En Guatemala, los ‘nuevos
negocios’ crean nuevas presiones sobre la tierra que se traducen en despojos a
familias y comunidades campesinas, eliminación de sus sistemas productivos,
aumento del número de campesinos sin tierra o con muy poca, nuevos y mayores
problemas ambientales, más pobreza y conflictividad. En lo que a la explotación
y mercantilización de las riquezas naturales concierne, las concesiones mineras
y petroleras son particularmente ilustrativas.
Jorge Murga Armas*
/ Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
Introducción
Mientras que en 1995
los representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se
disponían a firmar el “Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación
agraria”,[1]
Álvaro Arzú Irigoyen, entonces candidato a la Presidencia de la República para
el período 1996-2000, preparaba el lanzamiento de una ambiciosa cruzada por la
inversión petrolera y minera en el país.
Esta campaña, que para
las transnacionales significaba reglas de juego que les asegurasen las más
altas ganancias al menor riesgo posible, implicaba principalmente poner fin a
la guerra interna y reformar la legislación minera que, aunque blanda, no
satisfacía las codiciosas expectativas de las multimillonarias empresas que
buscaban afincarse en el territorio nacional. En realidad, las condiciones para
la llegada a Guatemala de las transnacionales de la minería y el petróleo
estaban dadas: el largo y espinoso camino de las negociaciones por la paz
estaba a punto de concluirse y las reformas a la ley de minería pasarían casi
inadvertidas ante la euforia que provocaba entre muchos sectores la
“implementación de los Acuerdos de Paz”.
Contrario a los que
vislumbraban un cambio en el agro guatemalteco, y en contra de cualquier
pronóstico de los especialistas, la firma de la paz marcaba el inicio de una
nueva etapa de la historia agraria de Guatemala: aquélla en que la tenencia y
propiedad de la tierra se convierte en la trama de nuevos negocios en el agro:
1) la explotación y comercialización de las riquezas naturales; 2) el cultivo
de caña de azúcar y palma africana para la producción de agrocombustibles y; 3)
la construcción de megaproyectos de infraestructura. Veamos, para tener una
visión más completa del problema de la tierra, cómo evoluciona la cuestión
agraria en Guatemala.
I. Explotación y comercialización de las
riquezas naturales
Además de los cinco
principios de la política agraria colonial que analizamos en otra parte,[2]
otra de las razones que explica el surgimiento y desarrollo del latifundismo,
según Severo Martínez Peláez, fueron las condiciones especiales de Guatemala:
el territorio del reino carecía de recursos mineros, lo cual había orientado el
interés de los colonizadores hacia el control y explotación de la propiedad de
la tierra y el trabajo de los “indios”.
Este hecho contundente,
demostrado admirablemente por el autor de la “Patria del criollo”, parece
confirmarse en estudios regionales de gran calidad, tal el caso de la obra de
W. George Lovell sobre la sierra de los Cuchumatanes. Allí, siguiendo a
MacLeod, el historiador escoses comenta lo siguiente:
Al principio había
grandes expectativas por la posibilidad de que en la región hubiese minerales
en cantidades importantes. Sin embargo, estas ilusiones nunca se
materializaron. El oro de Pichiquil y San Francisco Motozintla resultó ser más
mítico que real. En Chiantla, Juan de Espinar, el primer español que se dice
descubrió las minas de plata, consiguió obtener ingresos anuales de 8,700
pesos, pero estos beneficios no se mantuvieron por mucho tiempo. Durante el
período colonial, las minas de Chiantla produjeron cantidades modestas de
plata, la cual se usaba para decorar altares en Guatemala. Sin embargo, la escala
y el rendimiento de las operaciones, incluso cuando se juntaban con la
explotación de plomo, eran mucho menos importantes que las del área central de
Honduras y nada parecidas a las de Guanajuato y Zacatecas en México, o a las de
la ciudad de Potosí en Perú. A finales del siglo XVI, los pocos españoles que
decidieron quedarse en la sierra de los Cuchumatanes se dieron cuenta de que
adquirir tierra era más seguro y ofrecía mejores perspectivas que obligar a una
población nativa reacia y muy reducida a trabajar en empresas mineras
marginales.[3]
La tierra, lo vemos,
era la mejor manera de hacer fortuna en la Guatemala colonial. Sin oro, sin
plata, sin otros minerales en cantidades importantes, como en Guanajuato,
Zacatecas o Potosí, valía más acaparar enormes extensiones de tierra que
consagrarse enteramente a la minería. Tal situación, estimulada por las
condiciones tecnológicas de aquélla época, empezaría a sufrir las primeras
grandes transformaciones cuando las empresas transnacionales a través de las élites
locales y la complacencia de los gobiernos militares de turno, inician el
primer gran proceso de exploración y explotación minera y petrolera en el país,
después del derrocamiento de Jacobo Árbenz.[4]
Pero sería en realidad
hasta en 1996, con la llegada de Álvaro Arzú al poder, que la minería de
metales e hidrocarburos adquiere mayor importancia: de ser una actividad
marginal de los programas económicos de los gobiernos que se sucedieron en el
poder desde 1954, se convierte en parte fundamental de los planes económicos de
las administraciones que, desde 1996, se consagran a autorizar una cantidad
considerable de concesiones de exploración y explotación minera y petrolera en
todo el territorio nacional. ¿Qué explica dicho fenómeno? ¿Qué impactos tiene para
el mundo rural? ¿Cómo se vislumbra el futuro de la campiña guatemalteca?
Fin de la guerra
La guerra de 36 años
había sido un factor determinante para que tanto la inversión en minerales
metálicos como en hidrocarburos permaneciera a niveles relativamente modestos.
Si bien habían existido en los años sesenta-ochenta explotaciones importantes
de níquel a través de la empresa EXMIBAL (Exploraciones y Explotaciones Mineras
de Izabal), y otras de petróleo en Las Verapaces y El Petén concedidas a empresas
nacionales y transnacionales (Basic Resources y sus subsidiaras), la intensidad
de las exploraciones y explotaciones mineras y petroleras favorecidas por los
gobiernos de turno, no se compara con la que se desataría en la década de los
noventa en casi todo el territorio nacional.[5]
De hecho, de casos muy focalizados como los ya citados, o de otros muy
conocidos como el de las minas de antimonio y tungsteno de San Idelfonso
Ixtahuacán, en Huehuetenango, se pasa a una cantidad difícil de listar de
exploraciones y explotaciones de oro, plata, plomo, antimonio, cobre, zinc y
petróleo.
Si la guerra sirvió de
muro de contención a las empresas nacionales y transnacionales que buscaban
apoderarse de las riquezas del subsuelo, la firma de la paz se tradujo en el contexto
ideal para que las élites locales y las transnacionales hicieran de la minería
de metales y el petróleo su gran negocio. Esto, lo veremos, tiene que ver con
la adopción por los distintos gobiernos del modelo económico y político
neoliberal que, en contra de lo pactado en los Acuerdos de Paz, coloca al país
a expensas del gran capital nacional y transnacional.
Consolidación del neoliberalismo
En efecto, la adopción
paulatina por Guatemala a partir de los años ochenta del modelo económico y
político neoliberal sustentado en la idea de la supremacía del mercado en la
economía, desplazó poco a poco al modelo desarrollista que, desde los años cincuenta,
asignaba un rol al Estado en la economía y plateaba el crecimiento hacia
adentro y el aprovechamiento de las ventajas comparativas con las que contaban
los países.
Este desplazamiento
provocó que el discurso de las ventajas comparativas que daba coherencia
teórica al modelo desarrollista fuera sustituido por el discurso del modelo
neoliberal que, en cambio, exalta las ventajas competitivas. Se trata, desde
entonces, de volverse eficientes y competitivos en todos los campos que exige
la globalización y el mundo liberalizado del siglo veintiuno, para crecer y
desarrollarse, pues se argumenta que en ese contexto todos los países tienen
“las mismas oportunidades de desarrollarse y competir”.[6]
En Guatemala, ese
proceso de sustitución de un modelo por otro se consumó en los años noventa con
la ejecución de las medidas económicas establecidas por el Consenso de
Washington,[7]
y la entrada en vigor a partir del 2005 del Tratado de Libre Comercio con los
Estados Unidos,[8]
pero también con el cumplimiento de los proyectos del Plan Puebla Panamá que,
desde su presentación en Guatemala a los empresarios guatemaltecos por el
presidente electo de México, Vicente Fox, el 11 de septiembre de 2000,
planteaba poner a disposición de la inversión privada el territorio y los
recursos naturales y humanos de la región, y preparar las condiciones físicas
necesarias (carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas) para el avance y
consolidación del Área de Libre Comercio de las Américas.[9]
Son esos planteamientos
los que inspiran a las élites económicas locales a impulsar, por un lado, el
desmantelamiento del Estado y la liberalización de la economía y, por el otro,
la repartición todavía pendiente de las riquezas naturales del país. Inspirados
en esas ideas, los grupos económicos interesados en la minería y el petróleo
redinamizan sus relaciones con las transnacionales, sabidos de que su alianza
con ellas les dejará enormes beneficios. Esto, por lo demás, explica la
aceleración del proceso de firma de varios Acuerdos de Paz durante el primer
año de gobierno de Álvaro Arzú, y la suscripción definitiva de la “Paz firme y
duradera” el 29 de diciembre de 1996.
Pero, ¿qué efectos
tiene para Guatemala, y en particular, para las sociedades indígenas y
campesinas, la explotación incontrolada de los recursos mineros y petroleros
del país?
Es difícil en este
momento, dada la cantidad de concesiones mineras y petroleras que se han
otorgado, hacer una estimación global de los impactos ambientales y sociales.
Para ilustrarlos, y para no evadir el tema con el simple argumento de la
dificultad derivada de la cercanía temporal de los hechos, nos
circunscribiremos al análisis de dos casos paradigmáticos que pueden darnos una
idea aunque sea somera de los efectos perversos de tales explotaciones: el caso
de la minería a cielo abierto en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y
Sipacapa, en el departamento de San Marcos, y el de la explotación petrolera en
el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT), en el departamento del Petén. Ellos
son, por lo demás, representativos de las alianzas empresariales que se tejen
entre los grupos económicos locales y las transnacionales.
Lo que está en juego
La tierra, dicen los
portavoces de la Cámara del Agro, ya no tiene ningún valor. Mal hacen los
campesinos que todavía piden tierra al gobierno, y todavía desean ser
campesinos. De lo que se trata hoy, es de modernizarse. No de estar pidiendo
tierra, porque aunque se repartiera, ella ya no alcanzaría para todos.
Con un discurso similar
terminan el siglo XX los “Señores de la Tierra” que siguen concentrando para sí
la tenencia o propiedad de ese medio de producción que les ha garantizado el
dominio de la sociedad durante casi cinco siglos. Hoy, a principios de la
segunda década del siglo XXI, y justo en el momento en que los grupos
económicos poderosos realizan grandes negocios con la celebración del Oxlajuj
B’aqtun o cambio de era del calendario maya, los grandes propietarios poseen
incluso más tierra de la que tenían en 1952 cuando el presidente Jacobo Árbenz
impulsó la reforma agraria.[10]
Debido a la explotación
y mercantilización de las riquezas naturales, al cultivo de caña de azúcar y
palma africana para la producción de agrocombustibles y a la construcción de
megaproyectos de infraestructura, los dominios de la clase terrateniente,
además de las tierras de sus antiguas plantaciones en la Costa Pacífica,
abarcan actualmente buena parte de la Franja Transversal del Norte (FTN) y del
Petén,[11]
antiguas zonas de colonización donde los campesinos la mayor parte de ellos
indígenas conservaban hasta hace poco sus antiguos sistemas familiares y
comunitarios de producción.[12]
Esos nuevos negocios
crean nuevas presiones sobre la tierra que se traducen en despojos a familias y
comunidades campesinas, eliminación de sus sistemas productivos, aumento del
número de campesinos sin tierra o con muy poca, nuevos y mayores problemas
ambientales, más pobreza y conflictividad. En lo que a la explotación y
mercantilización de las riquezas naturales concierne, las concesiones mineras y
petroleras son particularmente ilustrativas.
Los casos de la minería
y el petróleo nos servirán para mostrar cómo el interés por la tierra sigue
presente tanto en las grandes empresas nacionales y transnacionales que buscan
explotar las riquezas del subsuelo, como en las comunidades indígenas y
campesinas que, o defienden su territorio, o buscan nuevas tierras agrícolas
para la colonización.
El oro y la plata de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa
Dos hechos, decíamos,
favorecerían la expansión de la actividad minera en Guatemala a finales del
siglo XX. Por un lado, la finalización de la guerra, por el otro, la
consolidación del modelo económico y político neoliberal. En ese contexto, y
con la llegada al poder de Álvaro Arzú, decíamos también, se crearon
condiciones más favorables para que las empresas transnacionales arribaran al
país.
Fue, ciertamente, con
la aprobación en 1997 de la Ley de Minería[13]
que se establecieron los incentivos más importantes: 1) reducir del 6% al 1% el
porcentaje de regalías correspondientes a los ingresos brutos que percibe el
Estado y 2) permitir a las compañías extranjeras adquirir la propiedad total
(100%) de las empresas mineras, exceptuándoles al mismo tiempo del pago de
varios impuestos (sobre el uso del agua y la importación de maquinaria, entre
otros).
Esa ley, debe decirse,
fue aprobada por el Congreso de la República en forma apresurada bajo presión
de las empresas transnacionales y las élites locales interesadas en la
explotación de los recursos mineros del país,[14]
sin consultar a los ciudadanos según lo que prescribe la Constitución Política
de la República,[15]
ni a los pueblos indígenas que habitan los territorios en los cuales dichas
explotaciones tendrían lugar. Esto, sumado a otros fallos u omisiones de la
ley,[16]
generaría el desacuerdo social con los proyectos mineros, expresados
especialmente en la resistencia de las comunidades indígenas a su ejecución.
Una de las primeras
empresas que respondió a la tentadora propuesta del gobierno, fue la canadiense
Montana Gold que en 1998 creó su propia compañía subsidiaria de propiedad
total, la Montana Exploradora de Guatemala que en 1999 obtuvo del gobierno una
licencia de exploración para el “área Marlin”, ubicada en San Miguel Ixtahuacán
y Sipacapa, donde había descubierto una veta de mineral de oro y plata.
Pero recordemos que en
la fase de exploración la concesión Marlin fue objeto de especulación y cambió
más de una vez de propietarios:[17]
Montana Gold se fusiona en el 2000 con la compañía Américo-canadiense Francisco
Gold, la cual se convierte a su turno en el 2002 en propiedad de otra empresa
canadiense, la Glamis Gold. Después de la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) en noviembre de 2003 y ya bajo el gobierno del Presidente
Alfonso Portillo (2000-2004), Glamis Gold empieza la construcción de la mina a
través de Montana Exploradora en mayo de 2004 e inicia las operaciones de
explotación en el tercer trimestre de 2005.[18]
Pero la llegada de
Glamis Gold (Goldcorp desde 2006) a San Marcos —seguida inmediatamente por la
canadiense INCO (HubBay Minerals desde 2008) que busca reabrir la mina de
níquel EXMIBAL en El Estor, Izabal— produjo el resurgimiento de conflictos
sociales alrededor de la minería[19]
y la reapertura de un debate nacional que enfrenta a los partidarios de dos
puntos de vista diametralmente opuestos del desarrollo: los que están
dispuestos a otorgar concesiones mineras a las transnacionales sin importar los
escasos ingresos que éstas dejan al Estado y a las comunidades ni el impacto
ambiental y social negativo que provocan (élites económicas y políticas,
empresas transnacionales, CACIF, gobierno); y los que, por el contrario, se
posicionan del lado de los intereses sociales y nacionales y abogan por la
salvaguarda y uso racional de los recursos naturales (comunidades,
organizaciones y líderes comunitarios, ONG ambientalistas, Iglesia católica).
Minería y conflictos sociales
Con la ayuda de
organizaciones locales de la Iglesia católica —Movimiento de Trabajadores
Campesinos (MTC) y Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI),
respectivamente—, tanto las autoridades indígenas de Sipacapa como los líderes
comunitarios q’eqchi’ de El Estor, elaboraron a finales de 2003 declaraciones
de protesta en las que expresaban sus temores por la degradación ambiental y la
contaminación de las fuentes de agua en sus territorios, pero también
denunciaban el no haber sido informados suficientemente sobre los proyectos
mineros.[20]
Fue en ese contexto que
las comunidades indígenas y sectores de la sociedad civil ligados a la defensa
del medio ambiente se movilizaron cada vez más. En noviembre de 2003,
recordémoslo, líderes de las comunidades de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán
solicitaron al gobierno de Alfonso Portillo la revocación de la licencia minera
concedida a Montana en San Marcos. Y, a finales del mismo mes, varias
organizaciones indígenas del Altiplano Occidental e Izabal y no pocas organizaciones
nacionales organizaron un Congreso Nacional Maya en la Carretera Panamericana
cerca de Iximche (antigua capital Kaqchiquel) en el municipio de Tecpán. Allí
se discutió el problema minero y se decidió pronunciarse “contra las licencias
mineras en territorio maya”.[21]
Fue en ese ambiente que
se desarrolló el proceso que en el 2004 enfrentó directamente al Presidente
Óscar Berger (2004-2008) y al Arzobispo de Guatemala Rodolfo Quezada Toruño,
pero las intenciones de Óscar Berger y su gobierno eran claras: habían centrado
sus planes económicos en el impulso de nuevos negocios el agro y estaban
decididos a conceder cientos de licencias mineras a las transnacionales sin
consultar a la población local. De hecho, en el 2005 “el 10% del territorio
guatemalteco (estaba) cubierto por permisos mineros, la mayoría de los cuales
está en manos extranjeras; (y) el 90% de los territorios cubiertos por estos
permisos, está conformado por territorios indígenas”.[22]
En respuesta al
Congreso Nacional Maya el gobierno de Óscar Berger que no ocultaba su simpatía
por las empresas transnacionales en las cuales se sospechaba tenía intereses
personales, organizó a principios de diciembre de 2004 el Primer Foro Nacional
Minero con la intención tardía de revertir la opinión pública decididamente
negativa sobre la minería. Pero este foro, apoyado por la Embajada de Canadá y
con la participación de representantes del Ministerio de Energía y Minas, de la
trasnacional Montana, del Banco Mundial, del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y de la Iglesia católica, careció de algo esencial: no
contó con la participación de la sociedad civil ni con la de los representantes
de las comunidades indígenas concernidas.
Fue esto lo que motivó
la celebración del Foro Alternativo de Resistencia contra la Minería organizado
principalmente por el Frente Alternativo de Resistencia contra la Minería que
reagrupaba a varias ONG guatemaltecas abiertamente en contra a la minería de
metales. Pero el diálogo entre el gobierno y las comunidades no tuvo lugar y
las tensiones desembocaron en enero de 2005 en violentas manifestaciones. El
detonante había sido el bloqueo espontáneo de la Carretera Panamericana por los
habitantes de Los Encuentros, en Sololá, después de que un gigantesco cilindro
destinado a la planta procesadora del proyecto Marlin, en San Marcos, había
provocado el desmantelamiento de un puente peatonal que bloqueaba el paso de la
caravana que transportaba maquinaria propiedad de la empresa Montana hacia la
futura mina Marlin.
Ahora bien, cuando el
gobierno envió a la Policía Nacional a la zona, miles de habitantes reforzaron
el bloqueo instalándose a ambos lados de la Carretera Panamericana. Con el
alcalde indígena de portavoz, éstos exigieron la revocación de las licencias
mineras en su territorio e invitaron al diálogo a altos funcionarios del
gobierno. Pero la prepotencia del gobierno que defendía decididamente los
intereses de las empresas mineras, desembocó en un violento enfrentamiento: el
11 de enero de 2005, ciertamente, el Ministro de Gobernación ordenó el envío de
1,500 tropas de policía y 300 soldados del ejército para despejar por la fuerza
la carretera. El saldo de la confrontación fue de un indígena manifestante
muerto por las descargas militares y varios civiles y policías gravemente
heridos. Óscar Berger, flamante Presidente de la República, defendería después
su decisión: se trataba de “proteger a los inversionistas” sin importarle el
rechazo de los pueblos indígenas y la sociedad civil a la minería.[23]
La agitación social y
política que se derivó del enfrentamiento entre pobladores y fuerzas de
seguridad en Sololá obligó al gobierno a apoyar la creación en febrero de 2005
de la Comisión de Alto Nivel sobre la Minería (CAN), que fuera presidida por
monseñor Álvaro Ramazzini, Obispo de San Marcos, y conformada por funcionarios
gubernamentales, representantes de las Iglesias católica y evangélicas,
académicos y miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil. Pero
esta comisión, nuevamente, excluyó a los representantes de las organizaciones
indígenas y comunidades afectadas.
La participación del
gobierno en la Comisión de Alto Nivel sirvió en realidad para entretener a la
población. Mientras que ésta discutía sobre la protección al medio ambiente, la
transparencia, la participación ciudadana, la consulta y el monitoreo, y
mientras aquélla presentaba sus recomendaciones en agosto de 2005 sobre una
nueva política minera,[24]
la administración Berger continuaría promulgando decretos y emitiendo
documentos de políticas para facilitar la minería hasta el final de su
mandato.
De suerte que para
abril de 2008, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la campaña
gubernamental para atraer a las compañías mineras se había traducido en 113
permisos de minería vigentes: 1 de reconocimiento, 105 de exploración y 7 de
explotación.[25]
—Sin tomar en cuenta la gran cantidad de autorizaciones para actividades de
minería no metálica (explotación y explotación).
Ahora bien, más de la
mitad de esas concesiones y muchas otras solicitudes de autorización
pendientes, se ubican en las regiones montañosas de cuatro departamentos de
población indígena predominante: 17 en el occidente de San Marcos, 15 en
Huehuetenango, 16 en el oriente de Alta Verapaz y 19 en Izabal.[26]
Esto, sumado al fracaso
de la Comisión de Alto Nivel que terminaría por disolverse en marzo de 2006
después del incumplimiento por parte del gobierno a los acuerdos alcanzados,
contribuyó a generar mayor organización en las comunidades en contra de la
minería. Sipacapa fue el caso revelador. El 18 de junio de 2005, luego de un
proceso que no estuvo exento de varios intentos por parte de la compañía
Montana Exploradora para obstaculizarla y a pesar de que las actividades
mineras ya habían comenzado, se realiza un referendo comunitario para dar a
conocer al pueblo públicamente la posición de las comunidades indígenas de
Sipacapa sobre la minería.[27]
Basadas en estándares nacionales e internacionales de carácter legal
establecidos para esta clase de consultas —especialmente el Convenio 169 de la
OIT (artículo 6) y el Código Municipal (Decreto 12-2002, artículos 63-65)—,
aquéllas dijeron por mayoría absoluta (98%): NO a la minería.
Sin embargo, en mayo de
2007, casi dos años después de la consulta, la Corte de Constitucionalidad
decide que esta clase de ejercicio de la ciudadanía es válida (procesalmente
correcto), pero no tiene un carácter vinculante.[28]
La lucha de las comunidades de Sipacapa contra la minería, no obstante la
decisión de la Corte de Constitucionalidad y a pesar del apoyo decidido de los
distintos gobiernos a las transnacionales, ha generado una reacción en cadena
entre los otros pueblos indígenas que también se han visto afectados por este
tipo de proyectos. Desde entonces, “más de 35 municipios ubicados en el
Altiplano Occidental y en otras partes del país (la mayoría de ellas en
Huehuetenango y San Marcos)”,[29]
han organizado sus propias consultas y se han declarado abrumadoramente en
contra de la minería. Si nos atenemos a las estadísticas reportadas por las
organizaciones que han seguido de cerca estos procesos, ¡más de medio millón de
ciudadanos han rechazado la minería![30]
El conflicto estalló
finalmente a principios de 2007 en San Miguel Ixtahuacán y El Estor, donde, en
el primer caso, los ciudadanos desilusionados con la mina Marlin decidieron
bloquear el camino de entrada y, en el segundo, cuando familias q’eqchi’ que
habían sufrido la expropiación de sus terrenos ocuparon nuevamente las tierras
en manos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). Estas acciones, hay que
decirlo, fueron reprimidas violentamente provocando el desalojo de las
comunidades y la persecución legal de sus líderes.
La mina Marlin
Situada en los
municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos,
la mina Marlin fue descubierta por la empresa Francisco Gold y desarrollada por
la Glamis a través de su subsidiaria Montana Exploradora de Guatemala. Ambas
pertenecen desde junio de 2006 a Goldcorp, empresa domiciliada en Vancouver,
Canadá, y una de las mayores productoras de oro en Norteamérica. El proyecto
Marlin consiste en una concesión de explotación de 20 kilómetros cuadrados
(Marlin I), otorgada en noviembre de 2003, y de otra de exploración (Marlin II)
concedida en enero de 2004. Por otra parte, el 85% de la concesión de
explotación está ubicada en San Miguel Ixtahuacán y el 15% restante en
Sipacapa.
El proyecto Marlin,
según estimaciones iniciales, tendría una producción anual promedio de 220,000
onzas de oro y de aproximadamente 3 millones de onzas de plata. La capacidad de
procesamiento anual se estimaba en 1.82 millones de toneladas de mineral y ha
sido pensada, además, para albergar en el futuro depósitos de mineral
proveniente de otras posibles zonas mineras. Por lo demás, los costos de
desarrollo totales del proyecto fueron estimados en US$254 millones, mientras
que las ventas totales de mineral bruto y exportado (sin refinar) se estimaron
en el año 2005 en US$893 millones en 10 años. Sin embargo, debido al aumento
sostenido de los precios del oro y de la plata, sólo entre los ejercicios de
2006 y 2007 la mina le produjo a Golcorp US$312 millones.[31]
A pesar de que Montana
ha alegado siempre que la mina traerá desarrollo local y regional a través de
la generación de empleo y de la inversión social, el proyecto ha provocado
desde el comienzo críticas y protestas entre las comunidades afectadas. Además
de que éstas reciben sólo el 50% de participación del 1% de las regalías sobre
el valor de ventas brutas que la empresa le paga al Estado (las comunidades no
participan del canon de superficie o de otros impuestos), las preocupaciones
ambientales existentes (relacionadas con el plan de manejo ambiental elaborado
por Montana que según expertos independientes subestima los riesgos de
contaminación y los impactos acumulativos sobre la disponibilidad de agua a
nivel local) crean inconformidad y temor y provocan el rechazo de las
comunidades a la mina Marlin.
Impactos ambientales y sociales
Contrario a la
información contenida en los documentos elaborados por la empresa Montana,[32]
en la cual se minimizan los impactos ambientales negativos y se magnifican los
impactos sociales positivos, los estudios encargados o realizados por grupos de
la sociedad civil en nombre de las comunidades,[33]
reportan que la pérdida del acceso a la tierra e integridad territorial, así
como la contaminación del agua y competencia por el agua, son los efectos
negativos más notables en las comunidades afectadas por la mina Marlin en San
Miguel Ixtahuacán y Sipacapa.
Pérdida de acceso a la tierra e integridad territorial
Según los documentos
que hemos citado, “el efecto más tangible y dramático” de la mina Marlin en San
Miguel Ixtahuacán y, en menor medida, Sipacapa, es la pérdida de acceso a la
tierra por parte de la población de las comunidades indígenas cercanas. A causa
de las excavaciones de 5,000 toneladas de roca cada día, los cerros en las
proximidades de los pueblos de Agel, Nueva Esperanza y San José Ixcaniche, “han
sido transformados durante los últimos cinco años en inmensos cráteres y en
montones de roca de desecho”.[34]
Esto, lamentablemente, ha traído consecuencias fatales para los antiguos
posesionarios de las tierras. Ahora, contrario a los días en que no existía la
mina, viven “reducidos a miserables lotes de tierra que limitan con un paisaje
destruido”.[35]
Además del daño
ecológico, la mina Marlin también traerá impactos socioeconómicos y culturales.
Fue eso, precisamente, lo que afirmó el Banco Mundial, ¡uno de los financistas
del proyecto!, quien en uno de sus documentos declaró que “el reasentamiento de
las poblaciones indígenas que aplican modalidades de producción tradicionales
basadas en la tierra, es un proceso especialmente complejo y puede tener
importantes impactos negativos en su identidad y supervivencia cultural”.[36]
Ahora bien, la
presencia de Montana también tiene importantes efectos sobre la integridad del
territorio colectivo de la comunidad indígena de San Miguel Ixtahuacán. Como
éste “incluye y traslapa por completo el territorio municipal”,[37]
las perspectivas de autonomía y autodeterminación, claramente reconocidas por
la legislación internacional relacionada con los pueblos indígenas, se ven
seriamente afectadas. Esto por el hecho de que Montana, en la época de la
adquisición de tierras para el proyecto Marlin, o no comprendió o simplemente
irrespetó la compleja situación de la tenencia de la tierra en esa región. De
suerte que al tratar los derechos familiares a la tierra como si fueran
propiedad individual, “la empresa pisoteó” los derechos colectivos esenciales
de las comunidades indígenas de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, pues trató
los derechos familiares (de uso) a la tierra como si fueran propiedad
individual.
Si las evidencias
legales demuestran que las tierras de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa forman
parte integral de un título colectivo,[38]
el Informe sobre los Procedimientos de Adquisición de Tierras elaborado por la
empresa Montana en 2004 para acceder a un préstamo de la Corporación Financiera
Internacional (CFI) del Banco Mundial, también demuestra que la compañía minera
pudo haber actuado de mala fe al proceder a adquirir tierras de la manera como
lo hizo. Hoy, afirma en su informe, “Montana posee los derechos sobre los
minerales del subsuelo dentro del área del proyecto Marlin, pero la superficie
de la tierra es de propiedad privada”.[39]
Como se ve, Montana no
sólo ignoró públicamente los títulos colectivos (ejidos o tierras comunales) de
San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa,[40]
sino que también ignoró aspectos culturales reconocidos por el Convenio 169 de
la OIT: el apego cultural de las comunidades indígenas locales a su tierra y,
más aún, la naturaleza colectiva de este apego.[41]
Fue esto, justamente, lo que puso en evidencia Joris van de Sandt en el estudio
encargado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ámsterdam sobre
“Degradación ambiental, recursos naturales y conflictos violentos en hábitats
indígenas en Kalimantan, Indonesia; Bayaka, República Centroafricana; y San
Marcos, Guatemala”: para mostrar que la empresa Montana minimiza el significado
económico y cultural de la tierra para la población local, él recurre
precisamente a los documentos oficiales que la minera dirige a la Corporación
Financiera Internacional, especialmente al Informe sobre los Procedimientos de
Adquisición de Tierras que hemos citado. Allí, afirma Joris van de Sandt,
Montana concluye que “el apego cultural a la tierra no es fuerte”, considerando
que “muchos dueños de la tierra no viven en la propiedad” y que “mucha de la
tierra es utilizada en forma mínima, principalmente para cultivo de
subsistencia, ocasionalmente para ganado y para adquirir leña para combustión”.
Con el argumento de que
los propietarios “parecen ver las transacciones de ventas de tierras
estrictamente como arreglos comerciales”, y con el argumento de que aquéllos
“están interesados (o han utilizado) los ingresos para perseguir oportunidades
de negocio”, la empresa Montana justifica ante sus financistas sus
procedimientos de adquisición de tierras. Ahora bien, al hacerlo, la minera
niega el hecho de que las comunidades indígenas poseen un sistema de producción
tradicional basado en la tierra, e ignora que dichas tierras han sido ocupadas
desde hace siglos por comunidades indígenas con autoridades y formas de
organización tradicionales propias, y que además están amparadas por la
legislación nacional e internacional vigente.
El otro impacto
negativo de la mina Marlin tiene que ver con la contaminación del agua.
Contaminación del agua
Otro de los impactos
negativos de la minería en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa es la contaminación
del agua. Este problema, no difícil de comprender, está ligado al proceso de
producción de la minería de oro. En efecto, para extraerlo, el proyecto Marlin
trabaja a “cielo abierto” extrayendo roca de dos cortes sobre la montaña y de
un túnel subterráneo. Como los minerales deben separarse de los desechos de
roca inservibles antes de que su procesamiento comience, éstos son depositados
en un lugar destinado a la roca de desecho llamado “depósito de roca de
desecho”. Aquí son triturados para luego ser enviados a dos tanques de cilindro
donde el oro es recuperado de la roca luego de una reacción química en la que
se pone en contacto con una solución de cianuro altamente tóxica.[42]
Y he aquí que el
problema se da: cuando el sedimento de mineral llamado corrientemente “colas”
es trasladado a un “depósito de colas” (TSF, por su sigla en inglés), el
sedimento que contiene cianuro se precipita hacia el fondo, donde se
descomponen y desintoxican lentamente. Ahora bien, como el nivel de agua en el
depósito de colas se eleva continuamente (Montana estima que el proyecto Marlin
generará durante su vida productiva 44 millones de toneladas de roca de desecho
y 14 millones de toneladas de colas), la mina descarga en ocasiones aguas
residuales tratadas provenientes del embalse que contiene el depósito. Esta
agua, lamentablemente, llega a la quebrada Seca, sigue hacia el riachuelo
Quivichil y después hacia el rio Cuilco.[43]
Aunque la empresa
Montana negó los riesgos ambientales durante su campaña de información a la
comunidad en 2004, alertadas por los posibles riesgos ambientales y
específicamente por la posibilidad de contaminación del agua de la superficie y
subterránea, de la cual dependen para cubrir sus necesidades diarias, las
comunidades locales de Sipacapa con el apoyo de Madre Selva presentaron en 2005
una reclamación ante la Oficina del Asesor en Cumplimiento / Ombudsman (CAO,
por su sigla en inglés) de la Corporación financiera Internacional, en la que
expresaban entre otras cosas sus preocupaciones por el impacto negativo de la
minería sobre la calidad y cantidad del suministro de agua local.
Aun cuando el informe
de la CAO intenta minimizar el impacto potencial en la calidad del agua (“las
descargas planificadas o no planificadas del TSF no presentan riesgo para la
población de Sipacapa”[44]),
ella admite que el gobierno guatemalteco “no ha establecido un sistema claro e
integral para la regulación del sitio Marlin que incluya estándares de calidad
del agua y monitoreo del gobierno sobre la observancia de las regulaciones y de
los estándares”. Además, concluye que “el desarrollo e implementación de
algunos planes específicos de manejo y mitigación por parte de Montana, tales
como control de erosión y manejo de roca de desecho, no se han mantenido al
mismo ritmo que el cronograma del proyecto”.[45]
Pero el leguaje
disimulado y la información muchas veces contradictoria del informe salido de
la evaluación de la CAO, contrario a lo que se pretendía, aumentaron las
sospechas y temores de las comunidades y de las organizaciones ambientalistas
hacia el proyecto Marlin. Esto produjo la entrada en escena de otro actor:
Robert Moran, experto norteamericano en geología hídrica y geoquímica, quien ya
había evaluado el Estudio de Impacto Ambiental y social del proyecto Marlin,[46]
fue invitado nuevamente por Madre Selva para revisar el análisis de riesgo
ambiental de la CAO.
En su informe,[47]
Moran critica al Asesor en Cumplimiento de la CFI por su “aproximación
restrictiva”, ya que se enfoca solamente en los impactos potenciales en la
calidad del agua en Sipacapa e ignora los impactos potenciales en las
comunidades aledañas a la mina en San Miguel Ixtahuacán y río abajo, a lo largo
del río Cuilco en el departamento de Huehuetenango.[48] Moran concluye que la aseveración con
respecto a que “no habrá ningún riesgo significativo de contaminación del agua
como resultado de la mina” (para la población de Sipacapa), se basa en
interpretaciones optimistas de datos incompletos que no pueden justificarse y
que, en lugar de ello, “hay una posibilidad razonable de degradación
significativa en la calidad del agua”.[49]
Aunque Montana empezó a
facilitar desde finales de 2005 la creación de la Asociación de Monitoreo
Ambiental Comunitario (AMAC) que realizó en febrero de 2006 su primer trabajo
de campo trimestral para la recolección de muestras de agua, y aun cuando la
AMAC esté integrada por representantes de varias comunidades próximas a la mina
que recibieron entrenamiento básico en muestras de agua y en química (excepto
una de San Miguel Ixtahuacán) y sea asistida por dos expertos técnicos (un
ingeniero de la Universidad de San Carlos en la Ciudad de Guatemala y un
experto en geología hídrica) en la planeación e implementación de sus
actividades, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad
cuestionan la independencia tanto de los integrantes de la AMAC como de los
expertos técnicos. Según ellos, ¡todos son pagados por Montana!
Por otra parte, los
análisis de agua realizados simultáneamente por otras organizaciones (en
noviembre de 2006, Madre Selva y el Obispo Álvaro Ramazzini solicitaron un
estudio de calidad de agua en el río Tzalá en Sipacapa al analista italiano
Flaviano Bianchini[50]),
mostraron “niveles elevados de varios metales pesados que excedían los
estándares para el agua potable”.[51]
Pero el Ministerio de
Energía y Minas y la empresa Montana, aferrados a sus intereses, recurrieron a
otro tipo de mecanismos. Por un lado, el Viceministro de Energía y Minas afirmó
que la investigación era falsa argumentando que las muestras no habían sido
recolectadas y analizadas adecuadamente.[52]
Por el otro, la empresa Montana inició un pleito contra Madre Selva.[53]
Además, se supo que Bianchini fue amenazado en varias ocasiones durante las
semanas siguientes.[54]
Desde entonces,
diversos documentos han denunciado problemas relacionados con la mina Marlin y
arbitrariedades de la empresa Montana.[55]
Otros, dan cuenta de los impactos negativos de la mina sobre su entorno y la
contaminación del agua.[56]
En todo caso, y no obstante los alegatos de la empresa Montana, las comunidades
ubicadas río abajo de la mina continúan reportando la muerte de ganado y ovejas
y ha habido incluso quejas sobre problemas de irritación de la piel en varios
pobladores.
Los críticos del
proyecto Marlin, por lo demás, ven un impacto negativo en el suministro de agua
local. Si esto fuera así, la competencia por el agua entre la mina (¡que
consume en una sola hora la cantidad de agua que una familia típica del área
usa en 22 años![57])
y las comunidades locales tendría lugar inevitablemente. Tanto más cuanto que
el clima semiárido de esa región ya provoca escasez de agua en la estación
seca.[58]
NOTA:
* Doctor en Antropología y Sociología de lo político de la Universidad
de París 8. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Investigador visitante del
Instituto Ibero-Americano (IAI) de Berlín, del 01 de abril de 2013 al 30 de
junio de 2013, becado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).
[1] Firmado en México D.F.
el 6 de mayo de 1996.
[2] Jorge Murga Armas, La tierra y los hombres en la sociedad
agraria colonial de Severo Martínez Peláez, Revista Economía, No. 174,
IIES-USAC, Guatemala, octubre-diciembre 2007, pp. 77-102.
[3] W. George Lovell, Conquista y cambio cultural. La sierra de
los Cuchumatanes de Guatemala 1500-1821, CIRMA, Antigua Guatemala,
Guatemala, 1990, p. 129.
[4] Véase Luis Solano, Guatemala: petróleo y minería en las
entrañas del poder, Inforpress Centroamericana, Guatemala, 2005.
[5] Ibid., pp. 87-104.
[6] El Observador, Agronegocio y competitividad: dos caras de
la misma moneda, Análisis alternativo sobre política y economía, No. 32 y
33, Guatemala, agosto-diciembre 2011, p. 1.
[7] Entre otras medidas
económicas, el Consenso de Washington establecía privatizar las empresas
públicas y monopolios estatales, desregular los mercados, liberalizar el
comercio internacional, eliminar las barreras a las inversiones extranjeras
directas y proteger la propiedad privada.
[8] Jorge Murga Armas, La trama del DR-CAFTA en Guatemala,
IIES-USAC, Boletín Economía al día, No. 7, Guatemala, julio 2005.
[9] Jorge Murga Armas, Guatemala en el Plan Puebla Panamá. Las
tramas de este modelo de integración regional, IIES-USAC, Revista Economía,
No.169, Guatemala, julio-septiembre 2006, pp. 51-81.
[10] Véase Jorge Murga
Armas, Alcances y límites de la
Revolución de Octubre en la cuestión agraria e indígena, Revista Economía,
No. 180, IIES-USAC, Guatemala, abril-junio 2009, pp. 45-88.
[11] Véase Jorge Murga
Armas, El costo social de la producción
de agrocombustibles en Guatemala, Boletín Economía al día, No. 6,
IIES-USAC, Guatemala, junio 2011.
[12] Véase Jorge Murga
Armas, Análisis de las políticas agrarias
de la Contrarrevolución de 1954 a la transición “democrática” iniciada en 1986,
Revista Economía, No. 188, IIES-USAC, Guatemala, abril-junio 2011, pp. 17-53.
[13] Decreto 48-97 Ley de Minería, aprobado por el Congreso
de la República de Guatemala el 11 de junio de 1997.
[14] Luis Solano, op. cit.
[15] La Constitución
Política vigente, en el artículo 172, párrafo 1, estipula que “todas las
decisiones políticas de importancia trascendental deberán ser sometidas al
mecanismo del referendo popular”. PDH, La
minería y los derechos humanos en Guatemala, Procuraduría de los Derechos
Humanos, Guatemala, 2005, p. 20.
[16] No incluye, por
ejemplo, un párrafo sobre la consulta a que tienen derecho las comunidades
indígenas en relación con los proyectos planeados; y no toma en cuenta, por lo
demás, sus derechos territoriales colectivos ni el lazo cultural que les une
con sus territorios ancestrales y sus recursos naturales —a pesar de que la Ley
de Minería fue aprobada después de la ratificación del Convenio número 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y
Tribales, que sí los estipula. Las regulaciones sobre el medio ambiente, por
otra parte, son vagas, flojas —en lo relativo a los Estudios de Impacto
Ambiental y Social (EIAS)— o simplemente no existen —en lo que concierne a la
responsabilidad de las empresas por daños al medio ambiente.
[17] Según Luis Solano, las
compañías mineras se comprometen generalmente en la especulación y las
transferencias de concesiones mineras para buscar el capital que necesitan para
cubrir los costos iniciales de la fase de explotación. Luis Solano, op. cit.
[18] Joris van de Sandt, Conflictos Mineros y Pueblos Indígenas en
Guatemala, Cordaid, La Haya, 2009, p. 12.
[19] Recordemos los
conflictos sociales generados por la mina de níquel explotada por EXMIBAL
durante los años setenta y ochenta ligados a las protestas indígenas contra la
expropiación de tierras y la violación de los derechos humanos de que fueron
víctimas líderes de la comunidad, y los conflictos de los años setenta
relacionados con la mina de tungsteno y antimonio en San Idelfonso Ixtahuacán,
Huehuetenango, generados especialmente por las condiciones de explotación de
los trabajadores.
[20] Joris van de Sandt, op. cit., p. 12.
[21] Joris van de Sandt, op. cit., p. 14.
[22] BIC, Glamis en Guatemala: un boletín sobre la
mina Marlin, Boletín #1. [s.l.], Bank Information Center, 2005. Citado en
Joris van de Sandt, op. cit., p.
6.
[23] Véase Jorge Murga
Armas, La cuestión agraria diez años
después de la firma de la paz en Guatemala, Revista Economía, No. 172,
IIES-USAC, Guatemala, abril-junio 2007, pp. 105-107.
[24] Véase Propuesta de Lineamientos de Política Minera
(Proyecto Acuerdo Gubernativo No. X), Comisión de alto Nivel sobre la
Minería, agosto de 2005.
[25] Un permiso de
reconocimiento faculta a su titular a identificar y localizar posibles áreas de
explotación. Un permiso de exploración le permite localizar, estudiar y evaluar
depósitos. Un permiso de explotación lo faculta a explotar depósitos. Véase
Decreto 48-97 Ley de Minería,
artículos 21, 24 y 27.
[26] Joris van de Sandt, op. cit., pp. 6-7.
[27] Véase especialmente:
COPAE, Sistematización de experiencia —La
consulta comunitaria: la lucha del pueblo maya sipakapense contra el atropello
y la imposición, Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), San Marcos,
2008.
[28] Prensa Libre
09/05/2007. Véase también: Prensa Libre 05/04/2006.
[29] Joris van de Sandt, op. cit., pp. 16-17.
[32] Nos referimos a sus
informes a la Corporación Financiera Internacional (CFI), que forma parte del
Grupo del Banco Mundial, y a sus informes anuales de monitoreo, ambos
disponibles al público.
[33] Véase especialmente el
Estudio de Impacto Ambiental realizado por el geólogo hídrico independiente,
Dr. Robert Morán, por encargo de Madre Selva, organización no gubernamental
ambientalista guatemalteca que ha estado presente en el debate sobre la minería
a cielo abierto en Guatemala.
[34] Joris van de Sandt, op. cit., pp. 24-25.
[35] Ibid.
[36] Banco Mundial, Política Operacional 4.12 relativa al
Reasentamiento Involuntario, citado en Joris van de Sandt, op. cit., p. 25.
[37] Joris van de Sandt, op. cit., p. 25.
[38] Ibid.
[39] Ibid., p. 26.
[40] Dichos títulos se
encuentran en el Archivo General de Centroamérica en la capital de Guatemala:
San Miguel Ixtahuacán – ejidos (1908) AGCA. SM, P. 24, p. 2 E. 2. —Pueblo de
Sipacapa— ejidos (1918) AGCA. SM, P. 29, E. 17. La municipalidad de Sipacapa,
además, posee una copia registrada de su título: título de la municipalidad de
Sipacapa (copia) (1918). Registro de la Propiedad Inmueble, Departamento de San
Marcos: Libro 176, Folio 58, finca 30.05H. Citados en Joris van de Sandt, op. cit., p. 25.
[41] El artículo 13.1 del
Convenio 169 de la OIT reconoce “la importancia especial que para las culturas
y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con sus
tierras y territorios (…) y en particular los aspectos colectivos de esa
relación”.
[42] Joris van de Sandt, op. cit., pp. 29-30.
[43] Ibid.
[44] CAO, Evaluación de una reclamación presentada a
la CAO en relación con el proyecto minero Marlin en Guatemala, Oficina del
Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO), Washington DC, 2005.
[45] Ibid., p. 15.
[46] R. E. Moran, Nuevo país, la misma historia: revisión del
EIA del proyecto Glamis Gold Marlin, Guatemala, Colectivo Madre Selva,
Guatemala, 2004.
[47] R. E. Moran, Evaluación de la CAO de la Mina Marlin:
respuestas técnicas, Colectivo Madre Selva, Guatemala, 2005. Citado en Joris van de Sandt, op. cit., p. 31.
[48] Ibid.
[49] R. E.
Moran, op. cit., Guatemala, 2005, p.
4.
[50] Bianchini había
demostrado previamente la contaminación del agua cerca de la mina de oro y
plata San Martín, propiedad de la empresa Goldcorp, en el valle de Siria en
Honduras. Véase F. Bianchini, Estudio
técnico —Contaminación de agua en el área de explotación minera del proyecto
San Martín en el Valle de Siria y repercusiones sobre la salud humana,
(n.p.), (n.p.), Honduras, 2006.
[51] F. Bianchini, Estudio técnico — Calidad de agua del Río
Tzalá (municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos), (n.p.), (n.p.),
Guatemala, 2007.
[52] La Hora 11/01/2007.
[53] Prensa Libre
09/03/2007.
[54] Amnesty 27/01/2007.
Citada en Joris van de Sandt, op. cit.,
p. 32.
[55] Véase COPAE, Carta de preocupación (20 de agosto de 2007),
Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE), San Marcos.
[56] Véase COPAE, Situación actual del agua alrededor de la
mina Marlin, ubicada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa,
departamento de San Marcos, Guatemala, Comisión Pastoral Paz y Ecología
(COPAE), San Marcos.
[57] Joris van de Sandt, op. cit., p. 34.
[58] Véase R. E. Moran, op. cit., Guatemala, 2004, 2005; Madre
Selva, Madre Selva response to CAO
assessment (September 22, 2005), Colectivo Madre Selva, Guatemala, 2005; V.
Castagnino, Minería de metales y derechos
humanos en Guatemala: la mina Marlin en San Marcos, (n.p.), Brigadas de Paz
Internacionales, Guatemala, 2006; C. Salvadó, Democracia, minería y luchas por el agua en territorio mam: consulta
comunitaria en San Marcos, Asociación para el Avance de las Ciencias
Sociales en Guatemala (AVANCSO), Guatemala, 2007.
No hay comentarios:
Publicar un comentario