El
caballito de batalla contra la corrupción ha servido para los poderes fácticos
de nuestros países, en especial de aquellos con gobierno progresistas, como
estrategia para forzar la implosión del sistema político pero, en el caso de
Venezuela, también parece servir para afianzar al gobierno de cara a la próxima
campaña presidencial.
Aram
Aharonian / ALAI
Ya está en
plena marcha una campaña bien planificada por los asesores europeos del
gobierno, en dos vertientes: una para asegurar la candidatura a la reelección
presidencial de Nicolás Maduro y otra contra la corrupción, que muchos ven como
una jugada del gobierno para lavarse la cara y eliminar adversarios internos,
despejando el camino para las presidenciales del año próximo.
Es más, hay
quienes especulan con la posibilidad de que las presidenciales –sin fecha aún-
se adelanten para febrero o marzo próximos, para cristalizar la reelección
(sin dar tiempo a otros candidatos a compartir escenario), escapando a la
crisis económica (en especial la vertiginosa inflación) que en el segundo
semestre de 2018 ya sería difícil de dominar.
La
sensación se refuerza cada vez que aparece algún dirigente chavista con
apetencias de candidatura presidencial. Pasó con la exfiscal general Luisa
Ortega Díaz, que comenzaba a inquietar con críticas a resoluciones del Tribunal
Supremo de Justicia y –luego, ya fuera del país- con denuncias de corrupción
contra Maduro y Diosdado Cabello. Y ahora, con la campaña contra Rafael
Ramírez, el ex presidente de Pdvsa y actual embajador en Naciones Unidas, un
eventual rival de Maduro en su carrera para su reelección.
Maduro
comienza a marcar la cancha en la interna bolivariana. Ya salieron el canciller
Jorge Arreaza –desde Uruguay- y el vicepresidente Tarek El Aissami, a hablar de
la reelección, lo que para algunos analistas es otro síntoma del ventajismo:
un candidato que dice que combate la corrupción -de su propia
administración- y hace campaña electoral con fondos del Estado.
En esta
estrategia hay un peligro muy grande, que sus asesores europeos no ven: para
salvar las culpas de ineptitud, ineficacia, ineficiencia y corrupción del
gobierno que encabeza desde hace ya tres años, se intentará tirar la culpa para
atrás: o sea, meterse con el imaginario colectivo del presidente Hugo Chávez,
asentado en lo más hondo del pueblo.
Seguramente
sus asesores extranjeros lo estén convenciendo de que necesita diferenciarse de
la gestión anterior, la de Chávez (donde él participó desde el comienzo). A los
cuadros políticos que ostentaron cargos públicos claves en ministerios o
empresas del estado durante el gobierno “anterior” los clasifican en a) los que
muestran una posición que puede poner en riesgo su hegemonía, y b) aquellos que
mostraron capacidad de hacer alianzas a cambio de lealtad.
Es así que
en el nuevo relato oficial, a exministros claves en el gobierno de Chávez, como
Jorge Giordani y Rafael Ramírez los convierten en íconos del “modelo
fracasado que heredó Maduro”, el primero como teórico y el segundo como
operador. ¿La corrupción? Es un ingrediente, un argumento adicional, mientras
se siguen tejiendo alianzas, premiando a determinados grupos dentro del Partido
Socialista Unidos de Venezuela (Psuv) y el gobierno, estrategias válidas para
mantener los canales de acumulación de poder.
Con una
definición muy personal de lo que significa diálogo, el 1 de diciembre Maduro
señaló en cadena de radio y televisión que “Hace años he planteado el diálogo
nacional como única vía para la paz. Lo he logrado, hoy senté a la MUD de
manera definitiva’’, reivindicó, mientras delegados del gobierno y oposición y
decenas de “mediadores” latinoamericanos y europeos se reunían en Santo
Domingo.
“Es una
guerra entre bandos para ver quién se queda con el poder”, indicó el opositor
Juan Guaidó, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Explicó que se trata de denuncias de vieja data y recordó que en noviembre del
año pasado el Parlamento sancionó políticamente a Ramírez por la presunta
malversación de 11 millardos de dólares por irregularidades cometidas entre
2004 y 2014.
“En Pdvsa
hay una gran corrupción, pero debe investigarse también todo lo relacionado con
el desfalco a la nación con Odebrecht, con las empresas de maletín y con el
cambio de divisas”, manifestó. “Hay una purga interna, sin duda”, aseveró.
Vale la
pena tener en cuenta que tanto Martínez como Eulogio del Pino son hombres de la
industria petrolera, entronizados durante el mandato de Maduro. Del Pino era
vicepresidente de Pdvsa desde 2008. En septiembre de 2014 fue Maduro quien
lo nombró presidente de Pdvsa y un año después ministro de Petróleo y
Minería, manteniéndolo también como titular de la petrolera. En agosto
de 2017, tres meses atrás, fue designado nuevamente ministro de Petróleo.
La Fiscalía
Pdvsa habla de 48 mil contratos con irregularidades por 35 mil millones de
dólares en las operaciones de la Faja del Orinoco, que termina con la detención
de del Pino, Martínez y otros 73 funcionarios, de ellos varios de alto
nivel, como los cinco de la filial estadounidense de Pdvsa, Citgo. El 20 de
enero último, Maduro designó una nueva directiva de Pdvsa, “para ir a un
proceso de recuperación, profunda, combatir la corrupción en distintos niveles
y sanear la corrupción incubada” allí. “Evidentemente, se equivocó en la
escogencia de esos directivos. Como diría la calle, puso a zamuro (buitres)
cuidando carne”, señala el director de Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.
Y hay algo
más grave: Manuel Quevedo, el general que ocupa la presidencia de Pdvsa carece
de cualquier experiencia en el negocio petrolero y en una empresa de la
magnitud de la estatal venezolana. Hasta ahora la Revolución Bolivariana se
había cuidado de “entregar” la industria a la corporación militar. La decisión
tomada por Maduro, quizá convencido de que la limpieza de Pdvsa es la forma de
mejorar su eficiencia y eficacia, no tiene como único objetivo
neutralizar los grupos internos en Pdvsa, sino darle su administración a la
Guardia Nacional.
Este es un
error que puede ser grave, máxime cuando Pdvsa necesita de personas experimentadas
para poder sacarla de la destrucción acumulada de su capacidad productiva.
Difícilmente pueda hacerlo desde su nueva distinción como “presidente
honorario” Alí Rodríguez Araque, ex presidente de Pdvsa, exministro de
Petróleo, exsecretario general de la Opep y de Unasur y actual embajador
en Cuba. Quizá pueda influir para evitar que los militares hagan lo que
hicieron hasta ahora con otras instituciones y empresas públicas, incluidos
bancos.
Hasta ahora
se habla de corrupción. Chávez hablaría de traición a la patria. “Tiene razón:
general con calculadora no es ministro de Hacienda”, comentaba el 15 de abril
del 2002 el presidente Chávez, refiriéndose a la traición del general Francisco
Uzón, un miembro del gabinete sumado al golpe.
Ante el precario
estado de la oposición en Venezuela, carcomida internamente por las divisiones,
con el candidaturismo presidencial desatado, sin programa, con una organización
ineficiente, sin poder de convocatoria, en pleno reflujo, cayendo en las
encuestas debido a la confusión y al desánimo de la clientela tradicional,
pareciera ser que la campaña anticorrupción también le toca al gobierno.
Ayudemos a
desterrar la corrupción
Por el
momento no se muestra ninguna política para combatir a la corrupción o para encarcelar
a todos aquellos que hayan utilizado la público en beneficio propio. El nuevo
fiscal general, Tarek William Saab, exgobernador (que en épocas de Chávez debió
abandonar su cargo por sospechas de manejos indebido de recursos públicos),
tiene buen manejo mediático, pero nadie sabe hasta dónde se cristalizará esta
campaña ¿pro transparencia?
En
Venezuela, el debate con obreros de las estatales Central Azucarero Ezequiel
Zamora y productores agrícolas en el Centro Técnico Productivo Socialista
Florentino, ambos en Barinas, de propiedad estatal concluye que los proyectos
estuvieron bien planteados según las capacidades del territorio, los mercados
de compra y venta, y sin embargo no lograron desarrollarse. ¿Qué sucedió
entonces?, se (le) pregunta Marco Teruggi.
Las
respuestas se concentran en un punto: la corrupción, la utilización de lo
público para beneficio personal/familiar, como, por ejemplo, dinero que llegó y
no fue invertido, ganado y maquinarias vendidas ilegalmente: evasión de
impuestos, cuentas en paraísos fiscales, sobrefacturaciones. ¿Alguna vez se
investigará?, (le) pregunta.
El fin de
la bonanza de los precios petroleros dejó al descubierto también la acumulación
de activos externos, es decir renta petrolera apropiada y fugada en cuentas en
el exterior, que alcanzó una magnitud tal, que le permitió a los capitalistas
(nacionales e internacionales) fijar el tipo de cambio y aherrojar
económicamente a la revolución bolivariana, recuerda el economista Simón Andrés
Zúñiga.
La
reestructuración negociada de la deuda (calculada en 130 mil millones de
dólares) debería realizarse alejándose de la asesoría-negociados de algunos
asesores extranjeros, más allá de las consideraciones de que una gran parte de
misma está asociada a un mecanismo delictivo de captura de renta petrolera,
como la venta de deuda con apetitosos descuentos para los fondos buitres o al
banco de inversión estadounidense Goldman Sachs realizado por el Banco Central
de Venezuela (BCV) en mayo de este año con un descuento de un 69%, a través
de un intermediario financiero.
Una
discusión que comenzó con Chávez
El texto
que leerá a continuación (el que está en letras itálicas) tiene apenas 14
años y medio, pero parece haber sido escrito ayer. Vale la pena leerlo –más
allá de aquello que la historia vuelve a repetirse- para entender lo que sucede
en esta Venezuela agredida, bloqueada, vilipendiada, y que a lo largo de 18
años de Revolución Bolivariano ha debido soportar golpes de Estado duros y
blandos y una continua operación de desestabilización, política económica y
financiera.
“Hasta
ahora la realidad nos había mostrado un gobierno incoherente, donde la
ineficiencia, ineficacia y brotes de corrupción iban minando la credibilidad de
un pueblo que se jugó por el cambio y demostró estar algunos pasos por delante
de su dirigencia”, señalaba el editorial del número 11 de la
revista Question, de mayo de 2003.
(…) No
existe una sola estrategia de la oposición, ya que el archipiélago de grupos
intenta algunos movimientos al unísono y muchos otros totalmente discordantes.
Durante sus acciones no solo no logró derrocar a Chávez, sino que arruinó su
base social. (…) Todo indica que la oposición está hoy igual que Adán en el Día
de la Madre: totalmente desorientado. ¿A quién representan los delegados en la
Mesa? Lo cierto es que, lamentablemente, la base social de la oposición ha sido
abandonada una vez más por esta autodenominada dirigencia”, añadía el
mensuario.
A mediados
de mayo de 2003, el presidente Hugo Chávez – en su habitual Aló Presidente
dominguero- se refirió al editorial de Question y leyó el párrafo
donde se habla de ineficiencia, ineficacia y corrupción en la gestión de
gobierno. “Sé que se trata de críticas constructivas”, dijo finalmente.
Personalmente el diálogo fue más duro, entre “la corrupción es un problema
cultural” de Chávez, y un “sus cifras son obscenas y se asemejan a la deuda
externa de cualquier país latinoamericano”. Y nos vino a la memoria el “chinito
de Recadi”, único preso de la altísima corrupción en el gobierno de Jaime
Lusinchi.
En octubre
de 2013, en su último gabinete ministerial, fue el mismo Chávez quien señaló
que había que combatir la ineficacia, la ineficiencia y la corrupción, que ya
no se podía esconder debajo de la alfombra ni ser invisibilizada por contralores,
fiscales, jueces, cómplices de la impunidad.
Mientras
transcurre la “limpieza” (en otras épocas se hablaría de purga), y la
ciudadanía sigue esta novela obligada, los ingresos de las familias
trabajadoras se pulverizan en medio de una inflación desenfrenada. Hoy cunde la
desesperanza ante la arremetida de un enemigo que no muestra su verdadera cara
y es escondido bajo el concepto de “guerra económica”, mientras los banqueros y
capitalistas que controlan la producción y la distribución, se hacen más y más
ricos.
¿Se terminó
la “guachafita”?, ¿se acabó la impunidad?
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