Estamos en plena disputa electoral, en la cual se dilucidará si hay
posibilidades de cambiar el rumbo del país por una vía democrática y de buen
vivir o si, contrariamente, continuará la tendencia de deterioro económico,
social y político ocasionado por la captura del Estado a manos de la
oligarquía, de segmentos de buRecibidrguesía emergentes y de grupos de crimen
organizado.
Mario Sosa / Para Con
Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Mientras las derechas se acusan entre ellas de ser de izquierda y hasta
comunistas con el objetivo de desgastar a sus contrincantes potenciales y
posicionarse lo mejor posible para las elecciones de junio de este año, las
izquierdas competirán desarticuladas y hasta enfrentadas por contradicciones en
buena medida secundarias y superficiales, pero convertidas en obstáculos que
han impedido su alianza de cara a la competencia electoral.
La diferencia es que las derechas, en general, cuentan con la hegemonía a
su favor y, en específico, con medios de difusión masiva, financiamiento y
poder para lograr que la ciudadanía vote a su favor. En tanto, las izquierdas
enfrentarán desventajas y condiciones sistémicas que actúan en su contra,
carecen de los recursos para competir y recurren, además, a acciones
fraudulentas como las campañas anticipadas.
Tal parece que la variada oferta electoral que se posiciona con mejores
posibilidades para competir por la presidencia y la mayoría en el Congreso
comparte toda ella una unidad ideológica y política de derecha, la cual, con
sus diferencias de matiz, disputas y contradicciones secundarias, se expresa en
la mayoría de partidos políticos que hoy buscan ubicarse lo mejor posible en la
competencia. Del conjunto de los partidos de derecha, nueve están señalados de
ilegalidades y varios son nuevos logos, pero viejos partidos, que en buena
medida presentan propuestas recicladas, señaladas de corrupción y cada vez más
conservadoras en sus discursos y políticas.
Esta oferta conservadora, según se logra divisar, propugnará por mantener y
reproducir el actual modelo de acumulación de capital, caracterizado por la
producción de materias primas y por su exportación basada en ventajas
competitivas como el saqueo de los recursos públicos y nacionales (presupuestos
públicos, fuentes de agua, minerales), la expansión del monocultivo y de su
paquete tecnológico de agrotóxicos, los salarios de hambre, la negación de los
derechos laborales, la captación de los flujos financieros producto de las
remesas y el lavado de dinero, entre otras. Un modelo cuyo resultado histórico
es la reproducción de la miseria, la desnutrición, la expulsión de la juventud,
el desempleo, la violencia y la represión.
Al mismo tiempo, la mayoría de las fuerzas de derecha han hecho manifiesto
su apoyo a las acciones y políticas emanadas del actual gobierno y ha actuado
desde fuera y dentro del Congreso para evitar la más mínima reforma política en
materia de justicia y de seguridad, como sucedió entre 2016 y 2017 con la
propuesta de reformas constitucionales. Asimismo, han contribuido a impedir los
procesos de investigación y enjuiciamiento contra empresarios, políticos y
funcionarios de alto nivel, sobre quienes pesan pruebas de su posible
participación en hechos reñidos con la ley. Contrariamente, han pretendido
leyes que garanticen impunidad no solo a quienes han resultado involucrados en
redes de crimen organizado, sino también a favor de aquellos que cometieron
delitos de lesa humanidad. Son fuerzas, además, proclives a la criminalización
y judicialización de defensores de derechos humanos y de luchadores sociales y
han estado involucradas en acciones de este tipo.
Por lo demás, estamos ya ante una competencia electoral en la cual la
disputa política se desarrolla de manera encarnizada: transfuguismo, campañas
negras, campañas anticipadas, denuncias, antejuicios y, muy probablemente,
flujos de financiamiento ilegal por las grietas de la ley y por la falta de
capacidad para auditar el desarrollo de las campañas. En el centro de esta
disputa estará una suerte de agenda empresarial camuflada de interés público y
nacional, mientras los problemas nacionales históricos y estructurales serán
supeditados y ocultados.
En este contexto, las izquierdas —siendo elástico en concebirlas como
tales—, representadas por los partidos Libre, Winaq, Convergencia, la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Movimiento para la Liberación
de los Pueblos (MLP), se disputarán un electorado que en la última elección de
2015 alcanzó el 10 % de los votantes. Así las cosas, sería deseable que al
menos levantaran una campaña para tratar de raíz no solo la problemática
nacional en general, sino también la problemática que enfrentan un conjunto de
sujetos históricamente marginados por el régimen económico y político
imperante. Sería deseable, además, que, en lugar de agredirse entre sí,
aportaran a la gestación de un sujeto histórico de cambio.
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