miércoles, 30 de julio de 2008

Declaración de La Paz: respaldo al proceso democrático y revolucionario en Bolivia

La Red de Redes En Defensa de La Humanidad, integrada por intelectuales, artistas y activistas sociales de todo el mundo, desde su creación en la ciudad de México en el año 2003, ha acompañado los esfuerzos de liberación social de los pueblos y sus luchas contra el imperialismo. Por ello, estamos presentes hoy en Bolivia para respaldar el proceso democrático y revolucionario que impulsan el pueblo boliviano y el gobierno de Evo Morales.
Estas transformaciones se inscriben en la búsqueda de alternativas económicas y políticas al neoliberalismo, que se desarrollan hoy día en América Latina de forma más profunda que en cualquier otro continente, por lo cual tienen un impacto emancipatorio mundial.
Los grupos que dominaron Bolivia durante décadas, y que aún mantienen gran parte del poder económico y mediático, son los mismos que sometieron a la pobreza, al atraso y la discriminación racial a la gran mayoría de su población. Tres millones de bolivianos y bolivianas se han visto obligados a buscar en otros países unas mínimas condiciones para sobrevivir. Esta tendencia sólo se revertirá cuando la estructura económica de la nación pueda recuperarse de la injusticia, desigualdad y exclusión que sufrió hasta ahora.
Respaldamos las reformas estructurales que encara en la actualidad el gobierno boliviano, pues permiten avizorar un futuro que colmará las expectativas de los sectores marginados de esta sociedad, en particular de los pueblos originarios y de los movimientos sociales.
Nos solidarizamos con las políticas de inclusión que preservan y fortalecen la democracia, la participación popular y la unidad del país, por encima de los intereses y ambiciones de sectores minoritarios que buscan fragmentarlo. Del mismo modo, apoyamos las iniciativas destinadas a consultar al conjunto del pueblo boliviano sobre su futuro.
Apoyamos también la labor de los intelectuales y artistas bolivianos que hoy contribuyen firme y activamente a la integridad nacional, la pluralidad cultural y el progreso de todos los habitantes del país.
Convocamos a los gobiernos, organizaciones internacionales y a todos los ciudadanos del mundo a contribuir a que prevalezcan la unidad y la soberanía de Bolivia y que el ejercicio democrático convocado para el próximo 10 de agosto transcurra en un ambiente de paz, tolerancia y respeto a las decisiones soberanas del pueblo.
Nosotros, hombres y mujeres participantes de este Encuentro, nos comprometemos a trabajar activamente por la unidad y el progreso de Bolivia, rica en tradiciones y fructífera en realizaciones, así como a difundir hacia el mundo sus logros y aspiraciones, que son hoy fuente de esperanza para la humanidad.
La Paz, 29 de julio de 2008

lunes, 28 de julio de 2008

México defiende su petróleo: balance de la consulta ciudadana

Editorial de LA JORNADA.
28 de julio de 2008.
México D.F.- La consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, Yo decido, que se realizó ayer en esta capital y en nueve entidades de la República, constituye en esencia un ejercicio ciudadano ejemplar, que transcurrió con calma y civilidad, y que arroja resultados positivos con respecto al futuro del país y a su vida democrática.
El resultado, una victoria contundente del No –superior a 80 por ciento– al proyecto de privatización parcial de Petróleos Mexicanos (Pemex) elaborado por el Ejecutivo federal, es un indicador claro de la oposición ciudadana ante la eventual entrega de segmentos de la industria nacional del petróleo a manos de particulares, y confirma lo que ya se había manifestado en las calles y constatado en los debates que tuvieron lugar en Xicoténcatl del 13 de mayo al 22 de julio: la inviabilidad del conjunto de iniciativas presidenciales en los terrenos jurídico, constitucional, económico y político.
En lo inmediato, el resultado de la consulta de ayer reviste importancia porque definirá el rumbo de un movimiento ciudadano en defensa del petróleo amplio y creciente, que ya logró frenar un albazo legislativo y promover la realización de los foros de discusión en el Senado. Ambos hechos representan triunfos inequívocos de la organización ciudadana y plantean, en conjunto, un parteaguas en la historia política del país: mediante ellos se evitó la disolución de la propiedad pública más importante de la nación, se puso en evidencia la desinformación de los legisladores en torno a un tema de capital importancia y se les forzó a escuchar las diversas posturas sobre el manejo y el porvenir de la industria nacional de los hidrocarburos.
Por añadidura, la auscultación pública de ayer plasmó la articulación formal de toda una corriente de opinión ante los designios privatizadores, entreguistas y antinacionales, entre cuyas expresiones está la ya mencionada iniciativa presidencial, pero también la propuesta presentada esta misma semana por el Partido Revolucionario Institucional que es, a decir de diversos analistas, una versión edulcorada de las propuestas presidenciales.
Ciertamente, el volumen de participación que se registró en la ciudad de México –alrededor de 870 mil sufragios–, deja la impresión que el de ayer es un ejercicio perfectible, cuyos alcances pudieron haber sido mayores si se toman en cuenta las expectativas generadas y el hecho de que contó con el respaldo del Ejecutivo y el Legislativo locales, del órgano electoral del Distrito Federal y de importantes representantes de la vida intelectual, artística, académica y periodística del país.
En particular, la abstención en esta capital, cuya sociedad ha dado el respaldo durante la década pasada a una visión alternativa de país y a proyectos de gobierno de corte social y progresista, debiera ser motivo de profundo análisis por parte de los organizadores, quienes deben poner especial atención en el manoseo político que se hizo, en los días previos, de este ejercicio ciudadano, un factor que, según puede verse, acabó por mermar la confianza en torno a su imparcialidad.
Del mismo modo, no puede pasarse por alto que la consulta fue, desde su concepción, blanco de las más burdas descalificaciones, de una campaña de desinformación y de las mentiras emprendida por la cúpula político-empresarial que detenta el poder en el país. Estos factores, por lo demás, no debieran desanimar a quienes promovieron y participaron en la jornada de ayer, sobre todo porque ésta confirmó la necesidad de que la ciudadanía avance hacia una participación más activa en la vida democrática, se involucre cada vez más en las decisiones del gobierno y, en conjunto, se convierta en un factor de peso constante al momento de determinar el rumbo de la nación.
Finalmente, si bien es cierto que el sondeo público de ayer no tiene carácter vinculante, es de esperar que los legisladores tomen en cuenta, en su justa dimensión, la negativa expresada. Sería deseable y necesario, asimismo, que en aras de un auténtico espíritu democrático, el ejercicio de ayer en la ciudad de México y otras entidades pudiera realizarse a escala nacional, a fin de que quienes habrán de tomar las decisiones sobre el futuro de Pemex conocieran a cabalidad el sentir de la población sobre el tema. Sólo en esa medida los legisladores tendrían elementos de juicio suficientes para dictaminar las iniciativas de reforma petrolera de conformidad con su papel de representantes populares y con sentido de país.
Para conocer el resultado del conteo de votos de la consulta ciudadana, visite la dirección: http://www.consultaenergetica.df.gob.mx/

domingo, 27 de julio de 2008

Ecuador: La Asamblea Constituyente entrega nueva Constitución

No se trata de una constitución de corte socialista, pero recoge una serie de aspectos novedosos y progresistas que, de entrar en vigencia, permitirán dar un paso adelante para superar las inequidades, discriminaciones e injusticias que aun se mantienen como rezagos del viejo país.
Eduardo Tamayo G. / ALAI AMLATINA.
Quito.- Con 94 votos a favor y 32 en contra, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este 24 de julio un proyecto de Constitución que incluye importante avances sociales y políticos y deberá ser aprobada o reprobada en un referendo que se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre.
La nueva Constitución, que ha sido fruto de un trabajo de ocho meses en la que han participado con sus propuestas centenares de grupos organizados y personas, recoge en lo fundamental la aspiración de superar el modelo neoliberal impuesto con la Constitución de 1998 que sumió al Ecuador en una profunda crisis.
La nueva Constitución fue aprobada por Alianza País, el Movimiento Popular Democrático, Pachakutik y cuatro independientes que pertenecían al Partido Sociedad Patriótica (PSP) que dirige el ex- presidente Lucio Gutiérrez, que encabeza la oposición de derecha. Se opusieron el Partido Social Cristiano, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) (que encabeza el magnate bananero Alvaro Noboa), el PSP y los movimientos UNO y Futuro Ya.
Este viernes 25 de julio en la Ciudad Alfaro, ubicada en Montecristi, a 390 kilómetros al occidente de Quito, se realizó el acto de entrega del proyecto de Constitución. La vicepresidenta de la Asamblea, Aminta Buenaño, al depositar la Constitución en manos de un grupo de niños, dijo: "hemos escrito una Constitución pero ustedes la harán realidad, esta Constitución es de ustedes, pero para que ustedes la continúen, para que escriban la poesía de la verdad, de la justicia, de la equidad. Tienen aquí los lápices para que redacten la más bella historia del país, con un borrador para que borren los errores del pasado, la partidocracia, la corrupción, la ineficiencia, la desigualdad distribución de la riqueza, las equivocaciones propias y ajenas".
El presidente Rafael Correa, por su lado, destacó que el proceso de cambio que vive el país ha sido "esencial y ampliamente democrático, participativo, incluyente" y que los anhelos de millones y millones de ciudadanos que apoyaron decididamente los ejes de la revolución ciudadana tienen que respetarse". Recordó también que en la consulta ciudadana, el pueblo se pronunció abrumadoramente en la consulta popular de abril de 2007, con más del 80 por ciento de los votos, por esta Asamblea Nacional Constituyente, sin embargo "los tristes voceros de la oligarquía siguieron manteniendo sin asomo de vergüenza, sin sangre en la cara, su oposición a todo lo que significara cambio".
Mientras los asistentes al acto gritaban "sí se pudo", el Presidente de la Asamblea Constituyente, Fernando Cordero, señaló que "esta Constitución es una casa de aire, tierra, agua, fuego, porque se ha edificado con la mirada en nuestra tierra ecuatoriana y universal, cuidando el planeta y su sostenibilidad para que las generaciones del presente y el futuro la disfruten", agregando que "esta nueva Constitución, lo podemos decir sin temores ni tapujos, de la Tierra, también del agua, porque además de consagrar el derecho del agua como un derecho fundamental hemos hecho de la construcción de la Constitución un ejercicio de transparencia, aquí a nadie se le perdieron las actas, todo está grabado, todo está registrado, todo queda certificado para que a nadie se le confunda la historia".
Aspectos novedosos
No se trata de una constitución de corte socialista, pero recoge una serie de aspectos novedosos y progresistas que, de entrar en vigencia, permitirán dar un paso adelante para superar las inequidades, discriminaciones e injusticias que aun se mantienen como rezagos del viejo país.
Los 444 artículos y las 30 disposiciones transitorias que contienen el documento merecen una lectura y un análisis detallados, pero al paso, queremos destacar algunos: el régimen del buen vivir (sumak kaway), los derechos de la naturaleza, las soberanía alimentaria, la declaratoria del Estado como plurinacionalidad y el reconocimiento del kichua y el shuar como "idiomas oficiales de relación intercultural", el reconocimiento de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, los derechos al agua y a la comunicación, entre otros.
En la Constitución aprobada por la ANC se establece una nueva forma de inserción internacional del Ecuador priorizando la integración latinoamericana, la no cesión de la jurisdicción del Estado en los tratados e instrumentos internacionales a instancias de arbitraje internacional (lo que debe llevar, por ejemplo, a una ruptura con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial), reglas soberanas para el endeudamiento externo.
Respondiendo a un clamor nacional, en la Constitución se ha recogido el principio de que el Ecuador es un "territorio de paz y que no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones militares extranjeras con propósitos militares" (art. 5). Con ello, nunca más el país tendría una base como la que instalaron los militares estadounidenses en la ciudad de Manta y que debe salir en el 2010.
Asimismo, en la Constitución se establece el "régimen del buen vivir" (sumak kaway) como un "conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio culturales y ambientales" que permitirán que los derechos se hagan realidad. Este capítulo comprende la inclusión y la equidad social, educación, salud, hábitat y vivienda, cultura, cultura física y tiempo libre y comunicación.
Es novedosa, igualmente, la incorporación en la Constitución de la naturaleza como sujeto de derechos. El artículo 71 textualmente señala: "La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos".
En el campo de la comunicación no solo se reconoce el derecho a la comunicación, como ya establecía la Constitución de 1998, sino que se establece el acceso igualitario al espectro radioeléctrico para fundar medios privados, públicos y comunitarios, la creación de un sistema de comunicación y la obligación del Ejecutivo de crear una comisión que haga una auditoría de las concesiones de las frecuencias de radio y televisión.
Discrepancias y dificultades
El proceso de elaboración del texto constitucional no estuvo exento de pugnas y dificultades y errores metodológicos.
El procesamiento de las 3500 propuestas presentadas por gremios, gobiernos seccionales, instituciones, etc. y de las conclusiones de decenas de foros temáticos y territoriales fue un asunto complejo para las 10 mesas de la Asamblea que trabajaron el articulado de la Constitución.
Pero las dificultades mayores surgieron en el bloque de Alianza País donde se manifestaron discrepancias en torno a temas como el consentimiento previo para la explotación de los recursos naturales, el reconocimiento de los derechos indígenas como la plurinacionalidad y el kichua como idioma oficial, etc. Las cabezas visibles del impasse fueron el asambleísta Alberto Acosta, quien defendía las agendas de los movimientos sociales, y de otro lado el Presidente Rafael Correa que defiende su proyecto ciudadano llegando incluso a hablar 20 asambleístas "infiltrados" en Alianza País y que "el mayor peligro para nuestro proyecto de país" es el izquierdismo, el ecologismo y el indigenismo infantiles.
Desde sectores de derecha, que ya han empezado la campaña por el NO, se ha señalado que la Constitución concentra demasiando poder en el Ejecutivo, primando, además, una visión cortoplacista en el sentido de favorecer la gobernabilidad del actual régimen de Rafael Correa. Estos mismos sectores, acolitados por los grandes medios que estuvieron siempre atentos a desprestigiar la Asamblea Constituyente, destacando solo sus aspectos negativos o anecdóticos. Casi nunca siguieron o recogieron el contenido o el alcance de los debates sobre los temas de fondo, centrándose en aspectos emocionales y controversiales como el aborto o la homosexualidad.
Los medios dieron grandes espacios a los asambleístas del bloque minoritario de la derecha quienes fueron profusa y repetidamente entrevistados, especialmente en la televisión.
Cabe indicar, sin embargo, que en algo contrarrestó la campaña mediática de desprestigio y desinformación, el canal público TV Ecuador, recientemente creado, que transmitió en vivo y en directo las sesiones de la Asamblea Constituyente.
Lea el proyecto de Constitución ecuatoriana en esta dirección:
http://www.asambleaconstituyente.gov.ec/
Artículo relacionado:
Ecuador: Los 444 artículos de Montecristi, de Rubén Martínez Dalmau, en la dirección: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70772

¡Mesoamérica en Resistencia, No al neocolonialismo del libre comercio!

Declaración Política del VII Foro Mesoamericano de los Pueblos
El Foro Mesoamericano de los Pueblos, desde su primera convocatoria a inicios del siglo XXI, ha recorrido un largo camino, construyendo y articulando las luchas y resistencia contra las diferentes expresiones del neoliberalismo (tratados de libre comercio, acuerdos de asociación comercial, concesiones territoriales para la inversión extranjera como el Plan Puebla Panamá, las privatizaciones, la militarización y la criminalización de los movimientos sociales), en una región con una inmensa riqueza sociocultural y poseedora de recursos naturales estratégicos como tierra, agua, una biodiversidad exuberante, recursos energéticos y minerales, etc., los cuales han sido históricamente codiciados por los grandes imperios en su afán por explotar dichos recursos y consolidar su poderío económico, político y militar.
En estos años, observamos claramente dos tendencias convergentes: en primer lugar, se ha profundizado la ofensiva del gran capital por apropiarse de todos los recursos estratégicos que poseen los pueblos de la región; en este sentido, los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Asociación, promovidos por los Estados Unidos y por la Unión Europea, son los instrumentos centrales de las grandes potencias para consolidar su posición hegemónica en la economía global. En segundo lugar, ha continuado creciendo el movimiento de resistencia popular frente a un modelo expoliador, excluyente, concentrador de riqueza y poder, movimiento al que se han ido sumando nuevos sectores con reivindicaciones específicas que se agregan a las históricas demandas por tierra, trabajo, dignidad, respeto a la vida y a los derechos humanos, que nuestras organizaciones han enarbolado en su lucha por otro mundo posible.
En estos años, efectivamente, la hegemonía neoliberal ha sido radicalmente confrontada por los movimientos sociales mesoamericanos, con propuestas construidas desde los pueblos y para los pueblos, propuestas que tienen en común el respeto por la vida y la urgencia de producir nuevas formas de relacionamiento entre las personas y las poblaciones y de éstas con la naturaleza.
Durante estos días, los debates en las distintas mesas (sectoriales y multisectoriales), muestran el complejo abanico de la resistencia de los movimientos populares en la región, con toda su riqueza política y organizativa, así como sus desafíos. Constatamos que hemos avanzado en la consolidación de muchos espacios de resistencia, pero tomamos nota de que es necesario aún profundizar la articulación en algunos de ellos así como dar todo nuestro respaldo a los nuevos sectores que se han integrado en el proceso del Foro. Como todo proceso de lucha, el Foro Mesoamericano de los Pueblos es un espacio vivo, en permanente transformación, por lo que se hace necesario pensar críticamente este proceso en aras de que sirva para consolidar las luchas populares a nivel regional.
Así, en este VII Foro Mesoamericano de los Pueblos, reafirmando el carácter anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal de nuestro proceso, declaramos que:
- Nuestra posición política emana desde nuestra diversidad y nuestra resistencia, frente a un modelo que deshumaniza y mercantiliza la vida, la dignidad y la justicia, jerarquizando las relaciones económicas y sociales y subordinando las demandas y necesidades de la gran mayoría de la población a los intereses de una minoría, lo cual favorece al gran capital nacional y transnacional.
- El capitalismo, en su fase neoliberal actual, profundiza la exclusión, la inequidad, la pobreza y la desigualdad que sufrimos los pueblos mesoamericanos, pues su objetivo principal es autoreproducirse mediante la expropiación de nuestras riquezas, fomentando para ello la represión, la dependencia y negando a los pueblos su libre autodeterminación y soberanía.
- Especialmente, el capitalismo reproduce estructuras patriarcales de dominación que afectan la vida de millones de mujeres y hombres en nuestra región, pero muy en particular a las mujeres a quienes afecta de manera directa y diferenciada debido a su condición, situación y posición desigual en la sociedad. Asimismo a las niñas y niños, a quienes no se les considera plenamente como personas y por lo tanto se les violan sus derechos humanos, negándoles la capacidad de hablar y decidir sobre los problemas que los afectan. De igual manera, el patriarcado condena el derecho de las personas a la diversidad sexual, negando a quienes deciden vivir su sexualidad de una forma diferente a la sancionada como “buena” y “correcta”, el desarrollo pleno de sus derechos de ciudadanía.
- Se debe reconocer que existe una deuda ecológica y social que tienen los países del norte por la explotación de la naturaleza y consecuente destrucción del medio ambiente, con los países del sur y entre ellas destaca la deuda por el cambio climático. En este sentido, denunciamos la implementación de megaproyectos (minería, hidroeléctricas, carreteras, petroleras) en nuestro territorio, así como la acelerada expansión de monocultivos, que están destruyendo nuestra biodiversidad, los medios de supervivencia de miles de comunidades y comprometiendo el futuro mismo de la humanidad, pues los bosques tropicales son parte fundamental del equilibrio ecológico planetario.
- En la coyuntura actual, la guerra y la militarización están relacionadas con la necesidad de los Estados Unidos y otras potencias, de garantizar su acceso permanente a recursos energéticos estratégicos, con los cuales no cuentan en sus territorios (petróleo y gas natural), para sostener el ritmo de crecimiento de sus economías, así como la disputa por recursos como el agua y los de la biodiversidad. Es por ello que vemos en la reactivación de la IV Flota, en el despliegue de las operaciones continentales del Comando Sur, en el mantenimiento de bases militares por todo el territorio americano y en la adopción y aplicación, en muchos países, de legislaciones “antiterroristas”, hechos contundentes que demuestran que la militarización es parte central de la estrategia de expansión del capitalismo.
- Esto conlleva a que los pueblos que luchan en defensa de sus recursos, sean criminalizados por parte de los gobiernos, con el objeto de controlar los territorios a favor de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.
- La aplicación del modelo neoliberal produjo el desmantelamiento de la economía campesina en toda la región, para favorecer los intereses del agronegocio y fomentando la exportación de productos exóticos por sobre la producción de alimentos, lo cual ha llevado a nuestros países a perder casi por completo su soberanía alimentaria, generando además una crisis socioeconómica de profundas consecuencias entre el campesinado.
- Los organismos financieros internacionales, implementan políticas de cooperación que en realidad lo que buscan es crear marcos regulatorios para la operación de las empresas transnacionales, a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías. La llamada “cooperación para el desarrollo” de los países ricos, reproduce patrones coloniales de relacionamiento tipo “centroperiferia”, profundizando la dependencia de nuestros países con relación a los centros hegemónicos del poder global.
- Los pueblos indígenas de toda la región viven en este momento una ofensiva del sistema en contra de sus territorios, de sus recursos naturales, de su identidad cultural, sus formas de organización y libre determinación. Esta ofensiva se expresa de forma violenta mediante el cerco militar (el caso de Chiapas es crítico), la expropiación de tierras, la destrucción de sus aldeas y comunidades, entre otras cosas, todo lo cual les impide el ejercicio pleno de su autonomía como pueblos, consagrada no solo por sus propios usos y costumbres sino por Convenios internacionales como el 169 de la OIT.
- En el plano de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vivimos actualmente un proceso de acelerada destrucción de la organización sindical y de sus conquistas históricas, a través de la flexibilización laboral como una herramienta para la mayor acumulación de capital por parte de las transnacionales y del empresariado nacional. La precarización de las condiciones de vida de las grandes mayorías se da en un momento en que las tasas de ganancia de las expresas exportadoras e importadoras, que se benefician del modelo, aumenta aceleradamente. Los Tratados de Libre Comercio profundizan esta situación.
- Millones de campesinos y campesinas, indígenas, jóvenes, niños y niñas de nuestra región, se han visto forzados a dejar su tierra natal para emigrar hacia los Estados Unidos y Europa, en los últimos treinta años. Este periodo corresponde, justamente, con la implementación del modelo neoliberal, que expulsa a nuestra población. En los países de destino, las y los migrantes sufren en pésimas condiciones de vida, de trabajo y son discriminados en todos los ámbitos de la vida social. La vergonzosa “Directiva de Retorno” recientemente aprobada por la Unión Europea, así como el “Muro de la Vergüenza” que levanta Estados Unidos en su frontera con México, simbolizan el desprecio que los países del norte sienten por nuestros hermanos, que con su trabajo enriquecen a los dueños del capital.
- La juventud mesoamericana reafirma su identidad frente al adultocentrismo propio del sistema patriarcal, que criminaliza las formas de ser, saber y hacer de las personas jóvenes. En este sentido, desconoce los espacios oficiales de juventud y las políticas demagógicas de inclusión de las personas jóvenes, en el marco de las cumbres de jefes de estado y de los gobiernos, por ser no solo inconsultas y antipopulares sino por promover políticas que ven en la juventud un problema, desde los patrones morales de las clases dominantes. En muchos casos incluso las personas jóvenes son criminalizadas y sufren todo tipo de discriminación, muy especialmente en el plano laboral y académico.
- Finalmente, declaramos que la “democracia” actualmente existente no garantiza la verdadera participación popular en la toma de decisiones y no es por tanto, una democracia que permita la autodeterminación de los pueblos. Lo que existe hoy es un sistema electoral que asegura que el poder quede siempre en las mismas manos, mediante lo que algunos gobernantes de la región han llamado una “dictadura en democracia”. Consideramos que la participación política debe asegurarse en un marco auténticamente democrático, lo que significa implementar mecanismos que aseguren que la voz y demandas de las comunidades se incorporen en la definición de las políticas públicas y del modelo económico.
Considerando todo lo anterior, desde el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos decimos:
- Que rechazamos permanente y radicalmente el libre comercio, en especial las actuales “negociaciones” de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que a pesar de la retórica que los gobiernos de ambas regiones proyectan en sus declaraciones públicas, no es más que un tratado de libre comercio de características semejantes e impactos idénticos que los que acostumbra imponer a los pueblos los Estados Unidos, pero que incluso va más allá al imponer nuevas obligaciones en ámbitos como propiedad intelectual, servicios públicos y protección de las inversiones extranjeras.
- Demandamos que además de manifestarnos contra la violencia, discriminación y exclusión que sufren las mujeres, el carácter antipatriarcal del Foro Mesoamericano de los Pueblos, se exprese en adelante y de manera concreta, mediante metodologías que aseguren la equidad en la participación mediante la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones y en los paneles de discusión, así como en las actividades que el Foro promueva en sus planes de acción. Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales mesoamericanos, a hacer mayores esfuerzos por superar la situación de discriminación que las mujeres viven también a lo interno de nuestras luchas.
- Exigimos garantías para que las niñas, niños y adolescentes, puedan expresarse y ser escuchados, asegurando espacios para que ellos y ellas se junten para conocer y compartir los problemas que los afectan y sobre todo aquellos que tengan que ver con firmas, acuerdos y convenios ya sea que violen sus derechos o que busquen protegerlos, pues los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a usar la palabra para referirse y decidir sobre todo aquello que vaya a afectar sus condiciones de existencia.
- Asumimos nuestro compromiso de integrar el enfoque de derechos de la diversidad sexual en nuestras organizaciones y prácticas diarias, además de exigir políticas públicas a favor de las personas gay, lesbianas, transexuales y bisexuales. Particularmente, el Foro Mesoamericano de los Pueblos se manifiesta a favor de la aprobación, en Costa Rica, del proyecto de ley que permitiría la unión civil de personas del mismo sexo, considerando que sería un paso muy importante en este sentido.
- En cuanto al problema del cambio climático, consideramos que hay que darle un enfoque político, de justicia y que siente claramente la responsabilidad por la crisis que vive la humanidad y el planeta en su conjunto; exigimos reparación y pago del daño por la deuda ecológica que los países industrializados tienen para con los países del sur, además de vincular la cuestión del cambio climático con la soberanía alimentaria, el combate a los patrones de consumo depredadores del medio ambiente, el lanzamiento de una campaña de los movimientos a favor de la justicia ambiental y poner realmente la cuestión ecológica como algo fundamental del modelo económico y social por el que estamos luchando.
- Manifestamos enérgicamente nuestro repudio contra la militarización creciente que afecta a nuestros pueblos y contra la criminalización que sufren los movimientos sociales, concretamente repudiamos a la MINUSTAH que con más de 7 mil soldados somete y humilla al hermano pueblo de Haití, con la participación de tropas de países latinoamericanos como El Salvador, Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. Repudiamos también la reactivación de la IV Flota, las operaciones del Comando Sur y muy especialmente nos manifestamos contra el mantenimiento de la Base Militar de Palmerola, en territorio hondureño, por ser una amenaza permanente para los pueblos de nuestra región.
- Demandamos una reforma agraria integral, orientada no simplemente a repartir tierras entre el campesinado, sino que fomente una verdadera política productiva en beneficio de los pequeños y medianos productores agrícolas, con crédito oportuno, asistencia técnica y protección frente a la invasión de productos agrícolas transgénicos importados, poniendo énfasis en la recuperación de la soberanía alimentaria de nuestros países. Esta reforma agraria debe basarse no en los principios de la agricultura industrial, sino recuperar los conocimientos tradicionales, el rescate de la semilla criolla, establecer prohibiciones para el uso de semillas transgénicas y la construcción de redes de consumo responsable.
- Exigimos que la cooperación para el desarrollo se enfoque en la defensa y promoción de la vida, en la equidad y en la justicia, no en la reproducción del status quo. En ese sentido consideramos urgente la transformación inmediata de sus prácticas asistencialistas (muchas veces marcadas por la corrupción), de cooptación de líderes y desarticulación de nuestros movimientos, como mecanismo para impedir nuestra lucha por la autonomía y libre determinación.
- Exigimos el respeto al derecho de los pueblos indígenas a su territorio, recursos naturales, formas de organización y autonomía, sustentados y vinculados sobre su propia cosmovisión. Asimismo condenamos la violencia que actualmente se ejerce sobre los pueblos indígenas, para expropiarlos de sus riquezas naturales y culturales. En el marco de esta Declaración, muy especialmente nos pronunciamos en contra del megaproyecto turístico en Bahía de Tela, en Honduras, como uno de los proyectos más dañiños (aunque no el único) que se impulsan actualmente en la región, provocando un inmenso crimen ecológico y cultural que afecta a las comunidades Garífunas, despojándolas de su territorio y de sus derechos ancestrales.
- Como Foro Mesoamericano de los Pueblos, demandamos el cese inmediato de las políticas de inversión y megaproyectos, tales como represas hidroeléctricas, minería, turismo a gran escala, agricultura extensiva e intensiva en manos de las transnacionales, entre otras, que atentan contra la vida de los pueblos.
- Llamamos a fortalecer la lucha inclaudicable por la defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, a decir No a la flexibilización y tercerización laboral en detrimento de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras.
- Condenamos a la Unión Europea por la aprobación de la llamada Directiva de Retorno que criminaliza a las personas migrantes, así como a los Estados Unidos por la construcción del Muro de la Vergüenza, pues las migraciones son causadas por un modelo excluyente que obliga a millones de personas a abandonar su patria en busca de una oportunidad para sobrevivir. Demandamos la inmediata derogatoria de la Directiva de Retorno así como la construcción de una legislación migratoria que reconozca la Ciudadanía Universal de las personas migrantes.
- Rechazamos los espacios oficiales de juventud al tiempo que reprochamos las políticas demagógicas de inclusión de la juventud, en el marco de las cumbres de Estado, por ser inconsultas y antipopulares. Proponemos frente a esto relanzar la lucha hacia la construcción de un movimiento popular mesoamericano de juventud que pueda articular efectivamente las iniciativas que las organizaciones juveniles impulsan en nuestros países.
- En un contexto de monopolio mediático, luchamos por una comunicación alternativa, desde las bases, hacia una integración mesoamericana, le apostamos a una red de comunicación desde los movimientos sociales, proponemos la apropiación del software libre al servicio de los movimientos sociales y de las comunidades, y nos comprometemos a unirnos para seguir comunicando el otro mundo posible y necesario.
- Llamamos a construir un modelo mesoamericano para poder gobernar desde abajo hacia arriba, sin distinciones de ningún tipo, para poder manejar nuestra propia agenda regional es preciso avanzar con nuestro propio concepto de democracia y gobernabilidad, para ello debemos consolidar un verdadero Movimiento Social Mesoamericano que sea capaz de alcanzar estas transformaciones. Nos manifestamos también en contra de la corrupción de los gobiernos de la región, que afecta a millones de personas al negarles sus derechos a una vida digna, con trabajo, salud, educación, agua potable y otros servicios, pues los recursos públicos se consumen en pagar por privilegios para unos pocos.
- Creemos fundamental lucha por la construcción de un Estado Laico, con igualdad y equidad de género, que luche realmente contra la violencia familiar, en pro de los derechos sexuales y reproductivos, con justicia económica y en pro del aborto terapéutico. Necesitamos asimismo promover una espiritualidad liberadora, integradora y restauradora de nuestras culturas e identidades.
- Finalmente, el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos manifiesta su solidaridad para con los Cinco Héroes Cubanos, vilmente encarcelados en las prisiones del Imperio estadounidense, pues su lucha es la de todo un pueblo y la de todo un continente que aspira a un mundo con libertad, justicia y equidad. Nos manifestamos también en solidaridad con todos los presos políticos de toda la región mesoamericana y de todo el continente, en especial los presos políticos en Oaxaca y los estudiantes perseguidos y encarcelados actualmente en Panamá.
La realización del VII Foro Mesoamericano ha sido de vital importancia para continuar la construcción de pensamiento y articulación de acciones colectivas, pues ha permitido reencontrarnos en discusiones y debates necesarios para conocernos mejor y poder pensar en un proyecto social alternativo, de alcance regional.
Reafirmamos la necesidad de seguir profundizando nuestra articulación, pues necesitamos dar pasos que vayan más allá de la celebración del Foro como evento, para construir un Movimiento Social Mesoamericano donde los Foros sean parte de este proceso pero no su objetivo principal. El próximo Foro Mesoamericano de los Pueblos será realizado en México, en el 2009, por lo cual desde ahora alentamos la participación popular en este importante espacio de encuentro de luchadores y luchadoras de toda la región.
¡VIVA MESOAMÉRICA UNIDA! ¡OTRA MESOAMÉRICA Y OTRO MUNDO SON POSIBLES!
Managua, Nicaragua, 16 de julio de 2008.

sábado, 26 de julio de 2008

Etapa de definiciones en torno al Banco del Sur

María José Romero* / ALAI-AMLATINA
El Banco del Sur es uno de los tres soportes de la nueva arquitectura financiera regional en Sudamérica, junto a un Fondo del Sur y a una Unidad Monetaria Sudamericana. En esto coincidieron Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela en la Declaración de Quito firmada el 3 de mayo de 2007. Este banco pretende ser una expresión de soberanía e independencia financiera y además una entidad que financie otro tipo de integración con énfasis en soberanía energética, seguridad alimentaria y comercio intraregional. Sin embargo, tras su creación han surgido una serie de hechos y debates que nos muestran que el camino no es del todo fácil.
La creación del Banco del Sur se oficializó el 9 de diciembre de 2007 en Buenos Aires, Argentina, cuando los presidentes de los siete países miembros, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firmaron el acta de fundación de la institución. A partir de ese momento, la Comisión encargada de los aspectos técnicos del Banco se fijó como cometido acordar una propuesta de convenio constitutivo en 60 días, a fin de ponerlos a consideración de los presidentes y en última instancia someterlo a la ratificación de los respectivos parlamentos.
Sin embargo, dicho plazo fue superado ampliamente sin que la Comisión arribara a una propuesta de consenso. Tal como afirma Gabriel Strautman de Jubileo Brasil, “los debates han estado marcados por disputas entre aquellos que apuestan a la idea de ruptura con relación al sistema financiero internacional y aquellos que creen en el respeto a las reglas impuestas por las finanzas globalizadas y que, por tanto, ven en la institución multilateral regional apenas una nueva fuente de recursos para antiguos proyectos” (“Banco del Sur: 90 días de silencio”).
Las diferentes instancias técnicas que se cumplieron desde diciembre en adelante buscaban alcanzar acuerdos políticos y técnicos, en torno al aporte de capital y al gobierno del Banco como dos de los temas más controvertidos. En este proceso, la reunión celebrada en Montevideo el 25 de abril constituye una instancia fundamental. En dicha ocasión, los ministros de finanzas de los diferentes países, a excepción de Argentina que estuvo ausente de la reunión por coincidir con el recambio ministerial, acordaron el aporte de capital de los países miembros del Banco. Se crearon tres franjas a fin de contemplar las asimetrías existentes entre los países del bloque. En el primer grupo se encuentran Brasil, Argentina y Venezuela, países que aportarán 2 mil millones de dólares cada uno. En el segundo grupo están Uruguay y Ecuador que aportarán 400 millones. Mientras que en el tercero se encuentran Paraguay y Bolivia, que aportarán 100 millones. Por tanto, esto confirma el comienzo de las operaciones del Banco con 7 mil millones de dólares de capital. Esta resolución debía ser aprobada por Argentina y en esa ocasión no fue considerada la forma de gobierno que se le dará al Banco.
Dos meses más tarde, el gobierno de Ecuador y diferentes organizaciones de la sociedad civil organizaron en Quito, Ecuador, un taller técnico denominado “Nueva Arquitectura Financiera Regional: Banco del Sur”, como una nueva instancia de debate en torno a los objetivos del Banco. Dicha actividad se desarrolló del 23 al 26 de junio y contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Del evento participaron representantes de numerosas organizaciones de la sociedad civil, académicos, técnicos y ex funcionarios de otros bancos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, además de representantes de las comisiones técnicas de Paraguay, Bolivia y Ecuador, involucrados en las negociaciones oficiales para la creación del Banco.
Inmediatamente después de este evento, se reunieron el 27 de junio en Buenos Aires, los ministros de Economía de Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay, junto a representantes de Uruguay, Bolivia y Venezuela. Como observadores también estuvieron presentes representantes de Chile y Guyana. En esta reunión se presentaron las conclusiones del taller técnico de Quito en lo que corresponde a gobierno y administración del banco.
Cuestiones en debate
Las tres instancias señaladas han alimentado el debate y reflejan avances, no menores, en la evolución del proceso. Las principales cuestiones que estuvieron, y aun se encuentran en el debate, en torno a los objetivos y la constitución del Banco están marcadas por la disputa entre distintos intereses políticos. En un acalorado debate los participantes del taller de Quito presentaron, desde perspectivas muy diversas, ventajas y desventajas en torno a los temas técnicos que están pendientes de resolución. Entre ellos cabe destacar los siguientes:
a) Gobierno y administración
Según la Carta Fundacional del Banco, la representación y voto del cuerpo directivo del será democrática y corresponderá a un país, un voto. Sin embargo, es necesario determinar qué asuntos precisan voto y cuáles son parte de las operaciones cotidianas de la institución.
Aún no está definida la estructura organizacional del Banco. Las opciones que se manejaron en el taller giran en torno a la división clásica de departamentos, según áreas de actividad: transporte, salud, otros, o algo más alternativo/solidario, que por el momento no está claro. Los participantes del taller hicieron referencia a que la estructura predetermina la inversión (ej. los departamentos de transporte solo encuentran proyectos de transporte), por lo que resulta necesaria una definición política al respecto.
También en este punto se requiere una definición en torno a las competencias de los órganos de gobierno/administración, la forma de selección del personal del Banco (proporción de especialistas y oficiales de proyectos, cuotas de personal por país, etc.), y sus condiciones de trabajo (inmunidad, exenciones y privilegios), retiro y/o suspensión de países miembros.
b) Capital, acciones y captación de recursos
Las definiciones en torno al capital del Banco comenzaron a producirse en la reunión ministerial que tuvo lugar en Montevideo. De todas formas aun están planteadas alternativas en cuanto a: tipos de acciones por países miembros y países no-miembros, tramos por monedas, capital suscrito, pagado y autorizado.
En el taller técnico también se plantearon distintas posiciones sobre el uso de reservas internacionales y otras fuentes alternativas, la utilización de fondos especiales (donaciones de otros países, donantes privados, fondos fiduciarios, etc.), mecanismos de co-financiación con otros organismos multilaterales, y el límite de exposición.
c) Políticas e instrumentos de inversión para el desarrollo social, ambiental y económico de la región
Para muchas organizaciones sociales este es uno de los puntos que marcará la diferencia del Banco del Sur respecto a otras instituciones financieras. Frente a esto, varios son los elementos que requieren definición. Entre ellos: el tipo de instrumentos y condiciones de financiamiento; la disponibilidad de préstamos concesionales y no concesionales, y las condiciones de concesionalidad; las tasas de interés y los criterios que se aplicarán (PIB per cápita, tipo de actividad, modo de producción, etc.); las fuentes de financiación y cómo determinar su monto en porcentaje del gasto total; los criterios de elegibilidad (países, regiones, sectores, tipo de inversiones, etc.); los tipos de garantías, y las condiciones de la asistencia técnica.
Dado que no se podrán financiar todas las áreas de actividad es necesario establecer criterio para priorizar la cartera de inversiones (asignación por país, por población, por pobreza, por contribución, por sector, etc.). De acuerdo a lo establecido en las declaraciones firmadas a lo largo del proceso de constitución del Banco (Declaración de Asunción, de Quito, de Río) se privilegiarán los criterios de soberanía alimentaria, energética y de salud; la complementariedad productiva regional; la expansión de la infraestructura y de cadenas productivas regionales; la reducción de desigualdad/pobreza; el crecimiento económico de zonas marginales. De todas formas los criterios tendrán que quedaran expresamente estipulados en los estatutos de la institución.
d) Ciclo de operaciones, salvaguardas y compras del Banco
Es necesario establecer si existirán salvaguardas medioambientales y sociales: protección ambiental y sociocultural, derechos de mujeres, indígenas, afrodescendientes y comunidades, mitigar reasentamientos involuntarios, respeto a normas laborales, etc.
Las compras y adquisiciones del Banco podrán o no estar ligadas a la ayuda que facilitará la institución. Las alternativas se presentan en relación a si se privilegiará la compra de insumos producidos en la región, en qué porcentajes, y cómo será la resolución de conflictos en caso de cuestionamiento de licitaciones competitivas.
e) Participación y transparencia
La posibilidad de que el Banco se abra a la participación de las organizaciones de la sociedad civil forma parte de un debate técnico-político que aun no está cerrado, al menos para las organizaciones sociales. Por este motivo se tendrán que procesar definiciones en torno a los mecanismos de control social y su alcance.
La transparencia de las operaciones del Banco parece ser otro de los objetivos buscados. Esto se dará a partir de: criterios en cuanto al acceso a la información, definiciones sobre secreto bancario y corrupción, rendición de cuentas, auditorias y evaluación internas y/o externas.
Quedó claro a lo largo de la discusión y lo está para muchas organizaciones de la sociedad civil desde el inicio del proceso, que en muchos casos se trata de privilegiar decisiones políticas sobre concepciones técnicas, lo que en última instancia también implica una decisión política.
Para las organizaciones que promueven la creación de una institución financiera que se diferencie sustancialmente de las ya existentes, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se trata de no replicar modelos. Puesto que si dichas instituciones funcionaran según su cometido, y en favor del desarrollo equitativo y sustentable de los países latinoamericanos no se estaría debatiendo la creación de una nueva institución.
Por este motivo, existe una contradicción latente entre muchos técnicos, partidarios de utilizar los modelos de estructura, financiamiento y captación de recursos de las instituciones de desarrollo existentes, y las expectativas que provoca en la región la creación de una institución sobre nuevas bases.
Las últimas definiciones
En la reunión ministerial que tuvo lugar en Buenos Aires se ratificó lo acordado en Montevideo respecto al aporte de capital de los países miembros, y se reiteró la invitación a los restantes países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Por este motivo, a manera de presagio optimista se avanzó un paso más, al señalarse que el capital inicial suscripto será de 10 mil millones de dólares. Esto supone que a los 7 mil millones acordados oportunamente se agregan 3 mil millones que se integrarían con el aporte de Colombia, Perú, Chile, Surinam y Guyana. Pero hasta el momento sólo Colombia y Surinam han solicitado su adhesión al Banco. Colombia lo hizo el 12 de octubre de 2007, luego a la reunión ministerial que se llevó a cabo en Río de Janeiro, aunque su incorporación no avanzó a raíz de los conflictos con sus países limítrofes. Y Surinam pidió su incorporación en esta última reunión en Buenos Aires.
Según han informado distintos medios de prensa, un paso adicional hacia la integración monetaria regional será dado por Argentina y Brasil en septiembre próximo, cuando el intercambio entre ambos países deje de utilizar el dólar como moneda y se haga en cuenta corriente entre ambos bancos centrales, que luego compensarán el saldo entre sí. La desconexión del dólar representa un paso más hacia la búsqueda de una unidad de cuenta sudamericana, proyecto en el que ha trabajo en extenso el economista Oscar Ugarteche.
Sin duda, la unidad de cuenta y la creación del Banco del Sur abonan el proceso en dirección a una nueva arquitectura financiera regional, que busca reforzar la independencia de la región respecto a las políticas promovidas durante la década de los noventa. El Banco del Sur ha sido reivindicado por el movimiento de deuda de América del Sur, que se encuentra trabajando en pos de la iniciativa y observando las negociaciones con expectativa, lo que le otorga legitimidad al proceso. Pero en la medida que éstos dejen de sentir la iniciativa como propia, el banco perdería uno de sus principales activos y se transformaría en una institución financiera más.
*María José Romero es politóloga y editora del proyecto Monitor de Instituciones Financieras en América Latina (http://ifis.choike.org/esp), del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).

Imperialismo contra bolivarianismo

Homar Garcés / ARGENPRESS.info
Tanto su magna figura como su magna obra han sido revitalizadas formidable y ampliamente a nivel nacional, continental y mundial por el proceso revolucionario que tiene por escenario a Venezuela. Es Simón Bolívar quien ha devenido en una suerte de muro de contención moral e histórico harto significativo frente a las desmedidas apetencias imperialistas y neocolonialistas del gobierno de Washington.
Esta trascendente revitalización de El Libertador ha logrado que una inmensa porción de nuestra América avizore en su propuesta del Congreso Anfictiónico de Panamá la opción más cercana, más posible y más valedera que se tiene para resaltar el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos americanos en abierta oposición al imperialismo yanqui.
Como Bolívar en su tiempo, la América toda, unida por una historia y unas necesidades comunes de desarrollo, no tiene por qué prolongar el proceso de su absoluta independencia, manteniendo una oposición de nacionalidades que sólo contribuye a su debilitamiento y a la dependencia ante las metrópolis capitalistas industrializadas. Hoy más que nunca, la tesis integracionista y antiimperialista de Simón Bolívar representa el bastión desde el cual la dignidad y la libertad de los pueblos americanos puede hacerle contrapeso al ansia de dominación territorial, política, militar, cultural, tecnológica y económica que impulsó la política exterior estadounidense en estas últimas décadas.
Vale recordar que Bolívar, en correspondencia dirigida desde Guayaquil al Encargado de Negocios de Inglaterra en Bogotá, Patrick Campbell, el 5 de agosto de 1829, advirtió que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad”. Sin ser profeta, El Libertador intuía, desde la proclamación unilateral hecha en 1823 por el Presidente James Monroe advirtiendo a las potencias europeas que “América es para los americanos”, las graves amenazas que pendían sobre nuestro Continente provenientes de los americanos del Norte. Desde entonces, el bolivarianismo se mantiene en lucha contra el imperialismo. Y eso no hay que negarlo ni, menos, impedirlo.
No es casual, por tanto, que, al proclamarse el proceso revolucionario venezolano como heredero histórico del pensamiento y la acción de Bolívar, constituyéndose en una de sus raíces fundamentales, exista un enfrentamiento ideológico inmediato con el imperialismo yanqui. Así lo comprendieron, desde un primer momento, los jerarcas del Pentágono, Wall Street y el Departamento de Estado norteamericano porque el americanismo y la absoluta independencia de nuestras naciones, simbolizadas en Bolívar, riñen abiertamente con la concepción imperialista y neocolonialista manejada en Estados Unidos.
Tanto así que, de haber logrado Bolívar que el pacto de defensa y seguridad política propuesto en Panamá fuera una realidad permanente, habría sido difícil que se produjeran la serie de invasiones militares, golpes de Estado, magnicidios, sabotajes, bloqueos económicos y guerrillas contrarrevolucionarias, auspiciadas por Estados Unidos, todo con el objetivo de resguardar sus intereses geopolíticos; centrados, básicamente, enel mantenimiento del orden económico manejado y controlado por las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas que apoyan las elites dominantes de las naciones al sur del río Bravo.
De ahí que sea sumamente paradójica la posibilidad de que nuestros países (excluyendo a Cuba, por supuesto, por razones históricas y políticas que irritan a la Casa Blanca) se unan en pie de igualdad con el coloso estadounidense, tal como lo dejan entrever los auspiciadores de una mayor cercanía con éste, anhelando una inundación ilusoria de dólares en éstos, a través de una versión mejorada del ALCA y otros mecanismos binacionales que, al final, le darían a éste una preponderancia aún mayor y el derecho unilateral de intervenir en nuestros asuntos internos, toda vez que considere vulnerados o amenazados sus intereses.
Para conseguirlo, Washington dispone ya de una serie de planes, esencialmente militares, con una cabeza de playa representada por Colombia, que le otorgarían la facultad de intervenir libremente, sin mediar para nada el respeto al Derecho internacional ni la jurisdicción de cualquier tribunal que pretenda juzgar, en algún momento, a sus sacrosantos efectivos militares. Cuestión que contradice y combate el aspecto medular que compone el bolivarianismo, como lo son el respeto a la soberanía y al derecho de las naciones a existir en igualdad de derechos en el concierto internacional.

El nombre de América Latina

Jorge Majfud / www.estocolmo.se
(Ilustración: "Rambla", del ecuatoriano Osvaldo Guayasamín)
El componente escencialista de la antigua búsqueda de la identidad como parte de diferentes proyectos nacionalistas —y que ocupó tanto tiempo a intelectuales como Octavio Paz—, no ha desaparecido completamente o se ha transmutado en una relación comercial de signos en lucha, en un nuevo contexto global. Y como siempre, la realidad es un subproducto de equívocos de sus propias representaciones.
¿Qué significa "latino"? Por años, el latinoamericano típico —que es otra forma de decir "el latinoamericano estereotípico"— fue representado por el indígena de origen azteca, maya, inca o quechua que conservaba sus tradiciones ancestrales mezclándolas con los ritos católicos. Lo que tenían en común estos pueblos era la lengua castellana y la violencia común de la colonización. Sin embargo, todos, a los ojos europeos, norteamericanos e, incluso, ante sus propios ojos, eran definidos monolíticamente como "latinoamericanos". A los habitantes de la región del Río de la Plata se los llamaba, por parte de los anglosajones, "los europeos del Sur".
Si volvemos a la etimología de la palabra latina, veremos una fuerte contradicción en esta identificación anterior: ninguna de las culturas indígenas que encontraron los españoles en el nuevo continente tenían algo de "latino". Por el contrario, otras regiones más al sur carecían de este componente étnico y cultural. En su casi totalidad, su población y su cultura procedía de Italia, de Francia, de España y de Portugal.
En Valiente mundo nuevo, Carlos Fuentes nos dice: "Lo primero es que somos un continente multirracial y policultural. De ahí que a lo largo de este libro no se emplee la denominación 'América Latina', inventada por los franceses en el siglo XIX para incluirse en el conjunto americano, sino la descripción más completa Indo-Afro-Ibero-América. Pero en todo caso, el componente indio y africano está presente, implícito".
A esta objeción del ensayista mexicano, Koen de Munter responde con la misma piedra, observando que el discurso indigenista ha pasado a ser una moda, siempre y cuando se refiera a la defensa de pequeños grupos, políticamente inofensivos, folklóricos, de forma de olvidar las grandes masas que migran a las ciudades y se mimetizan en una especie de mestizaje obligatorio. Este mestizaje, en países como México, sería sólo la metáfora central de un proyecto nacional, principalmente desde los años noventa. Fuentes que sostiene que afortunadamente fuimos una colonia española y no inglesa, lo que permitió un "mestizaje" en el continente. Pero Koen de Munter entiende este tipo de discurso como parte una demagogia "hispanófila", de una "ideología del mestizaje" por la cual se soslayan las condiciones inaceptables de la actual realidad latinoamericana. Según el mismo autor, la hispanofilia de estos intelectuales no les permite recordar el racismo colonial de la España que luchó contra moros y judíos al tiempo que se abría camino en el nuevo continente. En resumen, más que mestizaje deberíamos hablar de una "multiple violation".
Al parecer porque el término propuesto era demasiado largo, Carlos Fuentes se decide por usar "Iberoamérica", siendo éste, a mi juicio, mucho más restrictivo que el propuesto "interesadamente" por los franceses, ya que se excluye no sólo a las oleadas de inmigración francesa en el Cono Sur y en otras regiones del continente en cuestión, sino a otros inmigrantes aún más numerosos y tan latinos como los pueblos ibéricos, como lo fueron los italianos. Bastaría con recordar que a finales del siglo XIX el ochenta por ciento de la población de Buenos Aires era italiana, motivo por el cual alguien definió a los argentinos —procediendo con otra generalización— como "italianos que hablan español".
Por otra parte, la idea de incluir en una sola denominación el componente indígena ("Indo") junto con el nombre "América" nos sugiere que son dos cosas distintas. Semejante es la suerte de la pudorosa y "políticamente correcta" referencia racial "afroamericano" para referirse a un norteamericano de piel oscura que tiene tanto de africano como Clint Eastwood o Kim Basinger.
Podríamos pensar que los pueblos indígenas son los que más derecho tienen a revindicar la denominación de "americanos", pero se ha colonizado el término como se colonizó la tierra, el espacio físico y cultural. Incluso cuando hoy en día decimos "americano" nos referimos a una única nacionalidad: la estadounidense. Para el significado de este término, tan importante es la definición de lo que significa como de lo que no significa. Y esta definición de las fronteras semánticas no deriva simplemente de su etimología sino de una disputa semántica en la cual ha vencido la exclusión de aquello que no es estadounidense. Un cubano o un brasileño podrán argumentar fatigosamente sobre las razones por las cuales se les debe llamar a ellos también "americanos", pero la redefinición de este término no se establece por la voluntad intelectual de algunos sino por la fuerza de una tradición cultural e intercultural. Si bien los primeros criollos que habitaban al sur del río Grande, desde México hasta el Río de la Plata se llamaban a sí mismos "americanos", luego la fuerza de la geopolítica de Estados Unidos se apropió del término, obligando al resto a usar un adjetivo para diferenciarse.
Es posible, también, que esta simplificación se deba al predominio de la perspectiva del otro: la europea. Europa, como Estados Unidos, no sólo ha sido históricamente egocéntrica y egolátrica sino también los pueblos colonizados lo han sido. Pocos en América, sin una carga ideológica importante, han estimado y han estudiado las culturas indígenas tanto como la europea. Es decir, es posible que nuestras definiciones simplificadas y simplificadoras de "América Latina" se deban a la natural confusión que proyecta siempre la mirada del otro: todos los indios son iguales: los mayas, los aztecas, los incas y los guaraníes. Sólo en lo que hoy es México, existía —y existe— un mosaico cultural que sólo nuestra ignorancia confunde y agrupa bajo la palabra "indígena". Con frecuencia, estas diferencias se resolvían en la guerra o en el sacrificio del otro.
De cualquier forma, aún considerando América Latina como una prolongación de Occidente (como extremo Occidente), sus nombres y sus identidades han estado, principalmente desde mediados del siglo XIX, en función de una negación. En julio de 1946, Jorge Luis Borges observaba, en la revista Sur, este mismo hábito cultural restringido a los argentinos. Los nacionalistas "ignoran, sin embargo, a los argentinos; en la polémica prefieren definirlos en función a algún hecho externo; de los conquistadores españoles (digamos) o de alguna imaginaria tradición católica o del imperialismo sajón".
Las repúblicas latinoamericanas fueron sucesivos inventos literarios de la elite intelectual del siglo XIX. Definir, prescribir y nombrar no son detalles menores. Pero la realidad también existe y ésta nunca se adaptó del todo a sus definiciones, a pesar de la violencia de la imaginación. La diferencia entre la concepción y la realidad del pueblo muchas veces tuvo el tamaño de centenarias injusticias, exclusiones y violentas revueltas y rebeliones que nunca llegaron a la categoría de revoluciones. Lo representado sigue siendo más débil que su representación.

domingo, 20 de julio de 2008

Escopeta no es sonajero

“Se puede preguntar por qué un Estado más fuerte desearía atacar a uno más débil, pero ciertamente ese no es el punto. El hecho decisivo es que, en el nivel interestatal, la unidad mayor puede atacar a los grupos más débiles. Como no hay quien pueda impedir esos ataques, los grupos humanos más débiles viven en continuo e inevitable estado de inseguridad”.
Norbert Elias (Envolvimento e Alienação, 1990).

José Luís Fiori */ ALAI-AMLATINA
La reactivación de la IV Flota Naval de Estados Unidos, en la zona del Atlántico Sur, provocará un cambio radical y permanente, en las relaciones militares de EE.UU con América Latina. Fue por esto que sorprendieron tanto, las primeras explicaciones estadounidenses, respecto a la reactivación de su Flota - creada en 1943, y desmantelada en 1950 – que habría sido una simple decisión “administrativa”, tomada con objetivos “pacíficos, humanitarios y ecológicos”.
La mentira no es un pecado grave en el campo de las relaciones internacionales. Por el contrario, mentir o decir medias-verdades, con competencia, fue siempre un arte y una virtud esencial de la diplomacia entre las naciones. Por lo tanto, no fue esto lo que llamó atención, en la declaración de las autoridades estadounidenses, fue su falta de respeto por la inteligencia de los interlocutores, y su menosprecio respecto a la impotencia de los gobiernos afectados por su decisión. Incluso si hablase también de la necesidad de “combatir la piratería, el tráfico de drogas, de personas y de armas”, sin explicar, a la vez, por qué que la IV Flota no fue reactivada durante la Guerra Fría, o incluso, después de la Revolución Cubana y de la Crisis de los Cohetes, de 1962, cuando el “flujo ilegal de armas y personas”, y el “tráfico de drogas” era igual o mayor que ahora. Por esto, tuvieron gran repercusión las declaraciones “correctivas”, de las autoridades navales de EE UU, efectuadas en la Base Naval Mayport, en Florida, el 11 de julio de 2008. En particular, el discurso inaugural del almirante Gary Roughead, jefe de Operaciones Navales de la Marina Americana, quien redefinió el objetivo principal de la nueva Flota, destinada a “proteger los mares de la región, de aquellos que amenazan el libre flujo del comercio internacional”, a la vez que advertía, a los incrédulos, que “nadie debe engañarse: porque esta flota estará lista para cualquier operación, a cualquier hora y dondequiera, en un máximo de 24 a 48 horas”.
Con respecto a la protección del comercio marítimo, todos los expertos saben que sólo tiene capacidad de proteger el “libre flujo del comercio mundial”, aquel que también tiene la capacidad de interrumpirlo. Es decir, quien tiene poder para proteger, también tiene el poder de excluir competidores, si fuere el caso, cuando se provoca la competición entre los estados y los capitales privados, como está aconteciendo, al iniciarse el siglo XXI. Después de casi una década de crecimiento continuo y acelerado, la economía mundial enfrenta en este momento, una disparada de los precios, de la especulación y de la escasez de algunas productos fundamentales, como es el caso del petróleo, de los alimentos y de los minerales estratégicos.
Y en este momento, ya está en curso una nueva “carrera imperialista”, entre las grandes potencias, que luchan por su seguridad energética y alimentaria, exactamente como aconteció al final del siglo XIX e inicios del siglo XX. Una competición que ya llegó a África, y deberá alcanzar América Latina, de forma todavía más intensa, gracias a sus recursos energéticos, a sus grandes reservas minerales e hídricas, y a su inmensa capacidad de producción alimentaria, muy superior a la de África. En particular, en el caso de Brasil, que deberá ser - pronto - el mayor exportador mundial de alimentos, y uno de los grandes exportadores de petróleo, además de ser el principal “propietario” de las aguas y de la biodiversidad amazónica. Existiendo un agravante, en el caso brasileño, desde el punto de vista de las autoridades norteamericanas: el hecho de ser el país que está liderando los procesos de creación de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y el Consejo Suramericano de Defensa, organizaciones que excluyen a los EE UU y vacían el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y la Junta Interamericana de Defensa, que son controlados por los norteamericanos.
Esta historia, sin embargo, trae una lección importante para el futuro de América Latina, y de Brasil en particular. Hace un siglo, más o menos, el almirante y geopolítico Alfred Mahan, se destacó por su defensa militante de la idea de que los EE UU jamás sería una “gran potencia”, apoyándose únicamente en su desarrollo económico. Para tener estatuto internacional, requeriría de una escuadra naval capaz de proyectar el poder americano alrededor del mundo, como había hecho Inglaterra, en el siglo XIX [1]. El almirante Mahan ejerció gran influencia personal, sobre el presidente Theodore Roosevelt, a comienzos del siglo XX, y después se transformó en el mayor símbolo del poder naval americano, de todos los tiempos.
Con razón, porque menos de medio siglo después de su muerte, EE UU ya era el mayor poder naval de la historia de la humanidad, controlando todos los mares y océanos del mundo, con sus siete Flotas Navales. En este momento, Estados Unidos acaba de reactivar su IV Flota, pero podrá crear muchas otras, si quisiera, sin atentar contra el Derecho Internacional, sin necesidad de utilizar las aguas soberanas de otros estados, y sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Obedeciendo sólo a sus cálculos estratégicos y a su poder de construir y distribuir barcos militares alrededor del mundo, como había propuesto Alfred Mahan.
Según el sociólogo alemán Norbert Elias, la dura verdad es que, “si algún Estado fuese más fuerte o se creyere más fuerte que sus vecinos, siempre habrá la posibilidad de que intente obtener ventajas, lo que puede ocurrir de diversas formas, hostilizándolos, haciendo exigencias o invadiéndolos y anexionándolos [..] y sólo existe una posibilidad de que un Estado con mayor poder de ejercer la violencia sea impedido de explotar al máximo su porción de poder relativo: él sólo puede ser reprimido por otro Estado equivalentemente fuerte o por un grupo de estados que consigan controlar las rivalidades entre sí en grado suficiente para favorecer su potencial combinado de poder”[2] .
NOTAS
[1] Mahan, A.T. (1890/1987), The Influence os Sea Power Upon History 1660-1783, Dover Publications, Inc, New York.
[2] Elias, N.,(1990), Envolvimento e Alienação, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, p: 213 e 214.
*José Luis Fiori es Profesor Titular de Economía Política Internacional del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro
(Traducción al español del artículo original en portugués: ALAI)

Haití: Una crisis en múltiples facetas

La gente viene pidiendo el relanzamiento de la producción nacional y la implantación de un nuevo modelo económico más preocupado por el bienestar de la población, y menos centrado en la estabilidad macroeconómica y en quedarse fiel a los dictados de los financiadores internacionales.
Wooldy Edson Louidor y Angélica López / ALAI AMLATINA - Alterpresse
Puerto Príncipe.- A comienzos del mes de abril de 2008, Haití se enfrentó a múltiples brotes de manifestaciones contra el hambre acompañadas de actos violentos y de vandalismo, lo que se consideró como parte de un movimiento mundial de protesta que estallaba paralelamente en varios países con altos índices de pobreza, tales como Burkina Faso, Camerún o Senegal.
Desde diversos sectores en Haití, particularmente de algunas organizaciones del movimiento altermundista y aun de los movimientos de protestas contra la carestía de la vida, llovieron reiteradas críticas en contra del modelo económico neoliberal aplicado en el país desde la mitad de los años ochenta, sobre todo a partir de hechos como la matanza de los cerdos de raza criolla ordenada por el Estado; tras la apertura descontrolada de nuestro mercado al comercio internacional y con la creciente privatización de las empresas estatales.
La entrada de productos extranjeros provenientes de países del primer mundo con muy bajos aranceles ha destruido la producción nacional y nos ha vuelto completamente dependientes, primero del extranjero y luego de la conmiseración de los organismos de financiamiento y de la comunidad internacional, lo que ha aumentando de paso nuestra supuesta deuda económica.
A través de las manifestaciones (hasta ahora), la gente viene pidiendo el relanzamiento de la producción nacional y la implantación de un nuevo modelo económico más preocupado por el bienestar de la población, y menos centrado en la estabilidad macroeconómica y en quedarse fiel a los dictados de los financiadores internacionales.
Crisis gubernamental y de seguridad
A raíz de las manifestaciones contra el hambre y del impacto nacional que estas tuvieron, Haití se enfrentó a una crisis gubernamental causada por la decisión del Senado de la República de destituir al primer ministro Jacques Édouard Alexis. Los 16 de 24 senadores que votaron la destitución el 12 de abril, dijeron en su carta al jefe del gobierno que “las haitianas y haitianos ya no creen en la capacidad del equipo gubernamental que Ud. (él) dirige para tomar las decisiones necesarias que permitan aliviar la miseria en la que viven cada día”.
Desde entonces, la nación se encuentra a la espera de que un nuevo primer ministro sea ratificado para suceder a Alexis, quien sigue gestionando los asuntos corrientes. En efecto, dos de los tres primeros ministros designados hasta el momento por el presidente René Préval, Pierre Erick Pierre y Robert Manuel, fueron rechazados el 12 de mayo y el 12 de junio respectivamente por la Cámara de diputados, en particular por un bloque político formado al interior de dicha Cámara llamado Concertación de Parlamentarios Progresistas (CPP). La razón argumentada para el rechazo de las candidaturas de los dos primeros ministros designados fue la supuesta inconformidad de sus documentos en relación a lo que manda la Constitución haitiana vigente. La nueva primera ministra designada por Préval, Michèle Duvivier Pierre Louis, espera aún el voto de ratificación del Parlamento para entrar en función.
Mientras tanto, el secuestro ha ido ganando más terreno en todo el territorio nacional, lo que llevó a un centenar de organizaciones de la sociedad civil a manifestarse públicamente y de forma masiva el 4 de junio pasado en la calles de Puerto Príncipe. La finalidad de dicha manifestación era decir un No contundente a este fenómeno inaceptable que cobra cada vez más víctimas, principalmente entre la niñez y la adolescencia.
¿Crisis moral?
La designación de la nueva primera ministra, Michèle Duvivier Pierre Louis, viene generando un nuevo debate en la sociedad en torno al tema de la “moralidad”. Parte de algunos sectores, sobre todo de las iglesias protestantes y de algunos grupúsculos políticos, exigen a las dos Cámaras que se forme una comisión ética para investigar la vida privada de la candidata con el fin de confirmar o no su supuesta homosexualidad.
Según tales sectores, una persona homosexual no puede de ninguna manera acceder al puesto de primer ministro, independientemente de que todos sus documentos estén en conformidad con lo prescrito por la Constitución y que posea las capacidades y competencias necesarias para ocupar dicho puesto.
Actualmente, la crisis va tomando una configuración moral (¿o pseudo-moral?) que muchos organismos de derechos humanos, organizaciones feministas, grupos de intelectuales, académicos, grandes figuras políticas nacionales e internacionales y otros sectores religiosos consideran como una “vuelta a la inquisición”, una “campaña sexista” contra la mujer y una “deriva” para el país.
La crisis amenaza con intensificarse
A mitad del mes de junio, el presidente Préval manifestó su inquietud de que, por la actual subida del precio del barril de petróleo en el mercado internacional (en aquel entonces, 139 dólares el barril) y debido a la incapacidad del actual gobierno haitiano para seguir subvencionando los productos petrolíferos (subvención que le ha costado 12 millones de dólares en déficit), los precios de los productos alimenticios sufran un considerable aumento en las próximas semanas y, por ende, se reanuden las manifestaciones contra el hambre y se produzcan nuevos conflictos sociales.
Además un nuevo año escolar comenzará en el mes de septiembre, lo que implicará para muchas familias pobres y de la clase media, enfrentarse nuevamente a los altísimos costos de la escolaridad de sus hijos e hijas y a la compra de uniformes y útiles escolares. A su vez, los precios del transporte público que han subido también proporcionalmente al aumento del combustible, incidirán con toda seguridad en el incremento de los gastos de las familias haitianas para el traslado de sus hijos e hijas a la escuela y la movilización de los padres hacia sus lugares de trabajo.
Crisis de desesperación y coraje
Desde el 23 de junio, fecha en la que el presidente Préval designó a Michèle Duvivier Pierre Louis al puesto de primer ministro, la población espera una respuesta del Parlamento y concretamente de la Cámara de diputados, para que el vacío gubernamental pueda ser llenado de una vez por todas y se forme un nuevo equipo competente y no corrupto, apto para atacar esta crisis que cobra diversas facetas día a día y que amenaza con intensificarse.
Sin embargo, la miseria y la desesperación en la que vive la población desgraciadamente están lejos de acabarse en el corto plazo, ya que el juego de fuerzas políticas en el Parlamento no es favorable al actual jefe de Estado haitiano quien no deja de buscar el aval del grupo mayoritario en la Cámara de diputados, el CPP, y de todos los partidos políticos.
Por su parte, las múltiples ayudas ofrecidas por el Fondo Monetario Internacional, el Programa Alimentario Mundial y otros organismos y países de la comunidad internacional se revelan insuficientes para enderezar la situación de una sociedad desgarrada en sus más íntimas fibras y que sufre de un mal estructural e histórico del que estamos asistiendo a la manifestación de sus múltiples facetas.

Perú, México y Colombia son pilares de los Estados Unidos para el sometimiento de América Latina

Si hace nueve años, Clinton y Pastrana firmaron un Plan Colombia y en marzo de 2007 Bush y Calderón acordaron un Plan México, no es difícil que el presidente Alan García, en su desesperación por acabar con las protestas que cada día crecen en Perú, le pida a Bush un Plan Perú de ayuda económica con el pretexto de “combatir el narcotráfico”.
Pedro Echeverría V. /ARGENPRESS.info

¿Qué pasa en Perú? Sucede lo mismo que en México, Colombia y varios países donde los gobiernos neoliberales han estado imponiendo programas privatizadores que sólo benefician a unos cuantos inversionistas y hacen más miserable a la población.
Según la escasa información que ha circulado por los periódicos, en los departamentos de la región selvática se paralizaron las actividades en varios días de la semana que concluye, ya que los habitantes de estas regiones protestan contra una legislación propuesta por el gobierno de Alan García y que modifica los criterios para ejercer la propiedad en estas regiones. Este hecho abre la puerta a la privatización de grandes territorios que actualmente son habitados, de acuerdo con sus costumbres y cultura, por poblaciones indígenas. Por la tarde del pasado jueves, la Central General de Trabajadores de Perú convocó en Lima a una gran concentración popular de respaldo al paro en contra de las políticas del gobierno de Alan García. En las regiones del sur del Perú, donde el rechazo al actual mandatario es más acentuado se tienen previstas otras movilizaciones y concentraciones.
Perú, con unos 30 millones de habitantes, hace vecindad con Ecuador y Bolivia, dos países no gratos para el gobierno de Bush por encontrarse en el círculo de Hugo Chávez y Fidel Castro; pero también Perú es vecino de Chile, Colombia y Brasil, o sea, se encuentra en Los Andes en una zona sísmica desde el lado geológico, pero también volcánica desde el punto de vista político. Si bien las viejas guerrillas de Hugo Blanco y de De la Puente Uceda de los años sesenta no lograron desatar grandes fuerzas, en Perú han reiniciado sus movilizaciones los indígenas, campesinos y obreros, entre los cuales están los trabajadores de las minas. Por otro lado Ollanta Humala parece haber agrupado en el último proceso electoral a un gran sector de izquierda que podría contribuir en la denuncia contra ese gobierno proyanqui. Perú es un país donde, al parecer, se produce poca información, pero eso no quiere decir que sea un pueblo resignado y totalmente mediatizado por las clases dominantes, lo que sucede es que (como en los volcanes) el fuego está abajo, escondido, y quizá está a punto de estallar.
No sé que quiera decir el escritor José Miguel de Oviedo al escribir que “la política peruana es una actividad dominada por presencias fantasmales, por tercos ecos del pasado y por gestos puramente rituales, una ceremonia ilusionista, sin mayores conexiones con la urgente realidad”. Sin embargo parece ser amigo de Belaúnde Terry y enemigo del general “izquierdista” Juan Velasco Alvarado al decir que los once años de “revolución militar”, comenzada en 1968 con un acento fuertemente izquierdista (No olvidar que Velasco Alvarado gobierna 1968/75, que propugna la reforma agraria y la libertad de expresión) y terminada en 1980 en medio de contradictorios golpes de timón y una sensación inocultable de fracaso. Dice que de la “revolución militar queda casi nada, que es una nostalgia después de haber sido una caricatura. Los peruanos serán los que hagan el juicio histórico de este período “nacionalista” que precedió a lo que será el Perú de hoy: atado de pies y manos por los intereses estadounidenses. Como no peruano no quisiera abundar sobre el asunto, aunque sí me tocó vivir con intensidad el periodo gubernamental de Velasco.
Alan García en Perú (como Felipe Calderón en México y Alvaro Uribe en Colombia) ha estado cumpliendo en América Latina la misma tarea que los gobiernos de Israel han puesto en práctica contra los países árabes en Asia: ser pilares de los EEUU, puntos de apoyo para que ese imperio someta a la región. Este personaje (Alan García), que viene de toda la tradición del APRA de Haya de la Torre, partido que nació en 1924 con un discurso agrario nacionalista, a los pocos años se vendió a los intereses de los EEUU y siguió dominando al Perú. García se hizo del poder en 1985, pero antes de entregarlo a Fujimori fue acusado de malversación de fondos público. Incluso esa acusación le dio fuerza al peruano/japonés para cambiar la Constitución y reelegirse dos veces. Después de los grandes desfalcos de este último, en medio de la crisis asume el cargo Alejandro Toledo en 2001 para luego entregárselo cinco años después, nuevamente, a Alan García. Los gobiernos yanquis han dominado con toda facilidad los quinquenios peruanos y, fuera de las luchas guerrilleras de Sendero Luminoso y el MRTA, se habla poco de otra oposición.
El gobierno yanqui no va a abandonar el campo así nada más después de su dominio casi absoluto durante el siglo XX. Quien piense que EEUU está en retirada, dando los últimos pataleos, comete un grave error. A pesar de que la economía china, india, europea, desde hace años lo han estado sacando del mercado y poniendo en aprietos a su economía y moneda, no debe olvidarse que los EEUU con gran amplitud sigue dominando en armamentismo y tecnología de guerra. Pero aún más, sigue sometiendo a casi todos los países del mundo, a quienes tiene casi estrangulados con gigantescas deudas, control de mercados, migración, etcétera. Aunque en los últimos diez años han surgido en Latinoamérica casi una decena de gobiernos nacionalistas o de centro izquierda, que buscan poner un alto a las amenazas, saqueos y invasiones que durante todo el siglo pasado sufrieron del imperio yanqui, todavía estos países sufren muchas dificultades, provocadas por las burguesías proyanquis, para poder considerarlos liberados. El petróleo, las aguas y los recursos naturales todavía pueden producir guerras.
Si hace nueve años, Clinton y Pastrana firmaron un Plan Colombia y en marzo de 2007 Bush y Calderón acordaron un Plan México, no es difícil que el presidente Alan García, en su desesperación por acabar con las protestas que cada día crecen en Perú, le pida a Bush un Plan Perú de ayuda económica con el pretexto de “combatir el narcotráfico”. La realidad es que aquel gran poder de monopolio político que EEUU mantuvo hasta los años setenta lo fue perdiendo al ser derrotado en Vietnam. Antes, a pesar del papel de balance de fuerzas que jugaban la URSS y China, los EEUU mantenían un amplio dominio. En 1973 China ingresó a la ONU con todos sus derechos, Francia se mantuvo “aliado” y los EEUU comenzaron a perder presencia legal. Hoy, aunque los EEUU siguen imponiéndose, sus actuaciones son claramente ilegales. Por eso las batallas que ahora se registran en Perú son esperanzadoras para las luchas de América Latina por su liberación, en particular para los trabajadores explotados y oprimidos.

Colombia: la guerra y la paz

Un proceso de masas por la paz pondrá en crisis la creciente injerencia de Washington y su proyecto de utilizar perentoriamente la guerra en Colombia como ariete contra Venezuela, Ecuador, los movimientos populares y la independencia y unidad de América Latina.
Ángel Guerra Cabrera / LA JORNADA
El rechazo del pueblo colombiano a la persistencia de un conflicto armado de décadas a un costo humano intolerable sustenta el imperativo de buscar una solución política verdadera. Es tal la secuela de desgarramiento y enajenación social de la guerra que muchos dispensan a Álvaro Uribe sus inauditos desmanes con la ilusión de que pongan fin a la matanza. Sólo ilusión, pues está demostrado que por vía militar ni el gobierno ni la guerrilla conseguirán una victoria decisiva por más que aquel haya asestado duros golpes en los últimos meses a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor de las organizaciones guerrilleras, pero no la única.
Uribe, envalentonado, ordenó una ofensiva contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Reitera así la regla terrorista de Estado de exterminio al opositor, armado o pacífico, que unida a la obscena injusticia social descrita en mi artículo anterior reproduce la resistencia armada popular (La Jornada, 10/7/08). Total, Washington y la oligarquía desean la continuación del pingüe negocio de la guerra, más después de los dividendos mediáticos de la Operación Jaque. Así que toca a las guerrillas y al movimiento popular la responsabilidad histórica de organizar juntos la gran contraofensiva política por una paz negociada, justa y duradera, que no será viable sólo con los insurgentes y el gobierno como interlocutores.
Aunque mediáticamente sean invisibles, en Colombia existen cientos de luchas de indígenas, afrodescendientes, campesinos y trabajadores que resisten pacíficamente al neoliberalismo de guerra y sufren una represión feroz, pese a que no comparten el uso de las armas como vía para transformar la sociedad. También está el Polo Democrático Alternativo en el campo de la izquierda electoral. La paz negociada no puede lograrse sin estos actores, que han exigido participar en todo el proceso, desde la elaboración de la agenda hasta su conclusión, basados en el concepto de que aquella es una construcción democrática cuyo sujeto y beneficiario principal debe ser el pueblo colombiano.
Será un proceso político largo, por fases, con rupturas y retrocesos, en el que pasos osados de las guerrillas, como liberar a los rehenes, pueden arrebatar a Uribe la iniciativa estratégica, que no es inamovible. En esa perspectiva, presionarlo a reconocer la indispensable beligerancia de los insurgentes, aceptar el cese del fuego, liberar a los presos políticos, terminar con las masacres y asesinatos políticos, desmantelar en serio sus bandas narcoparamilitares y adoptar otras medidas de distensión para crear desde abajo el clima y los espacios de encuentro del gran consenso nacional por la paz. El desarme de los alzados no puede ser la meta inicial, sino el resultado del fin exitoso del proceso, después de aprobada por representantes populares electos una nueva Constitución que devuelva al pueblo los derechos políticos, sociales, económicos y ambientales que le han sido conculcados y creadas todas las garantías para la reinserción de los guerrilleros en la vida política. El acatamiento expreso de las Convenciones de Ginebra por ambos contendientes es indispensable.
La construcción de la paz desde y por el pueblo mismo forzará a Estados Unidos y a la oligarquía a aceptar y avanzar en la negociación, haciéndoles más difícil burlar los acuerdos como en procesos anteriores. Contará con el apoyo decidido de Fidel Castro, Hugo Chávez y seguramente de otros gobiernos latinoamericanos, cuya actuación como garantes del proceso es crucial, acompañados de los movimientos populares de la región.
Un proceso de masas por la paz pondrá en crisis la creciente injerencia de Washington y su proyecto de utilizar perentoriamente la guerra en Colombia como ariete contra Venezuela, Ecuador, los movimientos populares y la independencia y unidad de América Latina. Así de grande es el desafío para las FARC, el ELN y las otras fuerzas populares colombianas. Ahora o nunca.