“A lo que se ha de estar no es a la forma de las cosas, sino a su espíritu. Lo real es lo que importa, no lo aparente. En la política, lo real es lo que no se ve. La política es el arte de combinar, para el bienestar creciente interior, los factores diversos u opuestos de un país, y de salvar al país de la enemistad abierta o la amistad codiciosa de los demás pueblos.”
José Martí, 1891[1]
Ese repudio había tenido ya una primera expresión en las grandes movilizaciones de protesta ocurridas en julio de 2022, encabezadas por organizaciones sociales de base popular que reclamaban el derecho de las capas medias y los trabajadores a recibir del Estado tanto apoyo, al menos, como el que éste le ofrece al conjunto mayor del sector empresarial. Aquel movimiento obligó a los organismos gubernamentales a dialogar con las organizaciones sociales para acordar ese apoyo en ámbitos como los de la atención en salud, la seguridad social, la educación y el incremento constante en los precios de los productos de primera necesidad. De allí resultó una serie de propuestas que el Estado remitió de inmediato al olvido, salvo en casos puntuales como el subsidio al precio de los combustibles.
Este año la situación ha sido distinta. A las protestas contra la minera – y contra la minería metálica a infierno abierto, como la ha llamado uno de nuestros poetas– se sumó la denuncia del deterioro de la vida política, particularmente en lo relativo al incremento del clientelismo, la desmesura de los privilegios del poder legislativo, y el claro interés del gobierno en otorgar a la empresa minera un nuevo contrato, que en la práctica establecía un nuevo enclave colonial en el país.
A eso se agregó un elemento nuevo en la política criolla: la movilización masiva de estudiantes, profesionales y trabajadores que habían sido niños en 1989 o nacieron después, sin llegar a conocer más vida política que la organizada por el régimen establecido a partir de aquel golpe de Estado. Así las cosas, el alcance y la riqueza de estas movilizaciones inaugura, en la práctica, una etapa nueva en la historia política de Panamá. De ella puede decirse, con José Martí, que
Precede a las grandes épocas de ejecución, como la sazón a la madurez, un movimiento espontáneo de almas por donde conoce el observador la realidad oculta a los que sólo la quisieran ver coronada de flores, y en cuanto ven espinas, ya niegan que sea realidad. De un lado decrecen, sin más fuerzas que las necesarias para sostener el catecismo importado, las criaturas oscilantes y apagadizas de la colonia, que no aciertan a mantener definitivamente con el brazo las libertades a que aspiran con la razón; y de otro crecen, con el orden intuitivo y oportuno de la naturaleza, las fuerzas creadoras que de los elementos coloniales deshechos compondrán, bajo la guarda del mar y la historia, la nación futura.[2]
La sociedad panameña ha ingresado, así, en una crisis que no encontrará solución en ningún intento de retorno al estado de cosas anterior. Esta crisis ha tenido su expresión principal en el rechazo al contrato minero, condenado como un intento de venta del país y su patrimonio a un consorcio de empresas extranjeras. En ese plano, el gobierno nacional intentó sustentar su interés en otorgar el contrato en los beneficios económicos que traería al país, sin llegar a captar que aquello que estaba en disputa no era el precio que se ponía al interés nacional, sino el interés de los ciudadanos en que su nación no fuera vendida.
Algo cambió de julio del 22 a noviembre del 23, y ese algo ha dejado descolocados en mayor o menor medida a todos los participantes en el proceso político que vive el país. Unos, espantados de corazón o por encargo, advierten espantados una negra agenda del comunismo, que busca crear el caos para hacerse con el poder. Otros parecen creer que estamos en un torbellino que gira en dirección a una transformación revolucionaria aún por definir. Y la mayoría silenciosa de quienes dependen de su trabajo para vivir aspira a ver a su país convertido en una república moral, próspera, equitativa y sostenible.
Es a favor de estos últimos que soplan los vientos del cambio. En efecto, lo que está en crisis aquí es un modelo de desarrollo cuyas raíces se remontan al siglo XVI, que organizó el país en función de la demanda de servicios de tránsito interoceánico, y del beneficio de quienes controlan la oferta de esos servicios, que hoy han venido a ser de apoyo a la circulación del capital a escala global. La columna que soporta toda la producción de riqueza y toda la generación de pobreza en Panamá consiste en una Plataforma de Servicios Transnacionales estructurada en torno a un canal interoceánico.
Esa plataforma incluye hoy, además, un Centro Financiero Internacional, y servicios de logística, transporte, telecomunicaciones y sedes de empresas transnacionales. La labor de constituir la plataforma venía en curso desde la década de 1970, se aceleró a partir de la transferencia del Canal del gobierno de los Estados Unidos al de Panamá, y hoy parece acercarse al límite sus posibilidades de expansión.
Así las cosas, el paso al extractivismo minero fue percibido como un mecanismo para sostener un proceso de crecimiento económico basado en el despilfarro de las ventajas comparativas del país – como la abundancia de agua, biodiversidad, y de posibilidades de conectividad interoceánica e interamericana – que no contempla como un problema la creciente inequidad en el acceso de la población al progreso técnico y sus frutos, como alguna vez definió Raúl Prebisch al desarrollo. Tal es, a fin de cuentas, lo que cabe en la racionalidad de esta modalidad de organización del país, su territorio y su población que ya crea más problemas de los que puede resolver.
En el caso del Canal, por ejemplo, la concentración de la población y la inversión en el corredor interoceánico ha terminado por afectar las cuencas de los ríos que proveen el agua para el funcionamiento de la vía interoceánica y el consumo de los habitantes del enclave. Esto solo podrá ser resuelto incrementando la competitividad de la ventaja comparativa representada por la capacidad de los ecosistemas panameños para garantizar el abastecimiento de agua y preservar la biodiversidad del país.
Esto solo podrá lograrse vinculando la innovación tecnológica al cambio social, en términos que permitan ampliar la base social del mercado nacional, y articularlo de manera mucho más eficiente a los servicios que ofrece el enclave canalero para ampliar y diversificar sus actividades productivas. La lógica que sustenta la racionalidad del enclave minero no solo conspira contra las necesidades del país, sino que además lo hace contra la posibilidad misma de hacer sostenible el desarrollo humano en el Istmo.
Hemos llegado, en breve, al momento de reconocer que han quedado atrás para siempre los días en que se proclamaba que sin Canal no podía haber país. Ahora ingresamos a una fase nueva en nuestra historia, en la que descubrimos que sin país no habrá Canal. Así las cosas, cerramos con Martí la reflexión que él nos ayudó a iniciar: “En cosas de tanto interés”, nos dijo, “la alarma falsa fuera tan culpable como el disimulo. Ni se ha de exagerar lo que se ve, ni de torcerlo, ni de callarlo. Los peligros no se han de ver cuando se les tiene encima, sino cuando se les puede evitar. Lo primero en política, es aclarar y prever.”[3]
Alto Boquete, Panamá, 8 de noviembre de 2023
[1] “La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América”. La Revista Ilustrada, Nueva York, mayo de 1891. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VI, 158.
[2] “Las Antillas y Baldorioty Castro”. Patria, 14 de mayo de 1892. IV, 405.
[3] “Congreso Internacional de Washington. Su historia, sus elementos y sus tendencias. I. Nueva York, 2 de noviembre de 1889”. La Nación, Buenos Aires, 19 de diciembre de 1889. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VI, 46-47.
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