Detrás de la implacable campaña en
contra de los empleados públicos y de la satanización de los sindicatos lo que
se oculta es el prejuicio ideológico neoliberal, según el cual el Estado no
debe intervenir en el campo socio-económico, sino tan solo fungir como aparato
represor para salvaguardar sus intereses.
Arnoldo
Mora Rodríguez / Especial para Con Nuestra América
Se
discute en el plenario de la Asamblea Legislativa el presupuesto con el
que habrá de contar el Gobierno para operar normalmente el año entrante. Sin
duda será aprobado - como ya lo fue en la Comisión correspondiente - debido a
que los tres partidos que cuentan con mayoría parlamentaria - Liberación, el
PAC y el Frente Amplio - ya lo hicieron... Y hacen bien. En estos tres partidos
hay conciencia, sustentada en concepciones teóricas (socialdemócratas y socialistas) del papel
imprescindible que debe jugar el Estado para promover la justicia social en las
relaciones de producción. Tales concepciones inspiraron las reforma sociales,
tanto de la alianza Calderón Guardia-Monseñor Sanabria-Manuel Mora (1943) como
de Don Pepe [José Figueres] liderando a la Junta de Gobierno (1948).
Pero para que el Estado cumpla con esa
misión debe disponer de recursos en todos los campos: humanos, económicos,
legales y políticos. Es en este último punto donde la confrontación arrecia;
pues los poderes fácticos mediáticos se han convertido en los partidos de la
derecha en este siglo. Detrás de la implacable campaña en contra de los
empleados públicos y de la satanización de los sindicatos lo que se oculta es
el prejuicio ideológico neoliberal, según el cual el Estado no debe intervenir
en el campo socio-económico, sino tan solo fungir como aparato represor para
salvaguardar sus intereses.
Los corifeos de este "capitalismo salvaje" (Juan
Pablo II) que, a contrapelo de las mejores tradiciones políticas de nuestro
pueblo, pretenden imponer el capital
trasnacional y sus subalternos locales, es el que quiere estigmatizar a los
empleados públicos haciéndolos
responsables del deficit fiscal cuando los datos prueban lo contrario.
Se pretende suprimir, contra todas las normas del derecho laboral internacional
ratificadas por nuestro país en la OIT,
las convenciones colectivas, alegando que algunas de sus cláusulas deben ser consideradas abusivas
dada la situación fiscal que vive el país. Se califica despectivamente como
"burócratas" a los empleados públicos cuando han sido en algunos casos jerarcas provenientes de de los partidos tradicionales quienes han
dado el mal ejemplo. Ciertamente hay "privilegios que deben ser corregidos, pero no hay que
generalizar porque la realidad es otra. Como prueba, tan solo citaré algunos
datos suministrados por un reconocido economista y profesor universitario, el
Dr. Luis Paulino Vargas, con lo que se puede comprobar la escandalosa ausencia
de justicia distributiva en nuestro país. Los impuestos solo representan un 13%
del PIB y con lo que se aporta a la seguridad social se llega al 23%, cuando en los países desarrollados esos
impuestos representan el 40% del PIB (en países escandinavos como Dinamarca y Suecia el 49%).
La causa del déficit fiscal, según este
distinguido especialista, se encuentra en la eliminación de los impuestos a las
transacciones comerciales, tanto de exportación como de importación, a las
exenciones de impuestos a las empresas que se acogen a las zonas francas
(maquila) y al turismo. Todo lo cual ha llevado a que el aporte de los impuestos
al erario público haya descendido del 6%
del PIB en el año 2008 al 4,7% el año pasado. Peor aun es la corrupción que representa en nuestro país la evasión de impuestos que alcanza entre un 7 y un 8%
del PIB. El año entrante se debe
discutir n el Congreso el paquete tributario exigido por el FMI. ¿Se tocarán
entonces las causas reales del déficit fiscal, o simplemente se buscará el
camino mas fácil, cual es el de aumentar
la carga tributaria aun mas a los sectores populares y a la clase media para
que asuma la hipoteca que el gran capital ha
arrojado en las espaldas del pueblo?
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