La
nacionalización de YPF por parte de la nación argentina, su creadora y
propietaria original, ha sido un acto cabal de soberanía, tomado en legítima
defensa de los intereses nacionales de ese hermano país. Y merece el aplauso y
pleno respaldo de toda América Latina.
Jorge Núñez Sánchez / El Telégrafo (Ecuador)
Soberanía
es una palabra que desagrada a los poderes coloniales y neocoloniales. Es que
en ella se resumen algunos conceptos básicos del poder público, tales como el
carácter de autoridad suprema que posee el pueblo de cada país. Y esta palabra
empata también con la altivez y el orgullo con que una nación maneja sus
asuntos, sin someterse a poderes extranjeros o a fuerzas de presión internas.
Por todo
ello, encuentro que es la palabra adecuada para definir la acción que acaba de
tomar la nación argentina, a iniciativa de su presidenta constitucional, la
doctora Cristina Fernández, con el fin de nacionalizar la mayoría de acciones
de la empresa petrolera YPF.
Es bueno
recordar que esta empresa argentina fue creada el 3 de junio de 1922 por el
presidente Hipólito Yrigoyen, un líder radical que había participado en las
revoluciones antioligárquicas de 1890 y 1893. Tras fundar la Unión Cívica
Radical, este abogado y profesor de historia argentina se convirtió en 1916 en
el primer gobernante electo por voto directo y secreto, y emprendió un
importante ensayo de desarrollo del Estado nacional.
YPF tuvo
como su primer director al general Enrique Mosconi, bajo cuyo mando desarrolló
su capacidad de exploración y explotación petrolífera, y montó la refinería de
La Plata, en competencia con empresas privadas. Más tarde, al ser nacionalizado
el petróleo argentino por Yrigoyen, en su segundo gobierno, YPF se convirtió en
un ejemplo de empresa pública, a través de la cual Argentina buscó su
autoabastecimiento energético.
Pero toda
esa historia pareció evaporarse cuando el gobierno neoliberal de Carlos Menem
privatizó YPF, en 1992, vendiéndola a precio vil a Repsol y otros inversores minoritarios. Era un
oscuro momento, en que la Argentina entera parecía estar en venta. En medio de
coimas y otros actos de corrupción, se vendieron muchas empresas públicas:
Aerolíneas Argentinas, ferrocarriles, empresas de energía y telecomunicaciones,
astilleros y siderúrgicas, canales de radio y TV, petroquímicas y otros. Los
compradores fueron capitalistas extranjeros, sobre todo españoles, y grandes
grupos nacionales.
A partir
del gobierno de Kirchner, esas ventas empezaron a revertirse, en la mayoría de
los casos por la ruinosa conducción de las empresas privatizadas. Y ese es,
precisamente, el caso de YPF, cuya producción y exploración petrolera cayeron
en picada en los últimos años, por falta de inversión, amenazando al desarrollo
del país.
Por ello,
la nacionalización de YPF por parte de la nación argentina, su creadora y
propietaria original, ha sido un acto cabal de soberanía, tomado en legítima
defensa de los intereses nacionales de ese hermano país. Y merece el aplauso y
pleno respaldo de toda América Latina.
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