¿Por qué el general
Pérez Molina, presidente de Guatemala, hace ahora este llamado para el área
centroamericana, que ni siguiera avalan presidentes supuestamente más a la
izquierda que él como el nicaragüense Daniel Ortega, o el salvadoreño Mauricio
Funes, mandatario con el auspicio del otrora movimiento revolucionario Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional? ¿Qué significa la jugada?
Marcelo Colussi /
Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
Recientemente el
presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha puesto sobre la mesa un elemento
novedoso en su país: llama a la despenalización de las drogas ilegales. Para
situar la medida, bien pueden valer estas palabras: “Con el desarrollo a
ultranza del capitalismo en su etapa imperialista, que en esta fase de la
globalización hunde en la miseria a la mayoría de la población mundial, muchos
pueblos de importante economía agraria optan por los cultivos de coca, amapola
y marihuana como única alternativa de sobrevivencia. Las ganancias de estos
campesinos son mínimas. Quienes verdaderamente se enriquecen son los
intermediarios que transforman estos productos en substancias psicotrópicas y
quienes los llevan y realizan en los mercados de los países desarrollados, en
primer lugar el de Estados Unidos de Norteamérica. Las autoridades encargadas
de combatir este proceso son fácil presa de la corrupción, pues su ética
sucumbe ante cualquier soborno mayor de 50 dólares. Gobiernos, empresarios,
deportistas, artistas, ganaderos y terratenientes, militares, políticos de
todos los pelambres y banqueros se dan licencias morales para aceptar dineros
de este negocio que genera grandes sumas de dólares provenientes de los
drogadictos de los países desarrollados. El capitalismo ha enfermado la moral
del mundo haciendo crecer permanentemente la demanda de estupefacientes, al
mismo tiempo que las potencias imperiales ilegalizan ese comercio, dada su
incapacidad para producir la materia prima. (…) Por ser tan grande la demanda
en sus propios territorios como voluminosa la cantidad de dólares que por este
concepto salen del marco de sus fronteras, erigen el eslabón de producción en
su enemigo estratégico, en grave amenaza para su seguridad nacional. Olvidan
sus propios postulados del libre mercado: la oferta en función de la demanda,
descargando su soberbia contra los campesinos que trabajan simplemente por
sobrevivir pues están condenados por el neoliberalismo a la miseria del
subdesarrollo. El narcotráfico es un fenómeno del capitalismo globalizado (…)
[Ante ello la única solución es] legalizar el consumo de narcóticos. Así se
suprimen de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad de este
comercio, así se controla el consumo, se atienden clínicamente a los
fármaco-dependientes y liquidan definitivamente este cáncer. A grandes
enfermedades grandes remedios. Mientras tanto [los gobiernos de las potencias
consumidoras, Estados Unidos básicamente] deben aportar fondos suficientes a la
curación de sus enfermos, a campañas educativas que alejen a la humanidad del
consumo de estos fármacos y a financiar en nuestros países la sustitución de
los cultivos por productos alimenticios que contribuyan al crecimiento sano de
la juventud del mundo y al mejoramiento de sus calidades morales”.
La anterior cita
podría ser perfectamente el fundamento de una medida que llame a la
legalización de las drogas ilegales como la que está haciendo ahora el gobierno
guatemalteco. Es, en términos generales, una propuesta progresista, que
entiende el problema en su raíz no criminalizando los eslabones débiles de la
cadena (el productor de la materia prima en los pobres países tercermundistas o
el consumidor final, que bien puede ser un adicto crónico, por tanto, alguien
con problemas de salud). Propuesta, en definitiva, que ataca al corazón de un
sistema socioeconómico con Washington a la cabeza que hace del doble discurso
su caballito de batalla: teniendo el más alto consumo de drogas ilegales, usa
ese negocio para amasar fortunas y como coartada para militarizar a los países
pobres donde se producen los cultivos de donde salen los posteriores
narcóticos, lo cual le posibilita en su estrategia imperial: 1) seguir
vendiendo armas a granel, pero fundamentalmente 2) tener bajo control militar
vastas zonas consideradas vitales para el proyecto de dominación de la clase
dominante estadounidense.
Es por eso, a partir
de ese análisis de situación, que la propuesta de la legalización resulta la
más lógica, la más humana, la más racional: despenalizar el consumo de drogas
traería beneficios para los consumidores y para las poblaciones en general, en
tanto bajarían los índices de violencia criminal que trae aparejado el negocio
del narcotráfico ilegal.
Es congruente que una
propuesta así la formularan en marzo del año 2000 las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, las FARC, el movimiento guerrillero de izquierda
más viejo del continente. Pero es altamente significativo que una propuesta con
ese talante la formule un presidente como el de Guatemala, el general retirado
Otto Pérez Molina, formado en la más rancia escuela contrainsurgente (él es
comando kaibil), quien tomara parte activa en la lucha anticomunista que enlutó
su país años atrás y quien llegara hace pocos meses a la presidencia con la
bandera de “mano dura” para combatir la criminalidad, en tanto que en el corto
tiempo en que ejerce la presidencia dio muestras de ser persona de confianza de
los factores de poder económico más encumbrados de su país y no, precisamente,
alguien que hable un discurso progresista, alternativo, defensor de los
derechos humanos o cosa que se le parezca.
¿Por qué el general
Pérez Molina hace ahora este llamado para el área centroamericana, que ni
siguiera avalan presidentes supuestamente más a la izquierda que él como el
nicaragüense Daniel Ortega, o el salvadoreño Mauricio Funes, mandatario con el
auspicio del otrora movimiento revolucionario Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional –FMLN–? ¿Qué significa la jugada?
De hecho, el presidente
guatemalteco hasta pareciera enfrentarse con la Casa Blanca; declaró
públicamente la corresponsabilidad de Estados Unidos en el tema del
narcotráfico visto que los países centroamericanos no son ni por cerca los
principales consumidores de estas sustancias sino que tienen la desgracia de
estar en la ruta de distribución. Ante ello, y con medidas que no están lejos
de lo propuesto en su momento por las FARC, reclamó de Washington el
resarcimiento económico a la región istmeña por los decomisados realizados en
la zona, pidiendo que de esos fondos la mitad se destinara a fortalecer el
combate al narcotráfico, y la otra mitad se invirtiera en programas de salud y
educación.
El hecho de hablar
claramente de “corresponsabilidad” del gobierno de Estados Unidos en un tema
tan espinoso como éste marca una distancia con Washington que otros presidentes
del área no quieren o no pueden tomar. Pérez Molina argumentó la iniciativa de
despenalizar la producción, tránsito y consumo de drogas –y sin dudas el
argumento es absolutamente válido– ligándola a la corresponsabilidad de Estados
Unidos con mucho de lo que sucede en esos países: los altos índices de
violencia de la región, en tanto corredor de paso de las drogas ilegales hacia
el norte, transforman a Centroamérica en una “ruta de muertes, extorsiones,
secuestros y lavado de dinero, consecuencia del narcotráfico”.
¿Pérez Molina, el
general de la lucha contrainsurgente y símbolo de la “mano dura” contra la
delincuencia enfrentándose a Estados Unidos y diciendo, palabras más, palabras
menos, lo mismo que las FARC? Como mínimo, es extraño.
Ante la propuesta, la
respuesta de la Casa Blanca no se hizo esperar: tanto la Secretaria de
Seguridad Janet Jackson como el Subsecretario Antidrogas William Brownfield,
que viajaron a suelo centroamericano, fueron categóricos al respecto. Ambos
negaron que la despenalización de la droga pudiera ser factible. Incluso fueron
muy duros: condenaron la propuesta.
Nada, absolutamente
nada en la política exterior de la actual administración guatemalteca podría
hacer pensar en un alejamiento de la esfera de Washington. ¿Qué es esto
entonces?
En algún momento se
especuló que podía tratarse de una cortina de humo, más aún en la coyuntura en
que fue propuesta la medida: justo cuando se estaba tratando en el Legislativo
un paquete fiscal, ampulosamente llamado “reforma”, que no pasó de ser un
reacomodo tributario donde el único sector al que realmente se le subieron
impuestos fueron las capas medias, dejándose en su sitial de intocables a los
grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros.
Pero más allá de esa
hipótesis, la medida de la despenalización fue mantenida férreamente, llevando
en este momento a una suerte de enfrentamiento con otros países
centroamericanos, y del mismo gobierno estadounidense.
No faltó quien dijera
–con exceso de optimismo, o de ingenuidad (quizá con malicia incluso)– que la
propuesta en ciernes marca un cambio en la forma de pensar del general. Ahora,
para sorpresa de propios y extraños, tal como pasó con muchos militares
latinoamericanos a través de la historia (Perón, Velasco Alvarado, Torrijos,
Arbenz, Chávez), estaría tomando distancia del amo imperial. Pero nada autoriza
a tomar en serio esta hipótesis.
¿De qué se trata
entonces? Quizá faltan elementos para cerrar el análisis. Podría ser que, en su
propuesta de bajar los índices de criminalidad –discurso que lo llevó a
triunfar en las pasadas elecciones– haya entrevisto que la reducción y/o
eliminación de las mafias ligadas al tráfico de drogas ilegales ayuda a bajar
la violencia, pero más aún: ayudaría a bajar la percepción mediática que la
ciudadanía puede tener de la misma. En definitiva: sería una loable acción de
gobierno.
¿Hay otras agendas?
La actual administración gubernamental de Guatemala, que es un fiel aliado de
las estrategias estadounidenses, que es parte de los tratados de libre comercio
para la región (el CAFTA) con los que básicamente se benefician los capitales
del norte, que ha abierto sus puertas a los grandes proyectos extractivos
ligados a multinacionales, que no toma ninguna medida política fuerte sin
consultarlo con “la embajada” (obviamente: la United States Embassy, verdadero
factor de poder tras los gobernantes vernáculos), es muy raro (¿imposible?) que
se distancie de buenas a primeras Washington.
Hace un tiempo que se
viene hablando por parte de la estrategia continental de la Casa Blanca de
profundizar el Plan Mérida de lucha contra el narcotráfico desde México hacia
toda Centroamérica, lo cual no significa sino más militarización, más “mano
dura” en el tema. ¿Quedó en el olvido todo ello?
La propuesta en
juego, por último, en términos concretos no deja de ser interesante por
progresista, aunque llama la atención quién y cómo la formula. En estos
momentos no termina de estar clara la jugada. El tiempo nos irá dando más
elementos para entender de qué se trata. Pero como mínimo resulta extraño que
un comando kaibil diga lo mismo que las FARC. ¿Gato encerrado? Quizá.
Correo electrónico
del autor: mmcolussi@gmail.com
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