Hoy vivimos una violencia que tiene un escenario
particularmente municipal en la cual participan crimen organizado coludido con
autoridades estatales, cacicazgos regionales. El poder municipal si es visto
por todos estos actores como algo que ha caído en manos honestas o contrarias a
sus intereses, se vuelve algo amenazante que debe ser frenado con el asesinato.
Secretaría
de Derechos Humanos - Comité Ejecutivo Nacional Morena
Boletín N° 15, 7 de enero de 2019.
El domingo
6 de enero de 2019, en el barrio La Cureña del municipio de Putla, Oaxaca, el
compañero activista de Morena, Pedro Navarrete “Coco”-quien padece de ceguera
parcial-, fue objeto de un atentado a balazos del cual salió por fortuna con vida. Recibió 6 impactos de
bala y pudo ser llevado con vida a un hospital de la región. De manera
incorrecta y a saber con cuales motivos, la Fiscalía General de Oaxaca negó que
Pedro fuera militante de Morena. El 30
de diciembre de 2019 México recibió con indignación la noticia del asesinato de
la regidora de Morena en el municipio de Mazatepec (Morelos) María Ascención
Cruz; el 1 de enero de 2019 del asesinato del Presidente Municipal de Tlaxiaco
(Oaxaca) Alejandro Aparicio; el 2 de
enero de la muerte del Síndico de Tlaxiaco Perfecto Hernández Gutierrez quien
había sido herido en el atentado del día anterior y el 3 de enero, del
asesinato de Cutberto Porcallo Sánchez de San Pedro Tutupec (Oaxaca). En suma,
en una semana fueron asesinados cuatro activistas de Morena (tres de ellos
funcionarios municipales) y resultó herido uno más. Desde 2012 a la fecha, 39
militantes de Morena han sido asesinados.
Justo es
decir que esta oleada de violencia contra militantes de Morena, se inscribe en
una violencia política generalizada que no distingue partidos. En el proceso
electoral que culminó el 1 de julio de 2018, poco más de 150 candidatos,
dirigentes, activistas y funcionarios electorales fueron asesinados o
desaparecidos de acuerdo a un recuento que comienza en septiembre de 2017 y
termina en julio de 2018. La violencia política no distingue partidos, porque
no solamente Morena ha sido afectada por los asesinatos políticos. El recuento
aludido informa de candidatos y militantes asesinados del PRI, PAN, Verde Ecologista,
Movimiento Ciudadano, PES. La razón de ello estriba en que la violencia
política en México no es obra de una dictadura terrorista que de manera
centralizada se ensaña contra la oposición. Hoy vivimos una violencia que tiene
un escenario particularmente municipal en la cual participan crimen organizado
coludido con autoridades estatales, cacicazgos regionales. El poder municipal
si es visto por todos estos actores como algo que ha caído en manos honestas o
contrarias a sus intereses, se vuelve algo amenazante que debe ser frenado con
el asesinato. No debe extrañar lo anterior, si partimos de la base de que el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibe un país en el cual las dos
terceras partes de los 2,446 municipios se encuentran en manos o con influencia
del crimen organizado. En suma, la violencia política en México se da en el
contexto de un Estado con falencias esenciales y penetrado por dicho crimen
organizado.
He aquí uno
de los grandes desafíos de la naciente Cuarta Transformación. Una tarea
gigantesca que necesitará el concurso no solamente del Estado sino de la
participación ciudadana.
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