El camino que ahora
emprenden Mauricio Macri en Argentina y Michel Temer en Brasil, aplaudido por
la derecha criolla y que se nos presenta como el único futuro posible, no es
otra cosa sino la regresión a un pasado empobrecedor y excluyente: tal es la utopía
perversa que hoy enuncian los ideólogos del capitalismo salvaje.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
La Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) acaba de publicar un valioso informe titulado La matriz de la desigualdad social en América Latina, en el que, partir de
la conceptualización de la desigualdad como fenómeno complejo, histórico y
estructural de nuestros países, y con el apoyo de los datos estadísticos,
profundiza en el análisis de algunas dimensiones o “ejes estructurantes de la
profunda y persistente desigualdad social que caracteriza a nuestra región”, a
saber: la condición socioeconómica (la clase social); las desigualdades étnicas
y raciales y su relación con las desigualdades de género; las desigualdades a
lo largo del ciclo de vida; y las desigualdades territoriales.
La divulgación de este
documento llega en un momento oportuno, toda vez que, en un contexto regional
signado por el avance de la restauración
conservadora y neoliberal, las acciones políticas y económicas de las
fuerzas de derecha que han llegado al poder –unos por la vía de las elecciones
y otros por el golpismo de nuevo patrón- amenazan
seriamente la sostenibilidad de los avances en materia de desarrollo social y humano alcanzados durante los
últimos 15 años, especialmente por los gobiernos progresistas y
nacional-populares.
CEPAL reconoce que la
reducción de la desigualdad alcanzada en períodos recientes tuvo un fuerte
componente de voluntad y decisión política, en contexto económico favorable
para América Latina, toda vez que “los gobiernos de los países de la región
dieron una alta prioridad a los objetivos de desarrollo social y promovieron
políticas activas de carácter redistributivo e incluyente”. En efecto, entre los años 2000 y 2014 la pobreza bajó sustancialmente, al pasar
de un 43,9% a un 28,2%; en tanto que la
indigencia o pobreza extrema se redujo de un 19,3% a un 11,8%, en virtud
del “aumento de los ingresos de los hogares a causa de la mejora del mercado de
trabajo (disminución de la tasa de desocupación, aumento de los ingresos laborales
e incremento de la formalización y de la participación laboral de las mujeres)
y por la expansión del gasto público social y de las políticas de lucha contra
la pobreza, entre ellas, las transferencias monetarias”.
Sin embargo, esto
todavía no es suficiente, y se requieren cambios de más hondas repercusiones en
nuestras sociedades. “Como muestra la experiencia histórica y reciente de
América Latina y el Caribe -dice el informe-, si bien el crecimiento económico
es un factor fundamental para la reducción de la pobreza, la desigualdad puede
limitar significativamente ese proceso. Sin
un cambio en la distribución del ingreso, incluso los altos niveles de
crecimiento son insuficientes para reducir la pobreza en forma sostenible”.
Frente a esta realidad,
que afecta con mayor dureza a los indígenas, a los afrodescendientes; a las
mujeres, a los niños y adultos mayores; y a los jóvenes excluidos de los
sistemas educativos y precarizados en los mercados de trabajo, CEPAL formula ocho recomendaciones -a
manera de desafíos- para los gobiernos latinoamericanos: 1) articular la
política económica, la ambiental y la social, “supone lidiar con la cultura y
la economía política de los intereses que históricamente han dificultado este
tipo de transformaciones en la región”; 2) desarrollar políticas públicas con
enfoque de derechos y ciudadanía social, esto es, “que todas las personas, por
el solo hecho de ser parte de la sociedad, tienen pleno derecho a acceder al
bienestar social”; 3) construir políticas de desarrollo bajo el principio de
universalidad sensible a las diferencias, “para romper las barreras de acceso a
los servicios sociales y al bienestar que enfrentan las personas que se
encuentran en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, las mujeres, los
afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas que residen en áreas
rezagadas, las personas con discapacidad y los migrantes, así como los niños,
los jóvenes y los ancianos”; 4) el fortalecimiento de la institucionalidad
social, con miras a “reforzar la sostenibilidad de las políticas sociales como
políticas de Estado y no solo de gobierno; 5) la promoción de la cohesión
territorial por medio de política sociales; 6) la mejora en las bases de datos
y los indicadores estadísticos para la toma de decisiones; 7) la protección del gasto social y el resguardo
de los ingresos tributarios frente a “una elite activa y con poder de veto” en
nuestros países, que se opone sistemáticamente al pago de impuesto; y por
último, 8) la necesidad de “transitar de la cultura del privilegio a una
cultura de la igualdad”, que restituya la igualdad y dignidad de “aquellos
cuyos derechos sociales han sido vulnerados durante siglos y que se han visto
invisibilizados, en condiciones de exclusión y segregados por un sistema que
favorece los privilegios de unos en desmedro de otros”.
Lo social sigue siendo el gran horizonte emancipador de
nuestra época. Por eso, con todas las limitaciones y errores que se les pueda
señalar, debe reconocerse que fueron los gobiernos progresistas y
nacional-populares los que empezaron a andar un vía diferente en el combate de
la pobreza y la desigualdad, lejos del dogmatismo economicista de los
neoliberales, propia de los años 1990; y también fueron ellos quienes dieron
pasos, más o menos consistentes, en la dirección que sugiere CEPAL. Por el
contrario, el camino que ahora emprenden Mauricio Macri en Argentina y Michel
Temer en Brasil, aplaudido por la derecha criolla y que se nos presenta como el
único futuro posible, no es otra cosa sino la regresión a un pasado
empobrecedor y excluyente: tal es la utopía perversa que hoy enuncian los
ideólogos del capitalismo salvaje.
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