Después de la visita de la vicepresidenta Harris, la decepción cunde entre todos aquellos quienes esperaban, con exceso de optimismo, algo diferente de una clase política que, desde hace más de un siglo, tropieza una y otra vez con su incapacidad de comprender a Centroamérica.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
“Dada nuestra historia, que no es una historia de la que debamos estar orgullosos, tenemos una obligación moral. Deberíamos ser más generosos con los migrantes que llegan a Estados Unidos”
James McGovern, congresista del Partido Demócrata
Una vez más, la agenda y la retórica oficial se han centrado en el combate a lo que llamó “migración ilegal” y, al mejor estilo de Trump, no desperdició la ocasión para advertir, en tono de amenaza, a los cientos de miles de personas que, año tras año, en auténticas caravanas humanas, no cesan de poner rumbo al norte en busca de las oportunidades que no encuentran en sus propios países: “No vengan. Estados Unidos seguirá aplicando nuestras leyes y asegurando nuestras fronteras (…). Si vienen a nuestra frontera, serán devueltos”, dijo la vicepresidenta en Guatemala.
Y ha sido en el seno del Partido Demócrata de donde surgieron las más ácidas reacciones a esta primera incursión de Harris en el terreno que le ha sido asignado como tarea por el presidente Joe Biden. La emblemática congresista Alexandra Ocasio-Cortéz calificó de “decepcionante” la actuación de la vicepresidenta en esta gira, y en sus redes sociales declaró: “En primer lugar, buscar asilo en cualquier frontera de EE.UU. es un método de llegada 100% legal. En segundo lugar, EE.UU. pasó décadas contribuyendo al cambio de régimen y la desestabilización en América Latina. No podemos incendiar la casa de alguien y luego culparlos por huir"; por su parte, la representante Ilhan Omar declaró que “el derecho a buscar asilo no solo está protegido legalmente [sino que] es un derecho humano universal fundamental”.
El continuismo en el enfoque del problema de las migraciones centroamericanas que presentó Harris, además de promover políticas de criminalización que desembocan en abiertas violaciones de los derechos humanos (como quedó demostrado con los abusos cometidos y documentados en los centros de detención abiertos en la frontera con México), encubre también la responsabilidad histórica de los Estados Unidos sobre buena parte de las causas estructurales -y coyunturales- que provocan la expulsión masiva de ciudadanos centroamericanos de sus sociedades.
Algo que advertía el congresista James McGovern en marzo de este año, en una entrevista concedida al medio digital salvadoreño elfaro.net, en la que expresaba su preocupación por el curso errático de la política exterior de Washington hacia Centroamérica, desde los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump, al tiempo que deslizaba su temor de que esa deriva pudiese continuar bajo la administración Biden, ahora que la magnitud de los problemas internos reduce el ámbito de acción norteamericana más allá de sus fronteras. “Estados Unidos no puede solucionar los problemas de El Salvador, o los de Honduras o ningún otro país. Tenemos problemas en nuestro propio país”, reconocía el congresista demócrata.
Para McGovern, Washington ha venido equivocándose con nuestra región desde hace mucho tiempo, primero durante los años del conflicto armado -en las décadas de 1970 y 1980-, y más tarde con su retirada abrupta tras la firma de los acuerdos de paz. Desde su cercanía con el caso salvadoreño, el congresista ensayaba una crítica poco frecuente entre las figuras del establishment norteamericano: “Financiamos una guerra que costó la vida de decenas de miles de salvadoreños y destruyó el país. Miles desaparecieron. Fue una guerra brutal, terrible, y nosotros tomamos bando y financiamos a un ejército que violó y asesinó monjas, que asesinó a sacerdotes jesuitas, que mató a líderes estudiantiles y sindicales. Y cuando finalmente hubo un acuerdo de paz, nos fuimos”.
Esa salida, que tuvo como música de fondo los acordes de la sinfonía del fin de la historia de los años noventa, a la larga se convirtió en una victoria pírrica, casi una derrota estratégica, según se desprende de las palabras del congresista McGovern refiriéndose al caso salvadoreño, pero que son extensibles también para el resto de la región: “Después de aquello [los acuerdos de paz], Estados Unidos debió haber liderado un esfuerzo internacional para articular una especie de Plan Marshall para ayudar a reconstruir El Salvador, para crear oportunidades para quienes sobrevivieron a aquella terrible guerra. Pero no hicimos eso. Nuestra ayuda económica cayó considerablemente. Construimos esa enorme embajada en El Salvador porque pensamos que estaríamos allí por siempre, que la guerra duraría eternamente, y ahora ese complejo de la embajada está vacío”.
Al final de su entrevista, decía McGovern se declaraba expectante sobre la posibilidad de que tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris, entendieran que “la población de Centroamérica es importante y nos interesa ser un buen vecino, para ayudar a los esfuerzos de fortalecimiento de las democracias y de creación de oportunidades. Espero que sea una de las prioridades de su política exterior. Si no, estaré muy decepcionado, francamente”.
Después de la visita de la vicepresidenta Harris, la decepción cunde entre todos aquellos quienes esperaban, con exceso de optimismo, algo diferente de una clase política que, desde hace más de un siglo, tropieza una y otra vez con su incapacidad de comprender a Centroamérica; con las consecuencias de su injerencismo desmesurado, de sus apetitos de explotación y acumulación de riquezas, y en definitiva, con su desprecio por las legítimas luchas por la autodeterminación y la soberanía de unos pueblos a los que siempre han considerado atrasados, bárbaros e incapaces de gobernarse por sí mismos. Una clase política que hoy se sigue preguntando, sin acertar en sus respuestas, ¿qué hacer con Centroamérica?
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