El inmenso proceso de democratización social que ha vivido América
Latina en este siglo está en peligro, en caso de que no se avance en la
democratización de la formación de la opinión pública y en la democratización
del Poder Judicial.
Emir Sader / ALAI
Sin argumentos frente al éxito de los modelos económicos y sociales de
los gobiernos progresistas latinoamericanos, la derecha de esos países se
dedica a atacar la imagen personal de
los líderes de la izquierda latinoamericana.
Cada vez más favorito para volver a ser presidente de Brasil, asumiendo
la coordinación del gobierno de Dilma Rousseff, Lula es acusado de tener un
departamento que nunca fue suyo, en un sitio que nunca le perteneció. Se ha vuelto el político más investigado por
sus enemigos en el Poder Judicial y en la Policía Federal, se ha presentado
siempre para declarar, sin ningún problema, pero nunca han encontrado nada que
lo involucrara.
Lula, después de ser el presidente de más éxito que Brasil jamás tuvo,
dentro y fuera del país, volvió a vivir en el mismo departamento de antes, en
São Bernardo do Campo, periferia de la industria automotriz de Sao Paulo, donde
el había hecho su carrera profesional de
tornero mecánico y de líder sindical metalúrgico. Mientras que Cardoso, después
que salió de la presidencia, tiene, entre otros bienes nuevos, un departamento
en la Avenue Foch, en el barrio más rico de París.
De la misma manera, Dilma Rousseff tiene un pedido de impeachment
encaminado por 38 votos de una comisión parlamentaria, 35 de los cuales están
implicados en procesos de corrupción, mientras que nada se ha probado en contra
de ella.
Tratan de implicar a Evo Morales en supuestas acciones de favorecimiento
de empresa privada, a partir de una relación afectiva que tuvo en el pasado. Y
buscan acusar, sin ningún fundamento, a Cristina, en un supuesto caso de lavado
de dinero.
Se tratan de casos de persecución política, promovidos por la alianza
entre sectores del Poder Judicial y de los medios, unidos en el combate a la
imagen pública de los líderes populares.
Es la confesión de que la derecha no puede competir con esos líderes en
la disputa democrática de las elecciones y de las manifestaciones callejeras.
Trata entonces de buscar la judicialización de la política, intentando sacar de
la vida política a líderes populares de amplio apoyo en la sociedad.
La forma que buscan es la de la descalificación personal. Los gobiernos
del PT habrían tenido éxito porque habrían financiado sus elecciones y
reelecciones mediante procesos de corrupción. No encuentran ninguna evidencia,
pero insisten en esas acusaciones, intentando descalificar todo el proceso de
inmensa democratización social que el país ha vivido en esos años.
Tratan de descalificar las gigantescas trasformaciones que ha vivido
Bolivia bajo el liderazgo de Evo Morales y de Álvaro García Linera, alegando un
comportamiento personal indebido del presidente y de que el documento
universitario que comprueba el currículo académico del vicepresidente no
correspondería.
Al igual que intentan criminalizar a Cristina, sin ningún fundamento,
como si ello pudiera descalificar el rescate de Argentina de la peor crisis de
su historia, que Néstor y ella hicieron.
Lo que tratan de hacer es de ensuciar la imagen pública de los líderes
populares, con la reiteración de denuncias sin base alguna, pero que, por la
reiteración, buscan crear sospechas respecto al comportamiento de esos líderes.
Buscan, a la vez, desplazar los temas económicos, políticos y sociales, hacia
temas de la corrupción, con la acción correspondiente del Poder Judicial.
El inmenso proceso de democratización social que ha vivido América
Latina en este siglo está en peligro, en caso de que no se avance en la
democratización de la formación de la opinión pública y en la democratización
del Poder Judicial.
- Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador
del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de
Janeiro (UERJ).
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