Los panameños
nos reunimos el pasado 3 de noviembre para celebrar y, a la vez, reflexionar
sobre el significado de nuestra declaración de independencia hace 112 años. En
el transcurso de esos años se consolidó la República y surgió un proyecto de
Nación que encabezó una vanguardia estudiantil en la lucha por la soberanía.
Marco A. Gandásegui, h. / Para Con Nuestra
América
Desde Ciudad
Panamá
Pocos
días antes de la fecha que marcaba el aniversario, las autoridades
gubernamentales decidieron poner fin al encarcelamiento de los últimos tres
estudiantes del Instituto Nacional y darles una medida cautelar de ‘casa por
cárcel’. Ya habían entregado a sus familiares a los otros 7 estudiantes
institutores privados de libertad. Todos acusados de ‘terrorismo’ por protestar
contra la negligencia administrativa que tiene postrado el histórico plantel
que se cubrió de gloria durante la insurrección popular iniciada el 9 de enero
de 1964.
La protesta social es
una manifestación producto de un malestar que comparte un grupo social que
reclama sus derechos humanos. La protesta va dirigida contra alguna instancia
representativa de la autoridad. Esta puede reaccionar desatando la represión
violenta o puede neutralizar la protesta social mediante distintas tácticas.
Entre estas últimas, está el llamado al diálogo (por parte de la autoridad).
La protesta social tiene
un origen de clase. La protesta generada por un sector social que pone en
peligro el orden establecido es objeto de represión. Si la protesta es de una
clase que no constituye un peligro, se espera que se diluya con la aplicación
de tácticas moderadas.
Las protestas sociales
que ponen en peligro el orden político siempre han sido criminalizadas. En la
sociedad moderna, cuando la protesta social es en el marco de un paro de
labores se desata la violencia clasista. Cuando la movilización reivindica un
derecho social (agua, vivienda, educación) se criminaliza.
En Panamá las
movilizaciones estudiantiles son parte de las protestas sociales desde mediados
del siglo XX. Las protestas por la calidad de los planteles, de los programas o
la escasez de educadores se complementaba con la cuestión social (condiciones
de vida) y la soberanía nacional. Entre 1940 y 1960 la educación comenzó a
masificarse y las autoridades no entendieron el fenómeno y fueron incapaces de
concebir una política para manejar la nueva situación.
La vanguardia de los
estudiantes es reprimida y criminalizada. Las autoridades militares después del
golpe de 1968 intentan cooptar a los líderes estudiantiles en vez de
reprimirlos. A partir de 1990, después de la invasión, las autoridades nunca
pretendieron incorporar a los estudiantes en sus programas de gobierno. Los
partidos políticos de la época - que siguen vigentes – se olvidaron de las
lecciones de Eusebio A. Morales quien decía que la educación es clave para
formar los dirigentes nacionales.
En vez de enfrentar las
reivindicaciones de los estudiantes, los gobernantes optaron por abandonar la
educación como herramienta estratégica en sus planes. Los planteles y los
educadores son cada vez más ignorados en los presupuestos nacionales aprobados.
Como política laboral se privilegia al trabajador precario sobre el trabajador
especialista. La educación juega un papel cada vez menos estratégico en la
formación de los trabajadores, técnicos y profesionales.
Las protestas sociales
en los colegios de Panamá se han vuelto esporádicas en la actualidad. La
excepción fue, y sigue siendo, el Instituto Nacional. Las protestas
estudiantiles son constantes por el abandono por parte de los gobiernos de
turno de la educación, por la creciente pobreza en todos los estratos del país
y la entrega del patrimonio nacional (incluyendo el Canal de Panamá) a una
pequeña oligarquía e intereses extranjeros.
El Instituto Nacional
está intervenido por el gobierno y sus agencias represivas. Toda forma de
organización o reunión son prohibidas y quienes son sospechosos de cometer
estos actos son expulsados.
La escalada represiva
llegó a su punto más alto en 2015 cuando, después de una protesta social, 10
estudiantes sospechosos, identificados por desconocidos, fueron secuestrados
por agentes de la autoridad quienes allanaron sus hogares y llevados a centros
de detención. Fueron acusados de terrorismo. Esta es una figura jurídica
novedosa y peligrosa en Panamá. Fue introducida al ordenamiento legal por
insistencia de EEUU.
En Panamá la protesta
social – en todas sus manifestaciones clasistas - ha sido criminalizada y ahora
es homologada con la nueva categoría de terrorismo. Los gobernantes le han
declarado la guerra a nuestro proyecto de Nación, siempre defendido por los
estudiantes, especialmente por los institutores.
Todos
solidarizamos con los estudiantes institutores.
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