Ayotzinapa devela no solamente la
narcorrepresión. También devela la corrupción del Estado mexicano.
Carlos
Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
Jesús Murillo Karam, Procurador General
de la Republica en México ha informado que un grupo de 43 personas fue llevado
a un tiradero de basura en el municipio de Cocula, Guerrero, y allí masacrado.
Sus restos carbonizados fueron destrozados, metidos en bolsas de basura y
tirados a un río. No puede saberse a ciencia cierta si son los 43 normalistas
de Ayotzinapa, porque no hay pruebas de
ADN aún. Pero todo apunta a que sí son ellos. Para la PGR no fue un crimen de
estado, sino una decisión de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala y
de su esposa, quienes coludidos con el narcotráfico ordenaron el crimen. El
gobierno mexicano pretende encubrir la descomposición que embarga al Estado en
México. Desde tiempos de Calderón (2006-2012) la PGR sabía que los padres y
hermanos de la esposa del alcalde de Iguala eran narcotraficantes. El problema
no es solamente del depuesto gobernador
Aguirre de Guerrero, de los “chuchos” (la corrupta corriente que dirige al PRD),
sino también del gobierno federal. Con el 67% de los municipios controlados o
influenciados por los distintos cárteles del narcotráfico, y la penetración a
nivel federal del crimen organizado, lo sucedido en Ayotzinapa no solamente es
un crimen de estado. También es
narcorrepresión.













