La corrupción en los
extractivismos es mucho más grave de lo que parece a simple vista por estos
casos. Poco a poco está penetrando en ámbitos más profundos de la vida social,
cayendo en extremos de mercantilizar de la vida social y la Naturaleza. Nadie
está a salvo, y es alarmante que ya esté erosionando a comunidades campesinas e
indígenas.
Eduardo Gudynas / ALAI
La corrupción se ha convertido
en uno de los problemas centrales en América Latina, hasta ocupar lugares
centrales en las disputas políticas y poner en jaque a algunos gobiernos. Buena
parte de esas polémicas se han centrado en aspectos partidarios y económicos,
pero muy poco se ha dicho sobre sus impactos ecológicos. Sin embargo, no debe
pensarse que la corrupción sea inocua desde el punto de vista ambiental, sino
que, por el contrario, desencadena muchas consecuencias. Esto es
particularmente evidente en los extractivismos, donde para imponerlos u ocultar
sus impactos, una y otra vez aparece la corrupción, revelando una íntima y
mutua asociación.
No puede negarse que
denuncias e investigaciones sobre corrupción cruzan a casi toda América Latina.
Si bien se atienden sobre todo en sus implicaciones políticas y económicas,
cuando se observan con cuidado los principales casos, se encontrarán que en
muchos de ellos están envueltos emprendimientos sobre los recursos naturales.
Son casi siempre extractivismos mineros, petroleros o agrícolas, o las obras
necesarias para llevarlos adelante, desde represas a carreteras. Por esa misma
razón están repletos de impactos ecológicos, todos los cuales vienen siendo
denunciados desde hace años.
Algunos ejemplos ilustran
que esa asociación entre corrupción y extractivismos de alto impacto ambiental
se repite en todos los sectores y atraviesa gobiernos de todo tipo. Si de un
lado se observa a Colombia, se encuentra que una reciente revisión del
desempeño minero alerta sobre corrupciones que van desde tráfico de influencias
a delitos tributarios, desde acciones para obtener permisos sociales y
ambientales a la tolerancia de la violencia. Si en otro extremo se considera a
Bolivia, se repiten denuncias similares, y hasta el Ministerio Anticorrupción encontró
contratos mineros irregulares.
La apelación a empresas
estatales también se ha mostrado incapaz de detener la corrupción en los
extractivismos. En efecto, en todas las petroleras estatales sudamericanas se
han encontrado casos de corrupción o se están investigando denuncias. Estas van
desde los sobornos para conseguir contratos en Ecopetrol de Colombia a las
acciones contra gerentes y directores de PDVSA en Venezuela, pasando por las
alarmas ante contratos de explotación o remodelaciones en PetroEcuador.
La corrupción en los
extractivismos puede estar años sin investigarse. Muy ilustrativo de esas
resistencias es el caso de los “petroaudios” en Perú, que estalló en 2008,
durante el gobierno de Alan García pero cuyo proceso judicial realmente se inició
en 2014 (se grabó a un directivo de la estatal petrolera negociando sobornos en
favor de una empresa noruega).
Estos y otros ejemplos
muestran una íntima asociación entre los extractivismos y la corrupción. Es que
los extractivismos en casi todos los casos implican emprendimientos que tienen
efectos ambientales (y sociales) tan negativos, que la corrupción es necesaria
al menos en dos frentes: para ocultar sus impactos y consecuencias, y para
lograr la asistencia del Estado en imponerlos.
Sin sobornos nunca se habrían concretado esos emprendimientos
Hurgando entre los
extractivismos se encuentran todos los tipos posibles de corrupción. Los más
conocidos son los sobornos (coimas, mordidas), pero además están el cohecho,
por ejemplo para que un funcionario público autorice un mal informe de impacto
ambiental, el tráfico de influencias para favorecer concesiones mineras o
petroleras que anulan territorialidades indígenas o campesinas, encubrimientos
para ocultar impactos, pongamos por caso, de un derrame, la obstrucción de la
justicia por funcionarios públicos, o la prevaricación en los juzgados que no
atienden la violencia ejercida por empresas extractivistas.
Se repiten abordajes
entre medios y analistas convencionales que reaccionan ante la corrupción sobre
todo por sus impactos económicos. Ellos se alarman por las pérdidas que todo
eso acarrea para el crecimiento económico o cómo entorpecen el clima de
negocios para las empresas. Esto ocurre cuando la corrupción escala a tales
niveles que incluso impide la dinámica que ellos consideran debería ser
“normal” en los mercados.
Pero es necesario dar
unos pasos más allá de esa mirada. Sin duda, la corrupción tiene efectos
económicos que no pueden ser negados, y son más amplios, afectando por ejemplo a
pequeñas empresas o cooperativas locales que pueden ser desplazadas, y que
incluso llega hasta la economía familiar. Pero también hay un costo económico
cuando una comunidad debe lidiar con el agua o los suelos contaminados por un
emprendimiento extractivista autorizado gracias a la corrupción.
Ahora sabemos que la
corrupción jugó papeles decisivos en proyectos que no tenían sentido económico
y mucho menos ecológico. Ese es el caso de la enorme represa de Belo Monte, en
el río Xingú (Brasil). Esa obra implica un fenomenal impacto ambiental en
ecosistemas amazónicos, es innecesaria desde un punto de vista energético, y
tendrá consecuencias negativas para los pueblos indígenas del área. Era un
proyecto rechazado una y otra vez por las comunidades locales, por académicos,
e incluso por buena parte de las autoridades ambientales del gobierno
brasileño.
Sin embargo, a pesar de
todo, se la impuso y fue finalmente construida. Ahora sabemos que, según las
denuncias, para llevarla adelante se pagaron sobornos por un poco más de 40
millones de dólares. Este caso muestra un fenómeno perverso, donde una obra es
impuesta para así poder recibir los sobornos, y éstos, a su vez, eran
requeridos para otros fines, tanto empresariales como partidarios.
Ningún país está a salvo
de estos problemas. Los titulares actuales están centrados en los casos en
Argentina, Brasil o Venezuela, pero aún en los países que se presentan como los
más inmunes a la corrupción, Chile y Uruguay, están afectados, y allí también
encontramos a los extractivismos.
En Uruguay, la estatal
petrolera ANCAP fue objeto de una investigación parlamentaria que hará
denuncias en la justicia. Se descubrió, por ejemplo, que uno de sus gerentes
participaba en una empresa privada que la propia petrolera contrataba. En
Chile, en el llamado “caso Penta” se encontró que el subsecretario de minería
del gobierno Piñera recibía un sobresueldo que posiblemente servía para aprobar
un proyecto minero. A ese caso le siguió la revelación de la trama de pagos de
la minera SQM hacia políticos y partidos.
La corrupción en los
extractivismos es mucho más grave de lo que parece a simple vista por estos
casos. Poco a poco está penetrando en ámbitos más profundos de la vida social,
cayendo en extremos de mercantilizar de la vida social y la Naturaleza. Nadie
está a salvo, y es alarmante que ya esté erosionando a comunidades campesinas e
indígenas.
Por ejemplo, en Bolivia,
el llamado Fondo Indígena se nutría de un impuesto sobre los extractivismos de
hidrocarburos, y su manejo recaía en delegados de confederaciones indígenas y
campesinas. Las investigaciones hoy en marcha muestran que varios dirigentes
desviaron fondos para beneficios personales y hacia actividades electorales
para apoyar al gobierno. Algunos dirán que este es un caso más de corrupción
ligada al extractivismo petrolero. Pero allí hay un problema mucho más
intrincado al develarse que una lógica utilitarista y mercantil obsesionada con
el dinero, y ubicada por encima de cualquier otro saber o sensibilidad, o sea,
la actitud del que adhiere a la corrupción, también ha alcanzado esos “mundos”
indígenas. En el mundo de la corrupción no hay lugar para muchos de los grandes
aportes que nos muestran los modos de pensar y sentir indígenas, como la
Pachamama o el Buen Vivir.
Para que quede claro: los
extractivismos están inmersos en redes de corrupción, presentes en todos los
sectores, y en todos los países. Nadie está a salvo. Allí donde encuentren los
grandes emprendimientos extractivos, con los mayores impactos ambientales,
territoriales y sociales, es más probable que en algún sitio se esconda la
corrupción. Esta es útil para lograr aprobaciones o mantenerlos funcionando. Es
también necesaria para ocultar o minimizar impactos, o para controlar a las
comunidades locales y la resistencia ciudadana. Los enormes volúmenes de dinero
que mueven algunos de esos emprendimientos generan muy fuertes presiones para
encontrar canales que usan la corrupción.
Si se mantienen los
extractivismos depredadores se repetirán una y otra vez los casos de
corrupción. Por ello, queda establecida una asociación que muestra que la lucha
contra la corrupción obliga a abandonar esos extractivismos.
Eduardo
Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social
(CLAES); contacto: @EGudynas
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