El territorio
venezolano usurpado por Gran Bretaña de manera injusta y arbitraria a través del Laudo Arbitral de París del 3 de
octubre de 1899 no ha sido reconocido ni aceptado por ningún gobierno
venezolano desde esa fecha hasta ahora.
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra
América
Desde Caracas,
Venezuela
Desde el punto de vista
histórico, la posesión de todo el territorio -hoy en reclamación- por parte de
España desde el siglo XV es innegable y reconocida por todas las potencias
existentes en la época. La República de Venezuela creada en 1810 fue heredera
del territorio que hasta ese momento conformaba la Capitanía General de
Venezuela. En 1648, por el Tratado de Münster, Holanda había reconocido que los territorios
comprendidos entre los ríos Orinoco y Esequibo eran españoles, dando
configuración a la Guayana española. España, por su parte reconoció la
soberanía holandesa de la Guayana oriental, la cual fue cedida posteriormente a
Gran Bretaña a través de un tratado que firmaron británicos y holandeses en
1814, esto incluía un territorio de 20 mil millas al este del Esequibo.
Aunque desde finales
del siglo XVI Gran Bretaña había ocupado territorios españoles y holandeses en
América, es a partir de 1814 cuando inicia su agresiva y hostil política de
expansión hacia el oeste desde las regiones bajo su soberanía en Guayana. Así,
las 20 mil millas originales de su posesión, se fueron ampliando a 60 mil a
mediados del siglo XIX, a 76 mil en 1855 hasta llegar a las 109 mil millas. Hay
que recordar que Gran Bretaña era la principal potencia colonial y ejercía su
hegemonía sin cortapisas en el mundo a través de la fuerza, la agresión y el
avasallamiento.
En este contexto,
Venezuela permanentemente protestó por la actitud prepotente y expansionista de
Gran Bretaña y en 1897, solicitó la evacuación del área en conflicto. La respuesta
británica a través de su embajador en Caracas, F. Saint John fue desafiante y
amenazadora. Antes, en 1895, el gobierno
de Venezuela, -apelando a la Doctrina Monroe- había solicitado al de Estados
Unidos que intercediera en el conflicto. Por esta razón, en 1896 Estados Unidos y Gran Bretaña inician
conversaciones sobre el problema limítrofe de esta última con Venezuela. Esto
condujo en 1897 a un tratado para establecer el arbitraje.
Estados Unidos logró
imponer condiciones de arbitraje absolutamente lesivas para Venezuela y
favorables a Gran Bretaña. La debilidad del gobierno venezolano no pudo impedir
tales reglas. Este arbitraje es el que en 1899, al margen del derecho
internacional, incumpliendo las normas que él mismo había establecido y sin que
Venezuela pudiera exponer sus argumentos, falló legitimando la usurpación. El verdadero alcance de la expoliación, sólo
se vino a saber muchos años después.
En 1949 se dio a
conocer un memorándum escrito por el abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost
quien había actuado como consejero de Venezuela en la negociación. Vale decir
que todos los “representantes” de Venezuela en el arbitraje, encabezados por el
ex presidente Benjamin Harrison también eran estadounidenses. En el documento,
publicado después de su fallecimiento, Mallet-Prevost reconocía que el Laudo
fue producto de un arreglo político entre Estados Unidos y Gran Bretaña,
acordado al margen del derecho internacional y, que hizo un trazado arbitrario
de la frontera. Vale decir que dos de los cinco jueces que fallaron eran
británicos y otros dos estadounidenses.
Esto demuestra la
naturaleza viciada del Laudo y es la razón por la que ningún gobierno
venezolano lo ha reconocido. En 1951, durante la IV Reunión de Consulta de
cancilleres de la OEA, Venezuela hizo reserva pública del Laudo. A partir de
ese momento, el país hizo permanentes gestiones a favor de buscar
reconocimiento internacional a su posición, rechazando la validez jurídica del
Laudo e insistiendo en la necesidad de la negociación para una salida pacífica
al diferendo. En 1966, Gran Bretaña aceptó finalmente, iniciar negociaciones
con Venezuela, llegando al Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966. Este
acuerdo fue reconocido por Guyana al acceder a su independencia el 26 de mayo
de ese año.
Venezuela, reconoció la
independencia de Guyana, reservándose el mantenimiento de su demanda histórica,
y por tanto reconociendo la soberanía
del nuevo Estado a partir del territorio al este de la línea media del Río
Esequibo desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Atlántico.
A través del tiempo,
este diferendo se ha mantenido en términos amistosos y en los marcos del
derecho internacional, independientemente de los gobiernos que haya habido en
uno y otro país. Como se ha demostrado, a Venezuela le asiste la razón
histórica y jurídica.
Dando continuidad a la
tradición de la diplomacia venezolana, de manejar el conflicto en el marco del
principio de solución pacífica de las controversias, el Comandante Hugo Chávez
puso el énfasis en los intereses de los pueblos de ambos países, insistiendo en
los términos amistosos que signan las relaciones entre Venezuela Y Guyana, y en
los objetivos supremos de la integración latinoamericana y caribeña.
La primera señal de
alarma en fechas recientes evidenciando una alteración de esta situación, se
produjo cuando Guyana renunció a dar continuidad al trabajo del buen oficiante
designado por Naciones Unidas. Esta fue una indicación inequívoca que anunciaba
la intención guyanesa de llevar el conflicto por otra ruta. Lamentablemente así
fue. Por primera vez en la historia, el diferendo fue tema de campaña
electoral, desatando un furibundo nacionalismo anti venezolano, oportunamente
utilizado por el candidato que hoy es primer ministro.
La concesión a la Exxon
Mobil se inscribe en la lógica de escalar el conflicto para poner a Venezuela
en el banquillo de los acusados. Esta empresa, actuando bajo protección de poderosos intereses económicos y políticos trasnacionales
ha optado por actuar como cabeza de playa de una nueva escalada
intervencionista contra Venezuela. Es el mismo método de la declaratoria de
Venezuela como amenaza que emitiera el presidente Obama el pasado 9 de marzo y
que fracasara ostensiblemente. Sin embargo, este caso es mucho más delicado
porque pone a prueba con mayor profundidad los equilibrios de la integración
latinoamericana y caribeña y los esfuerzos que han llevado a crear Unasur,
Celac y Petrocaribe.
La escalada se propone
establecer la idea de que Venezuela es un país agresor. Ello, la diferencia de
la declaración del 9 de marzo, porque mientras ésta exponía a Venezuela de forma enunciativa como
una amenaza en contra de Estados Unidos, en este caso, si Venezuela se viera
obligada a tomar medidas para defender su soberanía en las aguas territoriales
en disputa, sería “prueba” de su “manifiesta voluntad agresiva contra un país
pequeño como Guyana”.
Nuevamente, como en la
declaración del 9 de marzo, el objetivo inmediato es Venezuela, pero la meta
ulterior es destruir el proceso de integración. Se pretende poner a prueba todo lo que con gran esfuerzo se ha podido
construir en materia integracionista. Las transnacionales de la desinformación,
de inmediato han comenzado a vociferar sobre el “espíritu agresivo de
Venezuela”.
En este marco, la
creación de las Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular
(Zodimain) ha despertado “preocupación” en nuestro flanco occidental. Al
respecto el presidente Santos ha declarado que “… estamos en este momento
estudiando ese decreto, se lo hemos sometido a la Comisión negociadora que
tenemos hace ya muchos años con Venezuela y por supuesto, si encontramos algo
que nos afecte, haremos la protesta diplomática del caso en forma inmediata.
Pero en este momento estamos estudiando el decreto y sus repercusiones sobre
Colombia”.
Para echarle “más
carbón al fuego” los medios de comunicación colombianos se han apresurado a
informar que “según expertos internacionalistas consultados” el decreto de Venezuela que crea la Zodimain
occidental no tiene validez, pues “el decreto emitido por Venezuela establece
unilateralmente la delimitación marítima entre Colombia y Venezuela, cosa que
no ha sucedido con ningún país, salvo con Guyana, que protestó y hoy tienen un
litigio que está siendo objeto de mediación por un delegado de la ONU” y
rematan afirmando que “en el caso con Colombia ¬porque las otras zonas
operativas creadas mediante el decreto afectan a países como Guyana, Surinam y
Francia¬, lo que hicieron fue establecer unilateralmente la delimitación
marítima entre los dos países, cosa que no tiene precedentes”. Si esperábamos escalamiento del conflicto,
aquí lo tenemos. La mención de Francia, país miembro de la OTAN y permanente
del Consejo de Seguridad de la ONU no es gratuita.
Una vez más, la
diplomacia debe estar alerta y actuar a la máxima altura para impedir que las
huestes imperiales, obtengan beneficios del estímulo de contradicciones que
perfectamente se pueden mantener en el terreno de la negociación y las
relaciones amistosas entre pueblos hermanos. Como siempre, la firmeza
estratégica debe ser acompañada de la flexibilidad táctica que nos lleve a
buenos resultados, evitando el conflicto tan deseado por el monstruo imperial.
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