios que aceptaran cargas fiscales que, al tiempo que redujeran el déficit presupuestario, les permitieran obtener recursos para la guerra. Así, mientras los militares cabildeaban con los empresarios, el gobierno les presentaba el Plan de Reorganización Nacional (PRN) que requería su aval para la aprobación de un paquete de impuestos. Pero la iniciativa gubernamental no fue del agrado de los empresarios: en un primer momento, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) rechazó la propuesta y declaró una huelga patronal, luego, tras un pacto con el gobierno, aceptó apoyar parcialmente la propuesta. De hecho, aunque el acuerdo no impidió la aplicación del paquete fiscal, el gobierno tuvo que eliminar los puntos esenciales del plan: los que afectaban a la propiedad de la tierra y la nacionalización de las exportaciones (CEH, 1999, pp. 212-213).
Estaba claro, pues, que ni los empresarios ni los militares estaban dispuestos a ceder en cuestiones que para ellos eran fundamentales. Ciertamente, a finales de octubre de 1987 se prorrogó el decreto de amnistía aprobado por el gobierno de Mejía Víctores en enero de 1986 y se reforzó el plan Fortaleza 87 que, entre otras cosas, buscaba modernizar las estructuras del ejército, colaborar con los programas asistenciales del gobierno, crear condiciones para el retorno de los refugiados y poblaciones en resistencia y fortalecer la imagen internacional del gobierno. El plan también incluía una ofensiva militar contra las bases guerrilleras con el mayor número de tropas móviles conocido en la guerra y con intenciones similares a las de la ofensiva de 1982. La idea era aniquilar a las tropas guerrilleras en su propio terreno y tomar el control de las Comunidades de Población en Resistencia (CPR). De esta manera, los militares buscaban anular el apoyo de estas poblaciones a la guerrilla y debilitar la posición de la URNG en las conversaciones con el Gobierno (CEH, 1999, p. 213).
Pero el proceso avanzaba. El 11 de septiembre de 1987, tal como estaba previsto en el Acuerdo de Esquipulas II, el gobierno creó la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), integrada por funcionarios, personalidades políticas y de la Iglesia Católica y cuya coordinación recayó en Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, quien promovería reuniones con diversos sectores civiles y la guerrilla para iniciar las conversaciones de paz. Fue entonces cuando la URNG fijó su posición: para la organización político-militar que aglutinaba a los diferentes grupos guerrilleros desde 1982, “las conversaciones eran para encontrar salidas democráticas antes que una salida política de la guerrilla” (CEH, 1999, p. 213). Así, entre el 7 y el 9 de octubre de 1987, tuvieron lugar las primeras conversaciones en Madrid, España, entre representantes del gobierno (cuyo séquito incluía representantes del ejército) y la URNG.
Sin embargo, los desacuerdos entre al menos dos sectores del ejército obstaculizaron el desarrollo del proceso. En efecto, en noviembre el gobierno anunció que no reanudaría las conversaciones con los representantes de la guerrilla debido a la oposición de varios sectores, entre ellos los “oficiales de la montaña”. Pero la oposición de este sector del ejército a las conversaciones entre el gobierno y los insurgentes, que llevó a intentos de golpe de estado en noviembre de 1987 y enero de 1988, tenía objetivos claros: tras la insubordinación de tropas y oficiales del ejército el 11 de mayo de 1988, las negociaciones entre el alto mando y los insubordinados dieron lugar a un nuevo decreto de amnistía al mes siguiente. Por cierto, estos movimientos dentro del ejército contra el gobierno inauguraron la práctica de los golpes de Estado técnicos: “movimientos de presión que sin romper el orden constitucional obligaban al Gobierno a ceder en torno a las demandas” (CEH, 1999, p. 214).
Esto dejó claro que la democratización del país sería un objetivo a largo plazo y que en este proceso el actual gobierno era sólo una etapa. En efecto, la represión, los actos de intimidación, las desapariciones de personas o los atentados, como el del periódico La Época, el cierre de los noticieros Aquí el Mundo y Siete Días, se mantuvieron como rasgos violentos o expresiones de intolerancia gubernamental. De hecho, el control militar de las fuerzas de seguridad civiles también se mantuvo durante estos años: mientras la Policía Nacional renovaba “la incidencia de los militares en su dirección”, el recién creado Sistema de Protección Civil (SIPROCI) integraba “todas las fuerzas de seguridad bajo el mando militar” a cargo de la Policía (CEH, 1999, p. 214).
Pero advirtamos que los desacuerdos en el seno del ejército y los golpes de Estado técnicos como mecanismo de presión, además de buscar la impunidad de los militares, tenían como telón de fondo el tema de la derrota política de la guerrilla. Así, en 1989, mientras los oficiales de la montaña consideraban que el triunfo militar se diluía en la flexibilización de la vida política, los “constitucionalistas”, encabezados por el ministro de Defensa Héctor Alejandro Gramajo, consideraban que la derrota política de la guerrilla debía lograrse mediante la cooptación política y el desgaste militar en el mediano plazo. Sea cual sea la posición dominante, lo cierto es que en este contexto surgieron nuevos escuadrones de la muerte y aumentaron las amenazas, los actos de violencia y las denuncias de asesinatos en muchas partes del país (CEH, 1999, pp. 214-215).
Por otro lado, la Ofensiva del pueblo 89, vinculada al plan Fortalecimiento institucional 89, que según lo escrito en el papel buscaba garantizar la seguridad interna para el desarrollo de las elecciones, fue una ofensiva militar dirigida especialmente contra las comunidades en resistencia en el Ixcán y la zona Ixil, que completó las ofensivas anteriores. Por cierto, uno de los objetivos del plan era preservar los recursos naturales que el mismo ejército había destruido durante la ejecución de su estrategia de tierra arrasada contra la población civil sospechosa de apoyar a la guerrilla. Así, cuando el plan contemplaba el fortalecimiento de la sección de asuntos civiles a la que estaban adscritas las PAC, en realidad favorecía a las patrullas civiles al asignarles una función que en teoría buscaba el cuidado del medio ambiente. La preservación de los recursos naturales fue ciertamente el argumento utilizado por el ejército para mantener el control sobre las comunidades.
Sin embargo, lo que ocurría a nivel internacional tenía un impacto directo en el proceso guatemalteco. Así, tras la caída del Muro de Berlín y el inicio de la disolución del mundo socialista en 1989, que eliminó la amenaza comunista que había alimentado la lucha contrainsurgente en Guatemala desde finales de los años 50, la búsqueda de una solución política al conflicto armado interno cobró un nuevo impulso y el tema de la paz ocupó un lugar importante en el debate político. De hecho, el 30 de marzo de 1990, la URNG y la CNR firmaron en Oslo, Noruega, el Acuerdo de Oslo o Acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos, un documento de intenciones en el que se definía como objetivo básico de la negociación el establecimiento de un proceso serio que culminara con la consecución de la paz y el perfeccionamiento de una democracia funcional y participativa, y que preveía varias reuniones entre la URNG y diversos sectores sociales para el intercambio de opiniones sobre la paz y las necesidades del país. Además, el Acuerdo de Oslo creó la figura del “conciliador” que asumiría el papel de mediador interno e incluyó la presencia de un observador de las Naciones Unidas en representación del Secretario General. Cabe destacar que este acuerdo no fue firmado por la comandancia guerrillera sino por una delegación integrada por Luis Becker Guzmán, Francisco Villagrán Muñoz y Jorge E. Rosal, miembros de la comisión diplomática de la URNG, y que Jorge Serrano Elías, quien posteriormente sería elegido presidente de la República, fue uno de los delegados de la CNR.
Este fue un logro trascendental en el proceso de búsqueda de una solución política al conflicto armado interno, cuyo anuncio en Guatemala provocó dos reacciones: mientras los partidos políticos y los sectores sociales que deseaban avanzar en las conversaciones de paz manifestaron inmediatamente su aprobación, el ejército reaccionó con cautela, evitando hacer declaraciones al respecto. De hecho, los militares sólo confirmaron su participación en las reuniones previstas por el Acuerdo de Oslo unos días antes de la primera reunión, con la condición de que la CNR continuara como mediadora.
Sin embargo, el ejército continuó con sus planes militares. En efecto, con el plan Avance 90, el ejército reanudó las operaciones militares en las zonas con presencia guerrillera, buscando afectar constantemente a las comunidades en resistencia y desgastar a los guerrilleros, obligándolos a concentrarse en la defensa de esta población. Estas acciones militares tenían un doble objetivo: además del mencionado objetivo militar, el ejército tenía un objetivo político de cara a las conversaciones de paz: buscaba, en efecto, ganar posiciones en el marco de las reuniones previstas en el Acuerdo de Oslo, al igual que la guerrilla.
Mientras tanto, el proceso de conversaciones previsto en el Acuerdo de Oslo avanzaba con cierta rapidez. Así, entre mayo y junio de 1990, se celebró una reunión entre representantes de la URNG y 19 partidos políticos en El Escorial, España, que marcó el camino de la democratización del país: en un acuerdo firmado en esta ocasión, conocido como Acuerdo de El Escorial, se propusieron reformas constitucionales para fortalecer el proceso de democratización a partir de cambios institucionales y legales. Además, entre agosto y septiembre de ese mismo año, tuvo lugar una reunión en Ottawa, Canadá, entre la URNG y el CACIF, que no llegó a ningún acuerdo y sólo dio lugar a la publicación de una declaración y un comunicado, respectivamente, en los que ambas partes se pronunciaron el 1 de septiembre. En septiembre de 1990, la URNG se reunió con los líderes de los sectores religiosos en Quito, Ecuador, lo que dio lugar a la Declaración de Quito. En octubre de 1990, se celebró una reunión entre la URNG y representantes del movimiento sindical y popular en Metepec, Puebla, México, que dio lugar a una declaración conjunta. También hubo una reunión entre la URNG y representantes de los sectores académico, cooperativo y profesional en Atlixco, Puebla, México, que también produjo una declaración conjunta.
Pero la violencia seguía presente en la sociedad. En medio de los cambios en la cúpula del ejército entre junio y septiembre de 1990, que sugerían problemas internos, descontento con el gobierno o previsión por parte del alto mando para evitar nuevos intentos de golpe, se produjeron varios asesinatos que recordaron la fragilidad del proceso de paz: en junio fue asesinado el estadounidense Michael Devine, en septiembre la antropóloga Mirna Mack y en octubre el político Humberto González Gamarra. Obviamente, esto tuvo un impacto desfavorable en el proceso de discusión en curso. Sin embargo, los encuentros en el exterior entre representantes de la URNG y los diversos sectores sociales continuaron. Con diferentes puntos de vista e intereses, por supuesto, tanto los representantes del CACIF, como los de los grupos religiosos, los sectores sindicales y populares y otros sectores sociales reunidos en la Instancia Multisectorial, coincidieron en lo siguiente: por un lado, la urgencia de buscar una solución política al conflicto y promover cambios constitucionales, por otro, la necesidad de promover la mayor participación posible de los sectores políticos y sociales para lograr una definición consensuada y presionar por una negociación directa entre el gobierno y la URNG (CEH, 1999, p. 216).
Sin embargo, una vez concluida la ronda de reuniones, la posición inflexible del gobierno de Vinicio Cerezo estancó el proceso: insistió, como al principio de las primeras conversaciones, en que no volvería a reunirse con los insurgentes si éstos no aceptaban discutir las condiciones para dejar las armas. Esta condición fue obviamente rechazada por la URNG, que insistió en que primero debían tratarse las cuestiones de fondo relacionadas con los cambios estructurales necesarios para lograr la paz. Esta situación se dio en el último año del gobierno demócrata cristiano, es decir, en un año electoral, por lo que hubo que esperar a que el nuevo gobierno tomara posesión.
En diciembre de 1990, pocos días antes de que terminara el mandato de Cerezo Arévalo, se produjeron dos hechos importantes. Por un lado, una delegación de las CPR, que había logrado el reconocimiento como población no combatiente por parte de personalidades laicas y religiosas, solicitó la formación de una comisión representativa de diferentes sectores de la sociedad para verificar la situación de las comunidades en resistencia. Por otro lado, una masacre cometida por miembros del ejército en Santiago Atitlán dio lugar a una protesta social que provocó la retirada del destacamento y el nacimiento de un fenómeno comunitario de autogobierno basado en un sistema de organización tradicional que exigía la paz (Murga Armas, 1998). Ahora bien, casos como el de estas comunidades que rechazaron la presencia del ejército en un contexto de guerra, reforzaron la búsqueda de la paz que se estaba dando tanto a nivel nacional como internacional.
Pero, ¿qué papel jugó el movimiento social en la transición política? ¿El espíritu de concertación de Vinicio Cerezo favoreció su revitalización? ¿Fue el movimiento social una fuerza política capaz de influir en el proceso de democratización del país?
a) Movimiento social y proceso de democratización
Además de las expectativas generadas por la apertura política y el triunfo de un presidente civil en un proceso electoral libre y transparente, el llamado del gobierno a la organización sindical de los trabajadores del Estado y la aprobación por el Congreso de la República del Decreto Legislativo 71-86 sobre el derecho de huelga, fueron factores efectivos para el crecimiento de la organización sindical. En efecto, aunque el surgimiento de organizaciones sindicales en estos años no es en absoluto comparable al de la experiencia democrática de 1944 a 1954 (Murga Armas, julio-septiembre de 2019), no se puede negar que las demandas de legalización sindical se incrementaron: mientras que en 1983 no hubo solicitudes de legalización sindical, en 1984 hubo 3, en 1985 4, en 1986 15 y en 1987 el número llegó a 47 (Figueroa Ibarra, 2006). Desde esta perspectiva, se puede decir que el gobierno de Vinicio Cerezo favoreció el renacimiento del movimiento social. De hecho, después de un año de acercamiento, la alianza de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), la Central de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), produjo en 1987 la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), que inauguró un nuevo período de luchas sociales que llevó a la firma del Pacto social 88 entre el gobierno y la UASP.
En efecto, en los dos primeros años del gobierno de Vinicio Cerezo, los sindicatos estatales, las organizaciones magisteriales y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que exigía la aparición de los familiares desaparecidos, lideraron juntos la lucha social, con temas que incluían demandas laborales, problemas en el sistema educativo y la creación de una comisión para investigar a los desaparecidos. Fue este tema, hay que decirlo, el que puso nerviosos al gobierno y al ejército. Ciertamente, la demanda del GAM agitó las acciones de ambos e hizo evidente que las violaciones a los derechos humanos no eran cosa del pasado. De hecho, estudios posteriores han demostrado que el número de desaparecidos durante el gobierno de Vinicio Cerezo alcanzó en pocos años dimensiones similares a las del gobierno del general Carlos Arana Osorio (1970-1974) y superó las del gobierno del general Kjell Laugerud García (1974-1978) (Figueroa Ibarra, 1999). Fue, pues, un gobierno que aplicó una doble lógica: por un lado, promovió la organización sindical y popular, por otro, desapareció a los actores sociales que incomodan al régimen.
El gobierno de Vinicio Cerezo también promovió la reactivación del movimiento campesino, pero con objetivos y lógica diferentes a los de las luchas campesinas que exigían del gobierno una reforma agraria confiscatoria similar a la realizada por el gobierno de Árbenz. En abril de 1986, en efecto, el Movimiento Pro-Tierras, que nació bajo el liderazgo del sacerdote Andrés Girón y con la clara tolerancia del gobierno (CEH, 1999, pp. 217-218), reactivó la lucha campesina que también había quedado en suspenso por la cruel represión de los años anteriores: unos 15,000 campesinos de la costa sur marcharon desde Nueva Concepción, Escuintla hasta la capital, exigiendo tierras y créditos agrícolas para los campesinos de la región. En esta ocasión, el Movimiento Pro-Tierras hizo tres importantes demandas: 1) que el Estado entregue a los campesinos las fincas del terrateniente Raúl García Granados, que ha abandonado el país para establecerse en el extranjero, 2) que el Congreso cambie la Constitución para que se pueda aplicar la reforma agraria, y 3) que los obispos guatemaltecos apoyen al Movimiento Pro-Tierras. Cabe señalar que la movilización de los campesinos de la costa sur dio lugar a la creación de la Asociación Nacional de Campesinos Pro-Tierras (ANACAMPRO), a la que se sumaron otras organizaciones campesinas con objetivos similares (Castellanos Cambranes, 1992).
Pero fue la intervención de los obispos la que sacudió a la sociedad. En efecto, siguiendo las demandas de los campesinos, la Iglesia católica guatemalteca adoptó una controvertida posición sobre la cuestión agraria a principios de 1988. En la carta pastoral El Clamor por la Tierra (CEG, 29 de febrero de 1988), la Iglesia no sólo se posicionó a favor de los campesinos necesitados, sino que hizo un profundo análisis del estado de injusticia social que impera en Guatemala y llegó a la conclusión de que “el grave problema de la tenencia de la tierra está en la base misma de toda nuestra situación de injusticia”. Por ello, para el episcopado guatemalteco era necesario un cambio en las estructuras sociales, basado en una “distribución equitativa de la tierra”, empezando por “las vastas propiedades estatales y las propiedades insuficientemente cultivadas, a favor de quienes sean capaces de hacerlas valer” (CEG, 29 de febrero de 1988).
La carta pastoral El Clamor por la Tierra da cuenta ciertamente de los vericuetos de la Iglesia guatemalteca desde que la jerarquía católica llevó a cabo la cruzada anticomunista contra el gobierno de Árbenz hasta el momento en que se comprometió al lado del pueblo guatemalteco en la construcción de la democracia. Su ideología, impregnada de justicia social, se opone ahora al liberalismo de ciertos sectores de la oligarquía que ven en la posición ética de la Iglesia una actitud antieconómica perjudicial para el desarrollo rural. En abril de 1988, en efecto, la Asociación de Amigos del País (10 de marzo de 1989) sostiene que el reparto de tierras sólo servirá para multiplicar el minifundio sin mejorar ni la productividad ni las condiciones de vida de los campesinos. Según ellos, lo que los campesinos demandan es una vida mejor, y la tierra es sólo un medio. Así, concluyen que el acceso a una parcela para todos es una utopía desastrosa: si toda la tierra agrícola se distribuyera por igual, dicen, cada campesino recibiría una parcela de unas 3.5 hectáreas, y si el igualitarismo se llevara al extremo de beneficiar a todos los guatemaltecos con esta medida, cada campesino recibiría sólo media hectárea (Le Bot, 1992, p. 54).
En la cuestión agraria, el gobierno de Vinicio Cerezo había excluido claramente de su programa de gobierno cualquier medida radical relacionada con el problema de la tierra y había optado por implementar un conjunto de medidas paliativas que no cuestionaban la estructura agraria, pero que le permitían presentar un programa de desarrollo rural que incluía, entre otras cosas, subsidios a los pequeños agricultores para la compra de fertilizantes, creación de empleos estacionales en el campo, proyectos de minirrigación y, por supuesto, la continuidad de los programas del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA). Además, con el apoyo financiero y político de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), su gobierno promovió el desarrollo de un mercado de tierras con mecanismos financieros específicos que permitieran a los campesinos pobres acceder a la tierra (Pedroni, 1992).
Para ello, el 28 de junio de 1988, el gobierno de Vinicio Cerezo creó la Comisión Nacional de Tierras (CONATIERRA), bajo la dirección del Ministro de Agricultura, para definir y planificar la política agraria nacional. Así, la política de CONATIERRA se articuló en torno a cuatro importantes acciones 1) la compra y venta en el mercado libre, 2) la adquisición de importantes activos del sistema bancario, 3) la expropiación de las tierras ociosas después de haber agotado todos los recursos que fomentaban la producción, y 4) la recaudación de un impuesto sobre las tierras no explotadas. Pero con el auge del movimiento campesino y el resurgimiento de las principales organizaciones obreras y campesinas (CUSG y CUC, entre otras) que habían sido desmanteladas durante los años más violentos de la represión, la posibilidad de una reforma agraria se hizo inminente para los grandes terratenientes que, organizados en la Unión Nacional de Agroexportadores (UNAGRO), decidieron apoyar la opción del mercado de tierras que no representaba ningún riesgo para ellos y que podría facilitar eventualmente la venta de las tierras de mala calidad que poseían a muy buen precio.
En marzo de 1988, un intento de golpe de Estado y la publicación, en abril del mismo año, del Clamor por una vida mejor, permitieron definir claramente las posiciones de unos y otros: la actitud reaccionaria de la oligarquía frente a la posición reformista moderada de ciertos sectores de la Democracia Cristiana, la Iglesia Católica y la USAID, que, en cierto modo, apoyaban las demandas del Movimiento Pro-Tierras. Desde entonces, el gobierno de Vinicio Cerezo se puso del lado de UNAGRO y descartó definitivamente cualquier proyecto que pudiera relacionarse con la reforma agraria. En consecuencia, CONATIERRA, que había preconizado la expropiación y el gravamen de las tierras no utilizadas en un contexto de fuerte presión, se limitó a principios de 1989 a la compra y venta de tierras en el mercado libre, y el INTA a la concesión de pequeñas parcelas individuales (Murga Armas, 1995).
Pero recordemos que el movimiento social se desarrollaba en un contexto que involucraba a diferentes actores. Uno de ellos fue el Comité de Unidad Campesina (CUC), que reapareció en 1987 tras varios años de clandestinidad. En este contexto, más que interesarse por la discusión sobre la tenencia de la tierra que enarbolaba el Movimiento Pro-Tierras, el CUC buscaba movilizar a los trabajadores agrícolas de las plantaciones de caña de azúcar y café, a partir de la demanda del pago del salario mínimo y, en general, de mejores condiciones de trabajo en el campo. Además, el CUC incluyó las demandas de los campesinos afectados por la guerra: “Luchemos y conquistemos el salario de Q8.00 en la presente zafra. Exigimos respeto a nuestras vidas y se atiendan nuestros legítimos reclamos” (CUC, 1 de mayo de 1987).
Para ello, a partir de 1988, el CUC realizó varias protestas en la costa sur que desembocaron en una huelga de trabajadores agrícolas en enero de 1989 que obligó a la UNAGRO a discutir sus demandas al mejor estilo del gobierno demócrata cristiano. De hecho, esta huelga también obligó al CACIF a participar en las conversaciones que tuvieron lugar en abril de ese mismo año entre la representación de los campesinos, los terratenientes y el gobierno. Así, aunque el resultado de esta práctica de concertación no fue favorable para los trabajadores agrícolas, el CUC logró retomar la lucha por las reivindicaciones campesinas que había liderado entre 1978 y 1982 y legalizar su presencia política en el contexto de la transición democrática.
Además, varios grupos políticos en el exilio que formaban parte de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca (RUOG) visitaron el país en abril de 1988. Sin embargo, en un acto que demostró los límites de la democracia durante la transición política, las autoridades detuvieron a Rolando Castillo Montalvo, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos (USAC), y a la líder maya-quiché Rigoberta Menchú Tum, que en 1992 recibiría el Premio Nóbel de la Paz. Su visita, su captura, las conversaciones que mantuvieron y las reacciones de apoyo que recibieron de parte del movimiento social estuvieron ciertamente cargadas de un simbolismo político que ilustraba bien el proceso de apertura política que se iniciaba: por un lado, la aplicación forzada de la amnistía por parte del gobierno a los miembros de la RUOG, que ambos rechazaron inmediatamente, simbolizaba el sometimiento de la izquierda al Estado, por otro lado, su presencia pública encarnaba el regreso de la izquierda a la escena política nacional (CEH, 1999, p. 219).
Era evidente que la lucha seguía activa entre los dos sectores que protagonizaron la guerra y que ahora, al inicio del proceso que llevaría a las conversaciones de paz, se disputaban los espacios políticos de incidencia e influencia en la sociedad. De hecho, la derecha conservadora, que había liderado la lucha anticomunista desde los años 50, no perdió la oportunidad de recordar su existencia: también rehabilitó simbólicamente la tenebrosa imagen de los escuadrones de la muerte del tipo Mano Blanca y acusó al gobierno de comunista por haber permitido la presencia de la representación de la izquierda en el exilio.
En agosto de 1988, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño convocó al Gran Diálogo Nacional que buscaría involucrar a los diferentes sectores de la sociedad civil en la búsqueda de consensos que allanaran el camino de las negociaciones de paz. Pero la instalación del diálogo no sería fácil. Sobre todo, porque la discusión inicial se centró en qué organizaciones tenían la legitimidad necesaria para participar. El gobierno, que decía estar a favor de la construcción de consensos y enarbolaba la bandera de la democracia, ciertamente no pretendía incluir a los delegados de la URNG, la RUOG, el CUC y el GAM, que eran actores clave en el conflicto a resolver. La decisión final resultante de esta primera discusión nos da una idea de lo difícil que sería en el futuro lograr un consenso con la participación de todos los sectores: sólo se aceptó la participación del CUC y del GAM porque se consideró que eran miembros de la UASP y estaban en el país. Por su parte, el sector empresarial decidió que no participaría porque no estaba de acuerdo con los resultados alcanzados por el gobierno en cuanto a la solución de los problemas nacionales y porque consideraba que no había un interlocutor legítimo para ellos (CEH, 1999, pp. 219-220).
Sin embargo, el debate se estaba dando entre los diferentes sectores sociales. Especialmente importante fue el proceso en el que participaron organizaciones que representaban a las víctimas de la guerra: el Comité Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), cuyas demandas hacían hincapié en el rechazo a las PAC y al reclutamiento militar forzoso. El Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ), que promovía la no participación en las PAC, la Comisión de Investigación, Educación y Promoción de los Derechos Humanos (CIEPRODH) y, posteriormente, el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG). Estas organizaciones cuestionarían la militarización del Estado y de la sociedad y promoverían, cada una desde su campo de acción, el respeto a los derechos humanos (CEH, 1999, p. 220).
Pero tengamos en cuenta que fue el sindicato nacional de maestros el que protagonizó la mayor movilización de trabajadores entre mayo y agosto de 1989. Ciertamente, en una huelga sin precedentes en la historia del magisterio nacional, que contó con el apoyo de los trabajadores del Estado, los maestros lograron paralizar casi toda la actividad estatal durante trece semanas, exigiendo aumentos salariales tanto para los maestros como para los trabajadores del Estado y soluciones a algunos de los problemas que existían en el sistema educativo. Se trató, sin duda, de una protesta social que demostró la fuerza movilizadora que los sindicatos habían alcanzado en los últimos años.
Durante el desarrollo de este conflicto, por cierto, Vinicio Cerezo demostró sus habilidades políticas e ilustró el verdadero significado de su concepto de concertación: en lugar de buscar soluciones efectivas a los problemas planteados, su gobierno provocó la prolongación del conflicto para agotar a los trabajadores en huelga. Así, obligados por las circunstancias, muchos trabajadores del Estado tuvieron que volver a sus puestos de trabajo. Mientras tanto, el gobierno despidió a un número indeterminado de trabajadores sindicalizados tanto del sindicato de maestros como en otras instituciones estatales y, cuando lo consideró necesario, recurrió a los métodos represivos de años anteriores en los que las amenazas ocultas o directas y el uso de las fuerzas de seguridad para disolver las manifestaciones fueron el denominador común para disuadir a los trabajadores. Así, con el resultado, en muchos casos, de varios maestros lesionados en diferentes partes del país, los maestros tuvieron que volver a las aulas sin parte de sus salarios y con el compromiso de extender el ciclo escolar para recuperar el tiempo perdido.
Se trató, aparentemente, de una lucha sindical que no alcanzó sus objetivos. Sin embargo, el hecho de haber paralizado la actividad estatal durante tanto tiempo demostró, una vez más, que la unidad de los trabajadores en torno a causas y objetivos comunes constituye una fuerza real. Así, el magisterio nacional, la UNSITRAGUA, la CGTG, el CUSG, la UASP, el CUC, el GAM, la CONAVIGUA, el CERJ, el CIEPRODH, el CONDEG, la propia Iglesia Católica y, desde el exilio, organizaciones como la RUOG, la URNG y otras, lideraron las luchas sociales que impulsaron el proceso de democratización del país durante el gobierno de Vinicio Cerezo.
B) El gobierno de Jorge Serrano Elías
Jorge Serrano Elías ganó la Presidencia de la República con el 68.1% de los votos el 14 de enero de 1991, postulado por el Movimiento de Acción Solidaria (MAS) en una contienda electoral en la que participaron 14 partidos políticos y tras una sorpresiva segunda vuelta celebrada el 6 de enero del mismo año, en la que derrotó al candidato Jorge Carpio Nicolle de la UCN, que había ganado la primera vuelta el 11 de noviembre de 1990.
Esta sorprendente victoria de Serrano Elías se explica por una razón fundamental: para ganar la segunda vuelta, el candidato evangélico del MAS hizo varias alianzas con políticos y empresarios que condicionarían su actuación política y determinarían la formación de un gabinete de gobierno compartido (CEH, 1999, p. 221). De hecho, Serrano Elías contaba con el voto de los numerosos seguidores y simpatizantes del general Efraín Ríos Montt, líder de la cruzada de la Iglesia Evangélica El Verbo en los años ochenta, cuya ambición presidencial fue invalidada por la justicia debido a su pasado golpista. Así, el nuevo gobierno intentó negociar, sin resultados, un pacto social con el sector privado y el sector laboral, y un nuevo plan de seguridad destinado a controlar la delincuencia común (robo de carros, furgones, etc.) y el narcotráfico, dos prácticas vinculadas a la impunidad y la corrupción estatal (CEH, 1999, p. 221).
Sin embargo, fue en el ámbito de las negociaciones de paz donde la administración de Serrano Elías tuvo los mayores logros. En abril de 1991, el exmiembro de la Comisión Nacional de Reconciliación, ahora Presidente de la República, presentó la Iniciativa para la paz total de la nación con la que proponía retomar el diálogo con la URNG. Básicamente, propuso discutir de inmediato el fin de la lucha armada y la desmovilización de los insurgentes, así como su incorporación a la vida civil, la implementación de programas para lograr mayor equidad económica y social y la profundización del proceso democrático (Salguero Salvador, 1998). Cabe agregar que el gobierno reconoció un conjunto de insatisfacciones y demandas insatisfechas presentes en la sociedad, pero no las consideró fundamentales para resolver el conflicto armado interno. Más bien, consideraba estas insatisfacciones como expresión de un proceso de democratización inconcluso que podía ser resuelto con la ayuda de la institucionalidad. Así, consideró el aspecto militar del conflicto como el problema más urgente a resolver, y minimizó los problemas de fondo (Salguero Salvador, 1998).
Esta posición, por supuesto, provocó desconfianza entre la URNG. Sin embargo, las reuniones se reanudaron en México con la participación de delegados gubernamentales y militares que también formaban parte de la representación gubernamental. El resultado de estas primeras reuniones fue la firma del Acuerdo de México o Acuerdo del procedimiento para la búsqueda de la paz por medios políticos el 26 de abril de 1991, en el que se acordó negociar once puntos y el procedimiento para desarrollar la negociación. Los temas a negociar eran los siguientes:
“01. Democratización. Derechos humanos.
02. Fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática.
03. Identidad y derechos de los pueblos indígenas.
04. Reformas constitucionales y régimen electoral.
05. Aspectos socio-económicos.
06. Situación agraria.
07. Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado.
08. Bases para la incorporación de la URNG a la vida política del país.
09. Arreglos para el definitivo cese de fuego.
10. Cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos.
11. Firma del Acuerdo de Paz firme y duradera, y desmovilización” (Acuerdo de México, 26 de abril de 1991).
Así, la agenda de negociación se dividió en dos partes: una sustantiva, en la que se abordarían las soluciones a los problemas nacionales, y otra operativa, en la que se trataría el fin del enfrentamiento armado y la desmovilización de los insurgentes. De esta manera, el proceso de paz tomó el perfil deseado por la comandancia de la URNG, ya que se pudieron tratar primero los temas estructurales y luego los procedimentales (Salguero Salvador, 1998).
En julio de ese mismo año, las delegaciones de la URNG y del gobierno se reunieron en Cuernavaca, México, para continuar las conversaciones de paz. Allí discutieron sobre la democratización y los derechos humanos y, el 25 de julio de 1991, reunidos en Querétaro, México, firmaron el Acuerdo de Querétaro o Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, que enumera una lista de temas necesarios para fortalecer la democracia guatemalteca. Así, tenemos:
“Que el fortalecimiento de la democracia funcional y participativa requiere:
a. La preeminencia de la sociedad civil.
b. El desarrollo de la vida institucional democrática.
c. El funcionamiento efectivo de un estado de derecho.
d. Eliminar para siempre la represión política, el fraude e imposición electoral, las asonadas y presiones militares y las acciones desestabilizadoras antidemocráticas.
e. El respeto irrestricto de los derechos humanos.
f. La subordinación de la función de las fuerzas armadas al poder civil.
g. El reconocimiento y respeto a la identidad y derechos de los pueblos indígenas.
h. El acceso y goce de todos los guatemaltecos a los beneficios de la producción nacional y recursos de la naturaleza que debe basarse en principios de justicia social.
i. El efectivo reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado interno” (Acuerdo de Querétaro, 25 de julio de 1991).
Además, el Acuerdo de Querétaro enfatiza la idea de que “la democratización requiere garantizar y promover la participación, en forma directa o indirecta, de la sociedad civil en general en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de Gobierno en los diferentes niveles administrativos”. También reconoce “el derecho de todos los grupos sociales constitutivos de la Nación a desarrollarse en relaciones de trabajo justas y equitativas, en sus formas propias culturales y de organización, en un pleno respeto a los derechos humanos y a la ley” (Acuerdo de Querétaro, 25 de julio de 1991).
Hay que decir que el Acuerdo de México y el Acuerdo de Querétaro fueron ampliamente consensuados por la población y ambos generaron grandes expectativas sobre la posibilidad de alcanzar la paz en el corto plazo. De hecho, el Acuerdo de Querétaro fue ampliamente difundido entre la población guatemalteca para lograr el consenso necesario:
“Que el presente Acuerdo debe ser divulgado ampliamente al pueblo de Guatemala y en particular a los sectores dialogantes en las reuniones que se produjeron en cumplimiento del acuerdo de Oslo y el Diálogo Nacional, debiendo ser informados por el Conciliador para procurar su adecuada comprensión” (Acuerdo de Querétaro, 25 de julio de 1991).
Así, el Acuerdo de Querétaro fue considerado en su momento como uno de los acuerdos más importantes firmados por el gobierno y la URNG en la búsqueda de la paz. Más aún porque la democratización que este acuerdo propone abarca los ámbitos político, económico, social y cultural:
“Guatemala requiere de medidas que aseguren el desenvolvimiento de la democratización en lo político, económico, social y cultural. El Gobierno de la República reconoce su responsabilidad de aplicar medidas que respondan a los intereses de la población y que aseguren la democratización del país” (Acuerdo de Querétaro, 25 de julio de 1991).
La importancia asignada al tema de la democratización fue tal que al final del Acuerdo de Querétaro se establece que “Este acuerdo se consignará y formará parte del Acuerdo de Paz Firme y Duradera y servirá de marco para el tratamiento de los demás temas de negociación con las peculiaridades y especificidades que a cada uno corresponde” (Acuerdo de Querétaro, 25 de julio de 1991). La democratización del país, por tanto, era de vital importancia para lograr una paz firme y duradera que pusiera fin a la guerra interna. Cabe destacar que el Acuerdo de Querétaro fue firmado por la Comandancia General de la URNG integrada por los comandantes Pablo Monsanto (Jorge Ismael Soto), Gaspar Ilom (Rodrigo Asturias Amado) y Rolando Morán (Ricardo Arnoldo Ramírez de León).
El diálogo, como vemos, avanzaba rápidamente con resultados muy concretos. Dos acuerdos firmados en un período de tres meses hacían presagiar una pronta solución a un conflicto armado que había durado más de tres décadas. Pero el impulso inicial del gobierno se vio frenado por los acontecimientos: los casos Devine y Myrna Mack estimularon la discusión nacional sobre la impunidad en Guatemala y dieron lugar a los primeros juicios a militares implicados en actos delictivos. Esto provocó desacuerdos entre el gobierno y sus opositores en temas como los derechos humanos y el estado de derecho en el contexto de la guerra: mientras el gobierno argumentaba que los derechos humanos no podían ser garantizados porque había un enfrentamiento armado, sus opositores consideraban que el estado de derecho debía ser fortalecido aún en el contexto del enfrentamiento armado. De hecho, el caso de Efraín Bámaca, un comandante guerrillero desaparecido por el ejército en marzo de 1992 en Nuevo San Carlos, Retalhuleu, vendría a replantear el problema del derecho humanitario de guerra (CEH, 1999, p. 222).
Por otra parte, la ruptura de la alianza inicial de Serrano Elías con el partido Plan de Avanzada Nacional (PAN) a comienzos de 1992 y las nuevas alianzas de Serrano Elías con la DC y la UCN, bajo la condición de alternar con ellos la presidencia del Congreso, fueron el origen de la salida a la luz pública de varios problemas que involucraban a diputados, y de actos de corrupción que supuestamente involucraban al gobierno para lograr acuerdos legislativos que le eran favorables (CEH, 1999, p. 222). Así, comenzó a hacerse público el problema de la corrupción que, al año siguiente, estaría también en el origen del autogolpe de Serrano y de su dimisión forzada pocos días después.
En este contexto, el movimiento social había consolidado los espacios de participación inaugurados por el GAM tras la apertura política de 1984 y, paralelamente a las tradicionales luchas sindicales y campesinas, estaba abordando temas derivados de la guerra civil, esenciales para la democratización del país: los derechos humanos, la búsqueda de la paz y la lucha contra la impunidad. En este último tema destaca la tenaz lucha de Hellen Mack, hermana de la antropóloga Mirna Mack, asesinada el 11 de septiembre de 1990, exigiendo justicia contra los autores materiales e intelectuales del crimen. Sus demandas de justicia ciertamente abrieron un nuevo frente de lucha que pronto fue apoyado por otros sectores del movimiento social y que poco a poco comenzó a identificarse como sociedad civil (CEH, 1999, pp. 222-223).
Los años 90 fueron trascendentales para el movimiento indígena guatemalteco, que desde los años 50 había comenzado a germinar en el movimiento sindical, campesino y popular con reivindicaciones económicas y de clase y, posteriormente, con reivindicaciones culturales y étnicas en el movimiento de la Acción Católica Rural de los años 60 y 70 (Murga Armas, 2005). Ahora bien, la celebración de los 500 años de la llegada de los primeros europeos al continente americano creó condiciones especiales para que muchas organizaciones mayas tuvieran un papel protagónico en el mundo político nacional e internacional con sus propias demandas, basadas en la reivindicación de una identidad maya directamente conectada con el pasado milenario de la civilización maya. Pero este fenómeno no surgió de la nada. Aunque la identidad maya había comenzado a gestarse unos años antes, la concesión del Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú Tum en 1992, una mujer quiché que defendió los derechos de los pueblos indígenas y fue miembro de la Acción Católica Rural y del Comité de Unidad Campesina en los años 70 y 80, la aprobación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que abre espacios legales para que los pueblos indígenas reclamen derechos específicos, y la inclusión del tema de la identidad y los derechos de los pueblos indígenas en la agenda de las negociaciones de paz, estimularon la consolidación de un movimiento maya.
Sin embargo, en 1992, justo cuando muchos guatemaltecos celebraban lo que estaba ocurriendo a nivel nacional e internacional en el ámbito de las reivindicaciones indígenas, varias amenazas de muerte a estudiantes, periodistas, sindicalistas y líderes populares, que en algunos casos tomaron la forma de atentados y asesinatos, recordaron el pasado de terror de los regímenes militares. Más aún cuando la sede de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) fue dinamitada.
Ese mismo año, tras el estancamiento de las conversaciones entre los refugiados y el gobierno (debido a la demanda de los refugiados de la restitución de sus tierras), las reuniones entre la comisión multipartita y el Ministerio de Defensa sobre los refugiados condujeron, el 8 de octubre de 1992, a la firma de un acuerdo con las Comisiones Permanentes de Refugiados en México (CCPP) que garantizaba su retorno. Así, el 20 de enero de 1993 se produjo el primer retorno masivo de refugiados. Pero la doble lógica del ejército seguía activa: paralelamente al proceso de conversaciones que condujo al retorno de los primeros refugiados, el ejército bombardeó a las CPR por sus supuestos vínculos con la guerrilla.
Mientras tanto, Serrano Elías intentó continuar con las conversaciones de paz. El 14 de enero de 1993, durante la presentación del informe anual de gobierno del Presidente ante los diputados del Congreso de la República, Serrano presentó una nueva propuesta para reanudar el diálogo: básicamente, aceptó las exigencias en materia de derechos humanos, incluyó la posibilidad de obtener una verificación directa por parte de la ONU e insistió en el cese al fuego y la ubicación de la guerrilla en determinados territorios para firmar la paz en un plazo de 90 días (CEH, 1999, p. 222). Pero la agilidad de su propuesta para lograr la paz contrastaba con su preocupación por la actitud política de la URNG: la acusaba de falta de voluntad y de haber aprovechado el proceso de negociación para ganar espacio diplomático y promover un movimiento de masas. Su actitud, por supuesto, coincidía con el plan Consolidación de la paz 1992: las nuevas operaciones militares en los frentes guerrilleros buscaban debilitar políticamente a la URNG en las negociaciones y acelerar la firma de la paz en las condiciones propuestas por el gobierno. Pero las condiciones para la pacificación del país aún no estaban dadas.
Ahora bien, el 25 de mayo de 1993, Serrano Elías dio un autogolpe. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué Serrano Elías decidió disolver las instituciones fundamentales de la democracia y suspender parcialmente la Constitución de la República? ¿Fue la corrupción en el Estado, como él dijo, lo que le llevó a tomar esta medida?
Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las dificultades que encontró el gobierno de Serrano Elías para llevar a cabo sus proyectos, junto con la condición de minoría parlamentaria en la que se encontraba y el estilo autoritario del gobernante, hicieron de la corrupción una forma de negociación. Ese día, antes del autogolpe, Serrano mantuvo una reunión con miembros del ejército de la que salió convencido de que la situación era ingobernable. Entonces optó por disolver el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y amenazó con aplicar medidas similares al Procurador General de la Nación y al Procurador de los Derechos Humanos. Además, suspendió 46 artículos de la Constitución de la República y emitió medidas de censura a la prensa (CEH, 1999, p. 224).
La idea de Serrano se basaba en la posibilidad de dar un golpe de este tipo sin afectar gravemente la Constitución, y aunque pensaba que con el autogolpe sólo eliminaría los obstáculos de la gobernabilidad para mantener el control político del país, con él retomaba los métodos y prácticas autoritarias que durante décadas han regido el destino de la nación. Serrano, según la CEH, buscó apoyo en los militares, pero fracasó con un sector de la inteligencia militar que se opuso a su permanencia en el gobierno. De hecho, el autogolpe de Serrano Elías demostró que había una división interna en el ejército y que esto había llevado al debilitamiento del alto mando.
Ahora bien, las protestas mediáticas por las violaciones a la libertad de prensa estimularon la movilización de empresarios, políticos, grupos profesionales y algunos sindicatos que se opusieron abiertamente al golpe y formaron la Instancia Nacional de Consenso (INC), a la que se sumó el Foro Nacional Social integrado por organizaciones sociales, ONG y organismos de derechos humanos. Así, el 1 de junio, en medio del agitado ambiente político, la Corte de Constitucionalidad tomó la decisión de desconocer los poderes de Serrano Elías y el Tribunal Supremo Electoral se opuso a que el Congreso reformara la Constitución y convocara a nuevas elecciones.
En estas condiciones, Serrano Elías fue destituido de la Presidencia y el ministro de Defensa, general José Domingo Samayoa, apoyó su sustitución por el vicepresidente Gustavo Espina Salguero. Pero esta decisión habría sido tomada para que los golpistas continuaran en el poder. De hecho, la oportuna intervención de la Corte de Constitucionalidad aclaró la situación: Gustavo Espina simplemente no podía ser Presidente de la República por haber participado en el autogolpe. Así, en la madrugada del 6 de junio de 1993, en presencia de numerosos espectadores nacionales e internacionales, el Congreso de la República nombró Presidente de la República al entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio.
C) El gobierno de Ramiro de León Carpio
La situación que tuvo que enfrentar el nuevo Presidente de la República fue compleja: fue nombrado por los miembros del Congreso de la República que su antecesor había acusado de corrupción, se encontró con un ejército dividido, con un alto mando desacreditado y un sector de la inteligencia militar liderando el proceso. Además, encontró una sociedad civil hasta cierto punto liderada por el sector empresarial cuya actitud en el pasado ha demostrado que su horizonte no va más allá de sus intereses personales, familiares o gremiales, y un sector político al servicio de esos intereses y hasta cierto punto vinculado a la corrupción. La situación, por tanto, era muy compleja y sólo las decisiones acertadas y oportunas podrían darle la legitimidad necesaria para terminar el mandato presidencial para el que había sido designado. Sin embargo, tenía a su favor una aceptable labor como Procurador de los Derechos Humanos, y casos muy recientes, como el de la masacre de Santiago Atitlán, que le habían dado protagonismo y legitimidad social, le servían de credenciales ante una sociedad civil preocupada por la pacificación y democratización del país.
En este contexto, Ramiro de León Carpio tomó dos decisiones acertadas: por un lado, desautorizó a los militares golpistas y, por otro, promovió la depuración de los diputados acusados de corrupción. Así, el ex Procurador de los Derechos Humanos anunció que priorizaría los asuntos de política interna. Sus primeras acciones, por lo tanto, se dirigieron a cuestiones derivadas del autogolpe: destituyó inmediatamente a los generales José Domingo Samayoa y José Roberto Perussina, ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, respectivamente. El cargo de nuevo ministro de Defensa fue ocupado por el general Mario René Enríquez quien, en consonancia con las conversaciones de paz, promovió un nuevo enfoque dentro del ejército basado en un programa de derechos humanos y un programa de depuración interna. Sin embargo, al rechazar la demanda social de reducir el número de efectivos del ejército, el nuevo Ministro de Defensa creó dudas sobre el alcance de su gestión.
En cuanto a la depuración del Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia, Ramiro de León Carpio procedió como lo había anunciado, sin embargo, propuso una solución conciliadora con las fuerzas políticas, argumentando que no existía un marco legal para regular el proceso. Así, para depurar el Congreso, el Ejecutivo propuso la celebración de un referéndum. Se trataba entonces de definir el procedimiento y la profundidad de la consulta: unos defendían una depuración rápida y efectiva, otros abogaban por mantener el proceso legal. Por otro lado, los diputados querían limitar la injerencia institucional del Presidente. Sólo con la mediación de la jerarquía católica, el gobierno, los políticos y los empresarios aceptaron la celebración del referéndum. Sin embargo, en las organizaciones sociales que participaron en las discusiones se comentaba que ya existía un acuerdo entre la clase política y la clase empresarial para realizar reformas superficiales que no coincidían con lo que se estaba discutiendo en las conversaciones de paz y con las necesidades políticas del momento. A pesar de ello, finalmente se llegó a un acuerdo político para elegir un congreso de transición y promover un paquete de 42 reformas a la Constitución para ser aprobadas por consulta popular. Las reformas, hay que decirlo, se centraron en reestructurar formalmente el Congreso de la República y el Poder Judicial, así como en aprobar las bases legales para futuros procesos de modernización del Estado a través de la privatización de empresas públicas (CEH, 1999, p. 225).
Por otra parte, se anunciaron cambios en el Departamento de Seguridad Presidencial, el centro de operaciones de inteligencia militar conocido como El Archivo, que controlaba a la oposición política y era responsable de numerosas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, la reestructuración llevada a cabo por el gobierno sólo limitó las funciones operativas de esta estructura militar, mientras los sectores sociales que participaban en las conversaciones de paz exigían su total disolución. También hay que decir que Ramiro de León Carpio condescendió con el grupo de militares que lo apoyaban de otra manera: aunque anuló los gastos confidenciales que permitían el control de partidas secretas del presupuesto nacional a discreción de la Presidencia y del Estado Mayor Presidencial, lo que se había convertido en una forma abierta de corrupción, favoreció la consolidación de los militares que le apoyaban en sus puestos manteniendo el tradicional sistema de rotación previsto por la Ley constitutiva del ejército (CEH, 1999, p. 226).
Pero, ¿en qué consistía el Plan nacional de paz anunciado por Ramiro de León Carpio en julio de 1993? ¿Por qué provocó el rechazo inmediato de la URNG y el estancamiento momentáneo del proceso de paz?
Un punto fue controvertido: mientras los acuerdos de Oslo y México contemplaban el tratamiento conjunto de los temas sustantivos y operativos, el plan del nuevo gobierno contemplaba una separación entre estos temas. Así, mientras el gobierno y la URNG seguían negociando los temas de procedimiento, el plan dejaba a la URNG al margen de los temas sustantivos, que pasaban a ser responsabilidad de un foro permanente para la paz, integrado por representantes de la sociedad civil, cuyas recomendaciones debían ser tenidas en cuenta por el gobierno en el diseño de las directrices políticas (Salguero Salvador, 1998). Por supuesto, la propuesta de Ramiro de León Carpio fue inmediatamente rechazada por la URNG, que detuvo momentáneamente las negociaciones.
Pero había otras propuestas en el Plan nacional de paz que hacían posible la continuidad del proceso de negociación: de acuerdo con lo que se venía discutiendo desde la firma del Acuerdo de Oslo, el plan contemplaba solicitar la verificación directa del proceso de paz por parte de la ONU. De hecho, la creación de la Misión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA) se acordó en septiembre de 1993 y la creación oficial de la Comisión de Paz (COPAZ), que sustituiría a la CNR y sería dirigida por Héctor Rosada Granados, tuvo lugar en octubre del mismo año. Así, para reactivar el proceso, la ONU convocó a una reunión entre el gobierno y la URNG en la ciudad de México el 10 de enero de 1994. Ese mismo día, con la ONU como moderadora, el Gobierno y la URNG firmaron el Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que establecía un nuevo calendario y una nueva agenda de reuniones para el proceso de paz, pero mantenía la agenda de negociación establecida en el Acuerdo de México:
“Las partes negociarán sobre el conjunto de los puntos del temario general del Acuerdo de México. En cada punto, las partes decidirán conjuntamente el alcance de sus compromisos, los cuales estarán todos sujetos a verificación” (Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación, 10 de enero de 1994).
Además, el Gobierno y la URNG “acordaron solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que designe un representante para que asuma la función de moderador de las negociaciones bilaterales (…) Las partes acuerdan que el moderador pueda proponer todas las iniciativas encaminadas a agilizar la firma de un Acuerdo de Paz Firme y Duradera” (Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación, 10 de enero de 1994).
Sin duda, el aporte más importante del Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación sobre democratización es la integración formal de la sociedad civil en el proceso de paz. Aquí, ciertamente, el gobierno y la URNG reconocen el aporte de los diferentes sectores en los encuentros previos de reconciliación y búsqueda de la paz y plantean la necesidad de integrarla en el proceso de búsqueda de la paz y reconciliación nacional:
“Ambas partes reconocen el aporte de los sectores que, como resultado del Acuerdo de Oslo, participaron en las reuniones de El Escorial, Ottawa, Quito, Metepec y Atlixco con la URNG. Dichas reuniones dieron impulso al proceso de negociación en Guatemala. Su participación y aportes contribuyeron a hacer posible el inicio de las negociaciones directas entre el Gobierno y la Comandancia de la URNG. Las partes coinciden en que la sociedad guatemalteca continúe teniendo un papel esencial en la consecución de la paz y en el proceso de reconciliación” (Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación, 10 de enero de 1994).
Así, el Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación crea “una asamblea, abierta a la participación de todos los sectores no gubernamentales de la sociedad guatemalteca, siempre y cuando acrediten su legitimidad, representatividad y legalidad”. También, le asigna las siguientes funciones:
“i) Discutir la temática sustantiva de la negociación bilateral, es decir, los puntos del ii) al vii) del temario general del Acuerdo de México, con miras a formular posiciones de consenso.
ii) Transmitir al moderador de las Naciones Unidas, al Gobierno de Guatemala y a la URNG, recomendaciones u orientaciones formuladas como resultado de sus deliberaciones. Dichas recomendaciones u orientaciones no serán vinculantes y estarán encaminadas a facilitar el entendimiento entre las partes. La asamblea discutirá la temática sustantiva de acuerdo a un calendario ajustado a los plazos establecidos de las negociaciones bilaterales, y no podrá retrasar el desarrollo del proceso de negociación bilateral.
iii) Conocer los acuerdos bilaterales sobre la temática sustantiva concluidos por las partes y avalar estos acuerdos para darles el carácter de compromisos nacionales, lo que facilitará su implementación. Sin embargo, si por alguna razón u otra no se avala un acuerdo bilateral, este acuerdo mantendrá su vigencia” (Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación, 10 de enero de 1994).
Esto se complementó con la designación del presidente de la asamblea, cuya responsabilidad recayó en Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, seguramente en reconocimiento a su trabajo en la Comisión Nacional de Reconciliación. El presidente de la asamblea, según el Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación, será asistido por “un comité organizador (…) integrado por representantes de cada uno de los sectores que participaron en el proceso de Oslo más representantes de los sectores mayas”. Así, el Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación asigna al presidente de la asamblea las siguientes funciones:
“i) Convocar la asamblea.
ii) Organizar sus deliberaciones con la asistencia del comité organizador.
iii) Promover la formulación de recomendaciones de consenso sobre los puntos de la temática sustantiva.
iv) Transmitir al moderador de las Naciones Unidas y a las partes las recomendaciones u orientaciones que resulten de las deliberaciones de la asamblea y participar en sesiones especiales de la mesa bilateral convocadas con este fin de común acuerdo con las partes.
v) Recibir del moderador de las Naciones Unidas los acuerdos bilaterales sobre temas sustantivos firmados por las partes, darlos a conocer a la asamblea y promover su aval por la misma” (Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación, 10 de enero de 1994).
Se trató, por tanto, de un auténtico proceso de participación social que, al tiempo que ponía en práctica la idea de una democracia participativa, buscaba dar legitimidad a los acuerdos alcanzados y garantizar su implementación tras la firma definitiva del acuerdo de paz.
El 29 de marzo de 1994, en la ciudad de México, el Gobierno de Guatemala y la Comandancia General de la URNG firmaron el Acuerdo global sobre derechos humanos, que reconoce una relación directa entre el respeto a los derechos humanos y la construcción de la paz, y propone mecanismos para su fortalecimiento (CEH, 1999, p. 226). En la misma fecha, siempre en la ciudad de México, se firmó el Acuerdo de calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera en Guatemala, que establece los plazos para los puntos en discusión. Con esto, después de casi siete años de conversaciones y negociaciones de paz, los guatemaltecos podían ver una luz al final del túnel: el fin de la guerra estaba cerca, ya que el Acuerdo de calendario establecía la firma de los acuerdos pendientes entre mayo y noviembre de 1994 y la firma del Acuerdo de paz firme y duradera para diciembre de 1994.
En este contexto, los aportes de la Asamblea de la Sociedad Civil fueron ciertamente efectivos: inaugurada el 15 de mayo de 1994 bajo la presidencia de Monseñor Rodolfo Quezada Toruño y con la participación de 13 organizaciones sociales, presentó sus propuestas el 15 de octubre del mismo año sobre los siguientes temas: poblaciones desarraigadas, pueblos indígenas, aspectos socioeconómicos y situación agraria, papel del ejército en una sociedad democrática y reformas constitucionales.
Esta fue sin duda una forma directa de participación social en las negociaciones de paz. Pero no todo salió según lo previsto. Todos los acuerdos pendientes, excepto el Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, que se firmó en Oslo, Noruega, el 17 de junio de 1994, y el Acuerdo sobre el establecimiento de la comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, que se firmó en Oslo el 23 de junio de 1994, tuvieron que ser pospuestos para fechas posteriores en 1995 y 1996.
Fue en este contexto que MINUGUA inició su labor de verificación el 21 de noviembre de 1994. Así, con el diálogo estancado, a finales de 1994 la ONU escribió una carta al presidente Ramiro de León Carpio y a la URNG para expresar su preocupación. En ella, condicionaba ciertamente su continuidad: o se aceleraba el proceso de negociación o se daba por terminado su papel de moderador. La presión de la ONU tuvo un efecto positivo: el 31 de marzo de 1995, en la ciudad de México, se firmó el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, cuyas propuestas y aplicación constituirían un hito para la democratización del país. De hecho, el Acuerdo sobre identidad plantea la necesidad de que el Estado reconozca e integre el “carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe” de la nación guatemalteca.
Sin embargo, el avance del proceso se ralentizaría y no se firmarían más acuerdos durante el resto del año y del mandato de Ramiro de León Carpio. Así, aunque las negociaciones continuaron y en 1995 se reasentaron varias comunidades de refugiados, algunos sectores sociales consideraron que el Presidente se encontraba en una posición de debilidad frente a los sectores empresariales y militares, lo que parecía confirmarse con el estancamiento del proceso de paz y el asesinato en octubre de ese mismo año de once campesinos por parte de una patrulla del ejército en la aldea Aurora 8 de Octubre formada por refugiados recién asentados en Xamán, Chisec, Alta Verapaz (CEH, 1999, p. 227). Aquí, Ramiro de León Carpio tendría una actitud diferente a la que tuvo tras la masacre de Santiago Atitlán cinco años antes. En lugar de investigar el suceso, el gobierno lo atribuyó a “un hecho aislado” que luego sería aclarado en el informe de verificación de la MINUGUA: la responsabilidad del ejército en los hechos llevó a la destitución inmediata del ministro de Defensa Mario René Enríquez, quien sería sustituido por uno de los delegados militares en la negociación, el general Marco Antonio González.
Este sería el escenario de la repatriación oficial de los restos del coronel Jacobo Árbenz. Sin embargo, en un acto de buena voluntad y reconciliación por parte del gobierno, la pugna entre militares y civiles por la apropiación simbólica de la figura de Árbenz mostró el antagonismo histórico de estos dos sectores: mientras que oficialmente se atribuyó a los estudiantes de la Escuela Politécnica, escuela militar fundada por el dictador Justo Rufino Barrios a finales del siglo XIX, llevar en hombros a Árbenz desde el Palacio Nacional hasta el Cementerio General, universitarios y pobladores lucharon con ellos para arrebatarles el féretro del “Soldado del Pueblo”.
D) Fin de la guerra y comienzo del proceso de restauración democrática
En las elecciones generales programadas para el 12 de noviembre de 1995, el candidato del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Álvaro Arzú Irigoyen, se impuso en la primera vuelta electoral a Alfonso Portillo Cabrera, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), con el 36.5% de los votos. Así, en la segunda vuelta electoral celebrada el 7 de enero de 1996, Álvaro Arzú Irigoyen obtuvo el 51.2% de los votos que le permitieron tomar posesión como Presidente de la República el 14 de enero de 1996.
Arzú, viejo amigo de un excomandante del Ejército Guerrillero de los Pobres de los años 80 que sería nombrado Secretario Privado de la Presidencia y coordinador gubernamental de la COPAZ en 1996, había hecho los primeros contactos con el alto mando de la URNG incluso antes de ser elegido presidente y había hecho de la conclusión del proceso de negociación un eje de su campaña electoral: Deseoso de concluir las negociaciones llevadas a cabo por la COPAZ y seguramente aprovechando los lazos de amistad que lo unían a Gustavo Porras Castejón, Arzú, como se sabe ahora, realizó un viaje secreto a México para reunirse con representantes de la guerrilla el 25 de febrero de 1996 (CIDOG, 29 de agosto de 2019). Así, el principal candidato de la derecha conservadora, paradójicamente si se quiere, dio un impulso decisivo al proceso de negociación en el que la ONU y varios países latinoamericanos y europeos habían jugado un papel mediador y condujo, en la recta final de las negociaciones de paz, a la firma de varios acuerdos: el 20 de marzo de 1996, el Gobierno y la URNG proclamaron el alto el fuego y, en los meses siguientes, alcanzaron los acuerdos sectoriales necesarios para firmar la paz definitiva el 29 de diciembre de 1996: El 6 de mayo se firmó en la ciudad de México el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, y el 20 de septiembre, también en la ciudad de México, el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. Así, con una celeridad sólo superada por el frustrado plan de 90 días del exgolpista Jorge Serrano Elías, el gobierno de Álvaro Arzú logró llegar a dos acuerdos fundamentales con la URNG: uno referido directamente al sector económico y otro al sector militar.
Ciertamente, el mes de diciembre fue la recta final del proceso de pacificación del país: el día 4 se firmó en Oslo el Acuerdo sobre el definitivo cese al fuego, el 7 en Estocolmo el Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral y el 12 en Madrid el Acuerdo sobre las bases para la incorporación de la URNG a la legalidad. Este importante logro se complementó con la aprobación por el Congreso de la República de la Ley de reconciliación nacional el 18 del mismo mes, que estableció una amnistía limitada para los miembros de la URNG y del Estado que participaron en el enfrentamiento armado y, finalmente, el Gobierno de Guatemala y la URNG firmaron el Acuerdo de paz firme y duradera que puso fin a 36 años de guerra el 29 de diciembre de 1996.
Así terminó el largo y sangriento conflicto armado interno que, según la CEH, dejó más de 200,000 víctimas entre asesinados y desaparecidos y comenzó el proceso de restauración democrática basado en los principios y proyectos de los acuerdos de paz.
Conclusión
Vemos que si la celebración de elecciones libres y transparentes en Guatemala desde 1985 no se tradujo en la instauración plena de la democracia en la década siguiente, es porque la pacificación del país aún no se había producido. También vemos que si el sistema democrático que ha regulado la participación política y electoral en el país desde entonces no se tradujo en la democracia funcional y participativa que inspiró los diálogos y negociaciones de paz desde 1987, es porque los acuerdos de paz aún no se habían implementado.
Si la democracia, entendida en un sentido amplio como la concibe el Acuerdo de Querétaro o Acuerdo marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, no se ha logrado aún, es porque la existencia de instituciones democráticas, la celebración de elecciones periódicas libres y transparentes y la existencia de derechos y libertades individuales fundamentales, como el derecho a organizarse, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho al voto y el derecho a la participación política y electoral, no han sido suficientes para lograr la democracia plena a la que aspiran los guatemaltecos, y que fue esbozada en los acuerdos de paz.
Por ello, es necesario perfeccionar la democracia guatemalteca. Es decir, hacer que la democracia en Guatemala sea algo más que un sistema de gobierno en el que la mayoría de los gobernados ayudan a elegir a sus gobernantes. Además de trabajar para que la democracia sea realmente un sistema político que defienda la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a sus gobernantes, los guatemaltecos debemos trabajar para que la democracia garantice también el acceso de las mayorías a la riqueza económica nacional, al desarrollo económico y social, a la cultura y a la posibilidad de participar libremente y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos políticos y sociales de la vida nacional. Concluimos, por tanto, que el proceso de transición política de 1986 a 1996 no ha sido concluyente, porque aún no se ha conseguido lo necesario para vivir realmente en democracia. Será el análisis del proceso de restablecimiento de la democracia propuesto por los acuerdos de paz el que nos permita responder a la pregunta inicial de si vivimos en democracia o seguimos en transición.
*Este texto se publicó originalmente en la Revista Economía No. 233, julio-septiembre 2022. Con Nuestra América lo reproduce con permiso del autor.
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