La concentración de los
medios de comunicación por parte de una pequeña cantidad de emporios económicos
se ha convertido en una de las principales herramientas del neoliberalismo para
el control ideológico de las sociedades. Antes necesitaban de las fuerzas
armadas, hoy les basta con el control de los medios masivos de comunicación.
Aram Aharonian / ALAI
El más importante grupo mediático argentino se resiste a la ley de democratización de las comunicaciones. |
En la puja por la
democratización de la comunicación argentina, a la que se subió la corporación
judicial abiertamente en favor de los grandes grupos económico-mediáticos, el
oligopolio Grupo Clarín consiguió una extensión de la medida cautelar gracias a
la cual seguirá eximido de adecuarse a las disposiciones y límites de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada hace tres años.
Esta nueva legislación
prevé que una persona o empresa puede poseer 24 sistemas de televisión por
cable, 10 licencias de radiodifusión -sean de radio FM, AM o de televisión
abierta- y una señal de contenidos (canal de cable). El grupo Clarín detenta
250 licencias.
El beneficio cautelar
vencía el 7 de diciembre, según había establecido la Corte Suprema en mayo
último, cuando señaló que hasta el momento Clarín no había demostrado que se
hubiera vulnerado algún derecho esencial, como la libertad de expresión, y que
por esto el expediente aparecía como una cuestión de naturaleza meramente
“patrimonial”. Un asunto patrimonial se puede recomponer a la larga con una
reparación económica. La violación de un derecho básico, no.
Sin embargo, la Sala I
de la Cámara en lo Civil y Comercial dispuso el jueves 6 de diciembre que siga
vigente “hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa”. Es decir que
caerá cuando el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, defina la validez
constitucional de los artículos de la norma que obligan a desprenderse de
licencias de radio y televisión y que definen los parámetros de concentración
de medios.
La Cámara argumentó que
la situación cambió respecto de seis meses atrás, cuando se pronunció la Corte
para advertir que no se deben prolongar las medidas cautelares indefinidamente
porque se conviertan en sentencias anticipadas. La Cámara señaló que una
sentencia del juez Alfonso sobre la cuestión de fondo ya es inminente, porque
lo exigen las directivas supremas.
Para los camaristas,
levantar la cautelar “cuando aún no está dirimida la impugnación
constitucional” que planteó Clarín contra “la obligación de desinvertir (...)
causaría un perjuicio irreparable” si la decisión final fuera favorable a la
empresa, que se vería en la situación de tener que ceder parte de su
patrimonio.
El titular de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella,
consideró “una vergüenza” la decisión de la Cámara Civil y Comercial. “Esto
demuestra claramente que esa Cámara termina siendo el equipo jurídico del grupo
empresarial Clarín (…) Hay una parte de la Justicia argentina que no está
preparada para enfrentar a las corporaciones, porque está colonizada y responde
a esos intereses corporativos”, advirtió.
Sabbatella remarcó que
“es una barbaridad que una ley aprobada por el Congreso por amplia mayoría
quede trabada por una maniobra”.
La decisión de la
Cámara Civil y Comercial está firmada por los jueces María Susana y Francisco
De las Carreras, sobre quien pesa una denuncia penal y una denuncia en el
Consejo de la Magistratura, por haber viajado a un Congreso en Miami organizado
por Certal, una asociación que tiene entre sus miembros a dirigentes del Grupo
Clarín. Según Sabbatella, esta situación “demuestra que los jueces que viajan a
Miami financiados por Clarín terminan convertidos en su equipo jurídico”.
El fallo de la Cámara
prorroga la cautelar hasta que el juez de primera instancia Horacio Alfonso
resuelva la cuestión de fondo, desconociendo así el criterio de “razonabilidad”
planteado por la Corte Suprema, que fijó el 7 de diciembre para su
finalización. Es todavía más grave que la Cámara haya opinado sobre el hecho de
que Clarín podría tener un año más para adecuarse a la ley después del fallo de
fondo.
Para que todos tengan
las mismas oportunidades, la Autoridad Federal anunció que prolongará la
resolución 901 del organismo, que amplía los plazos de adecuación para el resto
de los grupos de medios, hasta tanto el principal actor del mercado, el Grupo
Clarín, comience su proceso de adecuarse a lo dispuesto por la ley. Se trata de
una decisión que busca evitar una mayor concentración en favor de Clarín por la
obligación de sus competidores a desprenderse de licencias.
Sin duda, la
concentración de los medios de comunicación por parte de una pequeña cantidad
de emporios económicos se ha convertido en una de las principales herramientas
del neoliberalismo para el control ideológico de las sociedades. Antes
necesitaban de las fuerzas armadas, hoy les basta con el control de los medios
masivos de comunicación.
A este problema se
añade la impunidad para manipular y el ocultamiento de sus accionistas con
todos sus intereses económicos y políticos. Pero todo esto lo muestran como una
defensa de la libertad de expresión, convirtiendo este principio democrático en
una coartada para su dominio y el atropello del derecho ciudadano a informar y
estar informado.
¿Argentina o
Clarintina?
- Aram
Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano, director de la revista
Questión, fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en
Comunicación y Democracia (ULAC).
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