¿Quién asume la
responsabilidad de la crisis humanitaria que desangra a los pueblos de México y
Centroamérica como resultado de la migración y el exilio económico? ¿No merecen
esos cientos de miles de personas ser tratadas en correspondencia a su dignidad
humana, con justicia y respeto al derecho internacional?
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa
Rica
“Suframos caminando
entre las piedras el polvo y los abrojos /
bajo la lluvia o el
bochorno del aire saturado de sol…”
Roque Dalton
La crisis de los más de
7 mil de migrantes cubanos “varados” en la frontera entre Costa Rica y
Nicaragua desde noviembre anterior, como consecuencia de la decisión del
gobierno de Managua de no permitir el tránsito a los isleños por considerar que
su condición migratoria es irregular, parece llegar a su fin. O cuando menos, a
una solución parcial. Un acuerdo alcanzado a finales de diciembre entre las
autoridades de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México permitirá que un
primer grupo cubanos -180 aproximadamente- sigan su ruta por vía aérea hacia
San Salvador y de ahí, por tierra, cruzarán Guatemala hasta llegar a territorio
mexicano donde, según lo permitan sus recursos económicos, definirán el medio
adecuado para alcanzar alguno de los puestos fronterizos de su destino final:
los Estados Unidos.
Mientras este plan se
lleva adelante, respondiendo a una situación humanitaria que ya escapa a las
posibilidades materiales y de gestión del gobierno costarricense, otros
aspectos críticos del caso se han hecho ya inocultables ante la opinión pública
centroamericana y emplazan a esas mismas autoridades e instancias oficiales que
han realizado esfuerzos inusuales para atender la problemática esta población
cubana, pero que no actúan con la misma diligencia y sentido de urgencia para
resguardar la seguridad y los derechos de sus propios compatriotas migrantes.
En concreto, nos
referimos a las implicaciones de la oprobiosa Ley de Ajuste Cubano, ese
instrumento jurídico aprobado en 1966 por el Congreso de los Estados Unidos
como parte de su política imperial de agresión contra la Revolución Cubana, y
que les concede a los ciudadanos cubanos que llegan a territorio estadounidense
un estatus privilegiado y un trato
diferenciado, del que no gozan el resto de los migrantes centroamericanos y
mexicanos que, año tras año, intentan esa misma travesía hacia el llamado sueño americano. El canciller salvadoreño Hugo
Martínez ha sido enfático en señalar que la Ley de Ajuste no solo incentiva la
migración masiva de cubanos a los Estados Unidos, exponiéndolos a toda clase de
peligros en el recorrido, sino que además introduce un factor de discriminación
al crear una categoría de migrantes que reciben un trato especial, violentando
así el principio de igualdad ante la ley definido en el derecho internacional.
Por desgracia, la
búsqueda de ese sueño por lo general termina en pesadilla, ya no solo por las
organizaciones criminales que asedian a los migrantes en sus distintas rutas,
sino también por las acciones represivas de la policía de frontera estadounidense
y las medidas implementadas en los últimos meses por el gobierno del presidente
Barack Obama.
En efecto, al mismo
tiempo que los focos mediáticos y políticos se concentraban en los campos de
atención de migrantes cubanos en Costa Rica, y se repetían aquí y allá viejas
consignas y lugares comunes del discurso anticomunista, la política imperial
migratoria recrudecía contra centroamericanos y mexicanos sin que este hecho
ocupara titulares en la prensa escrita o reportajes en horario estelar –prime time- de los noticiarios
televisivos. Según datos oficiales de la Secretaría
de Gobernación mexicana, solo en
2015 fueron deportados de los Estados más de 200 mil mexicanos (entre estos,
más de 10 mil menores de edad), y una cifra similar, de aproximadamente 190 mil
centroamericanos, corrieron igual suerte al ser deportados de México a sus
países de origen. Por su parte, el diario The Washington Post hizo público un plan de redadas del Departamento de
Seguridad Nacional estadounidense, para detener y deportar a familias migrantes
centroamericanas durante este mes de enero. De acuerdo con el diario, unas 100
mil familias ingresaron a los Estados Unidos desde el año 2014; y en los
últimos dos meses más de 10 mil inmigrantes centroamericanos menores de edad no
acompañados fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza. Y como si lo anterior
no bastara, la agencia de noticias BBC Mundo
no tuvo reparos en calificar al presidente Obama como el deportador en jefe (Deporter in Chief), puesto que “desde
que Obama llegó a la Casa Blanca en enero de 2009, alrededor de dos millones de
indocumentados han sido expulsados del país, más que durante cualquier otra
presidencia en la historia de la nación norteamericana”.
¿Quién asume la
responsabilidad de la crisis humanitaria que desangra a los pueblos de México y
Centroamérica como resultado de la migración y el exilio económico? ¿No merecen
esos cientos de miles de personas ser tratadas en correspondencia a su dignidad
humana, con justicia y respeto al derecho internacional?
Sólo una lógica
perversa, que hace de los Derechos Humanos el arma ideológica de su lucha
contra la Revolución Cubana y contra varios gobiernos y procesos políticos
latinoamericanos, puede incurrir en la osadía de seudojustificar la aplicación
de una política de expulsión de seres humanos forzados a partir de su tierra
por el mismo sistema –el capitalismo- cuyos principios pregona e impone en todo
el mundo. Solo una lógica criminal puede
dictar una legislación –la Ley de Ajuste Cubano- que fomenta la discriminación
de unas nacionalidades por sobre otras, en función de unos determinados
intereses geopolíticos.
Ese imperio perverso y
criminal, Norte revuelto y brutal que nos
desprecia –al decir de Martí-, sencillamente es indefendible.
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