En marcado contraste con la respuesta internacional para defender el proceso democrático en Guatemala, hay un extraño mutis respecto a la erosión de la democracia y los derechos humanos en el otro país vecino, El Salvador.
Manuel Pérez Rocha / LA JORNADA
régimen de excepcióndel presidente Nayib Bukele.
El pasado 8 de diciembre el Ministerio Público de Guatemala declaró inválidas las elecciones generales y presidenciales, a pesar de no ser la autoridad calificada para certificar o anular elecciones. La reacción de la comunidad internacional fue rápida y contundente. AMLO se sumó a la OEA (http://tinyurl.com/2brf229y), la Unión Europea (http://tinyurl.com/mvcs6ydk), el gobierno de Estados Unidos (http://tinyurl.com/r3w4pk6c), organizaciones nacionales e internacionales y otros en el llamado a las autoridades guatemaltecas para garantizar que el presidente electo Arévalo asuma su cargo en enero. El gobierno de Estados Unidos incluso interpuso restricciones de visas a casi 300 funcionarios públicos guatemaltecos y miembros del sector privado por socavar la democracia y el estado de derecho en el país. Afortunadamente, el 14 de diciembre la Corte de Constitucionalidad ordenó que se garantice la transferencia de poder el próximo 14 de enero para el presidente Arévalo y todos los funcionarios públicos electos.
En marcado contraste con la respuesta internacional para defender el proceso democrático en Guatemala, hay un extraño mutis respecto a la erosión de la democracia y los derechos humanos en el otro país vecino, El Salvador.
En un informe de una delegación internacional a El Salvador que se publicará en enero, se detalla cómo el presidente Bukele ha tomado una serie de medidas para reducir la independencia del Poder Judicial, violar los derechos humanos básicos y suspender las libertades civiles y el estado de derecho en nombre de la protección del público, de las pandillas.
Entre las más de 70 mil personas encarceladas por el régimen de Bukele, en pésimas condiciones y bajo el uso de la tortura, se encuentran miles de personas inocentes, incluyendo destacados ambientalistas, como los cinco defensores del agua de Santa Marta y numerosos líderes sindicales. Existen, además, pruebas contundentes de que Bukele desea violar un voto unánime en 2017 en la legislatura salvadoreña para prohibir la minería, lo que pondría en peligro el abastecimiento de agua del país y violaría la voluntad popular.
Para colmo, el Tribunal Constitucional dictaminó que en lo sucesivo será posible la relección presidencial, lo que está, como en México, prohibido por la Constitución. Pero Bukele se va relegir. Imaginemos que AMLO buscara lo mismo y se saltara las disposiciones constitucionales que consagran el
sufragio efectivo, no relección. ¿Cuál sería la reacción nacional e internacional?
A pesar de sendos llamados desde organizaciones internacionales aliadas a organizaciones salvadoreñas, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y México se han hecho de la vista gorda al no sólo dejar de criticar las acciones de Bukele, sino continuar respaldando a su gobierno. Por ello y frente al reinicio de las negociaciones entre el gobierno de Bukele y el FMI para un nuevo préstamo, un grupo de ocho organizaciones internacionales relacionadas con la lucha anticorrupción, el acceso a la información pública y el respeto a los derechos humanos, incluyendo el Institute for Policy Studies, enviamos el 11 de diciembre una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen (ver carta https://tinyurl.com/mr3dy7js), solicitando que pida al representante de Estados Unidos en el FMI que condicione la aprobación del préstamo de mil 300 mdd, con el cumplimiento de requisitos de anticorrupción, transparencia y de derechos humanos (https://tinyurl.com/7f2svutf).
Por su parte, México debería tomar el liderazgo para defender los Acuerdos de Paz salvadoreños firmados en 1992 en la Ciudad de México, así como la Ley de Reconciliación Nacional, que siguen en vigor hasta la fecha ( La Jornada, 1/3/23, https://tinyurl.com/pzd3aj2c). Este acuerdo fue negociado bajo los auspicios del Secretario General de Naciones Unidas y firmado por representantes del gobierno de El Salvador y la insurgencia del FMLN y auspiciado también por España, Colombia y Venezuela. Pero Bukele los ha declarado como una farsa. Cuando AMLO visitó El Salvador en mayo de 2022 recordó que México propuso la creación del Grupo de Contadora, a través del cual se logró la paz, y
que es motivo de orgullo para nosotros los mexicanos, porque esos acuerdos fueron firmados en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México.
A pesar del aparente éxito de Bukele en haber pacificado al país de las pandillas, miembros de organizaciones sociales y religiosas de Estados Unidos y Canadá que visitaron El Salvador en octubre nos informaron que les sorprendieron las
expresiones de miedo, sufrimiento y corrupción en el país, miedo porque los arrestos son tan arbitrarios y repentinos que muchos padres temen cada noche que sus hijos adolescentes puedan ser recogidos, lo que ha llevado a un aumento de la emigración hacia Estados Unidos, en particular por parte de los jóvenes. La organización Cristosal ha contabilizado 3 mil 516 casos de denuncias de derechos humanos cometidos por agentes del Estado en el contexto del régimen de excepción. De las víctimas, 57.6 por ciento son hombres y mujeres de entre 18 a 30 años (https://tinyurl.com/22p3rszp).
El respaldo internacional ante los intentos de negar los resultados electorales en Guatemala ha sido esencial y como presidente Bernardo Arévalo lo seguirá necesitando para poder ejercer libremente su cargo. No obstante, también se debe vigilar a El Salvador, donde Bukele pisotea de manera dictatorial el tortuoso proceso de transición de la guerra a la democracia en el país.
* Investigador del Institute for Policy Studies y asociado del Transnational Institute
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