Los avances del gobierno hacia la igualdad de la mujer y la defensa de sus derechos son significativos, en medio de múltiples dificultades.
Desde Colombia
El balance del gobierno de Petro y Francia frente las reivindicaciones de la mujer en Colombia no es tan sencillo como revisar una lista de chequeo. Al igual que en cualquier otro asunto crucial, se debe examinar el contexto histórico y político preciso y los obstáculos que enfrenta, como primer gobierno alternativo del país.
Aunque el proceso no ha estado exento de contradicciones, su compromiso con la lucha de las mujeres fue explícito desde la campaña, así como su énfasis en las más vulnerables: pobres, campesinas, víctimas del conflicto armado, trabajadoras, cabezas de hogar, excluidas. La vicepresidenta es la imagen viva de ese compromiso.
El Plan de Desarrollo plantea la garantía de sus derechos y la eliminación de las brechas de género como asunto fundamental. El cambio es con las mujeres. Su aporte fue decisivo para el triunfo electoral.
Se insiste también en que deben estar en el centro de la transformación productiva. Se plantea un enfoque de género e interseccional y se establece una ruta específica para lograrlo.
Este enfoque incidió en una presencia significativa de mujeres indígenas y negras en cargos representativos en buena parte de las entidades del gobierno.
Se destaca también el incremento de mujeres en la fuerza pública, que en la Policía asciende al 45%. “Tenemos una Fuerza Pública femenina y eso es una revolución mental, cultural. La defensa de la nación y el cuidado de la ciudadanía cada vez está más en manos de las mujeres”, señaló el presidente.
Hace un año, el 8 de marzo del 2024, Petro convocó en Turbo, en el corazón de uno de los territorios más golpeados del país, un evento denominado: Mujeres por la región y la vida.
Propuso allí la creación del comité de mujeres campesinas de Urabá, tal como se viene haciendo en varias regiones.
En sus palabras, ese día se conmemora la lucha y la tragedia de las mujeres trabajadoras, su sometimiento a la esclavitud moderna. Informó sobre la conformación de una brigada de mujeres inspectoras del trabajo para examinar la situación. Señaló que, de aproximadamente 400.000 personas esclavizadas, la mayoría eran mujeres, sometidas a trabajos forzados en el terreno sexual y laboral.
Volviendo a la transformación agraria, el campesinado, hombres y mujeres, fue reconocido por primera vez como sujetos de derechos y de protección especial, con todas sus implicaciones.
Se visibiliza el derecho de la mujer a la propiedad de la tierra y a la formalización de la misma, al igual que su participación en proyectos productivos y, por supuesto, su participación política (Acto Legislativo 01 de 2023).
Las reformas sociales introducen cambios significativos para las mujeres, pero su aprobación ha sido particularmente difícil. La oposición en todos sus matices, en el Congreso, los gremios, medios de comunicación, ha frenado su avance.
La contradicción de fondo en todas ellas es la misma: la defensa de lo público frente a la voracidad del sector financiero.
Además. las enormes restricciones fiscales impuestas al gobierno restringen la necesaria inversión pública y social.
La reforma de salud prioriza la atención primaria y preventiva. El abandono de la atención materno-infantil en regiones y territorios, explica los altísimos niveles de morbilidad/mortalidad de madres y neonatos. Pero este no es argumento válido para los traficantes de la salud.
Las unidades móviles de salud, creadas por fuera de la reforma, recogen la experiencia positiva de Petro en la alcaldía de Bogotá y han contribuido en la prevención de este grave problema en el ámbito nacional.
Igualmente, ha sido importante el apoyo a la sentencia que protege el derecho al aborto, para impedir su derogatoria. Se expidieron instructivos claros para que las instituciones sanitarias no se nieguen a prestar este servicio.
Por su parte, la reforma pensional sí fue aprobada, pero depende ahora de la Corte Constitucional. Introduce el Sistema Integral de Protección a la Vejez. Busca proporcionarles una renta básica a 3 millones de personas mayores en pobreza absoluta, para procurarles una vejez digna. La mayoría son mujeres.
La brecha pensional de género refleja la alta vulnerabilidad de las mujeres frente al mercado laboral. Solo muy pocas acceden a pensión y sus mesadas son muy reducidas respecto a las de los hombres.
La reforma laboral, todavía sin aprobar, recupera derechos para la clase trabajadora y contempla también importantes medidas para las mujeres.
Destaquemos otro logro fundamental. Se creó el Sistema Nacional de Cuidado, el segundo en Latinoamérica después de Uruguay. La política que lo rige fue establecida en el documento CONPES 4143, aprobado el pasado 14 de febrero.
Se reconoce que el trabajo del cuidado es esencial para la vida y la sociedad. Al mismo tiempo, se garantizan los derechos de las personas cuidadoras, la mayoría mujeres. Se establece de manera clara la coordinación institucional a nivel nacional y una asignación presupuestal de 25 billones de pesos para llevarlo a la práctica.
Finalmente, es cierto que las cifras del feminicidio y la violencia de género siguen siendo escandalosas. Se han hecho esfuerzos institucionales al respecto, aunque no han sido suficientes. Es urgente avanzar al respecto.
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