Chile lleva
más de 40 años gobernado por una minoría cada vez más reducida que actúa a
través de las instituciones, los partidos políticos, los medios de
desinformación, etc. En los hechos, el poder reside en una plutocracia cuyas
ganancias se han visto incrementadas en forma brutal en el último cuarto de
siglo. Chile ha alcanzado de esta manera niveles de desigualdad social que lo
ubican entre los países más injustos del mundo.
Editorial de Punto Final
Los candidatos Sebastián Piñera y Alejandro Guillier |
El domingo
17 de diciembre tendremos la séptima elección presidencial del periodo de transición
a la democracia. Se ignora cuál de los candidatos resultará electo presidente
de la República. Al parecer esta nueva “fiesta de la democracia” -como suelen
calificarla los políticos-, tendrá un final muy estrecho. En cambio, se puede
afirmar con absoluta certeza que el modelo neoliberal -que instauró la
dictadura mediante el terrorismo de Estado- continuará siendo la piedra angular
del sistema que rige en Chile.
El modelo
de economía de mercado -en rigor, “el sistema”- tiene que ver no solo con el manejo
mercantilista y deshumanizado de la economía. Es mucho más: incursiona también
en los terrenos de la conciencia colectiva y en el modo de vida de los
ciudadanos a los que cautiva con el consumismo y esclaviza con el
endeudamiento. El modelo es el pivote que sostiene la institucionalidad a
través de una Constitución Política ad hoc. La arquitectura institucional
autoritaria permite que las miasmas del modelo contaminen las leyes, las
relaciones sociales, la cultura y los hábitos de vida de la población. Los
instrumentos pedagógicos y mediáticos tributarios del modelo, se encargan de
conformar la corriente de opinión necesaria para elegir “democráticamente” a
las autoridades y someter los intereses colectivos a los de una minoría.
Para llegar
a este punto en que un sistema económico-social oligárquico se ha hecho
hegemónico, fue necesario un proceso de destrucción de la Izquierda y de su
ideario de solidaridad, igualdad y justicia social. La aplicación simultánea de
represión a los trabajadores y de vía libre a la oligarquía para que modelara
un nuevo sistema económico, social y político, constituyó una contrarrevolución
en que las fuerzas armadas y policiales fueron utilizadas -una vez más- como
verdugos del pueblo.
Chile lleva
más de 40 años gobernado por una minoría cada vez más reducida que actúa a
través de las instituciones, los partidos políticos, los medios de
desinformación, etc. En los hechos, el poder reside en una plutocracia cuyas
ganancias se han visto incrementadas en forma brutal en el último cuarto de
siglo. Chile ha alcanzado de esta manera niveles de desigualdad social que lo
ubican entre los países más injustos del mundo.
La
administración reformista de la presidenta Bachelet no ha sido una excepción en
esta línea de gobernar para los ricos. Las ganancias operacionales de las
principales empresas privadas alcanzaron a 15,3 billones de pesos en 2015 y
subieron a 16,5 billones en 2016, lo que significó un aumento de 8,2%, según la
Superintendencia de Valores y Seguros (ver cuadro estadístico en esta página).
Las ganancias han crecido a tasas más bajas en este periodo. Esto se debe a la
ralentización de la economía y no a que las políticas públicas no hayan
favorecido suficientemente a los empresarios.
El capital
financiero, entusiasta protagonista del modelo, goza de excelente salud. Los
bancos tuvieron tres mil millones de dólares de ganancias entre enero y octubre
de este año, un incremento del 8,15% en relación al mismo periodo del año
pasado.
En
definitiva, la desaceleración de la economía la pagan los trabajadores. Así lo
demuestra el reajuste de 2,5% nominal en los salarios del sector público.
Durante este gobierno el reajuste real total llega sólo al 1,61%, muy inferior
a lo otorgado en periodos anteriores. Ese abuso se puede cometer con impunidad
porque los trabajadores carecen de una organización sindical independiente y
leal con los intereses de los asalariados. Los partidos de la Nueva Mayoría, a
su vez, han callado para no dañar sus intereses electorales.
El
empresariado no se equivocó en 2014 cuando hizo importantes aportes a la
campaña electoral de Michelle Bachelet. Los empresarios conocían perfectamente
el programa reformista de la candidata de la Nueva Mayoría. Sus objeciones y
críticas posteriores se refieren más bien a aspectos formales que al contenido
de las reformas. La oligarquía está consciente que el modelo necesita
modernizarse para consolidar su dominación. El programa del candidato Piñera
busca legitimar la hegemonía del modelo. Su objetivo en lo político es construir
una derecha liberal que pueda atraer a sectores decepcionados de la Nueva
Mayoría. En lo económico se propone alcanzar tasas de crecimiento que permitan
generar ganancias mayores al empresariado del que él forma parte.
El proyecto
de la derecha se ve facilitado por la ausencia de una alternativa de Izquierda
que desenmascare el modelo neoliberal. El candidato de la Nueva Mayoría,
Alejandro Guillier, se propone profundizar y perfeccionar las políticas del
actual gobierno, lo cual equivale a mantener la economía de mercado y sus
consecuencias sociales. De modo que el 17 de diciembre el modelo instaurado por
la dictadura no se verá impugnado.
Levantar
una alternativa democrática y popular mayoritaria costará muchos esfuerzos. Al
desprestigio de la política y de los partidos, se suman otros obstáculos. Entre
ellos el efecto negativo que -por falta de una autocrítica sincera en la
práctica- tuvo el desastroso final de los “socialismos reales”, que ha
demonizado hasta la palabra socialismo. Otro factor en la desconfianza hacia la
política y los partidos es la corrupción.
No se trata
de un fenómeno nuevo, pero ahora ha alcanzado niveles insospechados. Afecta a
las más altas cumbres de las instituciones civiles y militares, y deja en
evidencia la complicidad de la política con los negocios. La construcción de
una alternativa tendrá que hacerse cargo también de la penosa realidad que
viven miles de familias por la masificación de la droga y la delincuencia.
Estamos en presencia de una sociedad enferma que necesita recrear valores para
recuperar su dignidad y luchar por sus derechos.
La
distancia entre la realidad que vive la mayoría de los chilenos y la política,
es sideral. Un indicador elocuente es la abstención electoral que señala la
falta de un actor político-social capaz de movilizar millones de voluntades.
La
destrucción de principios y valores humanistas y solidarios constituyen los
triunfos vergonzantes del sistema que saldrá airoso el 17 de diciembre.
Otra vez se
han soslayado asuntos tan importantes como la recuperación de las riquezas
naturales y de las empresas del Estado privatizadas por la dictadura; la
justicia tributaria; los salarios y pensiones miserables; el trabajo precario;
las jornadas laborales excesivas; la política exterior, sumisa a los dictados
del Departamento de Estado y lejana de la solidaridad latinoamericana. No hay
asomos tampoco de rectificación en la política racista y represiva contra el
pueblo mapuche, que desde 1990 ha cobrado la vida de catorce comuneros mapuches
y que bajo este gobierno ha utilizado la Ley Antiterrorista y ha intentado el
siniestro montaje de la Operación Huracán.
La
consolidación del modelo neoliberal constituye un desafío para los que no
aceptamos someternos a la injusticia. Es una tarea para una nueva Izquierda
política y social despojada de dogmas y sectorismo. Capaz de acometer una
revolución cultural que desplace de la conciencia colectiva los antivalores del
neoliberalismo.
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