México tendrá elecciones presidenciales en julio de 2018 en momentos
en que el poder militar doblegó al mando civil con una ley de seguridad
interior, y ante un cuadro de situación que incluye el alza de las tasas de
interés de EEUU, los escenarios sombríos en torno al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) y la inestabilidad política en América Central.
Gerardo Villagrán del Corral /
CLAE
 |
| Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade. |
Hasta el Financial Times, vocero del capital trasnacional, mostró su
preocupación, al señalar que pareciera que México se dirige hacia una tormenta
perfecta, además de encontrarse frente a dos candidatos particularmente
polémicos. México elige presidente o presidenta, 128 senadores y 500 diputados
en julio.
Al frente de las encuestas se encuentra Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), de 64 años, un líder centroizquierdista y exitoso exalcalde de la
Ciudad de México y José Antonio Meade, de 48 años, respaldado oficialmente por
el presidente Peña Nieto, quien estuvo al frente de las Relaciones Exteriores,
de la Energía y dos veces fungió como secretario de Hacienda.
Meade es el favorito de los inversionistas y los dueños del poder, su
esperanza, publicitado como un tecnócrata práctico que cuenta con el apoyo de
varios partidos, pero su poder y proyección deriva del gobernante PRI y su
maquinaria electoral aceitada por décadas (desde 1930) en todo el país.
Golpe virtual
En lo que podría configurar un virtual golpe de Estado técnico, la
aprobación por el Senado de la llamada ley de seguridad interior convertiría lo
que hace 11 años Felipe Calderón promovió falsamente como una medida
excepcional de carácter emergente y temporal, en la petrificación de un statu
quo signado por una violencia estatal sin límites. Y así como el régimen
anterior vivió bajo una forma de emergencia de lo permanente, ahora, con la
nueva ley, la excepción se volverá regla, señala el analista Carlos Fazio.
En diciembre de 2006 se declaró la guerra contra las drogas en México
y la estrategia tuvo aparejada una mayor actuación de los militares en tareas
de seguridad pública. Esa estrategia de seguridad, después de 11 años de
vigencia, no ha reducido la violencia, al contrario, la ha incrementado. Tal y
como lo muestra la experiencia en otros países, en México tras la
militarización, las violaciones a derechos humanos y la comisión de crímenes
graves han ido en aumento.
Desde diciembre de 2006 son comunes las detenciones arbitrarias a manos
de militares; es decir, de esa fecha hasta febrero de 2017 los militares
–Sedena y Semar- detuvieron a 80,259 personas, alrededor de 21 personas por
día. En todas las detenciones se argumentó “flagrancia delictiva”, eso quiere
decir que los militares observaron directamente como más de 80 mil personas en
11 años cometían algún delito o mediante elementos objetivos, pudieron
identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, la
persona se encontraba cometiendo el delito.
Finalmente, el poder militar doblegó a su mando civil. Por miedo o
cobardía, el presidente Enrique Peña Nieto terminó cediendo de manera
¿voluntaria? el poder civil al castrense. Después de dos años de un pertinaz
activismo político-deliberativo salpicado de chantajes, mentiras y de una
propaganda demagógica a contrapelo de la Constitución y los tratados
internacionales suscritos por México, los mandos militares impusieron su ley.
Los militares seguirán afuera de los cuarteles de manera indefinida,
sin contrapesos institucionales y sin transparentar o rendir cuentas a nadie,
con lo que se profundizará la estrategia de (in)seguridad militarizada diseñada
por el Pentágono en el marco de la Iniciativa Mérida, que ha derivado en una
catástrofe humanitaria con su cauda de torturas, ejecuciones sumarias
extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas y desplazamiento de
población, añade Fazio.
Corrupción, masacres
López Obrador ha prometido aplastar las “mafias del poder” de México,
lo que resuena ampliamente en un país harto de la corrupción, la violencia
creciente y la impunidad legal de las élites que se han exhibido tan
flagrantemente durante la presidencia de Peña Nieto. goza de amplio apoyo
nacional, especialmente en el sur pobre. Las diatribas antimexicanas del
presidente estadounidense Trump ayudan a su causa nacionalista. Meade nunca ha
ocupado un cargo electo, por lo que necesita todo el apoyo de la formidable
maquinaria electoral del PRI para ganar, pero para ello también debe
distanciarse del PRI para tener credibilidad y no aparecer como un títere.
Meade aparece en torno al 20 por ciento en las encuestas, AMLO con un
30 por ciento, y cualquiera podría ganar con sólo el 40 por ciento de los
votos, ya que en México no hay segunda vuelta. A pesar de no militar en el PRI,
cambios apurados en los estatutos de ese partido le han permitido a Meade
participar en la contienda electoral más costosa de la historia de México, y
quizá la más encarnizada y cara (1.400 millones de dólares).
Al más rancio estilo del PRI, con el “destape” presidencial incluido
ya recibió el apoyo de organizaciones tributarias del PRI, como los dirigentes
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), de la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP), en su carrera para "hacer de México una gran
potencia".
López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) lleva cinco años de proselitismo (desde que fue derrotado en las
elecciones de julio de 2012. Meade, publicitado como “impoluto”, dejó en el
camino al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que carga con
el lastre de los 43 desparecidos de Ayotzinapa; y al canciller Luis Videgaray ,
a quien persigue la sombra humillante de haber invitado a México a Donald Trump
y tratarlo como a un presidente en funciones cuando apenas era el candidato
republicano en las elecciones
El escenario “formal” lo completan partidos internamente fragmentados
como Acción Nacional (PAN) –con respaldo en la clase empresarial y el de la
Revolución Democrática (PRD) –que levanta partidarios entre los pobres-, que
buscan una alianza imposible y disfuncional a través de esa entelequia llamada
Frente Ciudadano por México; ante la presencia de partidos menores y de suspirantes
independientes a la presidencia, que solo atomizarán votos.
Indígena y mujer, por la
democracia participativa
Una de las primeras candidaturas que se ha formalizado es la de María
de Jesús Patricio Martínez, portavoz del Congreso Nacional Indígena de México.
Marichuy, como es conocida por todos, se define como la candidata que “hace
temblar el poder”. Su propuesta: una estrategia para combatir el sistema
capitalista que reina en México. Según la líder popular, el plan alternativo
tiene que surgir de las organizaciones indígenas mexicanas.
“Son ellos quienes pueden oponerse al robo de las tierras y la
explotación de los recueros naturales que llevan a cabo cotidianamente las
empresas multinacionales presentes en el país, la oligarquía y el mismo Estado
mexicano.
Nacida en Tuxpán en el 1963, Marichuy es miembro de la comunidad
indígena nahua, una curandera famosa y médico tradicional y una activista de
los derechos humanos. Desde octubre, recorre México en el primer tour de los
caracoles zapatistas.
Su propuesta electoral es la de convertirse en la “piedra en el
zapato” de los grupos de poder oligarcas en México. Propone una nueva forma de
gobernar, en la que los electores tengan la posibilidad de participar en
primera persona en la construcción de un camino antisistema sin la fuerza de
los poderes institucionales. La apuesta es que los electores perciban a la
líder indígena como una alternativa a la política tradicional mexicana, en una
inédita revolución desde abajo.
Marichuy aseguró que “la violencia del sistema capitalista y del
sistema patriarcal han impuesto el silencio en las comunidades y la imposición
de negarse a decidir sobre sus propias vidas y sus propios cuerpos”. Denunció
la represión de las fuerzas de poder en contra de muchos grupos indígenas (como
lo demuestra la masacre en Ayotzinapa). Su discurso político va dirigido no
sólo a las clases sociales más pobres en el sector rural sino también a los
trabajadores explotados en los grandes centros urbanos.
La dirigente logró cambiar el mecanismo machista que impera desde hace
siglos las comunidades indígenas. Reconoció el valor de las niñas y las mujeres
en esas comunidades, dándoles peso político y social. En México se registran
aproximadamente siete feminicidios al día y la clase dirigente es
preponderantemente del género masculino. Ella es la primera mujer indígena que
aspira a la presidencia mexicana. “Son las mujeres las que sufre más dolor por
los asesinatos, las desapariciones y los encarcelamientos que ocurren con
arbitrariedad en este país”, aseguró.
Un año sombrío
Desde el primer día del 2017, cuando con el ‘gasolinazo’ ( los nuevos
precios de los combustibles y la consiguiente ola de aumentos en el costo de
productos y servicios), se supo que el año sería duro, sobre todo cuando desde
la Casa Blanca Dondald Trump insistía en cumplir sus amenazas nacionalistas,
como la construcción de un muro fronterizo y la ruptura del TLCAN, en momentos
en que el desplome de los precios del petróleo redujo los ingresos del país y
fue justificado para terminar de desmantelar la paraestatal petrolera Pemex y
privatizar el sector energético.
No todo es culpa de Trump, sin duda, porque se acentuaron los
desequilibrios del modelo de desarrollo mexicano, con un crecimiento
empobrecedor y excluyente, alta dependencia importadora combinada con un
esquema primario exportador, relaciones comerciales concentradas en
oligopolios, baja productividad y una economía cada vez más financiarizada,
señala un informe del Celag. A lo que se debe agregar problemas en el costo
financiero de su deuda pública, y una importante caída en la inversión en
infraestructura pública.
La inflación sigue siendo un dolor de cabeza para México. Durante
catorce meses consecutivos, la tendencia alcista se afianzó y alcanzó su pico
más alto en agosto con una tasa de 6,7%, lejos de las previsiones oficiales del
3% fijada por el Banco Central de México. Y peor aún, porque el aumento de la
inflación se acompaña de la baja salarial, con una merma estimable del 6,3 en
el poder adquisitivo de los trabajadores para el final del año.
*Antropólogo y economista
mexicano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico
(CLAE, estrategia.la)
No hay comentarios:
Publicar un comentario