sábado, 18 de diciembre de 2010

Guatemala y los pueblos mayas: cambiar algo para que no cambie nada

La historia de Guatemala es la historia de la explotación: el Estado-finca actual, racista y capitalino, es la expresión de las fuerzas que dominaron la sociedad por espacio de siglos. La situación de los pueblos originarios, dentro de esa lógica de super explotación, hace recordar la idea que circulaba en Roma hace milenios con relación a los esclavos: son instrumentos de trabajo y nada más.
Marcelo Colussi / Especial para CON NUESTRA AMÉRICA
Desde Ciudad de Guatemala
mmcolussi@gmail.com
“Naturalmente vagos y viciosos, melancólicos, cobardes, y en general gentes embusteras y holgazanas. Sus matrimonios no son sacramento, sino un sacrilegio. Son idólatras, libidinosos y sodomitas. Su principal deseo es comer, beber, adorar ídolos paganos y cometer obscenidades bestiales. ¿Qué puede esperarse de una gente cuyos cráneos son tan gruesos y duros que los españoles tiene que tener cuidado en la lucha de no golpearlos en la cabeza para que sus espadas no se emboten?”, decía el Capitán Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, cronista de la colonia española del siglo XVI en su “Historia general y natural de Las Indias”, refiriéndose a la población maya originaria del territorio que hoy se conoce como Guatemala, en Centroamérica, cuna de una de las grandes civilizaciones de la historia.
Años después, en 1894, según el Decreto 243 del general José María Reyna Barrios, presidente de la República de Guatemala, territorio ya constituido como país independiente, con fecha 27 de marzo y refiriéndose a los terratenientes cafetaleros de la época, se establecía que “el patrón (…) podrá retener o poner en depósito provisional los haberes en especie, animales u objetos que la ley permite embargar y que pertenezcan a un colono [mozo campesino, peón de finca] que haya huido o dé señal inequívoca de querer huir sin estar solvente con el patrón. Los patrones (…) podrán perseguir a los trabajadores fraudulentos que no hubieren cumplido sus compromisos y las autoridades designadas en esta ley están estrictamente obligadas a expedir órdenes de captura y facilitar los medios que están a su alcance para su aprehensión”.
Hoy, finalizando la primera década del siglo XXI, las cosas no han cambiado tanto: la semana pasada se registró un accidente automovilístico donde un camión cargado (ilegalmente) con alrededor de 80 braceros (varones adultos, mujeres, jóvenes y niños) que eran transportados a una finca para tareas de cosecha del café -igual que en el siglo pasado- sufrió un accidente donde murieron unas 20 personas. El hecho, absolutamente abominable, tuvo muy poca prensa. Pero sin dudas es una demostración sintetizada de lo que ha pasado y sigue pasando con los pueblos mayas, que son campesinos sin tierra, pobres, excluidos, y que el fin de una guerra que intentó modificar esa matriz histórica no parece haber cambiado mucho. Por eso es importante no dejar pasar el incidente, más allá de la crónica policial propiamente dicha.
En el Imperio Romano la aristocracia dominante consideraba tres tipos de instrumentos de trabajo: mudos (arado, palas, azadones), semi-parlantes (animales de carga, bueyes, caballos) y parlantes (los esclavos). Más de dos milenios después, en Guatemala las cosas no parecen estar tan lejos de lo que pensaban los aristócratas romanos del Imperium. Hoy, después de 36 años de una guerra que, habiendo intentado cambiar la situación histórica de explotación de las grandes mayorías rurales, mayas fundamentalmente, dejó 200.000 muertos y el 46% de todos los desaparecidos de las guerras sucias que ensangrentaron Latinoamérica recientemente, con más de 600 aldeas masacradas y un terror instalado que aún campea por todos los rincones, el país centroamericano no parece haber cambiado sustancialmente, pese a la firma de una serie de Acuerdos de Paz que, se suponía, debían sentar las bases de un nación moderna e incluyente. Si hubo cambios, en todo caso quedan aún más en lo cosmético, en lo superficial (lo “políticamente correcto” podría decirse) que en su estructura profunda. El Estado-finca sigue siendo lo dominante.
Guatemala es el país de América Latina con mayor porcentaje de población originaria; si bien los datos son equívocos (lo cual muestra justamente el racismo imperante) se estima en más del 50%, pudiendo llegar a los dos tercios incluso. Los pueblos mayas, herederos de una de los grandes proyectos civilizatorios de la antigüedad, son extraños en su propia tierra. Desde la llegada de los españoles pasaron a ser la mano de obra super explotada de las grandes fincas. Su trabajo, como el de toda la población indígena del continente americano al igual que el de la población negra traída del África, contribuyó a la acumulación originaria del capitalismo europeo. Hicieron parte del gran salto adelante de la economía industrial en ascenso, pero sólo desde el punto de vista del sacrificio: los beneficios -siempre en el Norte- aún siguen ausentes por estas latitudes.
En la actualidad, pleno siglo XXI, la situación estructural de los pueblos mayas que habitan Guatemala y el sur de México (Yucatán y Chiapas, donde tiene lugar el movimiento revolucionario armado zapatista, hoy día muy silenciado) no presenta grandes cambios en relación a años (o siglos) atrás: sigue siendo la mano de obra super explotada de las grandes fincas. La referencia al Imperio Romano no es caprichosa.
¿Por qué decimos esto? Guatemala, igual que otros países centroamericanos, pero más que ninguno sin dudas, se construyó como la “gran finca” agroexportadora (añil en su momento, luego algodón, más tarde café y caña de azúcar, también banano, hoy día biocombustibles -con la llegada de la palma africana fundamentalmente-) a base de la inmisericorde explotación de la fuerza de trabajo de los pueblos mayas, es decir: campesinos despojados de sus tierras históricas, marginados, brutalizados. Explotación económica que fue construyendo una ideología racista monumental, un virtual nuevo apartheid (aunque en Guatemala no se use precisamente ese término) que dio como resultado una cultura de exclusión donde ser “indio” es sinónimo de ser “bruto”. La mano de obra de las poblaciones mayas (obreros rurales estacionales para las tareas de cosecha en las grandes fincas -cafetaleras, azucareras- en el caso de los varones, o personal doméstico en el caso de las mujeres) es siempre mal pagada, rara vez está sindicalizada, en general no goza de ninguna prestación social, y cada vez que quiso organizarse recibió respuestas represivas. Esa situación de fondo, en el marco de la contrarrevolución antiarbencista de 1954 apoyada por Washington, fue lo que motivó el inicio de la guerra interna de estas últimas décadas, entre 1960 y 1996. Es decir: la situación histórica de explotación económica de los campesinos de origen maya, montada en un racismo excluyente nada distinto al que se dio en Sudáfrica por ejemplo, fue lo que dominó el escenario político-social por espacio de siglos, desde la colonia ya en los primeros años de la llegada española (véase la cita de Fernández de Oviedo del siglo XVI), y que se continuó en la república llamada independiente que se gestó a partir de 1821 (véase la cita del decreto presidencial de fines del siglo XIX).
La historia de Guatemala es la historia de esa explotación: el Estado-finca actual, racista y capitalino, es la expresión de las fuerzas que dominaron la sociedad por espacio de siglos. La situación de los pueblos originarios, dentro de esa lógica de super explotación, hace recordar la idea que circulaba en Roma hace milenios con relación a los esclavos: son instrumentos de trabajo (para el caso: hablantes), y nada más. Y si bien el Estado guatemalteco pudo refrendar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, que en su artículo 2 expresa que “los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen e identidad indígenas”, en la práctica ello no se cumple, o se cumple en forma bastante relativa.
Ahora bien: los años de guerra recién vividos no pasaron absolutamente en vano. En el país, aunque sea cosméticamente, algo ha cambiado. Hoy día la discriminación étnica está tipificada como delito, y se va generando -muy lentamente, por cierto- una conciencia antirracista impensable hace algunas décadas atrás. De todos modos, en la estructura profunda de la sociedad queda mucho por cambiar. Prueba de ello es lo recientemente sucedido, que es el núcleo del presente artículo: al igual que décadas atrás, braceros de origen maya, campesinos oriundos de lugares recónditos del país donde incluso casi no se habla el idioma español, son llevados a los cortes de café de grandes propiedades territoriales en la costa sur del país. Pero son llevados en camiones, igual que ganado, y las condiciones de trabajo en su sitio de labores sigue siendo deplorables. Eso sucedió por años en el siglo XX, y todo indicaría que hoy, más aún luego de la guerra y en consonancia con documentos de Naciones Unidas como el arriba indicado, eso ya no podría suceder. ¡Pero sucede!
¡Sucede trágicamente!, aunque ello no sea una gran noticia, ni dentro del país, y mucho menos fuera de él. Acaban de morir 20 personas en un accidente que se podría haber evitado. Pero lo más importante es que eso demuestra la dinámica real de una sociedad que sigue asentada en una estructura despiadada, de super explotación económica y amparada en un racismo patético (“seré pobre pero no indio”, pude llegar a decir un pobre urbano no indígena por ejemplo).
Pero hay algo más patético aún. Introduzcámoslo así: ¡gatopardismo!, cambiar algo para que nada cambie. ¿Qué significa esto? Terminados las décadas de guerra interna con un sangriento balance donde el 83% de las víctimas fueron mayas, la situación de exclusión económico-político-social de estos pueblos no se transformó en lo sustancial. Hubo, sin dudas, una serie de mejoras que les dan mayor presencia, mayor visibilidad en la escena nacional. Muy poca todavía (sólo 8 diputados mayas sobre 158 en un país con mayoría indígena), pero absolutamente inexistente e impensable apenas unas décadas atrás. Una Premio Nobel de la Paz de origen maya, galardonada nada menos que el día del 500 aniversario de la llegada de los españoles a suelo americano, el 12 de octubre de 1992, la maya-quiché Rigoberta Menchú, es todo un símbolo; aunque ello no cambia de raíz las cosas. Y como van las cosas, parece que no hay a la vista ninguna transformación profunda. Los años de la post guerra, con una fuerte presencia de la cooperación internacional en algunas tareas de reconstrucción -infinitamente lejos de ser un nuevo Plan Marshall, porque lo que llegó aquí fueron algunas monedas solamente- sirvió para darle uno nuevo lugar a la cultura maya. Aunque vale apuntar muy certeramente lo que eso significó: un nuevo lugar a la cultura (¿pintoresquismo folclorista?), porque la situación de base, como nos lo muestra patéticamente el accidente recién acaecido, no cambió. Aunque en la actualidad los mayas tengan derecho a celebrar sus ceremonias religiosas en sus propios idiomas, siguen siendo la mano de obra barata, excluida y olvidada.
Hoy día, apoyado por agencias de cooperación internacional de las grandes potencias del Norte, de los mismos países que se siguen aprovechando de la mano de obra barata y desorganizada del Sur para instalar allí sus nuevas plantas industriales (Guatemala es un evidente ejemplo con sus numerosas maquilas), que se siguen aprovechando de sus recursos naturales en detrimento de la población nativa (los biocombustibles son una evidencia: se necesita una hectárea de maíz -la principal fuente de alimentación de los mayas- para elaborar un galón de etanol), esos mismos países desarrollados y opulentos apoyan a los pueblos tradicionales…pero curiosamente ¡para retomar sus raíces ancestrales y revitalizar sus cosmovisiones espirituales! Es así que hoy asistimos a un renacer de las prácticas culturales tradicionales de los pueblos mayas, habiéndose desarrollado toda una estructura de nuevos guías espirituales e intelectuales indígenas que se dedican al asunto. Pero lo del camión, la forma en que aún trabajan los jornaleros de las fincas y esos 20 muertos que recuerdan la división de los instrumentos de trabajo de los romanos…., eso sigue sin tocarse. Ceremonias religiosas tradicionales: sí. Pensar en modificar algo de la estructura finquera histórica: ¡ni hablar!
En un valiente artículo de una representante maya sobre este tópico, María del Carmen Culajay, podemos encontrar una aguda reflexión en relación a este proceso de “apuntalamiento” de la espiritualidad maya: “Hacer ceremonias religiosas (…) ¿qué aporta, si las condiciones de vida reales no se transforman? Ese cambio en ciernes, “políticamente correcto”, suena a complot silencioso entre esas burocracias intelectuales con nombre maya (que no viven en las comunidades, por supuesto; acostumbradas a los hoteles cinco estrellas y al aire acondicionado) y a las agencias de cooperación, que son quienes levantaron ese aparato en estos últimos años”. Como correctamente lo dice: más allá del gatopardismo en juego, cambiar algo sustantivo es “no tanto llamar a ceremonias religiosas y pedir la multiculturalidad de una sociedad con corrección política” sino transformar esa situación de inequidad histórica.

Panamá: La invasión militar norteamericana de 1989

La abierta injerencia de Washington en los asuntos políticos de Panamá no es algo nuevo. Han impuesto gobernantes e, incluso, han invadido el país en varias ocasiones. El deber de todos los panameños es conocer esta historia y evitar que se repita.
Marco A. Gandásegui, h.* / ALAI
El escándalo de Wilkileaks ha sacado a la luz pública el control que tiene EEUU sobre los medios de comunicación en casi todos los países del mundo. En los cables desvelados por Wikileaks, los embajadores norteamericanos y sus empleados informaban a Washington, como niños traviesos, que los países en que están son gobernados por ignorantes, corruptos y, a veces, hasta por asesinos. Las cadenas de televisión y los diarios encadenados a Washington interpretan la información de Wikileaks en forma tergiversada pretendiendo que son opiniones de gobiernos y sus altos funcionarios.
Lo más interesante es que el mensajero, el dueño de Wikileaks, está siendo perseguido por las agencias de EEUU con el único fin de demostrarle al mundo que nadie puede “meterse” con sus muchachos. En Suecia le inventaron un caso de acoso sexual (según algunas fuentes las “víctimas” eran cubanas de Miami). En EEUU varios fiscales de Estados han levantado casos de “terrorismo” contra Julian Assange.
Sobre Panamá, los diarios que están procesando las filtraciones de Wikileaks todavía no han soltado toda la información que tienen de los cables enviados por sus diplomáticos a Washington. Ya se sabe que no ofrecerán algo nuevo. Sólo sabremos, con los números correspondientes a cada informe, que los rumores y las pistas falsas que se crearon a lo largo de las últimas dos décadas son producto de la Embajada de EEUU.
Sería interesante conocer los cables enviados por la embajadora norteamericana que a principios de 2009 hizo que Juan C. Varela abandonara su candidatura a la Presidencia para abrirle el camino al actual mandatario, Ricardo Martinelli. Aún más interesante, ¿qué dicen los cables fechados a fines de 2010 sobre la ofensiva de Martinelli para buscar la reelección? Casi todo el mundo sabe que él no es el candidato a Presidente de la República de Panamá que favorece EEUU. ¿Por qué están tan apresurados los diplomáticos de Washington?
La abierta injerencia de Washington en los asuntos políticos de Panamá no es algo nuevo. Han impuesto gobernantes e, incluso, han invadido el país en varias ocasiones. El deber de todos los panameños es conocer esta historia y evitar que se repita.
El problema que tienen algunos panameños (una minoría con mucho poder) es comprender que nuestro país es una República, con su propia Constitución Política y leyes que deben respetarse.
Los panameños conocen la historia de la invasión militar norteamericana de 1989 y se sienten muy resentidos. Rechazan la arrogancia del invasor y la hipocresía de sus aliados internos.
El pueblo panameño, sin embargo, reconoce que en estos momentos no está en condiciones de retribuir a quienes se apoderaron de las instituciones gubernamentales después de la invasión. A pesar de ello, el pueblo está conciente que llegará el momento propicio para recuperar la “hegemonía perdida” (como diría Hernán Porras) e iniciar la construcción de una sociedad mucho más inclusiva que elimine la pobreza y la injusticia social en Panamá.
Los medios de comunicación social panameños han sido muy tímidos en su tratamiento de la invasión militar norteamericana y sus consecuencias. Los gobiernos de los últimos 20 años (1990-2010) se muestran temerosos ante EEUU de pronunciarse sobre los acontecimientos. Prueba de ello, todavía no se conoce una cifra oficial de los muertos que causó la invasión militar norteamericana. La juventud entiende que no fueron los panameños que invadieron a EEUU en 1989. La juventud entiende también que no fueron los estudiantes que agredieron a la tropa norteamericana acantonada en la antigua Zona del Canal el 9 de enero de 1964.
Hay una conciencia nacional. Está muy presente en cada panameño. A veces un poco más profundo, a veces algo superficial. Es propio de toda sociedad moderna donde sus miembros se identifican con la nación. Nos educa la familia, la escuela y la comunidad. Nos in-forman los medios de comunicación. Para disciplinarnos, el Estado y el gobierno nos ofrecen un conjunto de símbolos que debemos respetar. El proceso termina fortaleciendo la conciencia nacional. Al extremo que muchos dan su vida por defender los símbolos, como los jóvenes de la gesta del 9 de enero. La invasión militar norteamericana del 20 de diciembre de 1989 abrió una herida profunda en la conciencia nacional que todavía no se ha cicatrizado.
Todos tenemos que contribuir con nuestro esfuerzo en la construcción de la nación panameña, fortalecer la decisión de cada joven para estudiar y convertirse en mujeres y hombres productivos. Debemos tener buenas relaciones con todos los países del mundo de manera respetuosa e, incluso, promover la integración regional. Evitar que en el futuro nuestras propias debilidades permitan que la arrogancia de una potencia nos vuelva a invadir y cause más muertes y destrucción como en 1989.
- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
http://marcoagandasegui10.blogspot.com/

Colombia: La senadora, el Inquisidor y los guerreristas

Sería deseable que el destino político de Piedad Córdoba dependiera menos de los albures de la jurisprudencia y más del interés que tiene una sociedad en que avancen los diálogos de paz.
Olga L. González* / ALAI
La senadora liberal Piedad Córdoba ha sido recientemente destituida de su cargo y severamente sancionada. Aunque las acusaciones que pesan contra ella no se basan en un proceso judicial, no podrá ejercer por 18 años funciones en la política. Esta condena se produce en un país cuyas élites han optado por las soluciones guerreristas.
Recordemos los hechos: desde hace varios años, Piedad Córdoba se ha comprometido con el tema de la paz, en particular en la liberación de los secuestrados y retenidos por las Farc. A fines de 2007 fue nombrada “mediadora” por el gobierno. Gracias a su intervención se produjeron las liberaciones de los últimos secuestrados civiles y de varios prisioneros militares que llevaban hasta 10 años en la selva. En este marco, creó el grupo Colombianos por la paz.
En septiembre pasado sobrevino la decisión arbitraria del Procurador de la República: pretextando que colaboraba con las Farc, le impuso la sanción y la prohibición de intervenir en política durante 18 años. Aunque parezca mentira, ningún proceso judicial apoya esta decisión[1]. ¿Cómo explicarla, entonces? Más allá de las facultades constitucionales del Procurador, sus dictámenes no se darían si no existiera un contexto favorable. Sociológicamente, el “fallo” traduce el peso creciente de las fuerzas reaccionarias en las instituciones y el rechazo de las élites a cualquier idea de negociación política.
El primer tema es el inquietante rumbo que han tomado las instituciones: ya hace varios años que los colombianos se han estado acostumbrando a tener congresistas, alcaldes y gobernadores ligados de cerca a los paramilitares de extrema derecha y a las mafias. Tan sólo por el proceso de la “parapolítica” son más de 80 los congresistas investigados y juzgados por la justicia por su colaboración con los paras.
A esta picaresca en el legislativo se le suma la corrosión del poder judicial y de las instituciones de control político. Así por ejemplo, durante un año y medio, el nombramiento del Fiscal (el jefe de la policía judicial nacional) estuvo estancado. La Corte Suprema de Justicia votó 25 veces sin lograr elegir a uno, porque las opciones que les había presentado el ejecutivo eran a cual más opacas. Y en el nivel local, es vox populi que varios trabajan para los narcotraficantes. El más conocido era el jefe de fiscales de Medellín, que llegó hasta allí por ser hermano del antiguo ministro del Interior.
Otro contrapeso importante al poder era el Procurador (en Colombia equivale a un Ombdusman). Según la Carta, sus funciones son “vigilar el cumplimiento de la Constitución”, “proteger los derechos humanos” y “defender los intereses de la sociedad”. ¿Pero cómo es que Alejandro Ordóñez, miembro de un grupo de extrema derecha español[2], podría defender los intereses de los colombianos del siglo XXI o la Constitución de un Estado laico? A Alejandro Ordóñez, la ciudad de Bucaramanga lo recuerda porque allí organizó una quema de libros. Desde que rige como Procurador, destacan sus propuestas condenando la homosexualidad, el regreso a la penalización del aborto o la prohibición de la educación sexual. En el Ministerio público que encabeza, los emblemas de la República han sido desplazados por su colección de crucifijos, vírgenes y velones.
Fue este “Inquisidor” (como lo llama la prensa) quien fijó el destino de Piedad Córdoba, en lo que se puede considerar un acto de muerte política. ¿Por qué se ha encarnizado así con ella? Posiblemente tengan razón quienes consideran que su franqueza y sus posiciones abiertamente progresistas hieren la moral del Procurador, pues una mujer divorciada, feminista y negra, que además ha llevado al frente de batalla estos asuntos, está en las antípodas de sus valores.
Ahora bien, es muy posible que una decisión de este calado no se hubiera producido sin el contexto adecuado –y es este el segundo elemento inquietante sobre el estado actual del país.
El linchamiento mediático de Piedad Córdoba en estos últimos años está directamente relacionado con su búsqueda de la paz. Ella ha sido espiada ilegalmente por los servicios secretos, e incluso por los guardaespaldas que le fueron asignados (impidiendo, de hecho, liberaciones). Ha sido estigmatizada por el poder uribista y por los medios, liberando las expresiones racistas, sexistas y chauvinistas de los colombianos. En Madrid, incluso, fue víctima de un extraño accidente automovilístico. La decisión del Procurador se inscribe entonces en la línea del saboteo histórico a los esfuerzos realizados en aras de llevar a las Farc al terreno de las conversaciones.
Y es que las iniciativas de paz (manifestaciones, voto simbólico, diálogos…) han sido numerosas en la historia de Colombia. Las han impulsado ONG, iglesia, grupos de la sociedad civil e incluso gobernantes, como sucedió a fines de los 90.
Sin embargo, todos estos esfuerzos han sido en vano. Ya García Márquez había advertido en 1986 que los diferentes actos de saboteo eran expresión de los “enemigos agazapados de la paz, adentro y afuera del gobierno”. En la década actual, el historiador Medófilo Medina considera que el nivel de resistencia es tal que ningún diálogo con la guerrilla será posible si antes los gobiernos no reciben el aval de militares y empresarios.
Esta constante explica porqué quienes sirven de intermediarios con la guerrilla o quienes se aventuran en procesos de paz corren graves riesgos: el gran Jaime Garzón, querido por todos por su maravilloso humor, fue asesinado por los paramilitares en 1999 por intervenir en liberaciones de secuestrados. Ese mismo año, en el contexto del proceso de paz ya reseñado, fue asesinado Jesús A. Bejarano, ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional.
Muchos mandatarios locales que establecieron acuerdos de convivencia con las Farc fueron objeto de presiones, letales o no. Recientemente, incluso los intermediarios extranjeros (el suizo Jean-Pierre Gontard y el francés Noël Saez) fueron acusados de ser “auxiliadores” de la guerrilla. La mayoría de los y las políticas han entendido la lección –de hecho, no se meten en esas aguas.
Piedad es consciente de todo esto. Pero es mujer, y temeraria. Con su desparpajo, decidió meterse en la búsqueda de la paz. Con tenacidad: multiplicó iniciativas, encuentros y esfuerzos. Con resultados: logró reunir a secuestrados con sus familias. Y sobre todo, con un horizonte de esperanza: acabar con el conflicto armado más antiguo del continente.
Pero la inercia colombiana pesa mucho. La guerra se ha vuelto rutina. Los campesinos siguen siendo desplazados (son más de 3 millones). Rigen el oscurantismo criollo y las mafias reaccionarias. ¿Y el gobierno Santos? En sus cien días iniciales, no ha dado señales de cambiar el rumbo.
El 2 de noviembre, el Senado refrendó la decisión arbitraria del Procurador. Piedad Córdoba se convirtió en ex senadora. Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia comenzó a investigar los actos de aquél. A la fecha de hoy, es imposible saber si sus decisiones serán declaradas ilegales o si alguna interpretación jurídica lo exonerará de sus pecados. El camino jurídico colombiano tiende a ser largo, imprevisto y tortuoso.
Por eso, sería deseable que el destino político de Piedad Córdoba dependiera menos de los albures de la jurisprudencia y más del interés que tiene una sociedad en que avancen unos diálogos de paz. Como una manera de pasar, lo más dignamente posible, a otra etapa de la historia.
*Olga L. González es Doctora en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, presidenta del Grupo sobre Actualidad Colombiana (GAC), en la Maison des Sciences de l’Homme de París.
NOTAS
[1] El presidente de la Corte Suprema de Justicia, la instancia que investiga a los congresistas, declaraba recientemente no haber recibido ninguna prueba contra la senadora.
[2] La Orden de la Legitimidad Proscrita, que tuvo entre sus miembros al dictador uruguayo Juan M. Bordaberry.

Ecuador: El desprecio racial

El desprecio racial ha tenido peso en el mundo de la política, donde el color de la piel, los rasgos fisonómicos o cualquier otro motivo equivalente han sido usados por las oligarquías criollas para desacreditar o estigmatizar a los líderes políticos populares.
Jorge Núñez Sánchez / El Telégrafo (Ecuador)
El insulto racista ha sido una de las peores expresiones de nuestra vida social. Asumido lo “blanco” como símbolo de superioridad social, lo indio, lo negro y lo cholo fueron mostrados como signos de lo feo, vil y despreciable.
Institucionalizado el desprecio, a veces las mismas gentes de piel oscura han usado el insulto racista contra sus semejantes, recibiendo como réplica aquella sonora frase de: “Un longo me longueó, siendo más longo que yo”. Y es que, aun en el caso de los criollos, resulta absurdo alardear de blanquitud en un país al que las mujeres blancas llegaron tarde y en pequeño número, lo que determinó, junto con la violencia conquistadora, el temprano desarrollo del mestizaje, fenómeno resumido en otra expresión del refranero popular: “En nuestros países, el que no tiene de inga tiene de mandinga”.
El desprecio racial ha tenido peso en el mundo de la política, donde el color de la piel, los rasgos fisonómicos o cualquier otro motivo equivalente han sido usados por las oligarquías criollas para desacreditar o estigmatizar a los líderes políticos populares.
A inicios de la república, fue famoso el caso de Vicente Ramón Roca, un comerciante liberal de Guayaquil, quien ganó en buena lid la Presidencia de la República a José Joaquín Olmedo, en la Asamblea Constituyente de 1845. Esto motivó la ira de sus rivales, algunos de los cuales lo acusaron de ser “negro” o “zambo”, mientras que Rocafuerte, más moderno, lo acusaba de ser “mercachifle”, diciendo: “La vara del mercader ha vencido a la musa de Junín”.
Y es que, en esa señorial república decimonónica, lo natural era que se turnaran en el poder los líderes de las diversas oligarquías regionales. Por ello, resultaba un atentado contra la tradición y la decencia que irrumpieran en la escena política unos jefes militares sin reputación social o, peor aún, unos escritores o líderes subversivos salidos de provincia, como esos tales Juan Montalvo o Eloy Alfaro, a quienes la oligarquía y la Iglesia clasificaron como “zambo” e “indio”, respectivamente. En última instancia, no importaba mucho el color de su piel, puesto que sus actos de rebeldía social y sus ideas insurgentes no eran propios de gente decente, sino de zambos e indios.
El fenómeno siguió vigente en el siglo XX, como lo prueba el caso de Isidro Ayora, a quien la Revolución Juliana encargó el liderazgo revolucionario a partir de 1926. Ayora era un afamado médico, descendiente de cultas e ilustres familias lojanas, pero tenía un fenotipo indígena y bastó esto para que la derecha se ensañara en llamarle “indio”. El mandatario toleró de mala gana el calificativo, pero estalló en cólera cuando su propia esposa, la blanquísima porteña Laura Carbo, lo llamó de este modo, asunto que motivó su inmediata separación y divorcio.
Cosa similar ocurría por entonces en Colombia, donde la oligarquía conservadora descargó todo su odio contra el revolucionario liberal Juan de Dios Uribe, un amigo y colaborador de Eloy Alfaro, al que bautizó como “el indio Uribe”. Quien ve las fotos de este hombre blanco, rubio y de ojos claros, se sorprende de que lo llamaran indio. Y concluye que no era “indio” por su aspecto, sino por su rebeldía.

Buenos Aires: la incontenible protesta de los de abajo

Las políticas sociales están empezando a mostrar limitaciones a la hora de contener la protesta de los de abajo, para lo que fueron creadas. Mientras no haya cambios estructurales, lo sucedido la segunda semana de diciembre en Argentina será apenas un tibio anticipo del fenomenal estallido social que está preparando un modelo de acumulación excluyente y depredador.
Raúl Zibechi / LA JORNADA
(Fotografía: oficiales de policía vigilan el parque Indoamericano, tomado por familias pobres de Buenos Aires. Fuente: Página/12)
La irrupción de los más pobres de Buenos Aires en el escenario urbano, por medio de tomas masivas de terrenos en reclamo de vivienda digna, estuvo al borde de generar una crisis política al desnudar los límites del actual modelo de acumulación. Finalmente, cuando la represión y el odio clasista se mostraron impotentes para contener lo que amenazaba convertirse en una oleada de ocupaciones, los gobiernos nacional y de la ciudad dejaron de lado su disputa prelectoral para firmar un acuerdo que no introduce soluciones de fondo pero establece una tensa tregua entre todos los actores.
El 7 de diciembre unas 200 familias de la Villa 20, uno de los barrios informales de Buenos Aires, ocuparon una parte del parque Indoamericano, uno de los mayores espacios verdes de la ciudad, con algo más de 100 hectáreas. En las horas siguientes la toma creció hasta superar las 5 mil personas, aunque el censo oficial posterior apunta 13 mil ocupantes, entre los que hay familias enteras con niños y ancianos. Esa misma noche las policías Federal y Metropolitana, la primera a cargo del gobierno nacional de Cristina Fernández y la segunda al mando del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri, intentaron desalojar a los ocupantes, asesinando a un joven paraguayo de 22 años y a una mujer boliviana de 28.
A partir de ese momento ambos gobiernos se culparon por los incidentes. Macri responsabilizó al gobierno nacional de fomentar la inmigración ilegal, en una intolerante actitud racista. Hay una lógica perversa que hace que cada vez venga más gente de los países limítrofes a usurpar terrenos, dijo su portavoz. Vecinos de la ocupación, también pobres, atacaron a los ocupantes pidiendo que fueran expulsados a sus países. Que se vayan todos, volvió a escucharse casi una década después del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001, con una dirección opuesta al reclamo original que pedía la expulsión de la clase política. A ellos se sumaron bandas armadas, dirigidas por el macrismo y el ex presidente Eduardo Duhalde, según el gobierno, que asesinaron a un tercer ocupante –sacado de una ambulancia y rematado en el suelo– el mismo Día de los Derechos Humanos.
El gobierno nacional, por su parte, no reconoció su responsabilidad en los crímenes del primer día ejecutados por la Policía Federal, y culpó al gobierno de Macri, tanto por sus dichos racistas como por la falta de políticas públicas de vivienda, en ambos casos con entera razón. Por detrás y por debajo de este trágico sainete palaciego, cuyo trasfondo son las elecciones presidenciales a celebrarse en apenas 10 meses, está la cruda realidad de los más pobres. Medio millón de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires a quienes Macri prometió terrenos y nunca cumplió. Por el contrario, el gobierno de la ciudad se jactó hace poco de haber desalojado 400 predios, muchos de ellos tomados en el entorno del levantamiento popular de 2001.
En los días siguientes se sucedieron diversas ocupaciones, una decena en la capital y un número aún desconocido en el área metropolitana y en ciudades del interior. Cuando la marea de la pobreza urbana amenazaba desbordarlos a todos, los enfrentadísimos gobiernos nacional y de la ciudad llegaron a un rápido acuerdo para construir viviendas. Con la advertencia de que todo aquel que usurpe no tendrá derecho a formar parte de un plan de vivienda ni de ningún plan social de ninguna característica, como descerrajó el jefe del gabinete del progresista gobierno nacional, cediendo al lenguaje de la derecha que critica.
Las organizaciones del campo popular presentes en la Villa 20 de Lugano, el Frente Popular Darío Santillén y la Corriente Clasista y Combativa, tomaron distancia del acuerdo, pero una asamblea de los miles de ocupantes decidió retornar a sus viviendas precarias y a sus camas de alquiler para esperar, con mucho escepticismo, que algún día algún gobierno cumpla sus promesas. Los referentes del asentamiento vienen peleando desde hace por lo menos cinco años por las tierras destinadas a viviendas, que hoy son un enorme cementerio de coches de la Policía Federal desbordado de ratas cerca de sus casas.
La derecha denuncia, como hizo el diario La Nación, la multiplicación de la población en las más de 20 villas de la capital. Sólo la Villa 31, en el céntrico barrio de Retiro, duplicó su población de 25 mil a 50 mil personas en 10 años. Los datos confirman un crecimiento exponencial: en 2006 había 819 villas entre la capital y el área metropolitana de Buenos Aires, con un millón de habitantes. Hoy serían ya 2 millones, mientras en la capital llegarían a 235 mil personas viviendo en villas, 7 por ciento de la ciudad. Un estudio de la Universidad de General Sarmiento estima que la población en villas crece 10 veces más rápido que la del país. “Un tsunami silencioso”, se queja el diario de la derecha.
Lo que no dice ni la derecha ni el gobierno, es que ese tsunami es consecuencia del modelo extractivista que unos y otros apoyan. El modelo de los monocultivos de soya (20 millones de hectáreas de las mejores tierras argentinas) y de la minería a cielo abierto está expulsando millones de argentinos, en general campesinos pobres, de sus tierras. Ese mismo modelo ha expulsado a los 2 millones de paraguayos y al millón de bolivianos que llegaron a Argentina en los últimos años, cuando ya no pudieron seguir viviendo en sus parcelas, quemadas por el glifosato o contaminadas sus aguas con mercurio.
En segundo lugar, las políticas sociales están empezando a mostrar limitaciones a la hora de contener la protesta de los de abajo, para lo que fueron creadas. Mientras no haya cambios estructurales, lo sucedido la segunda semana de diciembre en Argentina será apenas un tibio anticipo del fenomenal estallido social que está preparando un modelo de acumulación excluyente y depredador, que sólo se sostiene con el trabajo conjunto de los ministerios de Interior y Desarrollo Social.

Fugas de información

En el marco del fenómeno Wikileaks podríamos estar asistiendo en la coyuntura a un proceso complejo, contradictorio y caótico de “reideologización” de la política exterior estadunidense, reflejo de agudas discrepancias y luchas político-ideológicas en su seno.
Carlos Fazio / LA JORNADA
Las filtraciones de Wikileaks sobre los cables del Departamento de Estado y el affaire en torno a su fundador, Julian Assange, encarcelado en Gran Bretaña, siguen produciendo ruido mediático. Umberto Eco describió el hecho como un “escándalo aparente”, dada la hipocresía que gobierna las relaciones entre los estados, los ciudadanos y la prensa. A modo de ejemplo, ironizó escribiendo que las informaciones top secret sobre Silvio Berlusconi que la embajada de Estados Unidos en Roma enviaba a Washington eran las mismas que Newsweek había publicado la semana anterior.
No obstante, el cablegate (el Watergate de los cables) exhibe la tradicional política de presiones, chantajes, descalificaciones y la soberbia imperial de Estados Unidos, junto al servilismo de sus cipayos, pero con papeles. Lo que muchos sabían, pero de manera documentada. Allí radica la novedad. Con otro dato sustancial: no es información clasificada de las 16 agencias de la comunidad de inteligencia; son documentos más bien diplomáticos que de espionaje. Muchos imaginaban que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon era un pobre payaso o intuían que Felipe Calderón era un colaboracionista de la diplomacia de guerra de Washington, al frente de una “república bananera” (como lo describió en un cable su “amigo” Luis Camilo Osorio, actual embajador de Colombia en México); pero ahora eso es oficial y, a diferencia de otros archivos desclasificados, viene sin taches.
Sin embargo, persisten algunas dudas. ¿Por qué Wikileaks, descrita por Pepe Escobar como un paraíso artificial neobaudelaireano, donde se conjuntan anarquismo, libertarismo y altísima tecnología –y que en sus comienzos recibió apoyo económico de Associated Press, Los Angeles Times y Reporteros sin Fronteras, tres instrumentos reproductores de las fabricaciones ideológico-propagandísticas del Pentágono–, terminó pactando las filtraciones con el propio Departamento de Estado a través de los filtros impuestos por el cártel mediático conformado por The NewYork Times, Le Monde, The Guardian, El País y Der Spiegel, todos occidentales y afines al sistema capitalista que se critica? ¿Se trató en verdad, como se ha dicho, de una astuta estrategia para garantizar el máximo impacto mediático y poder exhibir a Estados Unidos como eje de una enorme conspiración autoritaria?
Si así fuera, ¿por qué el Pentágono no recurrió a la Doctrina Conjunta de Operaciones de Información, definida como el empleo integral, articulado, de la guerra electrónica, las operaciones de las redes de computadoras, las operaciones sicológicas, el engaño militar y las operaciones de seguridad, para eliminar a Wikileaks de la red? ¿No pudo o no quiso?
Por distintas razones político-ideológicas, lo anterior ha inducido a algunos medios como Granma y analistas como el viejo halcón Zbigniew Brzezinski a especular que se trata de información sembrada por sectores de inteligencia vinculados a los neoconservadores, interesados en manipular el actual proceso interno estadunidense para perjudicar al gobierno de Barack Obama y obtener algún objetivo específico. Verbigracia, el regreso de la extrema derecha al poder. También se ha manejado que podría obedecer a una campaña de desinformación del Mossad israelí.
En la jerga periodística, la expresión “carne podrida” alude a la filtración de información-desinformación por un servicio de inteligencia a un medio. Las fugas de información han formado parte esencial de las operaciones de guerra sicológica y las acciones encubiertas, que echan mano de la propaganda a través de la utilización de un sistema estable de estereotipos, mitos, clichés y burdas falsificaciones que a diario son inoculados a la opinión pública por los medios. “Información” fabricada muchas veces con el “aporte” de soplones y vasallos, como los que ahora exhibe Wikileaks, con el antecedente de que ya antes fueron publicados informes “rigurosamente secretos” de la Agencia Central de Inteligencia y el Pentágono.
En el marco del fenómeno Wikileaks podríamos estar asistiendo en la coyuntura a un proceso complejo, contradictorio y caótico de “reideologización” de la política exterior estadunidense, reflejo de agudas discrepancias y luchas político-ideológicas en su seno. En la etapa, lo ideológico predominaría sobre lo propagandístico. La diferencia entre las campañas ideológicas y las propagandísticas corresponde a la relación entre la estrategia y la táctica ideológicas, y refleja la jerarquía de las metas a largo y a corto plazo de las actividades ideológicas.
El contenido de las campañas ideológicas suele ser heterogéneo. En conexión con las tesis claves, centrales, existen orientaciones periféricas, que pueden parecer más o menos independientes, pero conservan una vinculación orgánica con la campaña fundamental, en cuyo cauce se desarrollan. Por ejemplo, la amenaza terrorista, el populismo radical, la guerra al narcotráfico, las campañas pro derechos humanos vinculadas al Premio Nobel. Los medios masivos cumplen un papel clave en la preparación de la campaña ideológica, pero sobre todo en la creación del telón de fondo ideo-sicológico ante el que posteriormente se representa la campaña ideológica “oficial” de la administración estadunidense, vía su gigantesco aparato propagandístico.
Pretender matar al mensajero es otra muestra de hipocresía. Sin querer ser concluyentes, pensamos que las filtraciones anónimas a Wikileaks provienen del riñón de la burocracia estadunidense y obedecen a una dura lucha de poder en el seno de la plutocracia imperial. En las matrices de opinión divulgadas se prioriza a los “enemigos” de Washington. Lo que no quita que, como apunta Rosa Miriam Elizalde, ninguna estrategia de resistencia debería desdeñar el conocimiento y la apropiación de las nuevas tecnologías, el valor de la transparencia informativa y el ciberespacio como ámbito de acciones ofensivas y defensivas. Ergo, de la Internet como arma de lucha popular emancipadora.

Crisis ecológica y lucha política: la alternativa ecosocialista

La crisis ecológica actual, agudizada por el estallido económico de 2008, ha precipitado las condiciones de lucha política, revelando la conexión estructural entre el conjunto de problemas sociales a nivel mundial y la lógica de la sociedad capitalista. Las respuestas que demos, en esa medida, deben poseer la fuerza y determinación necesarias para cuestionarlo todo, para enfrentar a los gobiernos del capital y sobrepasarlos con poder popular.
Michael Lowy y Samuel González / Revista Memoria y Rebelion
“Nada ha corrompido tanto a la clase obrera alemana como la idea de que se movía en el sentido de la corriente. Consideraba los desarrollos tecnológicos como el sentido de la corriente en el que avanzaba. De ahí no había más que un paso hasta la ilusión de que el trabajo fabril que supuestamente tendía al progreso tecnológico constituía un logro político” Walter Benjamin.
Durante siglos cada sociedad ha desarrollado un complejo y particular entramado de relaciones con la naturaleza. De entre los distintos vehículos que ha establecido la humanidad en su relación con la naturaleza, la técnica, sin duda alguna, es una pieza angular al ser esta la encargada de delimitar y modelar, a través de instrumentos y relaciones sociales, la dinámica con la cual cada cuerpo social se apropia y se relaciona con la naturaleza, y a su vez consigo mismo.
Cada conjunto de relaciones que la humanidad establece con la naturaleza proyecta, a su vez, cada fracción de las relaciones humanas establecidas en la sociedad. Dentro de este complejo cosmos, existe igualmente un sistema de ideas, encargado de justificar la dinámica social, las cuales constituyen una serie de estructuras mentales que modelan la forma de concebirnos frente a la naturaleza y frente a nosotros mismos.
En este sentido es que la modernidad inauguraría un curso completamente radical para construir y conceptualizar dicha relación. La sociedad industrial moderna trataría de modelar el medio ambiente a imagen y semejanza suya, para lo cual el desarrollo de la técnica se convertiría en esa promesa efectiva para la realización del paraíso industrial.
De esta forma, la libertad moderna en la sociedad capitalista fue concebida como dominación de lo natural en contraposición a las contingencias del ambiente. Para poder liberarse había que descubrir y dominar a la naturaleza -este ha sido precisamente el paradigma de la técnica capitalista y lo que tiene como consecuencia la degeneración de la ciencia que opera bajo los parámetros de la ganancia-.
La subsunción de la modernidad al orden del capital conjuraría las aspiraciones modernas condenándolas a la lógica de la valorización de valor, a su racionalidad puramente instrumental. La aspiración moderna de construir nuestra propia historia quedaría sellada dentro de las promesas formales del Estado, la ciudadanía y la propiedad, las cuales promoverían una supuesta sociedad democrática en donde todos seriamos iguales y en donde todos tendríamos el derecho a ser poseedores. Sin embargo la realidad haría evidente que son las minorías, dueñas del capital, las que decidirían por las mayorías, evidenciando cómo es que la sociedad capitalista tiene, como punto de partida para su estructuración al individuo, pero no cualquier individuo sino aquel que es propietario de los medios de producción.
La sociedad capitalista ha instaurado una dinámica presidida por el deseo de dominar la naturaleza mediante la técnica, convirtiéndola en una mercancía más que podría contribuir a de la acumulación privada de capital. En esa medida, la lógica de las sociedades capitalistas constituye una relación con la naturaleza que expresa la enajenación del ser humano, extrañado de sí mismo y de la naturaleza, a la cual enfrenta como externalidad que le repele. El metabolismo naturaleza-humanidad trascurre así en una dinámica de destrucción y degeneración, de caos y vaciamiento. Por supuesto esta situación está llegando a su límite.
Las distintas crisis que hoy enfrenta la humanidad a nivel mundial resultan de un mismo fenómeno: un sistema que transforma todo – la tierra, el agua, el aire que respiramos, la naturaleza, los seres humanos- en mercancía; que no conoce otro criterio que no sea la expansión de los negocios y la acumulación de beneficios para unos cuantos. Sin embargo, este conjunto de crisis son aspectos interrelacionados de una crisis más general, la crisis de la moderna civilización industrial.
Hoy, sin embargo, el proceso de devastación de la naturaleza, de deterioro del medio ambiente y de cambio climático se ha acelerado a tal punto que no estamos discutiendo más sobre un futuro a largo plazo. Estamos discutiendo procesos que ya están en curso, la catástrofe ya comenzó, esta es la realidad y estamos en una carrera contra el tiempo para intentar frenar y contener este proceso desastroso. LEA EL ARTÍCULO COMPLETO AQUÍ...

sábado, 11 de diciembre de 2010

Moral farisea

Moral farisea la del que, histriónicamente, deja la silla vacía de Liu Xiaobo en la sala en la que se entregan los Premios Nobel, pero no dice nada de la persecución desatada contra quien, de verdad, está haciendo temblar al poder dominante de nuestros días, a los Estados Unidos de América.
Rafael Cuevas Molina/Presidente AUN-Costa Rica
rafaelcuevasmolina@hotmail.com
Farisea se llama en la Biblia a la doble moral, hipócrita, la que dice una cosa y hace otra, la que juzga a los demás con estándares que no se aplican a sí misma. Tienen moral farisea los que en público condenan a otros, pero en privado hacen lo mismo o peor, los que aparecen como impolutos portadores de la verdad pero esconden sus vicios privados y los niegan si se les descubren.
La moral farisea pulula en nuestro mundo. Muchos de los detentores del poder, en sus distintos grados y maneras, se erigen como jueces de “los otros”, los juzgan, condenan y castigan, publicitan a los cuatro vientos sus conclusiones y se rasgan las vestiduras pero, por detrás, sin parar en mientes, se ceban en lo mismo o peor, pero con ellos son indulgentes y justificativos.
No hay nadie más fundamentalista, intolerante y abusivo que el portador de la moral farisea, la moral de la doble cara. Tal vez como mecanismo sicológico que intenta alejar de sí lo que considera condenable, pecaminoso, pero que no puede eliminar de su propio comportamiento, el portador de la moral farisea se ensaña con quien hace objeto de su atención persecutoria, lo anatemiza y repudia, y llama a los demás a que hagan lo mismo en aras de la pureza y la verdad.
Fariseos los que tiran la primera piedra y esconden la mano.
Fariseos los que a la hora de llamar a cuentas salen huyendo.
Moral farisea la de los que se llenan la boca con la libertad de prensa, hacen de ella su portaestandarte, convocan reuniones internacionales para cuidarla y protegerla, hacen declaraciones altisonantes desde hemiciclos bien iluminados y climatizados, condenan a los que ellos consideran que la violan pero no dicen ni pío cuando, como está sucediendo en nuestros días, se desata una cacería implacable contra alguien que ha dado a conocer información que los pone a ellos al descubierto.
Fariseas las compañías que detentan la propiedad de medios de comunicación, de redes sociales como Facebook o Twitter, de portales en Internet, que cuando alguien divulga algo que consideran que no va con sus intereses corporativos o políticos lo censuran, lo marginan, todo con el afán que la gente no tenga acceso a lo que se dice para que no sepa lo que se está divulgando, para mantenerla en la ignorancia y poder, así, manipularla fácilmente, orientarla como ganado manso hacia donde ellos quieren.
Fariseos los gobiernos que se autoproclaman defensores del mundo libre, paladines de la libertad, que en nombre de tales valores justifican los más atroces procedimientos, aventuras bélicas, avasallamiento de países y pueblos en todas las esquinas del orbe, pero ponen el grito en el cielo cuando alguien pone al descubierto las matráfulas que están detrás de esa careta de santos inmaculados y desatan su ira como dioses tonantes ofendidos. Tomados de sorpresa, descubierta su doble moral, puesta en evidencia su farisaica forma de actuar, desatan su ira sobre el mensajero, sobre aquel que lo único que hizo fue exponer sus trapos sucios al sol, en donde todos los miran, ventilarlos más allá de la casa en donde ellos querían que quedaran guardados a la vista de todos.
Son los pájaros tirándole a las escopetas. El mundo patas arriba, como diría Galeano.
Moral farisea la del que, histriónicamente, deja la silla vacía de Liu Xiaobo en la sala en la que se entregan los Premios Nobel, pero no dice nada de la persecución desatada contra quien, de verdad, está haciendo temblar al poder dominante de nuestros días, a los Estados Unidos de América.
Moral farisea la de los poderosos del mundo contemporáneo, la de los que “construyen el consenso”, el sentido común, utilizando su poder económico, su detención abusiva de los medios.

La década democrática y los “letrados artificiales”

Lejos de estar saldada, la batalla entre los hombres –y mujeres- naturales y los letrados artificiales, en la que se decide la forja de sociedades realmente democráticas, tiene en nuestros días más vigencia que nunca.
Andrés Mora Ramírez /AUNA-Costa Rica
(Fotografía: según la encuesta Latinobarómetro, en Venezuela se registra el mayor porcentaje de apoyo ciudadano a la democracia en América Latina).
En la historia de América Latina, la democracia ha sido una excepción férreamente combatida por los poderosos. En naciones que vinieron al mundo –como dijera José Martí- desdeñando lo propio y debatiéndose entre las máscaras y las formas culturales europeas o norteamericanas, y donde “la colonia continuó viviendo en la república” una vez ganada la independencia política de España, lo usual han sido las dictaduras y las represiones, los golpes de Estado y la dominación violenta.
De ahí que no sea un dato menor, por más que le pese reconocerlo a algunos intelectuales, el hecho de que durante la última década los movimientos sociales y los gobiernos progresistas latinoamericanos lograron profundizar las conquistas democráticas en nuestra región, a niveles inéditos en los casi 30 años del llamado proceso de democratización, tras el fin de los regímenes militares y del terrorismo de Estado en Centro y Suramérica.
La emergencia de actores políticos y sociales tradicionalmente marginados y explotados; la llegada al poder, por la vía del sufragio universal y popular, de partidos y movimientos de izquierda y centro-izquierda; el desarrollo de proyectos nacionales progresistas y de base popular, con mayor o menor contenido reformista o revolucionario, según los casos; y la aprobación de nuevas y avanzadas constituciones políticas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, son claras e inobjetables pruebas del camino democratizador –inacabado y siempre perfectible- iniciado en nuestros países, y que hace de América Latina, actualmente, uno de los principales “laboratorios” de experiencias sociales en un mundo en el que, desgraciadamente, escasean la creatividad, las utopías y la rebeldía emancipadora.
Los resultados del último estudio de opinión realizado por la organización privada Latinobarómetro, cuyos resultados fueron divulgados a principios de diciembre, confirman lo que las movilizaciones populares han ratificado en toda la región: América Latina culmina en 2010 una década democrática liderada por fuerzas políticas y sociales progresistas. De las más de 20 mil personas entrevistadas, un 61% consideran que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y los porcentajes de apoyo más altos se registraron en Venezuela (84%), Uruguay (75%), Costa Rica (72%) y Bolivia (69%).
Pero incluso frente a esta realidad contundente, algunos sectores de las sociedades de nuestros países, en particular sus élites dominantes –herederas de las viejas oligarquías-, y una parte de sus intelectuales, insisten en relativizar y ridiculizar las luchas recientes por la democracia y la transformación social.
Un ejemplo de esa relativización la aportan los propios autores del informe Latinobarómetro, quienes se muestran cautelosos –por decir lo menos- frente a sus hallazgos, y califican de “paradojales” los resultados obtenidos en Venezuela, sempiternamente denunciada como antidemocrática, y en Ecuador, donde el apoyo a la democracia pasó de 43% en 2009, a 64% en 2010.
Desde nuestra perspectiva, esa supuesta “paradoja” que ven los investigadores, no es otra sea otra cosa sino la dificultad de conciliar la percepción de los ciudadanos de Venezuela, Ecuador y Bolivia sobre la construcción democrática que tiene lugar en sus países, con la narrativa apocalíptica que difunde el poder mediático hegemónico en torno a los procesos bolivarianos, latinoamericanistas, que se encuentran en curso, y a los que usualmente se representa como anacrónicos, antidemocráticos y amenazantes para el resto de las democracias buenas de la región.
“Seudodemocracias populistas y payasas”, las llamó despectivamente el escritor peruano Mario Vargas Llosa, en su discurso ante la Academia Sueca con motivo de la aceptación del Premio Nobel de Literatura. Allí donde más cruda fue la ofensiva neoliberal y el saqueo consecuente, y donde más debieron resistir y fortalecerse los movimientos populares para revertir las condiciones opresivas a las que se les sometió durante largo tiempo, el intelectual ilustre solo observa un erial, una tierra estéril de pueblos imposibles, que no aceptan el credo neoliberal que él profesa, ni los goces de la modernidad excluyente en los que se solaza.
No sorprende lo de Vargas Llosa. Tampoco el escepticismo de aquellos que hoy se atreven a juzgar con dureza los procesos democratizadores de nuestra América, cuando apenas ayer defendían o guardaban silencio ante el terrorismo de Estado, brindaban por el fin de la historia y cantaban loas a la llegada de las dictaduras tecnocrático-financieras. Esas son las formas en que se expresa la mentalidad colonial –o colonizada-, tan profundamente inserta en la cultura latinoamericana, y que se desliza, cómplice, detrás de los brotes antidemocráticos de la última década: de México a Honduras, de Venezuela a Ecuador, de Bolivia a Argentina.
Lejos de estar saldada, la batalla entre los hombres –y mujeres- naturales y los letrados artificiales, en la que se decide la forja de sociedades realmente democráticas, tiene en nuestros días más vigencia que nunca.

Mario Vargas Llosa: egocentrismo y exabruptos de la intelectualidad neoliberal

A Mario sólo le interesan los espantos y fanatismos de un signo, a los que “hay que salirles al paso, enfrentarlos y derrotarlos”, pues esos pocos terroristas “quisieran arrebatarnos la libertad que hemos ido conquistando en la larga hazaña de la civilización” ¿A qué libertad y civilización se refiere? ¿Quiénes somos “nosotros”?
Gilberto López y Rivas / Rebelion
En memorable discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa volvió sobre sus pasos trillados en los ámbitos de la política y la reiteración autobiográfica, que con prosa impecable demuestra que fue y sigue siendo un hombre elegido para trascender su medio y enseñar al mundo que el sino del intelectual latinoamericano es ser marxista de joven y reaccionario de viejo, eso sí, laureado y adulado por la derecha cosmopolita y neoliberal a la que defiende y admira.
Del universo infantil y juvenil, en el que todo ayuda para forjar su destino literario y superar haber nacido en un país de “pobres y analfabetos”, Vargas Llosa pasa pronto en el corpus del discurso al mensaje de la ideología y la política. Así, se horroriza de que vivamos –según él— en una época en la que los espantos son los fanáticos, los terroristas suicidas que se sienten “poseedores de verdades absolutas”, sin mencionar, claro está, a esos otros terroristas de Estado, también convencidos de su verdad absoluta, que por su poder inconmensurable poseen una capacidad infinita de destrucción que puede aniquilar un país, como Irak, con sus millones de muertos, lisiados y desplazados. No, a Mario sólo le interesan los espantos y fanatismos de un signo, a los que “hay que salirles al paso, enfrentarlos y derrotarlos”, pues esos pocos terroristas “quisieran arrebatarnos la libertad que hemos ido conquistando en la larga hazaña de la civilización” ¿A qué libertad y civilización se refiere? ¿Quiénes somos “nosotros”?, la respuesta viene enseguida:
“Defendamos la democracia liberal, que, con todas sus limitaciones, sigue significando el pluralismo político, la convivencia, la tolerancia, los derechos humanos, el respeto a la crítica, la legalidad, las elecciones libres, la alternancia en el poder, todo aquello que nos ha ido sacando a la vida feral y acercándonos –aunque nunca llegaremos a alcanzarla—a la hermosa y perfecta vida que finge la literatura, aquella que sólo inventándola, escribiéndola y leyéndola podemos merecer. Enfrentándonos a los fanáticos homicidas defendemos nuestro derecho a soñar y hacer nuestros sueños realidad”. (Mario Vargas Llosa. Elogio de la lectura y la Ficción, Discurso Nobel, 7 de diciembre de 2010, Fundación Nobel 2010).
Curiosamente, como uno de los ejemplos de “democracia liberal” que pone nuestro insigne escritor, se encuentra México, país que en menos de dos décadas ha sufrido dos grandes fraudes electorales que han imposibilitado la llegada a la presidencia de la izquierda institucionalizada; con un 50 % de la población viviendo en pobreza alimentaria, patrimonial y extrema; con 30 mil muertos en los cuatro años de la presidencia usurpada por Calderón, otro demócrata liberal, quien con la cobertura de una “guerra contra el narcotráfico” ha llevado a cabo una limpieza social de jóvenes y pobres, como en Colombia, otro de los ejemplos de Mario; con cientos de desapariciones forzadas, presos políticos y criminalización de la protesta social; un país sumido en la vorágine de la violencia del crimen organizado y del Estado, que no son sino las dos caras del terrorismo neoliberal. ¿Pluralismo político? ¿Convivencia y tolerancia? ¿Derechos humanos? ¿Legalidad, elecciones libres, alternancia en el poder? Sí, claro, sólo en la literatura…de Vargas Llosa.
Después de hacer el necesario recorrido de su vida como marxista decepcionado por la variante estatista y burocrática del socialismo soviético, atacar a la Revolución Cubana y describir su tránsito al demócrata y liberal que es; una vez que nuestro escribano –en la Francia deslumbrante-- pasa del aldeanismo utópico literario al cosmopolitismo científico, Mario vuelve a la carga de su misión como apóstol de la democracia liberal, reiterando que Cuba es una dictadura y “su candidata a secundarla, Venezuela”, donde por cierto en viaje no hace poco pudo expresar libremente todo su odio antichavista, sin sufrir cárcel o deportación; califica a Bolivia y Nicaragua de “seudodemocracias populistas y payasas”, ah, pero eso sí, “en el resto del continente, mal que mal, la democracia está funcionando, apoyada en amplios consensos populares”.
En sendos párrafos explica de por qué siendo peruano de origen se acoge a otra nacionalidad, elogia a las “damas de blanco” en Cuba, los “resistentes venezolanos”, se queja de los gobiernos que son complacientes con los verdugos de estos “luchadores por la libertad” y, en su papel de criollo, ahora en misión indigenista, se autocritica por que la “emancipación de los indígenas es una responsabilidad exclusivamente nuestra y la hemos incumplido”, olvidando convenientemente que esas “victimas” que esperan la nueva salvación del liberalismo democrático, sin pedir permiso, están transitando por los caminos de la autonomía y la libre determinación.
En el ámbito de lo privado y para complacencia de las diversas corrientes del feminismo, es de antología la descripción de su esposa como la persona que “hace todo” para que el genio escriba, sin molestias engorrosas de la vida cotidiana que sufren de los demás mortales.
Vargas Llosa, ahora con el blasón del Nobel, con sus fieles escuderos, su vástago de mismo nombre, más otros intelectuales, que sin su talento literario le acompañan frecuentemente en estas lides, seguirá embistiendo desde los innumerables pulpitos a su disposición, a los molinos de viento del “totalitarismo de izquierda”, como moderno Quijote neoliberal en lucha permanente contra los demonios de la democracia.

Cumbre del Cambio Climático: Las miles de soluciones están en manos de los pueblos

Los actuales modelos de consumo producción y comercio han causado una destrucción medio ambiental de la cual los pueblos indígenas, campesinos y campesinas somos las principales víctimas. Así que nuestra movilización hacia Cancún y en Cancún es para decirle a los pueblos del mundo que necesitamos un cambio de paradigma de desarrollo y economía.
Declaración del movimiento Vía Campesina
Foro Global por la Vida, y la Justicia Social y Ambiental (4 al 10 de diciembre de 2010)
Los miembros de La Vía Campesina de más de 30 países de todo el mundo juntamos nuestras miles de luchas en Cancún para exigir a la Cumbre sobre Cambio Climático (COP 16), justicia ambiental y respeto a la Madre Tierra, para denunciar los ambiciosos intentos de los gobiernos, principalmente del Norte, de comercializar todos los elementos esenciales de la vida en beneficio de las corporaciones trasnacionales y para dar a conocer las miles de soluciones para enfriar el planeta y para frenar la devastación ambiental que hoy amenaza muy seriamente a la humanidad.
Tomando como principal espacio de movilización el Foro Alternativo Global por la Vida, la Justicia Social y Ambiental, nosotras y nosotros celebramos talleres, asambleas, reuniones con nuestros aliados y una acción global que llamamos los miles de Cancún y que repercutió por todo el planeta y hasta en las mismas salas del Moon Palace de la COP 16. Esta acción del 7 de diciembre, tuvo como expresión de nuestra lucha una marcha de miles de miembros de La Vía Campesina acompañados por los indígenas Mayas de la península mexicana y nuestros miles de aliados de organizaciones nacionales e internacionales.
La movilización hacia Cancún inició desde el 28 de noviembre con tres caravanas que partieron desde San Luis Potosí, Guadalajara y Acapulco, que recorrieron los territorios más simbólicos de la devastación ambiental pero además de las resistencias y las luchas de las comunidades afectadas. El esfuerzo de las caravanas fue un trabajo conjunto con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Movimiento de Liberación Nacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas y cientos de pueblos y personas que nos abrieron las puertas de su generosidad y solidaridad. El 30 de noviembre arribamos con nuestras caravanas a la Ciudad de México, celebramos un Foro Internacional y una marcha acompañados de miles de personas y cientos de organizaciones que también luchan por la justicia social y ambiental.
En nuestra jornada hacia Cancún, otras caravanas, una de Chiapas, otra de Oaxaca y una de Guatemala, después de muchísimas horas de viaje, se unieron en Merida para celebrar una ceremonia en Chichen Itza y finalmente llegar a Cancún el 3 de diciembre para instalar nuestro campamento por la Vida y la Justicia Social y Ambiental. Al día siguiente, 4 de diciembre, abrimos nuestro foro y así dimos inicio a nuestra lucha en Cancún.
¿Por qué llegamos a Cancún?
Los actuales modelos de consumo producción y comercio han causado una destrucción medio ambiental de la cual los pueblos indígenas, campesinos y campesinas somos las principales víctimas. Así que nuestra movilización hacia Cancún y en Cancún es para decirle a los pueblos del mundo que necesitamos un cambio de paradigma de desarrollo y economía.
Hay que trascender el pensamiento antropocéntrico. Hay que reconstituir la cosmovisión de nuestros pueblos, que se basa en el pensamiento holístico de la relación con el cosmos, la madre tierra, el aire, el agua y todos los seres vivientes. El ser humano no es dueño de la naturaleza, si no que es parte de todo lo que tiene vida.
Ante esta necesidad de reconstituir el sistema, el clima, la madre tierra, denunciamos:
1. Que los gobiernos continúan indiferentes ante el calentamiento del planeta y en vez de debatir sobre los cambios de políticas necesarias para enfriarlo, debaten sobre el negocio financiero especulativo, la nueva economía verde y la privatización de los bienes comunes.
2. Las falsas y peligrosas soluciones que el sistema capitalista neoliberal implementa como la iniciativa REDD+ (Reducción de emisiones por deforestación y degradación); el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), la geoingeniería, representan comercialización de los bienes naturales, compra de permisos para contaminar o créditos de carbono, con la promesa de no talar bosques y plantaciones en el Sur.
3. La imposición de la agricultura industrial a través de la implementación de productos transgénicos y acaparamiento de tierras que atentan contra la Soberanía Alimentaria.
4. La energía nuclear, que es muy peligrosa y de ninguna manera es una verdadera solución.
5. Al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Comercio por facilitar la intervención de las grandes transnacionales en nuestros países.
6. Los impactos que ocasionan los tratados de libre comercio con los países del Norte y la Unión Europea, que no son más que acuerdos comerciales que abren más las puertas de nuestros países a las empresas transnacionales para que se adueñen de nuestros bienes naturales.
7. La exclusión de los campesinos y pueblos indígenas en las discusiones de los temas trascendentales en la vida de la humanidad y de la madre tierra.
8. La expulsión de Compañeros y compañeras del espacio oficial de la COP 16 por su oposición a los planteamientos de los gobiernos que apelan por un sistema depredador que apuesta por exterminar a la madre tierra y a la humanidad.
No estamos de acuerdo con la simple idea de “mitigar” o “adaptarnos” al cambio climático. Se necesita justicia social, ecológica y climática, por lo que exigimos:
1. Retomar los principios de los acuerdos de Cochabamba del 22 de abril del 2010 como un proceso que realmente nos lleve a la reducción real de la emisión de gases de carbono con efectos invernaderos y para lograr la justicia social y ambiental.
2. La Soberanía alimentaria en base a la agricultura campesina sustentable y agroecológica dado a que la crisis alimentaria y la crisis climática son lo mismo, ambas son consecuencias del sistema capitalista.
3. Es necesario cambiar los estilos de vida y las relaciones destructivas del medio ambiente. Hay que reconstituir la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, que se basa en el pensamiento holístico de la relación con el cosmos, la madre tierra, el aire, el agua y todos los seres vivientes.
La Vía Campesina como articulación que representa a millones y millones de familias campesinas en el mundo y preocupados por la recuperación del equilibrio climático llama a:
1. Asumir la responsabilidad colectiva con la madre tierra, cambiando los patrones de desarrollo de las estructuras económicas y desapareciendo a las empresas transnacionales.
2. Reconocemos a gobiernos como el de Bolivia, Tuvalu y algunos mas, que han tenido la valentía de resistirse ante la imposición de los gobiernos del Norte y de las corporaciones transnacionales y hacemos un llamado para que otros gobiernos se sumen a la resistencia de los pueblos frente a la crisis climática.
3. Tomar acuerdos obligatorios de que todos los que contaminen el ambiente deben rendir cuentas por los desastres y delitos cometidos contra la madre Naturaleza. De igual forma obligar a reducir los gases de carbono en el lugar donde se genera. El que contamina debe dejar de contaminar.
4. Alertamos a los movimientos sociales del mundo sobre lo que acontece en el planeta para defender la vida de la madre tierra porque estamos definiendo lo que será el modelo de las futuras generaciones.
5. A la acción y a la movilización social de las organizaciones urbanas y campesinas, a la innovación, a la recuperación de las formas ancestrales de vida, a unirnos en una gran lucha para salvar a la madre tierra que es la casa de todos y todas contra el gran capital y de los malos gobernantes, es nuestra responsabilidad histórica.
6. A que las políticas de protección a la biodiversidad, soberanía alimentaria, manejo y administración del agua se basen en las experiencias y participación plena de las propias comunidades.
7. A una consulta mundial a los pueblos para decidir las políticas y las acciones globales para detener la crisis climática.
¡Hoy!, ahora mismo llamamos a la humanidad para actuar inmediatamente por la reconstitución de la vida de toda la madre naturaleza, recurriendo a la aplicación del “cosmovivir”.
Por eso, desde las cuatro esquinas del planeta nos levantamos para decir: ¡No más daño a nuestra Madre Tierra! ¡No más destrucción al planeta!. ¡No más desalojos de nuestros territorios! ¡No más muerte a los hijos e hijas de la Madre Tierra! ¡No más criminalización de nuestras luchas!
No al entendimiento de Copenhague. Si a los principios de Cochabamba.
¡Redd NO! ¡Cochabamba SI!
¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE RECUPERA Y SE DEFIENDE!
GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA
Delegación de la Vía Campesina a Cancún, 9 de diciembre de 2010

Chávez "populista"

No es un político cualquiera visitando una zona afectada, embarrándose hasta las rodillas, posando para las cámaras. Es un Chávez que toma un megáfono y dirige una asamblea popular cerro arriba; uno que ha vuelto a prescindir de toda mediación y entra en contacto directo con el pueblo; uno que promueve la interpelación popular, que escucha demandas, orienta, dialoga, que intenta poner en práctica el poder obediencial...
Reinaldo Iturriza López / Rebelion
(Fotografía: Hugo Chávez en La Guajira, Estado Zulia. Tomada de Patria Grande).
No es casual que, a propósito de la emergencia ocasionada por las lluvias, la oposición vuelva a hablar de una supuesta "estrategia populista" de Chávez. El hombre, literalmente, no ha parado: ha retomado la calle con una energía que no se le veía en mucho tiempo. Su despliegue ha ido más allá de cualquier fórmula clásica de marketing político: no es un político cualquiera visitando una zona afectada, embarrándose hasta las rodillas, posando para las cámaras.
Es un Chávez que toma un megáfono y dirige una asamblea popular cerro arriba; uno que ha vuelto a prescindir de toda mediación y entra en contacto directo con el pueblo; uno que promueve la interpelación popular, que escucha demandas, orienta, dialoga, que intenta poner en práctica el poder obediencial, que interpela directamente al aparato de Estado, abriendo las puertas de Miraflores y de los cuarteles para que sean utilizados como refugios; uno que ocupa territorios acompañado por el pueblo; uno que instiga de manera permanente el control popular sobre la gestión de gobierno, que llama al pueblo a organizarse y reclamar; uno que exige a los medios públicos que se abran a las críticas, que se hagan eco de las denuncias populares, que combatan la corrupción, el clientelismo y el tráfico de influencias.
No es un Chávez desconocido. Es más bien Chávez volviendo a ser Chávez. Frente a este Chávez "repolitizado", líder político antes que jefe de gobierno, la táctica discursiva que la oposición viene empleando desde 2007, concentrada en la crítica de la gestión gubernamental, va perdiendo eficacia. La apelación al recurso retórico de una supuesta "estrategia populista" del hombre, es un signo inequívoco de la actual deriva discursiva opositora. No han sido capaces de asimilar el momento. Reaccionan haciendo uso de su viejo arsenal retórico, defensivamente, aguantando el vendaval, sin iniciativa. La interpelación popular, que el mismo Chávez promueve, es motivo de risa burlesca para los medios antichavistas. "Se los digo de frente": son bufones que no han comprendido nada. Tal vez es risa nerviosa porque comienzan a comprender.
La táctica opositora de desgaste sólo es eficaz en la medida en que: 1) el chavismo oficial es refractario a la crítica popular de la gestión de gobierno; y 2) el discurso sobre el socialismo es percibido por la base social del chavismo como algo abstracto. De allí que la táctica opositora de desgaste consista en: 1) crítica de la gestión: algo falta, o el gobierno es ineficiente, lo hace siempre mal; y 2) denunciar que el discurso del socialismo no guarda ninguna relación con las necesidades más sentidas del pueblo. Es decir, algo falta (gestión) y algo sobra (ideología).
¿A qué obedece el discurso sobre la "estrategia populista" de Chávez, cuál es su lógica de funcionamiento? Para la oposición, ahora lo que "sobra" es gestión. El "populismo" es "exceso" de gestión. Según este discurso, el problema ahora es que Chávez está ofreciendo más de lo que su gobierno ineficiente puede resolver; está creando ilusiones y expectativas ilimitadas; está prometiendo más viviendas de las que puede construir, etc. Lo que "sobra" y preocupa es la gestión que comienza a repolitizarse.
Por supuesto, la oposición seguirá insistiendo en su táctica de desgaste, identificando puntos débiles de la gestión gubernamental. En cada caso, lo que habrá que hacer es asimilar la que quizá sea la principal lección política de la coyuntura creada por las lluvias, y actuar en consecuencia: la gestión de gobierno, en todas las áreas, debe estar acompañada siempre del pueblo/sujeto, no del pueblo/objeto de la asistencia del Estado paternalista. Pueblo/sujeto de esa "rebelión popular" de la que hablara Chávez el martes por la noche, desde Fuerte Tiuna. No nos corresponde la defensa acrítica del Estado burgués anquilosado, corrompido e ineficiente, sino echar las bases de una nueva institucionalidad democrática. Y eso sólo es posible con participación popular.

El Caso Gelman: Derecho a la verdad y a la justicia

El "Caso Gelman" trasciende a las víctimas del mismo. Miles de personas fueron víctimas directas de las atrocidades que cometieron aquellos que creyeron tener el derecho sobre la vida y la muerte. Y millones fueron víctimas por la destrucción del sistema democrático, garantía principal para la vigencia y defensa de los derechos humanos. Terminar con la impunidad por esos hechos es uno de los principales desafíos pendientes de nuestras democracias.
Santiago A. Canton* / Página12
(Fotografía: el poeta y periodista argentino Juan Gelman)
Recientemente se celebró una audiencia pública en el primer caso sobre Uruguay que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana. Conocido como el “Caso Gelman”, trata sobre la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, el nacimiento en cautiverio de su hija, María Macarena, la separación involuntaria de madre e hija; las violaciones que produjo la supresión de identidad y nacionalidad de María Macarena; la búsqueda incesante del paradero de María Claudia y María Macarena por Juan Gelman y sus familiares; y la búsqueda infructuosa de verdad y justicia por parte de las víctimas y sus familiares. Estos hechos ocurrieron en un contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los países de la región, efectuadas en el marco del llamado “Plan Cóndor” y que se caracterizó por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y apropiación de niños, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.
Frente a estas graves violaciones, tanto Uruguay como otros países de la región respondieron de la misma manera: garantizaron la impunidad para los asesinos y torturadores mediante la sanción de leyes de amnistía. Así fue en Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Perú y El Salvador, entre otros.
La Comisión y la Corte Interamericana ya han tenido la oportunidad de referirse a la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente, la Corte lo ha hecho en los casos Barrios Altos contra Perú y Almonacid contra Chile. No hay motivo para pensar que la decisión en el Caso Gelman no estará en consonancia con la jurisprudencia del sistema interamericano. Muy posiblemente, la Corte vuelva a ratificar esa jurisprudencia y le pida al Estado de Uruguay que deje sin efecto la Ley de Caducidad.
El concepto central que resume esta jurisprudencia de la Corte se encuentra en el caso Barrios Altos de Perú: “Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Este párrafo puede ser copiado en forma textual en el caso Gelman.
Los límites de la soberanía popular
Pero este caso puede, además, enriquecer aún más esta jurisprudencia del sistema interamericano. En la defensa de este caso y los otros casos en trámite ante la Comisión relacionados con la ley de “Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, el Estado uruguayo argumentó, entre otras cosas, la imposibilidad de derogar dicha ley debido a que la población rechazó la derogación en un referéndum en 1989 y rechazó la anulación en un plebiscito en 2009.
Este argumento es insostenible. Existe una limitación general que prohíbe iniciativas populares contrarias a normas internacionales inderogables. Es decir, hay ciertos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, que se encuentran fuera del ámbito de la democracia directa, porque ningún Estado de Derecho puede sustraerse de dichas normas. El mismo Estado uruguayo reconoció este principio en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Sabalsagaray, que reconoce claramente que la tutela de los derechos fundamentales como la vida y libertad personal caen fuera de los límites de los asuntos a ser decididos a través de consultas populares: “No hay voluntad de la mayoría, ni interés general, ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados” los derechos fundamentales.
El hecho de que la Ley de Caducidad no haya sido aplicada por la Justicia uruguaya en algunos casos es un avance, pero es claramente insuficiente. El derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe estar garantizado con un procedimiento de aplicación general, no solamente para un caso individual; debe tener efectos retroactivos, debe permitir la reapertura de los casos archivados, no debe depender de la voluntad política de un gobierno y debe garantizar la permanencia en el tiempo independientemente de los cambios regulares del sistema democrático. Sólo de esta manera quedarán satisfechos los requisitos de la Convención Americana, ratificada por Uruguay 25 días después de la asunción del primer presidente electo tras el fin de la dictadura militar uruguaya.
A fin de cumplir con sus obligaciones internacionales, Uruguay debe investigar las atrocidades perpetradas y sancionar a los responsables. Las víctimas de este caso y de todas las violaciones ocurridas tienen derecho a la verdad y a la justicia. La ciudadanía uruguaya tiene derecho a la verdad y a la justicia.
Es indudable que este caso trasciende a las víctimas del mismo. Miles de personas fueron víctimas directas de las atrocidades que cometieron aquellos que creyeron tener el derecho sobre la vida y la muerte. Y millones fueron víctimas por la destrucción del sistema democrático, garantía principal para la vigencia y defensa de los derechos humanos. Terminar con la impunidad por esos hechos es uno de los principales desafíos pendientes de nuestras democracias.
La incansable búsqueda de justicia de Juan y Macarena es la búsqueda de miles de latinoamericanos que fueron víctimas de las peores atrocidades que pueda realizar el ser humano. Gracias a ellos, la verdad y la justicia están lentamente avanzando. Dependerá de nosotros y de las generaciones futuras mantener viva la memoria para evitar que el horror vuelva a reinar.
* Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).