En esta nueva situación
le corresponde a Panamá asumir un rol mediador que contribuya a la paz. No es
una tarea difícil, Panamá tiene una larga experiencia sobre este terreno y
tiene los mediadores mejor preparados para ese oficio. A los gobernantes
panameños les falta visión de mundo y, aún más, voluntad política.
Marco A. Gandásegui, h. / ALAI
Las recientes
declaraciones del presidente Juan M. Santos y el dirigente máximo de las FARC,
Rodrigo Londoño, anunciando el inicio de negociaciones de paz, presagian un
nuevo escenario para Colombia. Fueron pocos los sorprendidos en ese país por la
noticia. No es la primera vez que ambas partes se sientan para iniciar
conversaciones de paz. Desde la década de 1950, cuando el pueblo colombiano –
representado por el Ejército Popular de las FARC - se alzó en armas contra la
clase terrateniente de ese país, ha habido muchas conversaciones de paz.
No podemos opinar sobre
la forma en que Washington reaccionó ante la noticia. Las agencias de
inteligencia norteamericanas, el gobierno y sus voceros mediáticos han caído en
el silencio más absoluto. Las cadenas de televisión han reproducido la noticia
sin comentarios, como si se tratara de un alza del precio del café o
inundaciones en Santa Marta.
EEUU ha invertido en
los últimos diez años más de 50 mil millones de dólares sólo en ventas de armas
a Colombia. Bogotá es una pieza clave en la geopolítica hemisférica de
Washington. Si Colombia tomara un camino más moderado – parecido a Brasil o
Uruguay – en su política exterior, le daría un golpe certero a los objetivos
hegemónicos de EEUU en la región.
En Panamá el gobierno
también ha asumido una posición de silencio total. En forma sistemática, desde
hace aproximadamente 10 años la creciente militarización del país se ha
sustentado sobre la base del supuesto peligro que representa la guerrilla
colombiana para Panamá. EEUU insiste en sus programas mediáticos cotidianos en
asociar las FARC con ataques potenciales de estas fuerzas contra el Canal de
Panamá. El Comando Sur realiza operaciones militares sobre las costas panameñas
supuestamente resguardando su integridad ante el peligro de lo que llama la
“narco-guerrilla terrorista”.
Ahora la “peligrosa”
guerrilla colombiana se sentará a negociar con el gobierno de ese país. ¿Qué
pasó? Obviamente, la primera conclusión que debe sacarse del anuncio es que las
FARC no son una amenaza a la seguridad de Panamá. En segundo lugar, el Canal de
Panamá nunca ha estado amenazado por fuerzas insurgentes colombianas. En tercer
lugar, Panamá tiene que recuperar su soberanía y desarrollar una política
exterior soberana e independiente, sin someterse a los intereses mercantiles y
militaristas de EEUU.
¿Puede seguir el
gobierno panameño – mientras que Bogotá y la guerrilla negocian la paz –
comprándole armas a EEUU para supuestamente defender la frontera con Colombia?
¿Puede seguir enviando jóvenes a EEUU para entrenarlos en el arte de la guerra
(para que regresen a un país que constitucionalmente no tiene ejército)?
¿Seguirá el gobierno panameño aislando y persiguiendo comunidades campesinas
acusadas de ser “colaboradores” de la guerrilla colombiana mientras ésta
negocia la paz con el presidente Santos?
Sin duda, las
negociaciones son el resultado de un cambio significativo en la correlación de
fuerzas entre los dos bandos en guerra. Bogotá no puede seguir financiando una
guerra sin fin contra un pueblo decidido a enfrentarlo. Igualmente, las FARC no
pueden continuar sin tregua una guerra que agota sus reservas. En esta nueva
situación le corresponde a Panamá asumir un rol mediador que contribuya a la
paz. No es una tarea difícil, Panamá tiene una larga experiencia sobre este
terreno y tiene los mediadores mejor preparados para ese oficio. A los
gobernantes panameños les falta visión de mundo y, aún más, voluntad política.
Este es el momento en
que Panamá puede intervenir apoyando los esfuerzos de paz en el país vecino.
Además, Panamá puede contribuir a buscar la solución a la crisis creada por el
tráfico ilegal de drogas prácticamente sin control en EEUU. Colombia y Panamá
pueden aliarse para poner fin al flagelo del tráfico ilícito, si asumen
políticas cónsonas con sus intereses. Todos los países del Gran Caribe y Sur
América – UNASUR o CELAC - pueden establecer un pacto para garantizar el camino
hacia la paz en Colombia. Además, formar una gran alianza junto con México para
cortar de raíz el flujo ilícito de drogas a EEUU que es el gran consumidor y
financista de los movimientos continentales.
Una encuesta publicada
recientemente dice que el 74,2 por ciento de los colombianos apoya un diálogo
con las FARC. Incluso, el fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre,
declaró que la salida no está por la vía de las armas. Señalo que “la
superación de este conflicto de tantas décadas es a través de un proceso de
paz”.
El comandante de las
FARC, Rodrigo Londoño, reconoció que el proceso de paz no estará exento de
peligros. Aseguró que tienen la convicción de que en esta ocasión será
diferente y logrará “la consecución de una paz democrática y justa... A un lado
del camino deben quedar los firmantes de fabulosos contratos salidos de la
guerra, los que encuentran en el conflicto militar un rápido camino de
enriquecimiento”.
Londoño destacó tres
objetivos como ejes del proceso de negociación: Primero, hay que respetar los
derechos humanos en todos los rincones del país. Segundo, hay que impulsar el
desarrollo social con equidad que le permita crecer al país. En tercer lugar,
la ampliación de la democracia es condición para lograr la paz.
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