El encuentro entre la Celac y la Unión Europea (UE) en Bruselas tuvo una especial significación política, más aún, por el hecho de que se trató de la primera cumbre de mandatarios de ambos continentes en celebrarse en los últimos ocho años.
Daniel Kersffeld / Página12
La presencia en la cumbre del presidente ucraniano sería rechazada por un conjunto de gobiernos latinoamericanos que, prácticamente en bloque, optó por no involucrarse en el conflicto, pese a las diferentes interpretaciones sobre las culpas y las responsabilidades de la guerra y, sobre todo, más allá de las presiones ejercidas desde Washington y las principales capitales europeas.
El punto ineludible del encuentro se centró en la actual expansión económica de China. Si bien es cierto que América Latina aun no cumple un papel protagónico en la “Iniciativa de la Franja y de la Ruta” (One belt, one Road”), que busca crear un extenso mercado desde China hasta Alemania, no se puede negar la clara influencia de Beijing en la economía de nuestra región.
Frente a esta realidad, el operativo de seducción europea apunta a resquebrajar la influencia china en América Latina, pero también a asegurar una mayor autonomía frente a Rusia, la potencia que antes de las últimas sanciones económicas, fungía como la principal proveedora de recursos energéticos y operaba como un aliado estratégico para el motor económico del Viejo Continente.
Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, anunció que la UE aumentaría los fondos disponibles para América Latina y el Caribe en el plan Global Gateway para financiar el desarrollo sostenible y la “transición verde” de nuestra región. El eje principal de la propuesta europea no está situado en el factor ambiental sino en la transformación digital en torno a los ejes de la conectividad, la ciberdefensa y los derechos digitales de las personas.
Con todo, los 45 mil millones de euros anunciados servirían sólo para lograr una conectividad total para más de un tercio de la población latinoamericana que todavía no cuenta con acceso a internet de banda ancha. Según los números presentados por la UE, un proyecto real de transformación digital con enfoque ambiental requeriría seis veces el valor inicialmente pautado.
Para los países del Cono Sur, uno de los principales puntos de discusión fue la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero desde un principio existieron dificultades a raíz de las diferencias existentes entre ambos continentes, lo que hace que un conjunto de naciones, entre las que se destaca Francia, rechacen los términos del convenio por sus efectos económicos.
Por otra parte, y desde hace un año, la UE decidió imponer sanciones a aquellos socios que violen las disposiciones sobre derechos humanos y cambio climático incluidas en los acuerdos comerciales bilaterales. Desde Europa, se abrió la posibilidad de aplicar sanciones como la suspensión de concesiones comerciales o la eliminación de las preferencias arancelarias.
Si bien en el Viejo Continente este tipo de demandas ambientales han sido mayormente resueltas, para los países del Cono Sur resultan altamente costosas, sobre todo, en un contexto como el actual, lo que profundiza los desequilibrios y las asimetrías entre ambas regiones.
El nuevo enfoque se propuso para todas las negociaciones comerciales y, por lo tanto, se refleja en aquellas que se encuentran en curso, como ocurre con el Mercosur, luego de que el Parlamento Europeo haya demorado más de tres años su puesta en vigencia como repudio a la incesante deforestación en la Amazonía brasileña durante el mandato de Jair Bolsonaro.
Desde el inicio de su nuevo gobierno el 1° de enero de 2023, Lula da Silva calificó como “inaceptable” la amenaza de sanciones de la Unión Europea, una decisión que además dispuso enfrentar una vez designado como secretario del Mercosur a principios del mes de julio.
En sus declaraciones, el presidente brasileño reiteró que “No podemos estar de acuerdo con estas sanciones. Tenemos una asociación estratégica con la UE, no puede haber imposiciones ni castigos, sino negociación”. Y para que no queden dudas, reafirmó que “la premisa que debe existir entre los socios estratégicos es la confianza mutua, no la desconfianza ni las sanciones”.
Sin ánimo de tensionar una cumbre por demás compleja, los funcionarios de la UE se esforzaron por insistir que las sanciones por cuestiones ambientales no se debatirán en la cumbre, al mismo tiempo en que elogiaron los esfuerzos de Lula para revertir la deforestación desenfrenada.
Con todo, hacia el interior del bloque europeo se han expresado críticas sobre esta nueva disposición respecto a su débil y discutible aplicabilidad, pero también debido a un enfoque que no contempla diferencias entre países y, menos aún, cuestiones específicas de las contrapartes.
Por otro lado, las demandas europeas para la “transición verde” dejan de lado el hecho de que, dentro del conjunto de las principales exportaciones desde el sur de nuestra región a Europa, se encuentran el petróleo, hidrocarburos y recursos energéticos que pueden ir desde el carbón procedente de Colombia al litio en Chile.
En medio de relaciones dispares y asimétricas, la preservación del medio ambiente se convirtió así en uno de los ejes centrales de la cumbre, tal como también quedó reflejado en la llamada “Iniciativa Bridgerton”, presentada por Mia Mottley, primera ministra de Barbados, con apoyo de los países del bloque caribeño del Caricom.
El objetivo de la iniciativa apunta a evitar que los países en desarrollo caigan en una espiral crítica cuando su endeudamiento aumente debido a desastres naturales como inundaciones, sequías y tormentas. Frente al cambio climático, y a su grave impacto en aquellas naciones más débiles y que menos contaminan, la iniciativa solicita además recursos adicionales, especialmente, para enfrentar la reconstrucción posterior a las catástrofes, sin gravámenes e intereses adicionales.
Las diferencias internas dentro de la cumbre no pudieron tampoco ser ocultadas ni refrenadas en la elaboración de la declaración final, principalmente, respecto a la crisis por la que atraviesa Ucrania, la que fue contextualizada ante otros escenarios conflictivos, sin ir más lejos, en Haití.
Al respecto, Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y actual titular de la Celac, resaltó la pertinencia de incluir en la declaración final una referencia explícita a la responsabilidad europea en el genocidio nativo y en la trata de esclavos.
Sin duda, un principio de justicia reparadora y un primer paso en la necesaria compensación económica en una etapa en la historia latinoamericana en la que ya no alcanzan ni las disculpas tardías ni las reivindicaciones forzadas por parte de monarcas y gobernantes. 19 de julio de 2023
*Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Universidad Torcuato di Tella, Buenos Aires.
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