La
superación de las hostilidades añejas dependerá también de cómo Cuba maneje este
proceso, porque hasta el momento las propuestas estadounidenses sólo indican la
intención de favorecer un mejor estado de opinión en ese país con relación al
Gobierno y a facilitar la venta de productos de la agroindustria a la mayor de
las Antillas.
Isabel
Soto Mayedo / Propuestas Vía Cuba
Con el
anuncio del 17 de diciembre de 2015 (17D), los presidentes Raúl Castro y Barack
Obama removieron las teorías supuestamente científicas en torno al porvenir de
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
De hecho
especialistas, políticos y académicos de ambos países que ese miércoles
debatían acerca del tema en un taller auspiciado por el Centro de Estudios
Hemisféricos y Sobre Estados Unidos (CEHSEU), en La Habana, suspendieron los
análisis de la jornada vespertina tras conocer la noticia.
Lo ocurrido
ese día -que incluyó la liberación de los luchadores cubanos que permanecían en
cárceles estadounidenses Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, y Ramón Labañino,
así como del contratista privado vinculado a la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo (USAID) Alan Gross- sorprendió a muchas y muchos.
Un inusual
secretismo desde la Casa Blanca escondió la negociación de más de un año que
llevó a esas determinaciones, lo cual pudiera ser una señal de la comprensión
de la importancia de ese proceso pero también de las amenazas en su contra.
Más el 17D
la inmediatez distintiva de esta era digital acabó con el silencio. Con
agilidad, medios de prensa de todo el mundo difundieron por el ciberespacio los
mensajes pronunciados por ambos mandatarios, declaraciones de personas más o
menos versadas en la materia, y una que otra opinión sesgada en cuanto al
acontecimiento.
Paralelo a
esto el ingenio popular hizo de las suyas en las redes sociales, donde
proliferaron mensajes respecto al giro en ciernes de uno de los diferendos
políticos más agotadores y polarizadores de la historia contemporánea.
De tal modo
el anuncio del 17D corroboró lo sabido, la disparidad de opiniones en lo
tocante a la dinámica contradictoria de las relaciones Cuba-Estados Unidos, que
acumula más de un siglo. Al mismo tiempo que ratificó la posibilidad de llevar
a una megapotencia a la mesa de negociaciones sin claudicar en principios
esenciales desde el punto de vista ideológico y del Derecho Internacional.
LA EDIFICACIÓN DEL MURO
En 1823, en
plena fase final del proceso independentista de las colonias españolas en el
continente, quedó prácticamente definida la política de Estados Unidos hacia
América Latina. En su mensaje anual al Congreso, en diciembre de ese año, el
presidente James Monroe (1817-1825) dio por sentado que en correspondencia con
presuntas leyes de gravitación política Estados Unidos estaba llamado a ejercer
su hegemonía en los países situados al sur y en particular sobre la ínsula
ubicada a 145 kilómetros de la Florida.
Esos
pronunciamientos estuvieron sustentados en la estrategia de política exterior
diseñada por un equipo liderado por su secretario de Estado y sucesor en la
presidencia, John Quincy Adams (1825-1829), uno de los pioneros en alentar el
sometimiento de la “perla de las Antillas”.
“No hay
territorio extranjero que pueda compararse para los Estados Unidos como la isla
de Cuba. Esas islas de Cuba y Puerto Rico, por su posición local, son apéndices
del continente americano, y una de ellas, Cuba, casi a la vista de nuestras
costas, ha venido a ser de trascendental importancia para los intereses
políticos y comerciales de nuestra Unión”, apuntó Adams el 28 de abril de 1823.
En tanto el
tercer gobernante estadounidense, Thomas Jefferson (1801-1809), confesó en
carta a Monroe que siempre había mirado a Cuba “como la adición más interesante
que pudiera hacerse nunca a nuestro sistema de estados. El control que, con
Punta Florida, esta isla nos daría sobre el Golfo de México, y los países y el
istmo limítrofes, además de aquéllos cuyas aguas fluyen a él, colmarían la
medida de nuestro bienestar político. ”
A modo de
resumen dejemos hablar a Monroe, para quien adquirir Cuba “sería de la mayor
importancia para nuestra tranquilidad interna, tanto como para nuestra
prosperidad y engrandecimiento”.
El 23 de
julio de 1847 el periódico neoyorquino The Sun señalaba en un editorial que
“¡Cuba tiene que ser nuestra…Dadnos a Cuba y nuestras posesiones estarán
completas!”, mientras senadores insistían en comprar, invadir o guerrear para
concretar la aspiración de convertir a la isla en una estrella más en la
bandera de la Unión.
“Cuba está
casi a la vista de la costa de la Florida, se encuentra colocada entre ese
Estado y la península de Yucatán; y posee el puerto de La Habana que es amplio
y profundo, y está inexpugnablemente fortificado. Si cayese bajo el dominio de
la Gran Bretaña la dominación de esta sobre el Golfo de México sería suprema”,
hizo notar el secretario de Estado en la época, James Buchanan, luego
mandatario (1857-1861).
Fuentes
históricas prueban los ingentes esfuerzos que dedicó el naciente imperio a
crear las condiciones para llegar a esa meta, conquistada al fin de la Guerra
Hispano-Cubana (1898). El tratado que dio término a esa beligerancia, por el
cual España cedió sus colonias últimas en el hemisferio, propició la primera
ocupación militar de Estados Unidos en Cuba.
En 1902 el
gobierno interventor conminó a incluir en la Constitución de la República un
apéndice mediante el cual Washington se arrogó el derecho de inmiscuirse en los
asuntos internos de la nación caribeña cuando lo estimaran conveniente. La
Enmienda Platt –como trascendió ese acápite- garantizó también el arriendo de
territorios para bases navales y carboneras, al estilo del enclave militar que
mantienen en Guantánamo.
Ese pasaje
fue el preludio de la implementación de otros mecanismos legales que
permitieron al vecino poderoso manejar los hilos de la política y la economía
cubanas hasta la llegada del Ejército Rebelde a La Habana, el 1 de enero de
1959.
Desde sus
primeros pasos, el Gobierno Revolucionario mostró la intención de revertir el
estatus quo de manera radical y de romper las cuerdas que sujetaban la
soberanía nacional. Más junto a las primeras medidas aplicadas en aras de
beneficiar a las mayorías comenzó un ciclo de maniobras desestabilizadoras, por
lo general organizadas y financiadas por Estados Unidos.
Estas
oscilaron desde presiones sicológicas y económicas hasta el aislamiento
diplomático, la coerción militar; las violaciones del espacio aéreo, y el
terrorismo de Estado. La suspensión de la cuota azucarera, la Operación Peter
Pan, la ruptura diplomática; el bloqueo financiero, económico y comercial; la
creación de un ejército irregular de 299 bandas y tres mil 995 criminales que
causaron 549 muertes y miles de heridos en las montañas cubanas; las leyes de
ajuste y un largo etcétera, mostraron la determinación de aniquilar a la
revolución.
En
documentos desclasificados por el Departamento de Estados consta que sólo del
28 de septiembre de 1960 a abril de 1961 la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) introdujo en Cuba mediante operaciones aéreas clandestinas 75 toneladas
de explosivos y de armamentos, y por vía marítima 46,5 toneladas.
Uno de los
jerarcas del centro de operaciones de la Fuerza de Tarea de la CIA, coronel
Jack Hawkins, aseguró que en este período perpetraron 110 atentados
dinamiteros, colocaron 200 bombas, descarrilaron 6 trenes, provocaron más de
150 incendios en grandes objetivos estatales y privados, incluyendo 21 viviendas,
y unos 800 en plantaciones de caña. Nunca mencionó a los muertos o lesionados
por esto.
Expertos
coinciden en que Cuba es víctima de la política de sanciones más completa y
abarcadora que Estados Unidos aplicó contra un país en la historia. Este
sistema “redundante y muy sólido”, al decir del investigador del CEHSEU Ernesto
Domínguez, devino ley y por eso para derogarlo de forma completa es preciso el
aval del Congreso.
El costo de
esa política, rechazada por 188 de los 193 estados representados en la
Organización de Naciones Unidas (ONU), es casi incalculable si se considera la
heterogeneidad de operaciones desplegadas. Con respecto a la salud, por
ejemplo, el daño causado está asociado a las impedimentas contra las
exportaciones de medicamentos, accesorios y dispositivos médicos, recogidas en
la Ley de Democracia Cubana (coloquialmente Ley Torricelli, 1992) y la Ley para
la Reforma de las Sanciones Comerciales y el Incremento de las Exportaciones
(2000).
Este tipo
de transacciones, igual que las de productos agrícolas, sólo pueden realizarse
con carácter excepcional, por un tiempo determinado, con el aval del
Departamento de Comercio. Pero para recibir esa autorización hay que atravesar
un engorroso proceso de control y clasificación congruente con las Regulaciones
para la Administración de las Exportaciones del Departamento de Comercio.
Datos
manejados por las autoridades cubanas dan cuenta de al menos tres mil 400
muertos por acciones terroristas, de ellos un centenar de niños contagiados por
el dengue hemorrágico introducido en 1981. En tanto las pérdidas económicas
superan un billón 112 mil 534 millones de dólares, calculados al valor del oro,
manipulado por los artífices del sistema monetario imperante que golpea sobre
todo a los países más pobres.
“Los daños
humanos del bloqueo crecen. Son 77 por ciento de los cubanos los que nacieron
bajo estas circunstancias. El sufrimiento de nuestras familias no puede
contabilizarse. Son muchas las convenciones internacionales que lo prohíben,
incluida la de Ginebra de 1948 contra el genocidio. Se afecta el ejercicio de
los derechos humanos de un pueblo entero. Se obstaculiza seriamente el
desarrollo económico del país”, denunció Cuba en la ONU.
PRIMEROS MARTILLAZOS CONTRA EL MURO
Pese a todo
lo anterior el Informe Central al I Congreso del Partido Comunista de Cuba
(PCC, 1975) reflejó la disposición del Gobierno a abrirse “al arreglo de un
problema que en algún momento puso en peligro la paz del mundo”. “Estamos
dispuestos a negociar, lo repetimos, pero reiteramos aquí, en nuestro Congreso,
de cara a todo el pueblo cubano, que las negociaciones oficiales no podrán
realizarse sin que en lo esencial la política de bloqueo haya sido rectificada
por Estados Unidos. De lo que se trata es de negociar en
condiciones de igualdad y ya hemos dicho que el bloqueo es para nosotros un
cuchillo en el cuello, que determina una situación negociadora que jamás
aceptaremos”, fijó el texto leído en esa cita por el líder histórico de la
revolución.
La respuesta
de la contraparte tardó poco en llegar. Los primeros martillazos contra el muro
alzado por Estados Unidos contra Cuba fueron dados por el demócrata James
Carter (1977-1981). Diplomáticos participantes en esas negociaciones concuerdan
en que ese proceso de acercamiento sólo redundó en la instalación de la Sección
de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) y de su homóloga en
Washington.
La Guerra
Fría y el rechazo al comunismo fueron siempre el telón de fondo de las
relaciones entre estos países y dejaron su impronta en esas conversaciones. La
parte estadounidense nunca aceptó negociar en igualdad de condiciones y trató
de imponer su agenda en reuniones que terminaron la mar de las veces en
forcejeos.
De forma
continua aparecieron en los diálogos obstáculos que entorpecieron la compresión
mutua, mayormente derivados de exigencias para Cuba. Tal es el caso de la
retirada de sus tropas de África, del vínculo con la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) y del activismo revolucionario cubano en el
mundo.
Sin dudas
Carter tuvo algunos gestos hacia Cuba, al suspender los vuelos espías y
autorizar los viajes de los ciudadanos norteamericanos, pero prevalecieron las
ideas retrógradas de algunos de sus asesores y ello impidió progresar. El
derecho cubano a autorizar las salidas de sus ciudadanos por cualquier parte
del territorio, la aplicación de medidas drásticas contra actos de piratería, y
otras cuestiones quedaron pendientes en esos acercamientos inaugurales.
“Si hay ramo
de olivo, no lo rechazaremos. Si continúa la hostilidad y hay agresiones,
responderemos enérgicamente…Cuba entiende que es una necesidad histórica
mundial que entre todos los países del mundo existan relaciones normales,
basadas en el respeto mutuo, en el reconocimiento al derecho soberano de cada
uno y en la no intervención. Cuba considera que la normalización de sus
relaciones con Estados Unidos favorecería el clima político de América Latina y
El Caribe, y contribuiría a la distensión mundial. Cuba no se opone por ello a
resolver su diferendo histórico con Estados Unidos, pero nadie debe pretender
que Cuba cambie su posición, ni transija en sus principios…Los principios no
son negociables”, subrayó el Informe al II Congreso del PCC (1980).
Sin desdecir
esos postulados Cuba aceptó una segunda fase de negociaciones con la
administración de Ronald Wilson Reagan (1981-1989), en la cual fueron suscritos
los primeros acuerdos bilaterales en el orden migratorio. “Los montes parieron
un ratón”, declaró al respecto el primer jefe de la Sección de Intereses de
Cuba en Estados Unidos, Ramón Sánchez Parodi.
Mas la rama
de olivo cayó en tierra en la coyuntura creada con el derrumbe del Muro de
Berlín (1989), de la desintegración de la URSS (1991) y del desastre del
socialismo hipotético en Europa oriental. La última década de la vigésima
centuria, donde hubo quien proclamó el eventual “fin de la historia”, dio al
traste con el unipolarismo en las relaciones internacionales y alentó a
recrudecer las presiones contra Cuba.
La
aprobación de la Ley Torricelli y de la Ley por la Solidaridad con la Libertad
y la Democracia en Cuba (Ley Helms-Burton, 1996) resultaron definitorios. Con
la primera devino ley el sistema de sanciones contra la nación caribeña hasta que
su gobierno mostrara más respeto hacia los derechos humanos (Cuban Democracy
Act).
Mientras,
la Helms-Burton impide a las filiales estadounidenses en terceros países
comerciar con Cuba y advierte a las compañías extranjeras que por invertir en
la isla pueden ser sujeto de litigio o verse impelidas de entrar en territorio
norteamericano. Acorde con esta los buques que atraquen en puertos cubanos
igual no pueden entrar en seis meses a aguas de Estados Unidos y están
prohibidas las ayudas públicas o privadas al Gobierno hasta definir sobre las
expropiaciones adoptadas desde 1959.
Como si no
bastase, William Jefferson Clinton (Bill, 1993-2001) prohibió en 1999 a las
filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por más de
700 millones de dólares anuales. Otra contribución suya al bloqueo fue la Ley
para la Reforma de las Sanciones Comerciales y el Incremento de las
Exportaciones (2000).
También el
republicano George W. Bush (2001-2009) sumó otro paquete de sanciones con la Comisión
para la Asistencia a una Cuba Libre (2004), que limitó los viajes, los envíos
de remesas, y alargó tres años la espera de los ciudadanos estadounidenses para
visitar Cuba. En 2006 restringió más los viajes, con pena de cárcel o multas de
hasta de un millón de dólares, y creó instituciones para cazar a quienes
participaran en el comercio del ron, del tabaco; del níquel cubano, y de su
utilización en industrias de terceros países, o en las transacciones
financieras que Cuba realizara en dólares.
Las
Regulaciones para el Control de los Recursos Cubanos, ejecutadas por la Oficina
de Control de Recursos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, criminalizaron la importación de productos cubanos y la exportación de
los estadounidenses a la isla; así como las transacciones con el Gobierno o
ciudadanos del país. Además, congelaron las inversiones y las cuentas
financieras cubanas en Estados Unidos y la compra en cualquier parte de bienes
de consumo fabricados en Cuba.
POSIBLES MOTIVACIONES DEL 17D
Ese abanico
de medidas poco o nada cambió con la llegada de Barack Obama (2009), quien en
su mensaje del 17D destacó que “existe una historia complicada entre los
Estados Unidos y Cuba” más reconoció “el aporte de la emigración cubana a su país
en la política, los negocios, la cultura y los deportes.”
Este
admitió el fracaso de un “enfoque anticuado” que no logró promover los
intereses estadounidenses y despertó el rechazo de la comunidad internacional,
así como la necesidad de hacer uno de los cambios más significativos en la
política de ese país en más de medio siglo. “No creo que podamos seguir
haciendo lo mismo que hemos hecho durante cinco décadas y esperar un resultado
diferente.”
Congruente
con esa opinión, que reafirma la intención perenne de la clase política
estadounidense de acomodar a las circunstancias la estrategia con tal de
arrasar con el legado de la revolución cubana, el demócrata prometió reducir
las limitaciones a los viajes, al comercio y al flujo de información hacia y
desde Cuba, al envío de remesas, al uso de tarjetas de débito y crédito en la
isla. También al intercambio científico, en el combate al narcotráfico, el
enfrentamiento común a situaciones de desastre y otros problemas que puede
resolver como presidente de forma unilateral.
Por otra
parte Raúl Castro exhortó al Gobierno de Estados Unidos a remover los
obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre los dos pueblos, las
familias y los ciudadanos de ambos países. “Los progresos alcanzados en los
intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos
problemas”, exteriorizó, con base en la experiencia de los 18 meses anteriores
al anuncio del proceso que comenzaría luego para restablecer las relaciones
diplomáticas rotas en 1961.
Ambos jefes
de Estado agradecieron a Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, por su
mediación en las negociaciones que contaron con el apoyo de Canadá y de los
senadores Tom Udall y Jeff Flake, demócrata y republicano, de manera
respectiva.
La
actuación de Obama puede haber respondido a la necesidad de dar un golpe de
efecto en función de la dinámica interna de la política en Estados Unidos, dado
el desastre para el Partido Demócrata de las elecciones de medio término de
noviembre y en perspectiva hacia los comicios presidenciales del 8 de noviembre
de 2016.
Este acto
se inscribió, además, en un contexto marcado por la cercanía de la VII Cumbre
de las Américas (Panamá, abril), ciertos intereses a favor del cambio de
política hacia la isla y las medidas de Raúl Castro tendentes a ampliar el
sector privado, la inversión extranjera y la descentralización en Cuba.
De
cualquier modo, acorde con las palabras del presidente cubano desde 2006,
“debemos aprender el arte de convivir, de forma civilizada, con nuestras
diferencias”.
PRIMEROS PASOS HACIA LA SUPERACIÓN DE LA HOSTILIDAD
Transcurrido
un mes del 17D entraron en vigencia nuevas regulaciones del Departamento del
Tesoro y de Comercio de Estados Unidos en cuanto a viajes, remesas, finanzas,
telecomunicaciones, comercio y transporte. Estas afectaron, de modo limitado,
sanciones del bloqueo y permitieron actividades prohibidas por más de medio
siglo.
Si bien
Obama no puede modificar esa ley sin el respaldo del Congreso, al menos amplió
las licencias para viajar a la isla referente a visitas familiares, misiones
oficiales, actividades de fundaciones privadas o instituciones educativas.
Resolvió que los estadounidenses puedan usar sus tarjetas de crédito y débito
en Cuba e importar bienes valorados en 400 dólares, de ellos sólo 100 en
productos de tabaco y alcohol.
Además,
abrió la puerta para los proveedores del reglón de las telecomunicaciones,
quienes podrán proporcionar a Cuba servicios comerciales y de Internet. De
idéntico modo autorizó la venta a cubanos de software, hardware y dispositivos
para las comunicaciones, simultáneamente con la concertación del diálogo
oficial entre delegaciones de estos países para coordinar el restablecimiento
de las embajadas.
OTRA NOVEDAD: MUJERES AL MANDO
La primera
ronda de conversaciones tuvo lugar el 21 y 22 de enero de 2015, en La Habana.
Dos diplomáticas experimentadas, la secretaria de Estado adjunta para el
Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, y la directora general para Estados Unidos
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, estuvieron al
frente de ambos equipos.
Ambas
lideraron las distintas sesiones para la fijación de la ruta con vistas al
restablecimiento de las relaciones bilaterales, algunas de las cuales también
tuvieron como sede a Washington. De estas quizás la cuarta, celebrada el 21 y
22 de mayo en el Departamento de Estado, es la que más trascendió luego de la
inaugural.
La
expectativa ante el eventual anuncio de la concreción del acuerdo para la
instalación de las embajadas, postergado para un próximo encuentro debido a
diferencias de criterios en cuestiones técnicas, alentó un gran movimiento
mediático.
Vidal
manifestó en ese contexto su complacencia con la evolución de las conversaciones
y consideró que los progresos responden a que se están tratando como iguales.
Los resultados van llegando de forma paulatina y la agenda amplia creada al
efecto comienza a disminuir, afirmó.
En ese
sentido destaca el restablecimiento de los servicios bancarios a la Sección de
Intereses de la Cuba en Washington (21 de mayo) y la decisión ejecutiva de
sacar el 29 de mayo al país de la lista unilateral elaborada por Estados Unidos
de “países patrocinadores del terrorismo”, donde fue incluida en 1982.
“Continuaremos
inspirados en la convicción de que el compromiso y no el aislamiento es la
clave para avanzar. Hemos alcanzado progresos significativos en los últimos
cinco meses, y estamos mucho más cerca de reanudar las relaciones y reabrir las
embajadas”, pronunció Jacobson.
Ambas
coincidieron en que los objetivos primarios están cerca de cumplirse, pese a
tener seguir discutiendo sobre el trabajo de las embajadas y las prerrogativas
de los designados a esas legaciones.
Pero aunque
el discurso conciliatorio prevalece, declaraciones desde la Casa Blanca
sugieren que para el equipo de Obama la meta continúa siendo lograr “el cambio
que nos gustaría ver en Cuba” sobre todo en cuestión de derechos humanos.
Vale no
perder de vista que las bases legales que sustentan el bloqueo continúan
intactas, así como las transmisiones ilegales y la ocupación de parte del
territorio oriental cubano. Otra cuenta por saldar es la derogación de la Ley
de Ajuste Cubano (LAC, 1966), remanente de la Guerra Fría que incita a la
migración ilegal, y las compensaciones por los daños causados por la política
estadounidense en estos años.
Ese cuerpo
jurídico permite a los cubanos entrar bajo palabra o parole a Estados Unidos,
obtener de manera expedita permisos de trabajo y solicitar la residencia
permanente al año y un día de permanecer en ese territorio.
El Gobierno
de Cuba considera que este trato preferencial y excepcional, que no reciben
emigrantes de otras nacionalidades, estimula la emigración ilegal, el tráfico
de personas y las entradas irregulares a Estados Unidos. Simultáneamente
deplora la política de pies secos-pies mojados que data de 1995.
Frente a
esto cobra rango de certeza la afirmación de que el proceso hacia la
regularización de las relaciones Cuba-Estados Unidos será muy largo y no exento
de eventuales retrocesos. El potencial reposicionamiento de la megapotencia en
el contexto internacional, el reajuste del proyecto país -que está cobrando
fuerza a raíz del desborde de los conflictos raciales- y el afianzamiento de
sus posiciones en este hemisferio, pudieran atentar contra esto.
De lo que
se trata es de construir consenso dentro del Congreso para ir apartando piezas
del ajedrez del bloqueo y crear intereses suficientes entre los grupos de poder
por la continuidad de la búsqueda de la regularización de las relaciones.
Por ahora
64 por ciento de los votantes estadounidenses apoya el fin esa ley, según una
encuesta de Beyond the Beltway Insights. En Florida alrededor de 91 por ciento
apoyan la eliminación de las restricciones de viajes y un porcentaje
ligeramente superior aboga por finiquitar el bloqueo (College of Hospitality
& Tourism Leadership).
La
superación de las hostilidades añejas dependerá también de cómo Cuba maneje este
proceso, porque hasta el momento las propuestas estadounidenses sólo indican la
intención de favorecer un mejor estado de opinión en ese país con relación al
Gobierno y a facilitar la venta de productos de la agroindustria a la mayor de
las Antillas.
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