Desde Jujuy, Argentina
Desde el 5 de junio vienen desarrollándose movilizaciones pacíficas en
gran parte del territorio provincial, lideradas por el sector docente que,
agotado de sus salarios de miseria en un contexto de creciente crisis económica
y desbordada inflación, salió a las calles a exigir aumento salarial.
Simultáneamente a la lucha docente, el Frente de Izquierda y las comunidades
originarias hicieron visible la reforma constitucional que se estaba llevando a
cabo en la legislatura. Al ser Argentina un país federal, las provincias (en
otros países latinoamericanos llamados departamentos o estados) gozan de
relativa autonomía respecto del gobierno central, razón por la cual cada
provincia tiene su propia constitución redactada con acuerdo a la constitución
nacional, así como cada una tiene a su vez un poder ejecutivo, legislativo y
judicial.
El pasado 7 de mayo hubo elecciones en Jujuy, destinadas a elegir gobernador, congresistas e intendentes (o alcaldes). También fueron electos constituyentes, con miras a llevar adelante una reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo provincial. La constitución provincial vigente había sido modificada en 1986, poco después del retorno a la democracia en Argentina. Haciendo caso omiso de la separación de poderes, el gobernador Gerardo Morales se hizo elegir presidente de la Asamblea Constituyente y su partido, la Unión Cívica Radical (UCR), obtuvo mayoría en todas las instancias de la elección, aunque solo votó el 60% del electorado.
Dicho resultado fue erróneamente interpretado como un cheque en blanco que les habilitaba a modificar los términos en los que fue planteada la reforma constitucional. Lo que se está intentando implementar y que fue “debatido”, aprobado, y juramentado en el lapso de dos semanas, sin consulta previa, libre e informada a las comunidades, sin cobertura mediática, de espaldas al pueblo, es una legislación violatoria de la constitución nacional y de diversos convenios y tratados internacionales suscritos por la República Argentina, incluido el Pacto de San José de Costa Rica.
La reforma, cuya aprobación contó con los votos del Partido Justicialista (más conocido como “peronista”, que en su versión jujeña representa una oposición puramente declamativa al “radicalismo” gobernante) busca legitimar el avance de las élites político-económicas jujeñas y argentinas, y de los poderes transnacionales sobre el litio que se encuentra en los salares de la provincia y cuya extracción supone una irreparable agresión a la tierra, al agua y a las comunidades que se oponen a la actividad extractiva. La reforma denominada “inconstitucional” e “ilegitima” por la resistencia popular, pretende, también criminalizar la protesta y legitimar la estigmatización de la protesta social y de sus líderes, intentando así legitimar prácticas que el gobierno liderado por Morales había venido ejecutando a lo largo de los últimos 8 años.
Por eso el pueblo jujeño continúa manifestándose en las calles y carreteras (o rutas), sosteniendo los cortes que interrumpen el flujo del transporte terrestre y levantando pancartas al grito de: ABAJO LA REFORMA, ARRIBA LAS WIPHALAS, ARRIBA LOS SALARIOS, ARRIBA EL JUJEÑAZO.
La respuesta gubernamental ha sido el afianzamiento de su patrón autoritario, desplegando un repertorio represivo no visto en décadas en la Argentina. El 17 de junio se desató la violencia policial contra comunidades originarias en uno de los “cortes de ruta” ubicado en el acceso a la localidad de Purmamarca, dejando a personas (incluso de la tercera edad) lesionadas con balas de goma y afectadas por gases lacrimógenos. El 20 de junio, día de la bandera nacional, la infantería reprimió a diversos gremios docentes, organizaciones y ciudadanía que se manifestaba pacíficamente en contra de la jura de la nueva constitución. También ese día se infiltraron policías vestidos de civil en las manifestaciones para generar disturbios que le permitieran al oficialismo justificar su discurso negacionista en pro de la “paz social” y la “democracia” contra “los violentos”. Como resultado de estas acciones en las que la policía apuntó directamente a la cara y disparó a mansalva balas de goma, un joven de 17 años perdió un ojo. Se difundió que los agentes policiales que participaron en la represión fueron bonificados con un extra en sus sueldos. Referentes de derechos humanos han afirmado que en Jujuy se está poniendo en práctica el método chileno de respuesta a la protesta. Las personas maltratadas, detenidas y arbitrariamente retenidas en penales se cuentan por decenas e incluyen a ancianas, ancianos y menores de edad.
Con posterioridad a tales hechos, han continuado circulando por la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, y por la provincia, camionetas sin identificación, placas ni patentes, con grupos de policías o civiles intimidando y persiguiendo a lideres sindicales y activistas que se oponen a la reforma y al gobierno. Se vienen produciendo allanamientos, sin orden judicial, de locales sindicales y hasta de domicilios particulares con sus habitantes adentro recibiendo maltrato e intimidación. La persecución contra empleados del estado se ha hecho sentir por medio de intimaciones, entre otros modos de presión.
En una atmósfera de creciente incertidumbre, angustia y miedo, crece, también, la indignación y aumentan los sectores que adhieren a la oposición contra el gobierno provincial exigiendo la caída de la reforma y la renuncia del gobernador. Los gremios docentes y otros sindicatos estatales conformaron una “intergremial” que mantiene la lucha en las calles por medio de marchas y acciones de visibilidad, encontrando el respaldo de la ciudadanía que suma su descontento. Los pueblos originarios resisten en los cortes de ruta y una delegación de ellos visitó Buenos Aires para entrevistarse personalmente con el presidente argentino Alberto Fernández y para visibilizar la resistencia en una provincia marginal y alejada de los poderes centrales del país.
Ayer, 30 de junio, en la emblemática ciudad de Humahuaca, el pueblo se alzó exigiendo al poder local desconocer la reforma. La insistencia y vehemencia de la manifestación presionó al concejo deliberante que inicialmente se negó a satisfacer la demanda. Pero ello no sucedió sin un nuevo episodio de represión que dejó personas heridas y a otro joven sin uno de sus ojos. Con todo y los riesgos que ello implica, las acciones contra la reforma se agudizan con medidas como huelgas de hambre en diversos puntos críticos, como la ciudad de la Quiaca, fronteriza con Bolivia. En gremios como el sindicato de docentes universitarios, solidarios con sus colegas de educación primaria y secundaria, se ha sugerido imitar la presión ejercida en Humahuaca.
En toda la Argentina, docentes, activistas y artistas han expresado su solidaridad con el pueblo jujeño. En un festival virtual, 50 músicos se sumaron al clamor por el no a la reforma (https://www.youtube.com/watch?v=h70uRVkt1os). Lo mismo se ha hecho desde diversos colectivos y espacios a nivel internacional.
Por su parte, Gerardo Morales pasó a integrar la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio —el partido del expresidente Mauricio Macri— como candidato a vicepresidente para competir por el Ejecutivo nacional el próximo mes de octubre. Diversos sectores advierten que la represión y la persecución de la oposición que se viven hoy en Jujuy constituyen un experimento y un anuncio del proyecto que la derecha pretende instalar en todo el país.
La lucha que nuestros pueblos originarios vienen sosteniendo desde hace 500 años de conquista y desde hace 200 años de repúblicas se reaviva hoy en Jujuy: es la lucha por las posibilidades de la vida en sociedad y por la preservación de nuestros recursos. Es la lucha por el agua y por la tierra, por el suelo y por el aire que nos albergan. Esta lucha nos afecta a todas y a todos. ¡Basta de autoritarismo y arrogancia! ¡Basta de cómplice indiferencia! ¡Basta de poder colonial!
Salvadoreña radicada en Argentina. Docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), integrante de la Articulación centroamericanista O Istmo (www.oistmo.com)
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