Un tratado de libre comercio entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras, llamado Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo Norte de Centroamérica, un plan regional desde Puebla, México hasta Panamá, posteriormente ampliado a Colombia y denominado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o Proyecto Mesoamérica, un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, son los principales tratados y planes comerciales regionales materializados en la primera década del siglo XXI para consolidar los objetivos expansionistas de Estados Unidos en América Latina.
Pero el enfoque económico centrado en la panacea neoliberal de las empresas salvadoras de las sociedades no ha favorecido a las naciones centroamericanas: aunque los planes y tratados comerciales incluyen componentes de desarrollo económico y social, y aunque su consolidación debería beneficiar en teoría a los países que los firman, las realidades sociales de El Salvador, Guatemala y Honduras muestran lo contrario: El aumento de la pobreza y la desigualdad, el incremento de la delincuencia y la violencia, la mayor inseguridad, en definitiva, las menores posibilidades de desarrollo social y económico de los pueblos centroamericanos, contrastan con el enriquecimiento desmedido del gran capital privado nacional y multinacional que, al contrario de lo que se exalta, incrementa la pobreza de cientos de miles de centroamericanos que optan por el “sueño americano” y emprenden el duro y peligroso camino de la migración a Estados Unidos.
Para hacernos una idea de lo que queremos decir, veamos cómo todos estos planes y tratados comerciales regionales consolidan el modelo económico y político neoliberal que, al tiempo que favorece al capital transnacional, afianza los objetivos geoestratégicos de Estados Unidos en las Américas.
1. Consolidación del modelo neoliberal
Si bien es cierto que el Consenso de Washington estableció los preceptos económicos y políticos del modelo neoliberal a principios de los años 90, también es cierto que en Centroamérica este modelo se consolidó a principios del siglo XXI con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) y el Plan Puebla Panamá (PPP).
En efecto, con el DR-CAFTA, firmado después del Tratado de Libre Comercio entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras, que inaugura el uso de la denominación tecno-estratégica regional Triángulo Norte de Centroamérica, las grandes empresas obtienen todas las garantías posibles para sus negocios y el Estado queda relegado al nivel de “gestor” de buenas inversiones. Así, con el argumento de que es necesario “atraer inversiones productivas” al país, lo que en el lenguaje del libre comercio significa que no se deben poner “obstáculos” a los inversionistas, y con la explicación de que es igualmente imperativo promover la libre competencia y el libre mercado, es decir, la eliminación de cualquier tipo de barreras comerciales a los empresarios, el Estado queda reducido a una especie de oficina de promoción de inversiones. De hecho, ante los compromisos asumidos con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los Estados de Guatemala, El Salvador y Honduras no pueden ni deben intervenir en los asuntos de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, ni establecer los más elementales mecanismos de protección de sus economías. Los tres países, por tanto, quedan a merced de las grandes empresas nacionales y transnacionales sin que sus beneficios puedan garantizar un futuro prometedor para sus habitantes.
El PPP, al tiempo que propone la liberalización de los recursos naturales y las tierras agrícolas, la apropiación o gestión privada de la biodiversidad, la explotación del turismo por el sector privado, la facilitación del comercio, la interconexión energética y la integración de las telecomunicaciones, promueve un modelo de “integración regional” con fines comerciales que pone el territorio y los recursos naturales y humanos de la región a disposición de la inversión privada, y prepara las condiciones físicas necesarias (carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas) para el avance y la consolidación del Área de Libre Comercio de las Américas. La Declaración conjunta de la Cumbre Extraordinaria de los países integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla del 15 de junio de 2001 es explícita:
“Renovar nuestro compromiso para avanzar en la materialización de un mayor intercambio comercial no discriminatorio de bienes y servicios entre los países mesoamericanos mediante la ampliación e implementación de los acuerdos de libre comercio suscritos y por suscribir a futuro, y nuestro apoyo al proceso de apertura comercial hemisférica que debe culminar en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)…” (Mecanismo de Tuxtla, 15 de junio de 2001).
En Guatemala, en particular, será sobre esas bases que las clases empresariales y políticas en el poder definirán los ejes del modelo económico que convertirá a Guatemala en un Estado neoliberal con fuertes rasgos coloniales: Si durante el régimen colonial la riqueza extraída del país beneficiaba en gran medida a la Corona española y en menor medida a la clase criolla, con el modelo económico neoliberal (corolario de más de un siglo de gobiernos liberales) gran parte de esa riqueza beneficia a las empresas extranjeras y en menor medida a la burguesía local. Tenemos, entonces, un modelo económico que en diferentes condiciones históricas reproduce objetivos similares: extracción y transferencia de la riqueza nacional a otras latitudes, a cambio de dejar una parte de esa riqueza a la clase dominante local y un porcentaje irrisorio al Estado (Murga Armas, mayo de 2014).
Pero veamos cuáles han sido las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal en Guatemala.
A) Consecuencias del modelo neoliberal
Además de que la realización de los preceptos del Consenso de Washington deja un Estado desmantelado con casi todas sus empresas y servicios públicos privatizados, estudios recientes demuestran que la minería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de megaproyectos de infraestructura han dado lugar a nuevas privatizaciones de los recursos nacionales, al saqueo y a la destrucción (Murga Armas, 2018).
a) Concesión de los recursos hídricos de la nación
Además de abrir la puerta a la privatización de las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad, la Ley General de Electricidad aprobada durante el primer año de gobierno de Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), también facilitará la concesión de los recursos hídricos de la nación a empresas privadas. Fue sobre esa base, en efecto, que el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) comenzó a definir las políticas energéticas que heredaría la administración de Álvaro Colom (2008-2012). Con estos lineamientos, este último se propuso fortalecer la plataforma institucional existente y promover la construcción de proyectos hidroeléctricos y plantas de carbón para avanzar hacia la meta final planteada en el Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 2008-2022: reducir la dependencia de los hidrocarburos y producir casi dos tercios de la electricidad a través de plantas hidroeléctricas para el año 2022.
Se avanzó entonces en la interconexión con México, El Salvador y Honduras, se enfatizó en proyectos binacionales con El Salvador y México (todos previstos en el Plan Puebla Panamá) y se concesionaron nuevos proyectos hidroeléctricos. Estos provocan inmediatamente el rechazo de las comunidades afectadas que se oponen a la concesión de sus territorios y recursos naturales al capital privado nacional y transnacional. El caso más conocido, aunque no el único, es el proyecto Xalalá en los municipios de Ixcán, Uspantán y Cobán, en los departamentos del Quiché y Alta Verapaz, cuya licitación fracasó en noviembre de 2008 por la falta de ofertas de empresas transnacionales y locales en un contexto de fuerte oposición comunitaria.
Esto no impidió que el gobierno de Álvaro Colom añadiera a la lista de proyectos hidroeléctricos aprobados y en funcionamiento desde 1998, otra lista de centrales térmicas e hidroeléctricas que se construirán en los próximos años. Entre ellos están los proyectos hidroeléctricos Renace II en el río Cahabón, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz (propiedad del Grupo Multi Inversiones de la familia Gutiérrez-Bosch), que se estima generará 163 megavatios de energía con una inversión de 320 millones de dólares; e HidroXacbal en el río Xacbal, en San Gaspar Chajul, El Quiché (propiedad del Grupo Terra de Honduras), que generaría un estimado de 94 megavatios de energía con un costo de 190 millones de dólares.
La continuidad de la política de privatización en el sector eléctrico fue evidente durante la administración de Otto Pérez Molina (2012-2015). Además de profundizar la licitación y concesión de proyectos hidroeléctricos a empresas extranjeras y nacionales (Xalalá, por ejemplo), y de reprimir a las poblaciones que se oponían valientemente a la construcción de hidroeléctricas en sus territorios (Santa Cruz Barrillas, por ejemplo), su gobierno impulsó discretamente el Proyecto de Electrificación Territorial (PET) que interconectará a los productores de electricidad con los grandes consumidores del Mercado Mayorista. Entre ellos, la industria minera, Cementos Progreso, Cervecería Centroamericana y Aceros de Guatemala, los mayores consumidores de electricidad del país.
b) Saqueo y destrucción de los recursos naturales
Las concesiones mineras otorgadas desde 1997 también ponen al país en manos del gran capital: en 2005, por ejemplo, el 10% del territorio guatemalteco estaba cubierto por permisos mineros, la mayoría de los cuales están en manos extranjeras. Esto lamentablemente tendrá un enorme costo ambiental y social. Además de explotar la riqueza mineral de la nación a cambio de un insignificante 1% de regalías para el Estado, las empresas transnacionales provocan la pérdida de acceso a la tierra de las comunidades afectadas, la contaminación del agua y una enorme conflictividad social. Este ha sido el caso de la mina Marlin en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa en el departamento de San Marcos, y situaciones similares se repiten en otras regiones mineras de la nación.
Así, a principios de octubre de 2021 estalló nuevamente el conflicto provocado por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Maya Níquel, empresas extranjeras concesionarias del proyecto minero Fénix en El Estor, Izabal, cuyas operaciones fueron suspendidas en junio de 2020 por la Corte de Constitucionalidad (CC) por no haber realizado la consulta a los pueblos indígenas que exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ahora bien, en un acto que recuerda el carácter colonial del Estado guatemalteco, el presidente Alejandro Giammattei (14 de enero de 2020 a la fecha) impuso el 23 de octubre de 2021 un estado de sitio por un mes para contener la oposición de los pobladores representados por el Consejo de Comunidades Maya Q’eqchi’ que exigen el cumplimiento de la ley.
La explotación petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre (PNLT) también tendrá resultados lamentables. De hecho, el análisis de los impactos financieros realizado en el marco del “Informe sobre las consecuencias sociales y ambientales de las actividades de la empresa Perenco Guatemala Limited”, por el Colectivo Guatemala con sede en Francia, “muestra que los beneficios económicos para el Estado son mínimos, mientras que el impacto de la explotación petrolera en el medio ambiente sería, por su lado, muy negativo” (Collectif Guatemala, noviembre de 2011, pp. 21, 34 y 35).
Los estudios realizados para determinar el impacto de la explotación petrolera en el Parque Nacional Laguna del Tigre coinciden en señalar los ya evidentes efectos negativos de esta actividad económica en esta área protegida. En 2003, Parkswatch enumeró, con bastante detalle, 1) la contaminación del aire y del suelo; 2) la tala de árboles para la construcción de pozos (deforestación); 3) la reducción anormal del número de aves cerca de los pozos; 4) apertura de brechas, caminos y carreteras para el mantenimiento del oleoducto, lo que motiva la instalación de las comunidades (deforestación e “invasiones”); 5) deforestación, quema de partes del bosque por parte de las comunidades instaladas; así como 6) irresponsabilidad de la empresa con respecto a la colonización humana del PNLT (ParksWatch, 2003, pp. 16-18).
Además de señalar el “incumplimiento de los compromisos contraídos por la empresa para el desarrollo de las comunidades”, el Colectivo Guatemala presenta una lista de “impactos sobre los derechos humanos”. Allí, como consecuencia de la militarización de la zona, se advierte la violación del derecho a la libre circulación de las personas, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y la libertad de reunión.
El poder de las transnacionales y sus socios locales es tal que inmediatamente después de que el gobierno aprobara la ampliación del contrato 2-85, Perenco G.L. anunció una donación de U$13 millones para ayudar a la reconstrucción de la zona tras la erupción del volcán de Pacaya y la tormenta Agatha. Este hecho, que no sería criticado si esta ayuda no hubiera estado acompañada de U$3 millones más para financiar el establecimiento de seis nuevos destacamentos militares en la zona del Parque Nacional Laguna del Tigre, muestra la verdadera misión del ejército en una nación donde el Estado ha sido despojado de su soberanía.
c) Aumento de la concentración de la propiedad de la tierra
Al mismo tiempo, el cultivo de la caña de azúcar y la palma africana ha generado un proceso de concentración y reconcentración de la propiedad agraria en manos de un reducido número de empresarios y grupos empresariales que compran o arriendan tierras para establecer sus plantaciones en gran parte de la Franja Transversal del Norte y el Petén. Este fenómeno, como podemos imaginar, ha tenido fuertes impactos ambientales, sociales y agrarios.
Hasta el año 2003, según el IV Censo Nacional Agropecuario, 49 fincas con un área total de 31.185 hectáreas sembradas con palma africana, producían 7.040.225 quintales de materia prima destinada especialmente a la producción de aceites esenciales y grasas para las industrias de alimentos y jabones. En 2007, en cambio, la Encuesta Nacional Agropecuaria estableció que el número de fincas dedicadas a este cultivo había aumentado a 1.049 y que el área cultivada alcanzaba las 65.340 hectáreas, el doble de lo reportado por el censo.
El mismo fenómeno se observa en el cultivo de la caña de azúcar. En 2003, según el Censo Nacional Agropecuario, había 188.775 hectáreas cultivadas en el país. De ellas, el departamento de Escuintla tenía 154.620 hectáreas sembradas y concentraba el 87% de la producción. Suchitepéquez, por su parte, tenía 20,970 hectáreas sembradas y el 8.25% de la producción. Así, dos departamentos concentraban el 93,0% de las tierras dedicadas a este cultivo. Sin embargo, la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2007 reveló incrementos tanto en la producción como en el número total de hectáreas sembradas: 260.896 hectáreas en total. Las cifras, en efecto, reflejan un aumento del 1,55% en la producción y del 38,2% en el total de las tierras plantadas: 72.121 hectáreas más en sólo cinco años.
Además del costo social que pagan los campesinos de las regiones donde se desarrollan las plantaciones de palma africana y de caña de azúcar, su expansión incontrolada suele provocar la destrucción de los bosques, los movimientos de tierras, la contaminación y, a menudo, el drenaje y la desecación de pantanos, lagunas y otras fuentes de agua, en definitiva, la eliminación parcial o total de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.
Ahora bien, para llevar la prosperidad a El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también para allanar el camino a los objetivos expansionistas de Estados Unidos en la región, se elaboró el Plan Alianza para la Prosperidad (PAP), cuyas líneas generales son las siguientes.
2. El Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte
Diseñado por los equipos técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que asesoraron a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras en respuesta al fenómeno migratorio y la crisis humanitaria provocada por el aumento del flujo de niños migrantes no acompañados hacia Estados Unidos en 2014, el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte busca “acelerar el cambio estructural” en esos países mediante la implementación de “acciones innovadoras” que “transformen la calidad de vida de los ciudadanos y generen arraigo”, a partir de una estrategia compuesta por cuatro componentes: 1) dinamizar el sector productivo; 2) desarrollar el capital humano; 3) mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y; 4) fortalecer las instituciones (ACNUR, marzo de 2015).
El Plan, según los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, es el resultado de la “colaboración, decisión y compromiso político” entre ellos, con Estados Unidos y algunos países amigos, y juntos se propusieron invertir más de 20.000 millones de dólares para cambiar la dinámica de las economías, fortalecer las instituciones y desarrollar el capital humano de los tres países centroamericanos. Se propusieron, dijeron, “cambiar el presente y futuro de nuestra gente”.
El Plan era ciertamente ambicioso: A partir de la identificación de algunas ventajas regionales (tener 30 millones de habitantes de los cuales 12 millones son jóvenes, ser el cuarto exportador de manufacturas y el noveno en general, ser la novena economía de América Latina, entre otras), los presidentes de la región aseguran que, en el plazo de cinco años, el Triángulo Norte podrá transformar la estructura de sus sociedades para “avanzar hacia una prosperidad incluyente y sostenible” que los posicione “como una nueva región emergente al 2020”. Aunque el PAP no lo dice explícitamente, se trataba de completar lo que el Plan Puebla Panamá había iniciado tras su presentación por el presidente mexicano Vicente Fox en 2001: desarrollar una serie de “acciones estratégicas” para hacer del Triángulo Norte de Centroamérica, “uno de los principales destinos turísticos, un polo de atracción de la inversión extranjera y una plataforma y centro regional logístico del hemisferio” (ACNUR, marzo de 2015).
En efecto, el Plan Puebla Panamá de 2001, al igual que el Plan de la Alianza para la Prosperidad de 2015, planteaba una serie de objetivos de integración regional que buscaban hacer de la región mesoamericana un destino turístico, un “polo de desarrollo de clase mundial en América Latina” y una plataforma logística regional para facilitar el comercio en las Américas (Murga Armas, julio-septiembre 2006). Hasta qué punto el PPP logró sus objetivos y hasta qué punto el PAP complementa sus propósitos, sólo un análisis comparativo de las propuestas y logros de las “iniciativas mesoamericanas” del primero y de las “líneas de acción” del segundo nos lo puede decir: a simple vista, se observa que el Plan de la Alianza para la Prosperidad retoma algunos componentes del Plan Puebla Panamá: la promoción de sectores estratégicos y la atracción de inversiones; el fomento de la integración eléctrica regional; la mejora y expansión de la infraestructura y los corredores logísticos; el apoyo al proceso de integración regional son los planes inconclusos del PPP que el PAP debe completar (ACNUR, marzo de 2015, p. 5).
De ello se desprende que el Plan de la Alianza para la Prosperidad no fue diseñado sólo para atender la migración masiva de centroamericanos a Estados Unidos: además de invertir en el desarrollo del capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer las instituciones, como se ha dicho, el PAP detalla, desde el inicio, las líneas de acción necesarias para “cambiar la dinámica de las economías” que el PPP contempló en sus “iniciativas mesoamericanas”. Veamos, pues, cuáles son las líneas estratégicas y las acciones del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el ámbito económico.
A) Promoción de sectores estratégicos y atracción de inversiones
A partir de un enfoque que privilegia áreas específicas y sectores estratégicos (textil, manufactura ligera, agroindustria, forestal, turismo, servicios de alto valor, energía e infraestructura productiva), el PAP buscó, por un lado, insertar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en las cadenas de valor y, por otro, generar empleos de calidad.
Para ello, se propusieron cinco acciones concretas: a) desarrollo de las MIPYMES e integración en las cadenas productivas regionales; b) ampliación de la financiación de las MIPYMES; c) apoyo a la agricultura familiar y a la seguridad alimentaria; d) promoción de la inversión privada coordinada a nivel regional; y d) promoción del diálogo público-privado.
B) Fomentar la integración eléctrica regional
Para reducir los costos de generación eléctrica, el PAP, al igual que el PPP, propuso la consolidación del Mercado Eléctrico Regional (MER), la ampliación del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y la diversificación de la matriz energética. En teoría, esto sería clave para generar las economías de escala necesarias y hacer viable la ejecución de los proyectos. Si nos atenemos a lo que dice en el papel, estas iniciativas beneficiarían a las comunidades afectadas, lo que haría que los proyectos fueran socialmente viables y sostenibles.
En este sentido, las acciones previstas son: a) ampliación del MER; b) ampliación del SIEPAC; c) promoción de la interconexión gasística de la región con México; d) diversificación de la matriz energética; y e) promoción de la eficiencia energética.
C) Mejorar y ampliar las infraestructuras y los corredores logísticos
En este punto, el PAP no deja dudas sobre su conexión con el PPP: “Potenciaremos la infraestructura logística para reducir los costos de comercio internacional de nuestra producción, consolidar la integración de los mercados regionales y garantizar un mayor acceso del sector productivo a los mercados de exportación” (ACNUR, marzo de 2015, p. 7). Por ello, las acciones del Plan de la Alianza para la Prosperidad se centrarán en a) ampliar los corredores logísticos y fortalecer la red de transporte terrestre y b) mejorar los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
D) Fortalecimiento del proceso de integración regional
Este aspecto se mide desde la perspectiva de la consolidación de un “mercado amplio” que debería favorecer las economías de escala y los distintos sectores productivos, con énfasis en los pequeños y medianos productores que teóricamente tendrían acceso a las redes de producción locales, nacionales y regionales. Por otro lado, las inversiones en infraestructuras logísticas se complementarían con otras medidas para garantizar la circulación fiable, rápida y de bajo coste de las mercancías. Para ello, se contemplaron cuatro acciones: a) promoción y facilitación del comercio internacional, incluyendo sistemas de control de calidad; b) implementación del proceso de unión aduanera Honduras-Guatemala; c) integración de las Agencias de Promoción del Comercio y la Inversión; y d) fortalecimiento del control aduanero.
Pero, ¿qué propuso el PAP para hacer frente a la migración masiva de centroamericanos a Estados Unidos?
Además de lo anterior, el Plan propone “desarrollar el capital humano” para mejorar la situación de las niñas, los niños, los jóvenes y las mujeres mediante la implementación de cinco líneas de acción: (a) ampliar y consolidar los sistemas de protección social y de transferencias condicionadas; (b) aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria, de tercer ciclo y vocacional; (c) mejorar la salud, la nutrición y el desarrollo de la primera infancia; (d) construir y mejorar la vivienda y el entorno habitacional y; (e) favorecer la reinserción social y económica de los migrantes retornados (ACNUR, marzo de 2015, pp. 8-10).
El Plan de la Alianza para la Prosperidad también proponía “mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia”, lo que implicaba a) ampliar los programas de seguridad comunitaria y prevención del delito; b) fortalecer los operadores de justicia y reducir la mora judicial; c) mejorar los centros penitenciarios y de atención a menores y d) ampliar y fortalecer los centros de atención integral a víctimas de la violencia (ACNUR, marzo de 2015, pp. 10-12).
Además, el PAP buscaría “fortalecer las instituciones” mediante a) el fortalecimiento de la administración tributaria; b) la promoción de la convergencia de los sistemas tributarios y; c) la mejora de la transparencia y la efectividad del gasto (ACNUR, marzo de 2015, pp. 12-14).
Por supuesto, el Plan de la Alianza para la Prosperidad definía plazos, presupuestos y objetivos precisos. Todo ello bajo un “esquema de ejecución” que garantizaba la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas sobre los recursos financieros. Por último, el PAP también definió sus principios fundamentales: a) eficiencia; b) transparencia; c) participación; d) monitoreo y evaluación; e) capacidad institucional; y f) enfoque territorial.
Si nos atenemos a lo dicho, la implementación del Plan de la Alianza para la Prosperidad durante el quinquenio 2016-2020 mejoraría la economía de los países, la calidad de vida de los centroamericanos y frenaría la migración. Sin embargo, el inicio de la migración masiva de centroamericanos en 2018 demostraría lo contrario.
3. La migración masiva del Triángulo Norte: ¿resultado del modelo económico y político neoliberal impulsado por Estados Unidos?
Si bien los informes anuales del BID muestran los avances y logros alcanzados entre 2017 y 2019, incluyendo aquellos que, en teoría, han promovido directamente la mejora de la calidad de vida, la seguridad y el consiguiente arraigo de las poblaciones afectadas por la migración, no todo ha salido según lo previsto por los equipos técnicos de este organismo financiero internacional que, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), determina la evolución (o involución) de los países que dependen obedientemente de sus políticas económicas y planes de desarrollo (gracias, por supuesto, a la actitud acrítica de los equipos técnicos nacionales que simpatizan o se someten obedientemente a cualquier propuesta emanada de las ideas neoliberales).
En efecto, la migración masiva de centroamericanos a Estados Unidos a partir de octubre de 2018 demostró claramente el fracaso de las recetas neoliberales. Como nunca antes, la migración masiva de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños organizados en caravanas en Honduras, Guatemala y El Salvador demostró, por un lado, la ausencia del Estado en sus respectivas naciones y, por otro, el impacto negativo económico, social y ambiental de los planes y acuerdos comerciales impulsados por Estados Unidos y sus aliados en estos países.
De hecho, si miles de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños emigran hoy a Estados Unidos en busca de trabajo para mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias, es porque el Estado nacional, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y libertades fundamentales no ha cumplido con sus obligaciones. Esto se refleja en la pobreza, la desnutrición, el hambre, el desempleo, la inseguridad, la violencia, la precariedad de las condiciones de vida en general (educación, salud, vivienda), que contrastan con la extrema concentración de la riqueza en manos de unos pocos, ya sean grupos familiares o empresas privadas nacionales o extranjeras.
El fenómeno migratorio se relaciona también con el impacto económico, social y ambiental negativo de las políticas neoliberales impulsadas por Estados Unidos y sus aliados en Guatemala, El Salvador y Honduras. Sin ir más lejos (porque podríamos empezar por la penetración del capital estadounidense en Centroamérica desde el siglo XIX), las últimas décadas, caracterizadas por la imposición del modelo neoliberal en la región, muestran cómo los planes y acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos con estos países han tenido un impacto negativo en sus sociedades: el desalojo de las poblaciones campesinas, el arrasamiento de los bosques, la contaminación de los ríos y las fuentes de agua, el desplazamiento de los cultivos que aseguran la alimentación y la reproducción de la vida de las poblaciones, en fin, la destrucción o el despojo de todo lo que ha asegurado la vida, el trabajo y el arraigo de las sociedades rurales en sus tierras, son causas fundamentales de la migración a Estados Unidos que sus equipos técnicos no tienen en cuenta a la hora de diseñar sus planes de desarrollo y que no son remediadas por estas recetas neoliberales.
En nuestra opinión, lo que estamos viendo con las caravanas de migrantes es la reversión de las consecuencias de las políticas económicas y los planes de desarrollo impulsados por Estados Unidos y sus aliados en la región centroamericana. Estamos, pues, ante una paradoja: la migración masiva de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños en busca del sueño americano está haciendo que Estados Unidos pague el costo humanitario que pagan Honduras, Guatemala y El Salvador por el saqueo de las empresas locales y transnacionales promovido por la implementación del modelo económico y político neoliberal impulsado por Estados Unidos y sus aliados.
Es en este contexto en el que surgen los nuevos planteamientos de Estados Unidos sobre el Triángulo Norte.
4. Nuevos enfoques de la Ley de Mejora del Compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo Norte[1]
Los desastres naturales, el inicio de las deportaciones masivas y silenciosas de migrantes centroamericanos durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), su discurso humanitario y de respeto a los derechos humanos, las deportaciones masivas y escandalosas durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021), su discurso xenófobo a veces racista, el inicio de la construcción de un muro antiinmigrante en la frontera con México, las separaciones de familias inmigrantes capturadas, el acuerdo de tercer país seguro, el inicio de las migraciones masivas de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños a Estados Unidos organizados en caravanas son, además de la pandemia de coronavirus, los recuerdos que sin duda dejaron esos 12 años de gobierno de demócratas y republicanos en cientos de miles de centroamericanos que desconocen la existencia del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.
Pero, ¿qué hay de nuevo en la Ley de Mejora del Compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo Norte? ¿Qué progresos está haciendo la visión demócrata para “abordar las causas fundamentales de la migración en América Central” (The White House, July 2021)? ¿Es el PAP una solución al problema, o es sólo una etapa más en la expansión comercial de Estados Unidos hacia el sur de América Latina?
La Ley tiene dos partes importantes: La Sección 352 relativa a la “Estrategia para promover la prosperidad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar la seguridad civil en El Salvador, Guatemala y Honduras”, y la Sección 353 relacionada con las “Sanciones específicas para combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras”.
Como puede verse, la Ley no repite literalmente las líneas de acción del PAP original. Sin embargo, es sobre esa base que la Ley busca dar continuidad a los planes económicos de Estados Unidos en el Triángulo Norte. De hecho, y aunque la Ley contenga cuatro “prioridades” a tener en cuenta en la estrategia de 5 años que el Secretario de Estado, en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentaría a más tardar 180 días después de la fecha de su promulgación, es en la primera prioridad donde define el enfoque económico de esta nueva fase del PAP:
“(1) Promover la prosperidad económica” (…) “(A) apoyando las soluciones basadas en el mercado para eliminar las limitaciones al crecimiento económico inclusivo” (Congreso de Estados Unidos, 21 de diciembre de 2020).
Así, aunque esta primera prioridad también hace referencia a la necesidad de abordar las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad, la necesidad de responder a las necesidades humanitarias inmediatas y la conservación y resiliencia de las comunidades, la Ley confirma la perspectiva neoliberal del PAP que tanto daño ha causado en la región. Por lo tanto, la novedad de la Ley radica en el énfasis puesto en las otras prioridades: (2) Combatir la corrupción, (3) Promover la gobernanza democrática y (4) Mejorar las condiciones de seguridad.
“(2) Combatir la corrupción, incluyendo
(A) el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas nacionales de justicia y de los fiscales generales para identificar y perseguir el lavado de dinero y otros delitos financieros y desarticular las posesiones financieras de las agrupaciones de la delincuencia organizada, incluyendo las adquiridas ilegalmente y las ganancias de actividades ilícitas;
(B) el fortalecimiento de las fiscalías especiales y las instituciones financieras para llevar a cabo la confiscación de activos y el análisis criminal, y para combatir la corrupción, el lavado de dinero, los delitos financieros, la extorsión y los delitos contra los derechos humanos;
(C) implementar procesos de selección de fiscales y jueces transparentes basados en el mérito, y el desarrollo de servicios civiles profesionales basados en el mérito;
(D) establecer o reforzar los métodos y procedimientos de los mecanismos de control interno y externo de los servicios de seguridad y policía y del poder judicial; y
(E) apoyar los esfuerzos de lucha contra la corrupción mediante la asistencia bilateral y el apoyo complementario a través de los mecanismos multilaterales de lucha contra la corrupción cuando sea necesario.
(3) Promover la gobernanza democrática, incluyendo
(A) fortalecer las instituciones gubernamentales a nivel local y nacional para que presten servicios y respondan a las necesidades de los ciudadanos mediante procesos transparentes, inclusivos y democráticos;
(B) el fortalecimiento de las leyes de acceso a la información y la reforma de las leyes que actualmente limitan el acceso a la información;
(C) el desarrollo de la capacidad de los medios de comunicación independientes para realizar un periodismo de investigación profesional;
(D) garantizar que las amenazas y los ataques contra periodistas, líderes sindicales, defensores de los derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil se investiguen plenamente y que los autores rindan cuentas; y
(E) reforzar las instituciones y los procesos electorales para garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes.
(4) Mejorar las condiciones de seguridad, incluyendo
(A) la implementación de la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central;
(B) aumentando la profesionalización de los servicios de seguridad, incluyendo la policía civil y las unidades militares;
(C) la lucha contra las actividades ilícitas de las organizaciones criminales transnacionales mediante el apoyo a elementos plenamente vetados de las oficinas de los fiscales generales, las instituciones gubernamentales apropiadas y los servicios de seguridad; y
(D) mejorar la capacidad de los servicios de seguridad y los fiscales generales pertinentes para apoyar los esfuerzos antinarcóticos y combatir la trata de personas, el reclutamiento forzoso de niños y jóvenes por parte de las pandillas, la violencia de género y otras actividades ilícitas, incluido el tráfico de vida silvestre y recursos naturales” (Congreso de Estados Unidos, 21 de diciembre de 2020).
La Ley, decíamos, establece sanciones específicas para combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras. Para ello, ordena que a más tardar 180 días después de la fecha de promulgación y, a partir de entonces, con una frecuencia no inferior a la anual, el Presidente presentará a los comités del Congreso correspondientes “un informe no clasificado, con un anexo clasificado si es necesario, que identifique a cada persona extranjera que el Presidente determine que ha participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticas, o en corrupción significativa u obstrucción de las investigaciones de tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras” (Congreso de Estados Unidos, 21 de diciembre de 2020).
Este informe incluye la 1) corrupción relacionada con contratos gubernamentales; 2) soborno y extorsión; 3) la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través de lavado de dinero; y 4) actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a los investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.
Además, la Ley establece que el Presidente impondrá las sanciones apropiadas a cada una de las personas identificadas en el informe: la revocación del visado, ser declarado inelegible para obtener un visado, así como el derecho a la libertad condicional en Estados Unidos y a cualquier beneficio de inmigración, son las sanciones que la ley prevé para quienes figuran en el informe no clasificado del Presidente (Congreso de Estados Unidos, 21 de diciembre de 2020).
Pero, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica? ¿Cuál es el alcance y los límites de la nueva estrategia estadounidense para la prosperidad en El Salvador, Guatemala y Honduras?
5. Alcance y límites de la nueva estrategia de Estados Unidos para la prosperidad de El Salvador, Guatemala y Honduras
La “Estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central”[2]está compuesta de diez partes. Además de la introducción, el entorno estratégico, el estado final deseado y el marco estratégico, cinco pilares consagrados a los temas ordenados por la Ley y estructurados según sus objetivos estratégicos y líneas de esfuerzo, y una sección final dedicada a los aspectos más destacados de la secuencia de implementación conforman todo el cuerpo de la estrategia.
La novedad y el aporte de esta nueva estrategia radica en que, por primera vez, que sepamos, el gobierno de Estados Unidos se propone abordar en una sola iniciativa temas tan diferentes como la lucha contra la corrupción o la lucha contra la violencia sexual, de género y doméstica, para resolver el fenómeno de la migración centroamericana hacia su país. Esto se debe a que consideran que la migración centroamericana es un fenómeno multicausal que no puede reducirse a la existencia de la pobreza y la falta de oportunidades económicas como factores explicativos, ya que la corrupción, la ausencia de democracia, la inseguridad, la violencia y la criminalidad también son causas de la migración.
Por ello, la Estrategia tiene cinco pilares: 1) Abordar la inseguridad y la desigualdad económica; 2) Lucha contra la corrupción, fortalecimiento de la gobernanza democrática y promoción del Estado de Derecho; 3) Promover el respeto de los derechos humanos, los derechos laborales y la libertad de prensa; 4) Contrarrestar y prevenir la violencia, la extorsión y otros delitos perpetrados por bandas criminales, redes de traficantes y otras organizaciones delictivas organizadas; 5) Lucha contra la violencia sexual, de género y doméstica.
Esta perspectiva, según la propia Estrategia, es el resultado de las consultas del gobierno estadounidense con una variedad de partes interesadas: “gobiernos de la región, miembros del Congreso y su personal, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y el sector privado” (The White House, July 2021, p. 4). De hecho, la Estrategia “se centra en los factores más citados que limitan el progreso en Centroamérica, especialmente los relacionados con las oportunidades económicas, la gobernanza y la transparencia, y la delincuencia y la inseguridad”. Sin embargo, el enfoque tiene en cuenta que “a menudo se trata de una combinación de factores, que da lugar a la pérdida de la esperanza de que su país mejore, lo que margina a grandes poblaciones de la región y empuja a algunas personas a emigrar” (The White House, July 2021, p. 5).
Se trata, por tanto, de una estrategia que reúne diversas experiencias y puntos de vista y que tiene como objetivo último, o “estado final deseado”, una Centroamérica democrática, próspera y segura:
“Una Centroamérica democrática, próspera y segura, en la que las personas avancen económicamente, vivan, trabajen y aprendan con seguridad y dignidad, contribuyan al proceso democrático y se beneficien de él, tengan confianza en las instituciones públicas y disfruten de oportunidades para crear un futuro para ellos y sus familias en casa” (The White House, July 2021, p. 5).
El cambio, según la Estrategia, tendrá que ser “sistémico”. Esto significa que, entre otras cosas, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras deben gobernar de forma “transparente, profesional e inclusiva” para favorecer el “interés público por encima de los estrechos intereses privados” (The White House, July 2021, p. 5). Ahora bien, Estados Unidos cree que “la ayuda exterior no puede sustituir la voluntad política en estos países”. Sin embargo, cree que, “si se utiliza de forma estratégica, las herramientas diplomáticas, de desarrollo y afines de Estados Unidos pueden generar influencia política, empoderar a los defensores del cambio, combatir la impunidad y la captura del Estado, y catalizar mejoras en la gobernanza, la inversión privada y el capital humano” (The White House, July 2021, pp. 5-6). ¿Es esta la oportunidad que los “defensores del cambio” están esperando para retomar el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)?
Según la Estrategia, la lucha contra la corrupción y la impunidad se llevará a cabo de una manera diferente: no habrá una comisión internacional ni un mandato específico, pero habrá apoyo técnico y financiero a las Fiscalías y se formará una Fuerza de Tarea contra la Corrupción y los Delitos Transnacionales, apoyada directamente por el Departamento de Justicia en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. El objetivo será prevenir, detectar, investigar y perseguir la corrupción.
“Estados Unidos trabajará con sus socios para desarrollar y aplicar una serie de herramientas anticorrupción destinadas a prevenir, detectar, investigar y, en última instancia, castigar la corrupción a todos los niveles y en todos los poderes del Estado, así como en toda la sociedad. Identificaremos, apoyaremos y nos asociaremos con equipos de fiscales que demuestren su compromiso de exigir responsabilidades a los actores corruptos” (The White House, July 2021, pp. 11-12).
Pero, ¿cómo lograr la prosperidad económica deseada para Honduras, Guatemala y El Salvador? ¿Cuál es el alcance y los límites de esta prosperidad?
A) Prosperidad económica para las grandes empresas locales y transnacionales
Aunque no está formulado como tal, podemos decir que Estados Unidos parte de la premisa de que la desigualdad y la inseguridad económica en la región limitan el crecimiento e impiden la prosperidad en El Salvador, Guatemala y Honduras. Sin embargo, Estados Unidos cree que tiene la clave para superar esta carencia en las economías de estos países, que “siguen siendo en gran medida informales y muy desiguales”. De hecho, la clave del crecimiento, según esta potencia capitalista que está detrás del modelo neoliberal en todo el mundo, sería un conjunto de reformas estructurales:
“La clave del crecimiento serán las reformas estructurales para abordar los impedimentos a la inversión, la diversificación económica, el aumento de la transparencia judicial, la mejora de la gobernanza y la transparencia, la ampliación del acceso al capital financiero para las empresas, la agilización de los procedimientos gubernamentales para crear empresas y pagar impuestos, la inversión en trabajadores y la formalización de la economía” (The White House, July 2021, p. 7).
Pero este crecimiento debe ser “inclusivo”, es decir, debe llegar a las mujeres y a las poblaciones marginadas e incluir un trabajo decente. El objetivo es “crear esperanza” entre los habitantes de Centroamérica y evitar así que abandonen su país y emigren a Estados Unidos. Pero cuidado, las reformas estructurales que propone la Estrategia para lograr el crecimiento en El Salvador, Guatemala y Honduras recuerdan la traumática experiencia de otras reformas estructurales que también prometían un futuro crecimiento económico. En este sentido, Estados Unidos considera que será fundamental “conseguir que los gobiernos regionales se comprometan, al tiempo que se trabaja con el sector privado, los donantes internacionales, las fundaciones, las instituciones financieras internacionales (IFI) y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD)”. Sólo así, según la estrategia estadounidense, prosperarán las empresas, se movilizarán las inversiones y se promoverá el desarrollo económico de la región.
Por lo tanto, se trata de adaptar el Estado y la economía a los requisitos de la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Ahora bien: ¿Es la migración el problema a resolver o lo que interesa es la expansión comercial de Estados Unidos? Afirmar lo contrario de lo que dice la Estrategia es arriesgado en estos momentos. Más aún cuando el problema de la migración masiva de centroamericanos a Estados Unidos no se detiene y en los últimos meses ha tenido una especie de efecto de arrastre sobre otras naciones del Caribe, Sudamérica y África que, haciendo largos viajes desde sus países, llegan por miles a la frontera entre Estados Unidos y México.
Pero, ¿qué proponen los objetivos estratégicos y las líneas de esfuerzo de la Estrategia? ¿Cómo pretenden promover el crecimiento económico que supuestamente traerá prosperidad a Guatemala, Honduras y El Salvador? ¿A quién servirá este nuevo paquete de reformas estructurales? ¿Aliviará los problemas que hacen que los centroamericanos emigren a Estados Unidos o facilitará los negocios a las grandes empresas? Como no se trata de copiar textualmente lo que dice la Estrategia al respecto, pero sí de dar a nuestros lectores una idea de su contenido, nos limitaremos a citar textualmente los títulos y subtítulos que la componen.
“Objetivos estratégicos:
1. Fomentar un entorno empresarial propicio para el crecimiento económico inclusivo.
2. Aumentar y diversificar el comercio.
3. Mejorar el desarrollo de la fuerza de trabajo, la salud, la educación y la protección.
4. Construir la resiliencia para afrontar el cambio climático y la inseguridad alimentaria.
Líneas de esfuerzo:
1. Fomentar un entorno favorable a las empresas para un crecimiento económico inclusivo.
· Promover la seguridad jurídica.
· Promover reformas que favorezcan la inversión.
· Adoptar soluciones tecnológicas.
· Ampliar las oportunidades para las mujeres, los jóvenes y las minorías.
2. Potenciar y diversificar el comercio.
· Facilitar el comercio.
· Asociarse con las instituciones financieras internacionales (IFI) y los bancos multilaterales de desarrollo (BMD).
· Asociarse con el sector privado.
· Promover la infraestructura energética transfronteriza.
3. Mejorar el desarrollo de la mano de obra, la salud y la educación.
· Aumentar el acceso a una educación de calidad.
· Mejorar la salud.
4. Desarrollar la resiliencia para hacer frente al cambio climático y a la inseguridad alimentaria.
· Aumentar la resiliencia.
· Potenciar las energías renovables” (The White House, July 2021, pp. 7-10).
Para dar una mejor idea de la estructura de la Estrategia en relación con la desigualdad y la inseguridad económica nos gustaría añadir que los objetivos estratégicos son los escenarios deseados que los gobiernos de la región deben materializar para lograr el crecimiento económico y que las líneas de esfuerzo son los compromisos que Estados Unidos asume para lograr los objetivos estratégicos. Así, mientras “los gobiernos construyen un entorno propicio para las empresas mediante la aplicación de reformas para abordar los impedimentos estructurales al crecimiento…” (objetivo estratégico 1), “Estados Unidos trabajará con los gobiernos para agilizar los procesos y servicios regulatorios…” (línea de esfuerzo 1). Se trata, por tanto, de una lógica de “tú haces, yo ayudo” que relaciona directamente a dos partes (los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras y Estados Unidos) y que, en su desarrollo, involucra directa o indirectamente a empresas, sectores económicos, sectores sociales, organismos internacionales y otros, para lograr los objetivos.
La lógica de la Estrategia es la siguiente: las economías centroamericanas necesitan crecer para que sus habitantes no tengan que emigrar a Estados Unidos. El crecimiento económico de Guatemala, El Salvador y Honduras depende de la creación de un entorno favorable a las empresas. Si el entorno es favorable, las empresas crearán la riqueza y los empleos necesarios para que las poblaciones afectadas por la pobreza, la corrupción, la violencia, la inseguridad, el cambio climático y el coronavirus se beneficien y dejen de emigrar a Estados Unidos. Por lo tanto, fomentemos un entorno favorable a las empresas.
Sin embargo, si no se creyera que un entorno favorable a los negocios beneficiaría a los centroamericanos y evitaría que emigraran a Estados Unidos, se podría pensar que los planes económicos agrupados en los objetivos estratégicos y las líneas de esfuerzo servirían más para perfeccionar y consolidar la plataforma legal e institucional para la expansión del comercio estadounidense y de sus aliados que para resolver el problema de los centroamericanos que emigran a su frontera. Un estudio que vincule la estrategia de Estados Unidos para abordar las causas de la migración en Centroamérica con la política migratoria de Estados Unidos en la región podría arrojar más luz sobre esta cuestión.
Conclusión
Vemos que, si después de varias décadas Guatemala, El Salvador y Honduras no han logrado la prosperidad y el desarrollo económico anunciados en diversos planes y acuerdos comerciales promovidos por Estados Unidos y los organismos financieros internacionales, es porque el modelo económico y político neoliberal que los sustenta no promueve el desarrollo nacional sino la ampliación del mercado del gran capital y la expansión comercial de Estados Unidos. También vemos que, si la Ley de Mejora del Compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo Norte ha sido necesaria para completar el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, es porque el Plan no alcanzó los objetivos que el equipo técnico del BID aseguró que lograría en Guatemala, El Salvador y Honduras al final de los cinco años de implementación.
Ahora bien, si Guatemala, El Salvador y Honduras no han aprovechado el apoyo financiero de Estados Unidos y los préstamos adquiridos en organismos financieros internacionales como el BID y el Banco Mundial, es porque sus Estados han sido capturados por las clases y grupos dominantes de estos países que no piensan en el desarrollo nacional y sólo buscan mantener el statu quo económico, político y social que les favorece. Esto es, en cierta medida, lo que señala la Ley de Mejora del Compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo Norte cuando se refiere a los “actores corruptos”, las élites políticas y empresariales corruptas y sus agentes dentro y fuera del Estado, y establece sanciones para ellos.
En efecto, si la Ley de Mejora del Compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo Norte propone hoy, entre otras cuestiones, la necesidad de consolidar la democracia, luchar contra la corrupción y la impunidad y fortalecer las instituciones, es porque el gobierno estadounidense, a iniciativa del Partido Demócrata, ha llegado a la conclusión de que ningún plan económico, acuerdo comercial o proyecto de desarrollo con estos países se traducirá en crecimiento económico y prosperidad para sus habitantes si los actores corruptos siguen quedándose con los beneficios de sus iniciativas y robando la esperanza de sus pueblos.
Pero observemos que el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, la Ley de Mejora del Compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo Norte y la Estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central adolecen, como todos los planes, acuerdos y proyectos económicos y comerciales que Estados Unidos ha promovido en la región, de un problema que a priori condena el logro de sus objetivos. Mientras Estados Unidos afirma que sus planes, tratados y proyectos económicos y comerciales promoverán el crecimiento económico y el desarrollo de Guatemala, Honduras y El Salvador, los grupos familiares, empresas, corporaciones y conglomerados que han capturado el Estado y la economía de estos países reproducen lo contrario: la riqueza resultante de la inversión, está demostrado, favorece en un alto porcentaje al gran capital privado nacional y transnacional y deja migajas al Estado que, como dijimos, es saqueado por las élites políticas, económicas y empresariales corruptas a veces vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. Cómo, entonces, pensar y esperar que los excluidos del Triángulo Norte que se quedan en sus países o emigran a Estados Unidos en busca de oportunidades se beneficien de la riqueza producida por el modelo económico y político neoliberal, es la pregunta que surge.
Referencias y bibliografía
ACNUR (marzo de 2015). Acciones Estratégicas. Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Plan Regional de El Salvador, Guatemala y Honduras. Documento de trabajo para discusión, con embargo indefinido. Consulta el 18 de octubre de 2021. En https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10889.pdf
BID (2017-2018). Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Principales Avances y Logros. El Salvador, Guatemala y Honduras. Banco Interamericano de Desarrollo: BID.
____ (2018-2019). Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Principales Avances y Logros. El Salvador, Guatemala y Honduras. Banco Interamericano de Desarrollo: BID.
CICIG (28 de agosto de 2019). Informe temático: Guatemala: Un Estado capturado. Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Guatemala: CICIG.
____ (septiembre de 2019). Informe de cierre: El legado de justicia en Guatemala. Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Guatemala: CICIG.
Collectif Guatemala (noviembre de 2011). PERENCO. Explotar petróleo cueste lo que cueste. Informe sobre las consecuencias sociales y ambientales de las actividades de la empresa Perenco Guatemala Limited, Guatemala.
Congreso de Estados Unidos (21 de diciembre de 2020). Ley de Mejora del Compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo Norte (“The United States – Northern Triangle Enhanced Engagement Act”, pp. 2644-2655). En Consolidated Appropriations Act, 2021 (December 21, 2020). Consulta el 21 de mayo de 2021. En https://rules.house.gov/sites/democrats.rules.house.gov/files/BILLS-116HR133SA-RCP-116-68.pdf
Mecanismo de Tuxtla (15 de junio de 2001). Declaración conjunta de la Cumbre Extraordinaria de los países integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, San Salvador, El Salvador.
Murga Armas, J. (julio de 2005). La trama del DR-CAFTA en Guatemala. Boletín Economía al día, No. 7, Guatemala: IIES-USAC.
____ (julio-septiembre 2006). Guatemala en el Plan Puebla Panamá. Las tramas de este modelo de integración regional. Revista Economía, No. 169, Guatemala: IIES-USAC.
____ (2009). Necesidad de una revolución en Guatemala. Guatemala: Iximulew.
____ (mayo de 2014). Carácter colonial del modelo económico imperante en Guatemala. Boletín Economía al día, No. 5, Guatemala: IIES-USAC.
____ (mayo de 2015). Guatemala: ¿Qué cambios profundos al sistema para luchar contra la corrupción y la impunidad? Boletín Economía al día, No. 5, Guatemala: IIES-USAC.
____ (junio de 2016). El sesgo empresarial del Plan de la alianza para la prosperidad del Triángulo Norte y algunas alternativas. Boletín Economía al día, No. 6, Guatemala: IIES-USAC.
____ (2018). El capital transnacional contra Guatemala. Guatemala: Editorial Universitaria.
____ (julio-septiembre 2021). Después de la CICIG. La lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala en el contexto del Triángulo Norte de Centroamérica. Revista Economía, No. 229, Guatemala: IIES-USAC.
ParksWatch (2003). Perfil de Parque-Guatemala. Parque Nacional Laguna del Tigre, Guatemala.
República de Guatemala (1985). Constitución Política de la República de Guatemala. Guatemala: Editorial Piedra Santa.
The White House (July 2021). U.S. Strategy for Addressing the Root Causes of Migration in Central America. Consulta el 1 de septiembre de 2021. En https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/07/Root-Causes-Strategy.pdf
____ (July 29, 2021). Fact Sheet: Strategy to Address the Root Causes of Migration in Central America. Consulta el 18 de octubre de 2021. En https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/29/fact-sheet-strategy-to-address-the-root-causes-of-migration-in-central-america/
____ (29 de julio de 2021). Ficha informativa: Estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central. Consulta el 18 de octubre de 2021: En https://www.state.gov/translations/spanish/ficha-informativa-estrategia-para-abordar-las-causas-fundamentales-de-la-migracion-en-america-central/
____ (July 29, 2021). Vice President’s Cover Letter: U.S. Strategy for Addressing the Root Causes of Migration in Central America. Consulta el 18 de octubre de 2021. En https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/29/u-s-strategy-for-addressing-the-root-causes-of-migration-in-central-america/
____ (29 de julio de 2021). Carta de presentación de la Vicepresidenta: Estrategia de EE. UU. para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central. Traducción al español de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Consulta el 18 de octubre de 2021. En https://gt.usembassy.gov/es/carta-de-presentacion-de-la-vicepresidenta-estrategia-de-ee-uu-para-abordar-las-causas-fundamentales-de-la-migracion-en-america-central/
* Doctor en Antropología y Sociología de lo político. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IIES-USAC).
[1] La traducción al español del texto “Ley de Mejora del Compromiso entre Estados Unidos y el Triángulo Norte” es nuestra. Las citas que aparecen en las páginas siguientes sin llamadas a pie de página están tomadas de este documento.
[2] La traducción al español del texto “Estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en América Central” es nuestra. Las citas que aparecen en las páginas siguientes sin llamadas a pie de página están tomadas de este documento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario