Panamá: Lo que nos trajo el TLC a la medida de los intereses estadounidenses

En el caso de Panamá, todo el movimiento social y popular, así como las organizaciones más representativas del agro, deben exigir, no una revisión de algunos apartados del tratado, sino una renegociación completa e íntegra de sus más de veinte capítulos.

Pedro Rivera Ramos / Para Con Nuestra América

Desde Ciudad Panamá

Hace más de un año que el actual gobierno panameño viene solicitándole formalmente al gobierno de los Estados Unidos, “la revisión específica de los términos y condiciones del Programa de Desgravación Arancelaria, pactado en el TPC para determinados productos agrícolas sensitivos del país, como el arroz, maíz, tomate procesado, carne de pollo y puerco, leche y sus derivados”. Esta posición fue plasmada en notas dirigidas desde la cancillería en marzo del 2022, al secretario de agricultura y a la representante comercial de esa nación, donde además se les informa que Panamá pretende invocar los mecanismos para realizar ajustes, que contempla dicho Tratado. En fecha más reciente, el jueves 17 de agosto en el Congreso Nacional de Ganadería, el propio presidente comunicó que, durante la visita en julio pasado de Gina Raimondo, Secretaria de Comercio de Estados Unidos, le expresó su interés de reunirse con el Secretario de Agricultura para hablar del TPC con Panamá.

 

Mucho antes que iniciaran el 26 de abril de 2004 las negociaciones entre Panamá y Estados Unidos para acordar un TLC, ya desde los movimientos sociales y las distintas organizaciones populares, académicas y gremiales del país, se venían advirtiendo las terribles consecuencias que tal tratativa tendría para todos los sectores, no solo en la economía, sino en el ámbito político, cultural y jurídico. En un artículo que publicáramos en febrero de ese año titulado TLC Panamá-EU ¿ángel o demonio?, expresábamos entre otras cosas lo siguiente: “No habrá sector de la vida nacional que escape a la influencia y los efectos devastadores de tan nefasto instrumento. Pero el que recibirá los golpes más demoledores será nuestro sector agropecuario que entrará en una fase de decadencia, desaparición y muerte con su secuela de desnutrición, abandono del campo, hambre, enfermedades, desempleo, que generará a corto plazo una situación social altamente explosiva”.

 

En otro artículo publicado siete meses después y titulado “Cuando de asimetría se trata.........no hay TLC que valga”, advertíamos las diferencias notables entre el sector agrícola nacional y el estadounidense, su perverso sistema de subsidios a la agricultura y la ausencia entre los negociadores panameños, a diferencia de los estadounidenses, de parámetros que debían observar y respetar a la hora de proteger sectores sensibles de la economía. “Una de las características más sobresalientes de las supuestas negociaciones que los representantes panameños realizan con sus similares norteamericanos, es que los primeros carecen de alguna norma legal que fundamentada en la protección de los sectores más sensibles de nuestra economía, les obligue a observarla; mientras que los segundos deben desempeñar su trabajo atendiendo las más de 250 directrices contempladas en la ley (fast track activity act), aprobada por el congreso estadounidense en el año 2002. 

 

Un número considerable de estas directivas están relacionadas con la protección del sector agropecuario, ámbito en el cual Panamá presenta también diferencias notables con los Estados Unidos. En este sentido, como la nación norteña es la más poderosa del comercio agrícola internacional, sólo le basta, aprovechándose de su sistema de subsidios agrícolas altamente escandaloso y perverso, con casi un día de trabajo para producir, lo que nuestro país consume en todo un año”.

 

Las preocupaciones que el agro panameño tiene hoy con el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, también las tiene el sector agropecuario de otras dos naciones de la región con pactos comerciales similares: Honduras y Colombia. Por un lado, el gobierno hondureño a principios de este año ha solicitado al estadounidense, hacer “una revisión de las cláusulas del comercio agrícola para proteger la producción nacional", mientras que, en Colombia su actual presidente, asegura que está buscando renegociar el tratado de libre comercio que mantiene con Estados Unidos desde hace 11 años, con la finalidad de proteger la agricultura nacional. Sin embargo, para que en todos estos casos, incluyendo a Panamá, haya una revisión o renegociación de esos tratados, se necesita la voluntad política de las dos partes y todo parece indicar que por los lados estadounidenses, con la proximidad de sus elecciones en noviembre del 2024 y sin vislumbrar amenaza alguna para su agricultura proveniente de esos países, tal posibilidad de que ello se produzca es muy remota. 

 

Este poco o nulo interés estadounidense por revisar o renegociar sus TLCs con estas naciones, no ha impedido que los Estados Unidos haya reaccionado distinto, cuando en el 2020 el gobierno mexicano aprobó un decreto que entrará en vigencia en enero del 2024, con la clara finalidad de iniciar la eliminación gradual del uso del herbicida glifosato, considerado probable carcinógeno en humanos, así como también la de los millones de toneladas de maíz amarillo genéticamente modificados, que se importan a México desde los Estados Unidos para consumo humano. Como en esta ocasión, las pérdidas de los agricultores estadounidenses se estiman millonarias, el 17 de agosto pasado, el gobierno de los Estados Unidos notificó al mexicano que va a iniciar un procedimiento de solución de esta controversia comercial, a través de un panel arbitral previsto en el capítulo 31 del T-MEC o USMCA (antes TLCAN).  

 

A escasos pocos meses que el decreto mexicano entre en vigencia y a pesar que no altera la importación de maíz transgénico estadounidense para consumo animal y procesamiento industrial, crecen las amenazas y presiones de congresistas norteños y del secretario de agricultura de los Estados Unidos para que México desista de su implementación, llegando al punto de amenazar con la adopción de medidas formales y con un impacto significativo en las relaciones comerciales entre los dos países, si ello no sucede. Es decir, esta osadía, donde los mexicanos defienden al maíz por su importancia alimenticia y por su relación cultural e histórica, no puede ser permitida y debe ser castigada. Así habrá sido el mensaje recibido por los gobiernos de Panamá, Honduras y Colombia: Estados Unidos no tiene el más mínimo interés por modificar los tratados de libre comercio, cuando lo tenga, les avisa. Mucho menos le importa revisar sus grandes e intocables subvenciones o subsidios a su agricultura. 

 

En este punto, nos parece importante resaltar lo escrito hace casi 13 años en uno de los párrafos del artículo ¿TLC con EU o la obcecación de los apóstatas?: “El TLC con los Estados Unidos no es un simple e inofensivo tratado que sólo persigue el objetivo de promover el comercio entre nuestros países, como suelen sostener sus principales y más entusiastas apologistas del patio. Es en esencia, un verdadero compromiso político y económico que rebasa de modo considerable los marcos estrictamente comerciales y los acuerdos actuales de la OMC; que obliga y exige realizar cambios legales en el ordenamiento jurídico; que ata, subordina y mutila cualquier estrategia soberana de desarrollo que se diseñe; que desconoce la competencia de los tribunales nacionales para dirimir conflictos inversionista-Estado; que no contempla ni enmiendas ni vencimientos y que no puede ser vulnerado sin que el país se exponga a consecuencias sumamente graves, que pueden ir desde sanciones multimillonarias hasta las de carácter político. 

 

Nada de esto es ignorado en las altas esferas del gobierno actual y mucho menos por sus negociadores. Ellos saben perfecta y ampliamente que el mundo sin aranceles que pregonan como salvación de economías como la nuestra, es una falacia. Precisamente los aranceles han sido uno de los pocos recursos –a veces el único- con que se ha contado para defendernos de los abultados subsidios que las naciones industrializadas otorgan a sus empresas y productores. Su eliminación sólo vendrá a beneficiar a las grandes corporaciones transnacionales que desde algo más del 20 por ciento de las naciones, controlan más del 90 por ciento de las compras y ventas en el mundo.

 

 Nadie debe olvidar que más de diez años después de fundada la Organización Mundial de Comercio y pese a la drástica reducción arancelaria que ella ha impuesto, continuamos viviendo en un mundo donde los pretendidos beneficios de tales concepciones, siguen siendo inhallables. A mi juicio, con estas tratativas de libre comercio los gobernantes no vienen pecando de ingenuo, ellos tienen sobrada consciencia sobre los daños y perjuicios que se les causará a sus países; lo que ocurre es que no existe ni voluntad ni valor para asumir posturas más dignas y soberanas. Prefieren optar por sacrificar a todo un pueblo con tal de preservar sus mezquinos intereses personales”. 

 

Esto únicamente sirve para demostrar que solo los ingenuos confían que, con negociar salvaguardas temporales para nuestros productos más sensitivos, hará la diferencia. En el caso de Panamá, todo el movimiento social y popular, así como las organizaciones más representativas del agro, deben exigir, no una revisión de algunos apartados del tratado, sino una renegociación completa e íntegra de sus más de veinte capítulos, entre ellos los que tienen ver con las concesiones no comerciales que se hicieron en áreas como la propiedad intelectual, contrataciones públicas, servicios, agricultura, inversión, demandas de transnacionales ante tribunales internacionales y otras. Además, la exigencia debe incluir que esta vez, para que los negociadores no pacten nada en contra de los intereses nacionales (como sucedió en el período 2004-2011), las negociaciones no pueden ser a puerta cerrada, en secreto, sin consultas, sin debates públicos y sin la participación real de los sectores productivos y organizados de la Nación panameña.