En Honduras, las categorías de la formalidad legal
son hechos técnicos despojados de la ética. Los aspectos sociales del crimen,
los políticos e históricos y de corrupción del sistema son llevados a la rigidez arquitectónica y
congelada de la ley, para deformar la realidad y culpar a los y las
que están en contra del sistema hegemónico multinacional articulado a
las oligarquía locales.
Juan Almendares / Especial para Con Nuestra América
Desde
Tegucigalpa, Honduras
"No basta filosóficamente con
buscar la verdad, sino que hay que procurar filosóficamente realizarla para
hacer la justicia y construir la libertad"...La justicia consiste en
devolverle a cada uno su dignidad humana…La paz justa es la única alternativa a
la violencia (Ignacio Ellacuría).
Queridísima conciencia: La dialéctica de la verdad histórica y la
lucha por la dignidad de los pueblos
es el camino de la justicia y la
libertad
La justicia no solo puede definirse con la lente de
la ley, cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos
dominantes se transforma en el instrumento violento estructural contra la
justicia social. La ley cuando se divorcia de la justicia es la forma jurídica
que expresa el poder del capital que aplasta los derechos históricos de
nuestros pueblos que se manifiestan en mayor grado en los indígenas, garifunas,
familias campesinas y la clase trabajadora.
En este sentido la ley es la síntesis del racismo,
clasismo y sexismo patriarcal que tiene
su origen y reproducción histórica y estructural en el viejo y nuevo colonialismo, en la
mundialización del capital trasnacional que utiliza a los operadores de la
justicia legal :jueces, fiscales como integrantes de los cuerpos represivos:
militares y policías que estigmatizan,
persiguen y violan los derechos a los
defensores(as) de la verdad, libertad y derechos humanos y ambientales.
Honduras es un país singular donde se ha concentrado
el experimento geopolítico militar, donde la reorganización de la administración de la justicia tiene como eje fundamental la inteligencia que controla la información
vigila, controla y reprime mediante los aparatos: militares, policiales,
académicos y fundamentalistas religiosos. Es el experimento que caracteriza a
la “democracia encarcelada y a la seguridad embozada”.
El experimento no solo es de inteligencia(orejas y
cámaras electrónicas); sino también de guerra psicológica, guerra mediática,
guerra económica: desempleo masivo, cierre de empresas; fundamentalismo
religioso, femicidio, asesinatos de la diversidad sexual, de abogados ,
periodistas, ambientalistas, campesinos e indígenas y defensoras (es) de los
derechos humanos.
Es una guerra total contra el pueblo en una sociedad
militarizada y ocupada no solo en el sentido castrense sino ideológico y
político por la nación del Norte. Con El Salvador y Guatemala somos parte del
“Plan de Prosperidad de los Estados Unidos de América”.
El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPINH
a igual que el golpe de Estado Militar
no sólo son fenómenos locales sino están
articulados al complejo militar económico transnacional del modelo extractivo
minero, represas, agrocombustibles, transgénicos y mega proyectos turísticos. Por lo tanto
este crimen simboliza un mensaje de terror del sistema para los que defienden los derechos el agua y
de la Madre Tierra: Si asesinaron a la mujer galardonada con el Premio Goldman,
tenemos la capacidad de reprimir o matar a cualquier ser humano que se oponga a este
monstruoso sistema.
La justicia “legal” con injustita social se refleja
en la detención arbitraria del educador mexicano y defensor de los derechos
humanos Gustavo Castro; quien al ser testigo y objeto de atentado de asesinato
es convertido en forma ilegal e ilegitima en victima de tortura psicológica y
tratos crueles inhumanos y degradantes violando la Constitución de Honduras y el
derecho internacional. El objetivo es silenciar a los que tienen la vocación
humanista de educar a nuestros pueblos sobre el derecho al agua y a la Madre
Tierra.
Nuestra historia es representativa de la sevicia del
poder; la verdad sobre los responsables de los desaparecidos, el asesinato de
la dirigente campesina Margarita Murillo y más de un centenar de dirigentes
campesinos ni ha sido develada porque en
la practica la ley en Honduras
sirve en su mayor dimensión para
ocultar la verdad y favorecer la impunidad.
Según el Informe Honduras 2015 del sociólogo y
defensor de los derechos humanos Roberto
Briceño: “La policía y los organismos de seguridad y justicia por omisión o por
acción fomentan la impunidad principal factor de incremento de la violencia y
los actos criminales en el país. Los informes acerca de la frecuencia de hechos
criminales coinciden en que entre el 90 y 96 por ciento de los hechos no se
investigan. La policía omite investigar las causas de los hechos culpando con
estigmas a las victimas con los cliché de “pelea de territorios” “pleito entre maras” o capturando a cualquier
acusado para justificar su aparente función eficiente”.
En cuanto a los crímenes contra los dirigentes del
COPINH: Tomas García que antecede al asesinato de Berta Cáceres y posterior al
mismo de Nelson García; así como la persecución contra dirigentes campesinos
del Aguan, del Valle de Sula y del Occidente del país son indicadores de la
impunidad e injusticia social.
Según el jurista y epistemólogo Allan Norrie la
dialéctica de la totalidad social amenaza la lógica analítica jurídica . Las categorías legales están
separadas del contexto y de los valores morales.
Por consiguiente,
en Honduras las categorías de la formalidad legal son hechos técnicos despojados
de la ética. Los aspectos sociales del crimen, los políticos e históricos y de
corrupción del sistema son llevados a la
rigidez arquitectónica y congelada de la ley, para deformar la realidad y
culpar a los y las que están en contra del sistema hegemónico
multinacional articulado a las oligarquía locales.
La responsabilidad de los intelectuales y de los
movimientos sociales es luchar por la justicia social al servicio de la vida , los derechos humanos
y de la Madre Tierra.
Lo único que tenemos es la conciencia histórica
social de la verdad, la justicia y la libertad frente al neoliberalismo
imperial del capital mundializado.
Hagamos concreta esta realidad mediante la
solidaridad nacional e internacional con los pueblos indígenas, garífunas, las
familias campesinas, pobladoras de Honduras y demandemos la libertad del
mexicano Gustavo Castro que esta
detenido arbitrariamente en Honduras.
Tegucigalpa 28 de
marzo 2016
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