La sociedad panameña ha ingresado a una etapa de su
relación con el agua en la que se combinan la necesidad cada vez mayor de un
debate nacional que facilite la creación de los consensos necesarios para
encarar el problema, y lo limitado de sus capacidades para encarar esa
necesidad.
Guillermo
Castro H. / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
Los problemas asociados al
acceso al agua necesaria para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo
humano sostenible en todas las regiones del Planeta son cada vez más graves.
Así, por ejemplo, un documento de la Organización de las Naciones Unidas[1]
plantea que unas 1200 millones de personas viven hoy en áreas de escasez física
de agua de agua, mientras otros 500 millones se acercan a esa situación. Hacia
el año 2025, se agrega, dos tercios de la población mundial vivirá en
condiciones de estrés hídrico, como las que ya afectan a los pobres que habitan
en las periferias urbanas de países como Panamá.
Esos grandes datos deben ser
referidos a un conjunto de situaciones que van desde el crecimiento general de
la población mundial – que para fines de siglo superará los 9 mil millones de
personas -, hasta la tendencia a la concentración urbana de esa población, que
hoy es del orden del 50% (70% en América Latina), y las dificultades que
plantea la inequidad global para establecer una gestión eficaz del ciclo
integral del agua, a partir de las necesidades y capacidades de cada sociedad.
De este modo, si bien se han obtenido importantes logros tanto en la
comprensión del problema y su prospectiva como en el desarrollo de tecnologías
y el diseño de políticas, persisten en todo el mundo graves problemas relativos
al desarrollo institucional, el financiamiento de políticas y la transferencia
de tecnologías. [2]
En este panorama, el caso de
Panamá alcanza características de especial gravedad. Ocho de cada diez dólares
producidas por nuestra economía dependen de la buena salud de la cuenca del río
Chagres, que proporciona el agua necesaria para el funcionamiento del Canal de
Panamá y para la subsistencia del 50% de la población del país, que reside y
trabaja en el entorno de esa cuenca. La gravedad de esta situación ha salido a
la luz – una vez más – ante el impacto del prolongado y agresivo evento de El
Niño 2015-2016, que ha producido ya un descenso en las precipitaciones en el
Istmo, dando lugar a situaciones de sequía en la región Sur Central del país, y
limitando la disponibilidad de agua en el Corredor Interoceánico, en
coincidencia con la fase terminal de la ampliación del Canal que, si bien prevé
el reciclaje de parte del agua utilizada por las nuevas esclusas, incrementará
la demanda del recurso para la operación de la vía interoceánica. A esto se
agrega el deterioro generalizado de las principales cuencas del país, que se
expresa en situaciones que van desde la contaminación por agroquímicos y aguas
servidas hasta los crecientes conflictos socio-ambientales por el control del
agua entre comunidades y empresas hidroeléctricas en toda la región Sur
Occidental.
Esta situación ha puesto en
evidencia la obsolescencia y el deterioro de las capacidades institucionales
para la gestión del agua en el Istmo y, en particular, en el Corredor
Interoceánico. Esta obsolescencia no sólo se refiere a las capacidades de la
administración pública: abarca, además, las capacidades científico –
tecnológicas, culturales, de política y de prospectiva y planificación del
país. Y esto ocurre en momentos en que los problemas asociados al agua en todo
el planeta Tierra generan una agenda global que inevitablemente dará lugar a
presiones adicionales sobre la situación local.
Así, por ejemplo, la manera
usual de abordar los problemas relacionados con la dotación de agua en Panamá
consiste en considerar como tema principal el incremento en la demanda. Esto se
traduce en la necesidad de incrementar la oferta de agua procesada para uso
humano, mejorar la distribución, y hacer más eficiente el consumo, con un
enfoque esencialmente tecnológico y financiero. Sin embargo, ya se hace
necesario un enfoque distinto, que encare el problema a partir de la oferta natural de agua en el Istmo,
estimada en el orden de los 50 millones de litros por personas al año.
Este otro enfoque
demandaría, por supuesto, comprender esa oferta natural en el marco del ciclo
integral del agua en las condiciones hidro -geográficas de Panamá, que incluyen la existencia de 52 cuencas
fluviales distribuidas en 5 regiones hídricas. Y demandaría además conocer las
características históricas, culturales, económicas, científicas y tecnológicas
de las relaciones entre la sociedad panameña y el agua, desde la gestión de las
cuencas que proveen el agua en el Istmo, la extracción y procesamiento del agua
para uso humano, y la disposición de las aguas utilizadas, incluyendo – por
supuesto – la formación, las transformaciones y la crisis de las entidades
estatales a cargo de normar y supervisar esas actividades. Analizar la relación
entre la oferta natural y la demanda social y económica en una perspectiva
glocal, con un enfoque prospectivo de mediado y largo plazo.
En los hechos, la sociedad
panameña ha ingresado a una etapa de su relación con el agua en la que se
combinan la necesidad cada vez mayor de un debate nacional que facilite la
creación de los consensos necesarios para encarar el problema, y lo limitado de
sus capacidades para encarar esa necesidad. Esto demanda la creación de
espacios de para un debate bien informado, que facilite la formulación de
propuestas innovadoras en lo interno, y facilite aprovechar las iniciativas de
política, financiamiento y transferencia de tecnología que se vienen generando
a nivel global. Y esto entraña un desafío político, pues ese debate pondrá en
evidencia – una vez más – que si deseamos un ambiente distinto tendremos que
encarar la necesidad de construir una sociedad diferente, que se caracterice
por la abundancia y no por la escasez del agua, para bien de su desarrollo
humano sostenible.
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