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sábado, 18 de diciembre de 2010

En la frontera sur del imperio…

En tiempos de gatillo fácil y soberanías difusas, cuando retroceden la democracia y la justicia social, ¿dónde empiezan y dónde terminan las fronteras que separan a los cárteles del narcotráfico, de los cárteles políticos y financieros?
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
México: la guerra es la continuación de los negocios por otros medios. 30 mil víctimas mortales suma la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón desde 2006, y que aplauden, a coro, en Washington y Centroamérica. Elogio –perverso- del libre comercio: México pone los muertos y Estados Unidos las armas y el dinero. Una investigación de The Washington Post lo confirma: desde 2008, más de 60 mil armas de origen estadounidense han sido recuperadas en territorio mexicano. Los 12 principales vendedores operan legalmente en los estados fronterizos con México. En total, 3800 de estos comercios se ubican en Texas.
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La cacería de los líderes del cártel La Familia de Michoacán, y la convulsión social sufrida en ese y otros estados durante las últimas semanas y meses, revelan los efectos colaterales de la guerra contra el narcotráfico y sus implicaciones de cara a los comicios mexicanos del año 2012. Informa Julio Hernández López, columnista de LA JORNADA: “Balas y cárteles contra campañas y urnas. La amenaza y la ejecución como sustitutos de los procedimientos internos de los partidos para la postulación de candidatos. Las batallas entre facciones armadas como factor determinante del curso de los comicios. Regiones enteras sustraídas al control institucional. Los jefes de las banderías políticas impulsando a sus familiares o caballerangos (limpiando el camino, eliminando obstáculos) mediante el uso de sus alianzas con los grupos de amplísimo poder financiero y de fuego. Las Familias peleando a través de sus cárteles la definición de los resultados cívicos” (Astillero, 14/12/2010).
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La impunidad de la máquina de la barbarie. 17 mil paramilitares colombianos no serán juzgados, en virtud de una ley aprobada por el Congreso de ese país el pasado jueves 16 de diciembre, y que ahora aguarda la firma del presidente Juan Manuel Santos –autor intelectual del bombardeo a Sucumbíos, Ecuador, en el año 2008- para entrar en vigencia. La iniciativa favorece a los agentes desmovilizados entre 2003 y 2006, quienes se acogieron a la propuesta realizada por el expresidente Álvaro Uribe para evadir la cárcel a cambio de que depusieran las armas. En el reino de la seguridad democrática, ¿la ley está al servicio de los criminales? Denuncia el diputado Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo: “La ley riñe con los principios de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de los grupos paramilitares. Es una iniciativa que no responde a los derechos de las víctimas”.
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Hace un mes, en Honduras, 5 campesinos fueron asesinados y más de una docena permanecen heridos, producto del ataque de un grupo de paramilitares a las órdenes del empresario y latifundista Miguel Facussé Barjum (uno de los autores intelectuales del golpe de Estado contra el presidente legítimo Manuel Zelaya). Todos los campesinos luchaban por la recuperación de sus tierras.
El periodista Giorgio Trucchi entrevista a un testigo sobreviviente de la masacre del Bajo Aguán, quien relata el asesinato de José Luis Sauceda: “Se reían y le decían que se despidiera y que dijera las últimas palabras. Enseguida resonó el disparo. Cuando lo encontraron tenía la cara desfigurada por las balas. Fue muy triste lo que vivimos. Han caído compañeros para defender nuestras tierras. Han caído sin la posibilidad de defenderse...” (Hace un mes de la masacre que tiñó de sangre el Bajo Aguán, ALAI, 15/12/2010)
Desde el golpe militar el 28 de junio 2009, la maquinaria de la barbarie no ha dejado de operar. Masacrar y torturar a las poblaciones desarmadas ha sido su principal tarea”, afirma desde Tegucigalpa el Dr. Juan Almendares, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y pregunta: “¿De dónde reciben o compran las armas, los cuerpos represivos que asesinan y torturan familias campesinas, mujeres, hombres niñas y niños de la resistencia?” (Democracias encapuchadas, ALAI, 29/11/2010).
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Los marines no se van de Costa Rica. 27 buques de la Armada estadounidense, 43 naves de guardacostas, 43 helicópteros y 4300 tripulantes más: tales son las dimensiones del nuevo contingente militar que podría ingresar a Costa Rica, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011, una vez que la Asamblea Legislativa apruebe el permiso solicitado por la presidenta Laura Chinchilla y su Ministro de Seguridad, José María Tijerino.
La justificación: lucha contra el narcotráfico; el trasfondo: el conflicto con Nicaragua por la disputa de territorios fronterizos y el dragado del Río San Juan; también las presiones de un sector de la opinión pública y la clase política costarricense, que piden “revisar” la prescripción del ejército decretada en 1948, para enfrentar a los “bárbaros nicaragüenses”.
El arte de atizar la hoguera: el Ministro de Seguridad, valiente y viril, proclama que somos un país soberano. “No ajustamos nuestra política exterior a los gustos de Ortega (presidente de Nicaragua)”, dice.
Más allá de la retórica, los planes estratégicos del Ministro Tijerino presagian un aumento de las hostilidades: según fuentes oficiales, la presencia de la armada norteamericana “será complementada por la Policía costarricense con patrullaje sobre los ríos Colorado, Sarapiquí y San Carlos, todos cercanos a la frontera con Nicaragua” (La Nación, 14/12/2010)
¿Hacia dónde apuntan, realmente, las cañoneras?
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De cómo el pez grande fue devorado por el pez más grande. $1900 millones de dólares fue el monto total de la operación de compra del grupo financiero BAC-Credomatic (propiedad de GE Consumer Finance Central Holdings Corp. y General Electric Capital Corporation), uno de los más prominentes del mercado centroamericano, por parte del Grupo Aval: el conglomerado más importante de Colombia.
Orgullo de la globalización financiera: erudito del mercado, el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, accionista mayoritario de Grupo Aval, explica que “Centroamérica es una región económica y culturalmente afín a Colombia”.
En tiempos de guerra social y exclusión, ¿el mundo de los negocios es económica y culturalmente afín para los centroamericanos?
Según datos del último informe de la CEPAL, mientras las inversiones y los capitales fluyen, raudos, por la geografía económica del Plan Mesoamérica, el 50 por ciento de la población de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua vive en estado de pobreza.
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Susurros de “Muertos incómodos”: “Y entonces la política moderna, dice el Alakazam, se trata de que la democracia sea que la mayoría, que sea los jodidos, trabaje y se preocupe porque le vaya bien a la minoría, que sea a los poderosos. Y entonces también se trata de que todos los jodidos miremos para otro lado mientras nos roban nuestra tierra, nuestro trabajo, nuestra memoria, nuestra dignidad”. (Paco Taibo II y Subcomandante Marcos, Muertos incómodos, 2004).
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En tiempos de gatillo fácil y soberanías difusas, cuando retroceden la democracia y la justicia social, ¿dónde empiezan y dónde terminan las fronteras que separan a los cárteles del narcotráfico, de los cárteles políticos y financieros?

domingo, 25 de octubre de 2009

La tenaza que se cierra

Plan Mérida, Plan Colombia, bases navales y radares, por un lado; crisis económica, violencia y criminalidad social, por el otro. ¿Cuánto tiempo más podrán soportar nuestros Estados, y particularmente las empobrecidas poblaciones mesoamericanas, esta tensa ecuación geopolítica y socioeconómica?
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
Una doble tenaza empieza a cerrarse, de Sur a Norte, sobre el espacio político, social y cultural mesoamericano: uno de sus brazos es visible en las diversas maniobras estratégicas de la geopolítica estadounidense sobre los territorios que se extienden de México a Colombia; y el otro, en la progresiva descomposición de las condiciones de vida de una región amenazada por el narcotráfico, la violencia social y la criminalidad, y los problemas estructurales que se traducen en magros avances en materia de desarrollo humano. Distintos acontecimientos de las últimas semanas refuerzan esta tesis. Veamos.
Por el eje Sur, al acuerdo Washington-Bogotá para el uso de siete bases militares colombianas por parte del ejército de Estados Unidos, se suma ahora el acuerdo Washington-Panamá, que se firmará en los próximos días y permitirá la instalación de dos bases navales estadounidenses en Bahía Piña, provincia del Darién, en lo que constituye un agravio al espíritu de los tratados Torrijos-Carter (1977) y, especialmente, a la lucha histórica del pueblo panameño contra la ocupación militar norteamericana. Aunado a esto, la reactivación de dos radares de alta tecnología del Comando Sur en la costa del pacífico norte de Costa Rica y la dotación de $15 millones dólares para los cuerpos policiales de este país[1], señalan el protagonismo que, en el diseño de su estrategia geopolítica, le asigna Washington a tres aliados de esta zona: los presidentes Álvaro Uribe, Ricardo Martinelli y Oscar Arias.
Por el eje Norte, el Plan Mérida –hermano menor del Plan Colombia- encuentra el clima adecuado para su avance, a horcajadas entre la doctrina de seguridad nacional y la guerra -¿infinita?- contra el narcotráfico, en la misma medida en que Centroamérica se convierte, según lo asegura un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)[2], en la región más violenta del mundo: una condición que bien podría invitar a los gobiernos del área a seguir el mal ejemplo del gobierno de México, al enviar las Fuerzas Armadas a combatir la delincuencia en estados y ciudades –posibilidad que actualmente analiza el presidente de El Salvador, Mauricio Funes-, o bien, para retomar las nefastas e ineficaces políticas de seguridad de mano dura.
En el plano político, a la inestabilidad que ha socavado a los gobiernos de Guatemala y Nicaragua en los últimos años, le siguió el golpe de Estado en Honduras –apoyado por la derecha estadounidense y centroamericana-, que no solo derrocó a un presidente legítimamente electo, sino que asestó un duro golpe a las expectativas populares de cambio social y al proyecto de integración de la Alianza Bolivariana de las Américas.
Temerosas de ser sobrepasadas por la ola progresista y nacional-popular latinoamericana, las oligarquías y grupos empresariales centroamericanos han desatado una furiosa reacción antipopular disfrazada de un antichavismo paranoico que, como sucede en Costa Rica con la persecución política de las Bases de Paz venezolanas (alentada desde la Embajada de Estados Unidos en San José), intenta coartar los espacios de organización, pensamiento y acción política de movimientos sociales, organizaciones y partidos con posturas críticas frente a la dominación neoliberal.
Desde el punto de vista económico, diversas informaciones sugieren que lo peor de la crisis financiera mundial apenas estaría por llegar a Centroamérica, donde se espera un dramático aumento del desempleo en los próximos meses (hasta cerrar en 470 mil puestos de trabajo perdidos en 2009, según la OIT[3]) y una importante reducción de las remesas, estimada en $1000 millones por la Secretaría de Integración Centroamericana[4].
Súmense a lo anterior los negocios transnacionales que se enmarcan en los tratados de libre comercio y el desarrollo del Proyecto Mesoamérica (antiguo Plan Puebla Panamá, ahora ampliado hasta Bogotá), y se completará el cuadro de la condición neocolonial y de dependencia económica que caracteriza, hoy, a un arco de países donde abundan dos tipos de recursos esenciales para el capitalismo global neoliberal: mano de obra abundante, barata, en algunos casos bastante especializada, y sometida por necesidad a los dictados del mercado; y valiosísimas fuentes de recursos estratégicos (Mesoamérica alberga el 7% de la biodiversidad total del planeta, y dispone de petróleo y otras fuentes de energía sumamente apetecidas, como el agua).
Como puede apreciarse, se trata de un escenario complejo en el que, a la par de las iniciativas del poder imperial estadounidense para reforzar su dominio en la región, dada la pérdida de hegemonía en América Latina frente a Brasil y Venezuela, se multiplican de modo incontrolable los síntomas de una de potencial ruptura sistémica: por ejemplo, en las cada vez mayores dificultades que enfrenta el modelo neoliberal mesoamericano para contener el descontento social, reproducir su base de apoyo popular y satisfacer las necesidades más elementales de la población, como trabajo, educación, salud y comida.
¿Cuánto tiempo más podrán soportar nuestros Estados, y particularmente las empobrecidas poblaciones mesoamericanas, esta tensa y conflictiva ecuación geopolítica y socioeconómica?
Creemos que a partir del desenlace de la crisis en Honduras, por su efecto didáctico para el conjunto de la región, podrían empezar a perfilarse las posibles respuestas a estas interrogantes: o los brazos de la tenaza del neoliberalismo oligárquico-imperial se cierran definitivamente para afirmar sus privilegios y sujetar a los de abajo, o el protagonismo de los pueblos y movimientos en lucha logra, por fin, abrir caminos de esperanza para una región que sobrevive en medio de promesas y cientos de miles de vidas rotas.

NOTAS
[1] Véase: “EE.UU reactivará radar antinarco en Guanacaste”, La Nación (Costa Rica), 07-10-2009, disponible en: http://www.nacion.com/ln_ee/2009/octubre/07/sucesos2115424.html ; “Los radares y las mentiras”, Fuchs, Gustavo, en NuestraAmérica.info, 14-10-2009, disponible en: http://www.nuestraamerica.info/leer.hlvs/5533
[2] Así lo establece el informe “Abrir espacio a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano”, presentado por el PNUD en distintas ciudades centroamericanas la semana anterior. El documento en formato PDF puede descargarse en la siguiente dirección: http://www.pnud.org.sv/2007/
[3]Remesas a Centroamérica caerán este año en más de $1,000 millones”, La Prensa Gráfica (El Salvador), 21-10-2009, disponible en: http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/67678-remesas-a-centroamerica-caeran-este-ano-en-mas-de-1000-millones.html
[4]Centroamérica perderá al cierre del año 470.000 empleos”, El Nuevo Diario (Nicaragua), 16-10-2009, disponible en: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/59533

domingo, 21 de junio de 2009

Mesoamérica

Los indígenas mesoamericanos que viven hoy en aldeas paupérrimas en el altiplano occidental guatemalteco, rodeados de lagos y volcanes maravillosos, sufrieron los avatares de la “reconversión productiva” que han impulsado las reformas neoliberales. Pasaron a formar parte de las cadenas de exportación que fueron armadas por los oligarcas de siempre, al calor de la ansiedad por no “quedar afuera de la globalización”.
Rafael Cuevas Molina / Presidente AUNA-Costa Rica
En 1943, Paul Kirchhoff acuñó el concepto de Mesoamérica para denotar un espacio civilizatorio que, en tiempos anteriores a la llegada de los europeos a nuestras tierras, se ubicó entre el Valle Central mexicano (en donde hoy en día se encuentra el Distrito Federal) y el norte de Costa Rica, más precisamente hasta la Península de Nicoya.
En este territorio florecieron algunas de las más importantes culturas de América, los mayas, los aztecas, los olmecas y muchos más. Pueblos de agricultores, persistentes observadores de la naturaleza con la que convivían en relativa armonía, sistematizaron conocimientos que les permitieron formas de pensamiento sofisticadas; insignes trabajadores, levantaron ciudades monumentales en medio de la selva en donde, aún hoy, asombran a propios y extraños.
Llegados los españoles, fueron trasformados a sangre y fuego en fuerza de trabajo sobre explotada que los mermo en número a lo largo de todo el siglo XVI, pero que supo desarrollar formas de resistencia que le permitió sobrevivir, acomodarse a las nuevas circunstancias y, más tarde, a finales ya del siglo XX, iniciar una vuelta al protagonismo que lentamente los va aproximando a la disputa del poder político.
Este “retorno” que los hace cada vez más visibles en la vida pública se da, sin embargo, en el contexto de la agudización de una serie de tendencias negativas del devenir de esa región otrora asiento de tan brillantes culturas. Formando parte ellos de los estratos más pobres de la pirámide social, son los que más sufren los embates de una situación cada vez más conflictiva.
En primer lugar, son el grueso de los sin trabajo, de los que se ven forzados a migrar en pos de obtener el sustento para sus familias. La mayoría parten hacia el Norte, atravesando ríos, selvas, eriales y desiertos. En esa travesía, se encuentran con peligros que ni la más macabra imaginación podría concebir. Hacinados en el techo de los trenes que parten desde el Sur de México, deben pagar el “peaje” que les exigen bandas de mareros; de no hacerlo, son mutilados, violados o muertos. A la vera del camino se multiplican las organizaciones de buena voluntad que los recogen por cientos y los acuerpan, tratando de protegerlos no solo contra estas organizaciones criminales sino, también, de las autoridades migratorias y policiales que, corruptas, hacen también su agosto con el éxodo del pobrerío que se rebalsa allende las fronteras. De salir ilesos de tales avatares, están propensos a ser secuestrados. Más de 4000 de ellos lo fueron solamente en el año 2008. Quienes no tienen parientes con la posibilidad de pagar rescates que van de los $3000 a los $4000, son muertos sin ninguna contemplación.
En segundo lugar, son tierra fértil para que pasen a formar parte de las redes del narcotráfico que se han enseñoreado en la región. Como indica un reciente informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos de México, el 30% de las muertes violentas que se producen anualmente en ese país son producto de las rencillas entre los cárteles del narcotráfico. La carne de cañón, de nuevo, son ellos, los más pobres entre los pobres, los indígenas mayanses, los descendientes de los zapotecos, los hijos de los mixtecas, los otrora hijos del sol, los antiguos labradores de la tierra del Mayab.
Los indígenas mesoamericanos que viven hoy en aldeas paupérrimas en el altiplano occidental guatemalteco, rodeados de lagos y volcanes maravillosos, sufrieron los avatares de la “reconversión productiva” que han impulsado las reformas neoliberales. Pasaron a formar parte de las cadenas de exportación que fueron armadas por los oligarcas de siempre al calor de la ansiedad por no “quedar afuera de la globalización”.
Ahora, ya no producen ni el maíz que consumen y que fuera el centro de la cosmovisión que los caracterizó por miles de años. Su cultura se destrama, pierden vigencia las tradiciones ancestrales, se desarticulan las redes de solidaridad comunales. El Estado, ausente como siempre, deja al garete la rearticulación de la vida social. En las esquinas mal alumbradas de las aldeas, metiendo los pies en los riachuelos de aguas negras que surcan las calles, jóvenes indígenas asumen formas de organización juveniles que tuvieron su origen en las anchas avenidas de los Ángeles, en la lejana California a la que sus padres intentan llegar como mojados, y se afilian a la Mara Salvatrucha o a la Dieciocho, se tatúan el cuerpo, se consiguen una “jeva”, una de las muchas AK47 que circulan libremente por todos lados, y establecen el territorio en donde son amos y señores.
Estas nuevas circunstancias se suman a las ya previamente existentes. Cualquiera que viaje por las zonas montañosas de Guatemala, Chiapas y, en general, del Sureste mexicano, no podrá dejar de admirar la geografía humana: las laderas de las montañas parecen colchas hechas de retazos de distintos colores. Cada trozo de color es una mini parcela, a veces de no más de unos cuantos metros cuadrados, que es cultivada por un agricultor indígena que tiene tras de sí una familia generalmente numerosa. Son minifundios, lo único que posee más del 60% de los productores agrícolas de esas tierras, mientras los grandes latifundios, que no se encuentran en escarpadas montañas difíciles de cultivar sino en las tierras planas de la costa, se encuentran en manos de menos del 10%. Es una realidad medieval.
La antigua Mesoamérica es hoy una bomba de tiempo. Que nadie se asuste cuando explote.

domingo, 17 de agosto de 2008

EZLN: 24 años después

Jaime Martínez Veloz
LA JORNADA

Después de 24 años de trabajo organizativo, lucha social y experiencias vividas, el EZLN ha consolidado su presencia en el territorio chiapaneco. Con discreción, orden y disciplina, los zapatistas han podido construir un nuevo modelo de trabajo o, como dicen ellos, un nuevo modo de hacer las cosas, donde a partir de una práctica cotidiana de la autogestión, la solidaridad, la creatividad, la cooperación y organización comunitaria han mantenido la cohesión de sus comunidades.
A los zapatistas nada les ha sido fácil, ni nada les ha sido regalado. Lo logrado ha sido gracias a un enorme esfuerzo y a una alta cuota de sacrificio de sus integrantes. Mayor significación tiene cuando sus logros se han producido en medio de condiciones difíciles y complicadas.
Desde los primeros años en que desarrollaron su trabajo, tanto en el frente de masas como en la organización clandestina, se formaron al amparo de una convicción: “mandar obedeciendo”. Los años anteriores al levantamiento les permitieron consolidar una fuerte presencia en comunidades, muchas de las cuales se reconocieron zapatistas. La estrategia en su formación guerrillera puso distancia frente a métodos utilizados por otras guerrillas para allegarse fondos mediante secuestros o acciones que caen en el terreno delictivo y que han sido rechazadas por la opinión pública.
La apuesta zapatista de construir una base social organizativa como sustento fundamental de la acción armada, financiada con los modestos recursos de sus integrantes, ha sido el distintivo que ha alejado al zapatismo de cualquier acción que lo vincule con acciones terroristas que pudieran justificar la acción represiva del Estado mexicano. El levantamiento zapatista fue caracterizado por la primera Cocopa como “expresión de una insurrección comunitaria, producto de causas fundadas que lo originaron”.
La irrupción zapatista en el escenario nacional trajo modificaciones sustantivas. Las subsecuentes reformas electorales al primero de enero de 1994 fueron realizadas por una demanda de la sociedad mexicana, pero también por el reconocimiento tácito a la justeza de los reclamos zapatistas. Tal vez esto no quiera ser reconocido por los partidos políticos, pero el levantamiento armado contribuyó a la creación de un nuevo escenario electoral y a una redistribución del poder político. Hoy el modelo electoral mexicano dista mucho de ser el mejor y más adecuado para los mexicanos, pero es muy diferente al de antes de 1994.
El diálogo entre el EZLN y el gobierno federal estuvo amparado por una Ley para el Diálogo, cuya fortaleza radica en expresar la voluntad de las partes, sobre todo de la sociedad mexicana, que desea una solución de fondo a la problemática planteada por los zapatistas, por vía de la negociación. El EZLN puso su parte, el Estado Mexicano incumplió los compromisos contraídos en San Andrés. Aunque el estatus del diálogo que ampara la ley vigente es de “suspensión”, no de “ruptura”, la reanudación de esta vía tendrá que pasar por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, cuyo contenido principal ha hecho suyo la Organización de Naciones Unidas.
Luego de la suspensión del diálogo y desde antes, en un doble discurso el gobierno, mientras decía querer dialogar, apoyaba una estrategia de contrainsurgencia y acorralamiento de las fuerzas zapatistas. Expedición de títulos agrarios, habilitando a campesinos como ejidatarios en tierras ocupadas por los zapatistas, encarcelamiento de líderes y bases de apoyo zapatistas, matanzas indiscriminadas, fomento de las deserciones y el paramilitarismo, ofrecimiento de apoyos oficiales a cambio de renuncias públicas al EZLN, minimización del conflicto, campañas mediáticas antizapatistas fueron, entre otras, acciones que dominaron el escenario chiapaneco durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo y los varios gobernadores interinos que Chiapas tuvo durante ese sexenio.
En medio del hostigamiento, el zapatismo tuvo la capacidad de salir adelante y perfilar una nueva iniciativa política a principios de 2001, mediante la marcha exitosa que culminó con la presencia de los zapatistas en la tribuna del Congreso de la Unión, donde el debate entre los legisladores traspasó las fronteras de las formalidades parlamentarias para ubicarse en un terreno donde el elemento principal que introdujo la petición zapatista para hacer uso de la tribuna de San Lázaro no radicaba en que fuera un asunto de normatividad legislativa, sino en otro mucho más profundo que cuestionaba al actual modelo de la democracia mexicana, la cual aún no incluye a todos los mexicanos, en este caso a los pueblos indígenas.
A pesar del éxito de la marcha y las expresiones públicas del presidente Fox, la culminación del proceso legislativo que dictaminó la iniciativa de ley indígena produjo un resultado ajeno a lo pactado en San Andrés Larráinzar, con una reforma constitucional que hizo a un lado el arduo proceso de negociación entre las partes. El nuevo escenario permitió que de nueva cuenta los zapatistas sacaran la creatividad que los ha caracterizado con las juntas de buen gobierno como una nueva forma de organización que este año cumple un lustro de actividades sostenidas mediante un método de trabajo que ha permitido procesar diferencias, definir esquemas de trabajo y vincularse organizadamente entre los miembros y quienes no lo son.
Los miembros de las juntas de buen gobierno se van rotando entre los integrantes de la comunidad, y han entendido que el servicio que brindan no significa obtener privilegios individuales, pero fortalece la integración comunitaria que permite sentar las bases para el desarrollo de los pueblos. Esta experiencia es un nuevo modelo en la toma de decisiones del que hay mucho que aprender y mucho que saber.

domingo, 3 de agosto de 2008

Pueblos indios y petróleo en México: la gran injusticia

Carlos Beas Torres / Alainet
En el gran debate abierto en torno a la reforma energética, se han dejado una vez más de lado los derechos de los pueblos indígenas. Se ha olvidado en el caso del petróleo que muchos de los campos de extracción, refinerías e instalaciones petroquímicas, ductos y zonas de almacenamiento se localizan precisamente en territorios ancestrales de los pueblos indios de Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxaca y Campeche.
Hasta ahora los beneficios de la renta petrolera han llegado a cuentagotas a los pueblos indios, los cuales siguen siendo los habitantes más pobres de este país a pesar de que es precisamente en sus tierras donde se ha obtenido en los últimos 100 años los recursos energéticos que alimentan y mueven a México entero. Una muestra de esta injusta relación, lo es sin lugar a dudas Chiapas, estado donde según datos oficiales el 54% de la población enfrenta problemas de desnutrición y que sin embargo aporta el 20% del petróleo, el 25% de gas y el 50% de la electricidad que se producen en el país.
Los pueblos indios del Golfo de México han sufrido graves impactos producto de la explotación petrolera. A principios del siglo pasado el empresario inglés Weetman Pearson, socio de Porfirio Díaz y de Enrique Creel, estableció en tierras nahuas y popolucas del istmo veracruzano, la primera refinería que existió en México. En 1907 se inauguró la refinería de Minatitlán, hecho que significó el despojo de más de 400,000 hectáreas de tierras indígenas, así como asesinatos y desalojo de pueblos enteros.
Aún hoy en la memoria colectiva de los pueblos nahuas, popolucas , totonacas y tenek se mantiene vivo el recuerdo de cómo los pistoleros de las Compañías El Aguila y la Huasteca Petroleum Companay, asesinaban a mansalva a los campesinos indígenas que defendían sus tierras “Me vendes tu tierra o se la compro a tu viuda”, es la frase que aún recuerdan los viejos.
Pero no sólo lo despojos de tierras y los cientos de asesinato han agraviado a las comunidades indígenas, otro de los graves impactos que han sufrido han sido los daños ambientales generados por la operación de la industria petrolera. En julio de 1908 en la región huasteca, ocurrió uno de los más siniestros ambientales más graves en la historia de nuestro país, cuando se salió de control la perforación del pozo 3 del campo Potrero del Llano, lo que ocasiono un incendio que duró más de tres años y el derrame de más de 5 millones de galones de crudo que contaminaron tierras, ríos y la Laguna de Tamiahua.
Graves daños ambientales han denunciado también los pueblos chontales de Nacajuca en Tabasco, quienes no sólo han sufrido durante los últimos 50 años afectaciones causadas por derrames de hidrocarburos, ya que en una amplia zona del sur de Veracruz y de la porción central de Tabasco la lluvia ácida afecta de manera constante cultivos y producción ganadera. Pescadores y campesinos mixes, huaves y zapotecas de Oaxaca han denunciado reiteradamente los daños ocasionados a sus tierras, ríos y lagunas por la rotura de ductos del sistema Nuevo Teapa-Salina Cruz. Similar es la denuncia de los pescadores y campesinos de la cuenca baja del Río Coatzacoalcos, quienes han visto afectada por la contaminación, su ya de por si mermada economía.
Uno de los más graves impactos que ha traído la industria petrolera a los pueblos indígenas, ha sido la destrucción de sistemas económicos regionales. La construcción del complejo petrolero Pajaritos próximo a Coatzacoalcos o de la Refinería de Salina Cruz atrajo a miles de campesinos que se ocuparon como peones de obra por dos o tres años, lo cual genero una grave crisis por el abandono del campo. La destrucción de economías locales trajo como consecuencias, la pérdida de valores culturales, la migración y la desintegración de comunidades y familias enteras, dejando como secuela por ejemplo que la tasa de suicidios en Tabasco se elevara en 10 años más del 300%.
Las zonas petroleras han sido polos de desarrollo donde a manera de casta privilegiada, los trabajadores petroleros viven apartados del resto de la población y cuentan con servicios a los cuales los habitantes nativos no pueden acceder. Los altos ingresos de este gremio han traído además como consecuencia una gran carestía en los productos de primera necesidad, lo cual ha afectado de manera directa al grueso de la población, cuyos escasos ingresos provienen de las actividades agropecuarias o de la pesca.
Es en este momento, en el que se esta definiendo el futuro de un sector estratégico para nuestro país, que se hace necesario impulsar acciones contundentes para frenar cualquier intento privatizador de PEMEX y por supuesto también es prioritario demandar acciones que permitan la erradicación de la corrupción con la que gobiernos priístas y panistas han administrado a la principal industria del país. Pero también es fundamental hacer énfasis en la necesidad de fortalecer las acciones que mitiguen los graves daños ambientales que ocasiona al entorno la operación de esta importante industria. Además de la responsabilidad ambiental con la que debe operar PEMEX es necesario que asuma de manera plena su responsabilidad social, transfiriendo de manera directa recursos a los pueblos indígenas con el fin de promover su efectivo desarrollo, recursos para construir hospitales, escuelas, centros deportivos y para fortalecer las actividades productivas propias de estas comunidades.
En el marco de la reforma al sector energético se deben reconocer los derechos históricos que tienen los pueblos indios, ya que estos recursos se localizan en buena medida en sus territorios, lo cual les ha significado hasta ahora muy pocos beneficios y si muy altos costos sociales y ambientales. La modernización de la industria petrolera deberá respetar los derechos de los pueblos indios de México; nuestro país no puede tolerar ya, que en los territorios donde se genera tanta riqueza, sus habitantes sigan sumidos en la pobreza, el abandono y en la explotación. PEMEX es de todos los mexicanos y debe seguir siéndolo, sin olvidar que este patrimonio nacional se encuentra en buena medida en territorios indígenas, cuya población ha pagado un alto costo por ello. No lo olvidemos.

domingo, 27 de julio de 2008

¡Mesoamérica en Resistencia, No al neocolonialismo del libre comercio!

Declaración Política del VII Foro Mesoamericano de los Pueblos
El Foro Mesoamericano de los Pueblos, desde su primera convocatoria a inicios del siglo XXI, ha recorrido un largo camino, construyendo y articulando las luchas y resistencia contra las diferentes expresiones del neoliberalismo (tratados de libre comercio, acuerdos de asociación comercial, concesiones territoriales para la inversión extranjera como el Plan Puebla Panamá, las privatizaciones, la militarización y la criminalización de los movimientos sociales), en una región con una inmensa riqueza sociocultural y poseedora de recursos naturales estratégicos como tierra, agua, una biodiversidad exuberante, recursos energéticos y minerales, etc., los cuales han sido históricamente codiciados por los grandes imperios en su afán por explotar dichos recursos y consolidar su poderío económico, político y militar.
En estos años, observamos claramente dos tendencias convergentes: en primer lugar, se ha profundizado la ofensiva del gran capital por apropiarse de todos los recursos estratégicos que poseen los pueblos de la región; en este sentido, los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Asociación, promovidos por los Estados Unidos y por la Unión Europea, son los instrumentos centrales de las grandes potencias para consolidar su posición hegemónica en la economía global. En segundo lugar, ha continuado creciendo el movimiento de resistencia popular frente a un modelo expoliador, excluyente, concentrador de riqueza y poder, movimiento al que se han ido sumando nuevos sectores con reivindicaciones específicas que se agregan a las históricas demandas por tierra, trabajo, dignidad, respeto a la vida y a los derechos humanos, que nuestras organizaciones han enarbolado en su lucha por otro mundo posible.
En estos años, efectivamente, la hegemonía neoliberal ha sido radicalmente confrontada por los movimientos sociales mesoamericanos, con propuestas construidas desde los pueblos y para los pueblos, propuestas que tienen en común el respeto por la vida y la urgencia de producir nuevas formas de relacionamiento entre las personas y las poblaciones y de éstas con la naturaleza.
Durante estos días, los debates en las distintas mesas (sectoriales y multisectoriales), muestran el complejo abanico de la resistencia de los movimientos populares en la región, con toda su riqueza política y organizativa, así como sus desafíos. Constatamos que hemos avanzado en la consolidación de muchos espacios de resistencia, pero tomamos nota de que es necesario aún profundizar la articulación en algunos de ellos así como dar todo nuestro respaldo a los nuevos sectores que se han integrado en el proceso del Foro. Como todo proceso de lucha, el Foro Mesoamericano de los Pueblos es un espacio vivo, en permanente transformación, por lo que se hace necesario pensar críticamente este proceso en aras de que sirva para consolidar las luchas populares a nivel regional.
Así, en este VII Foro Mesoamericano de los Pueblos, reafirmando el carácter anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal de nuestro proceso, declaramos que:
- Nuestra posición política emana desde nuestra diversidad y nuestra resistencia, frente a un modelo que deshumaniza y mercantiliza la vida, la dignidad y la justicia, jerarquizando las relaciones económicas y sociales y subordinando las demandas y necesidades de la gran mayoría de la población a los intereses de una minoría, lo cual favorece al gran capital nacional y transnacional.
- El capitalismo, en su fase neoliberal actual, profundiza la exclusión, la inequidad, la pobreza y la desigualdad que sufrimos los pueblos mesoamericanos, pues su objetivo principal es autoreproducirse mediante la expropiación de nuestras riquezas, fomentando para ello la represión, la dependencia y negando a los pueblos su libre autodeterminación y soberanía.
- Especialmente, el capitalismo reproduce estructuras patriarcales de dominación que afectan la vida de millones de mujeres y hombres en nuestra región, pero muy en particular a las mujeres a quienes afecta de manera directa y diferenciada debido a su condición, situación y posición desigual en la sociedad. Asimismo a las niñas y niños, a quienes no se les considera plenamente como personas y por lo tanto se les violan sus derechos humanos, negándoles la capacidad de hablar y decidir sobre los problemas que los afectan. De igual manera, el patriarcado condena el derecho de las personas a la diversidad sexual, negando a quienes deciden vivir su sexualidad de una forma diferente a la sancionada como “buena” y “correcta”, el desarrollo pleno de sus derechos de ciudadanía.
- Se debe reconocer que existe una deuda ecológica y social que tienen los países del norte por la explotación de la naturaleza y consecuente destrucción del medio ambiente, con los países del sur y entre ellas destaca la deuda por el cambio climático. En este sentido, denunciamos la implementación de megaproyectos (minería, hidroeléctricas, carreteras, petroleras) en nuestro territorio, así como la acelerada expansión de monocultivos, que están destruyendo nuestra biodiversidad, los medios de supervivencia de miles de comunidades y comprometiendo el futuro mismo de la humanidad, pues los bosques tropicales son parte fundamental del equilibrio ecológico planetario.
- En la coyuntura actual, la guerra y la militarización están relacionadas con la necesidad de los Estados Unidos y otras potencias, de garantizar su acceso permanente a recursos energéticos estratégicos, con los cuales no cuentan en sus territorios (petróleo y gas natural), para sostener el ritmo de crecimiento de sus economías, así como la disputa por recursos como el agua y los de la biodiversidad. Es por ello que vemos en la reactivación de la IV Flota, en el despliegue de las operaciones continentales del Comando Sur, en el mantenimiento de bases militares por todo el territorio americano y en la adopción y aplicación, en muchos países, de legislaciones “antiterroristas”, hechos contundentes que demuestran que la militarización es parte central de la estrategia de expansión del capitalismo.
- Esto conlleva a que los pueblos que luchan en defensa de sus recursos, sean criminalizados por parte de los gobiernos, con el objeto de controlar los territorios a favor de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.
- La aplicación del modelo neoliberal produjo el desmantelamiento de la economía campesina en toda la región, para favorecer los intereses del agronegocio y fomentando la exportación de productos exóticos por sobre la producción de alimentos, lo cual ha llevado a nuestros países a perder casi por completo su soberanía alimentaria, generando además una crisis socioeconómica de profundas consecuencias entre el campesinado.
- Los organismos financieros internacionales, implementan políticas de cooperación que en realidad lo que buscan es crear marcos regulatorios para la operación de las empresas transnacionales, a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías. La llamada “cooperación para el desarrollo” de los países ricos, reproduce patrones coloniales de relacionamiento tipo “centroperiferia”, profundizando la dependencia de nuestros países con relación a los centros hegemónicos del poder global.
- Los pueblos indígenas de toda la región viven en este momento una ofensiva del sistema en contra de sus territorios, de sus recursos naturales, de su identidad cultural, sus formas de organización y libre determinación. Esta ofensiva se expresa de forma violenta mediante el cerco militar (el caso de Chiapas es crítico), la expropiación de tierras, la destrucción de sus aldeas y comunidades, entre otras cosas, todo lo cual les impide el ejercicio pleno de su autonomía como pueblos, consagrada no solo por sus propios usos y costumbres sino por Convenios internacionales como el 169 de la OIT.
- En el plano de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, vivimos actualmente un proceso de acelerada destrucción de la organización sindical y de sus conquistas históricas, a través de la flexibilización laboral como una herramienta para la mayor acumulación de capital por parte de las transnacionales y del empresariado nacional. La precarización de las condiciones de vida de las grandes mayorías se da en un momento en que las tasas de ganancia de las expresas exportadoras e importadoras, que se benefician del modelo, aumenta aceleradamente. Los Tratados de Libre Comercio profundizan esta situación.
- Millones de campesinos y campesinas, indígenas, jóvenes, niños y niñas de nuestra región, se han visto forzados a dejar su tierra natal para emigrar hacia los Estados Unidos y Europa, en los últimos treinta años. Este periodo corresponde, justamente, con la implementación del modelo neoliberal, que expulsa a nuestra población. En los países de destino, las y los migrantes sufren en pésimas condiciones de vida, de trabajo y son discriminados en todos los ámbitos de la vida social. La vergonzosa “Directiva de Retorno” recientemente aprobada por la Unión Europea, así como el “Muro de la Vergüenza” que levanta Estados Unidos en su frontera con México, simbolizan el desprecio que los países del norte sienten por nuestros hermanos, que con su trabajo enriquecen a los dueños del capital.
- La juventud mesoamericana reafirma su identidad frente al adultocentrismo propio del sistema patriarcal, que criminaliza las formas de ser, saber y hacer de las personas jóvenes. En este sentido, desconoce los espacios oficiales de juventud y las políticas demagógicas de inclusión de las personas jóvenes, en el marco de las cumbres de jefes de estado y de los gobiernos, por ser no solo inconsultas y antipopulares sino por promover políticas que ven en la juventud un problema, desde los patrones morales de las clases dominantes. En muchos casos incluso las personas jóvenes son criminalizadas y sufren todo tipo de discriminación, muy especialmente en el plano laboral y académico.
- Finalmente, declaramos que la “democracia” actualmente existente no garantiza la verdadera participación popular en la toma de decisiones y no es por tanto, una democracia que permita la autodeterminación de los pueblos. Lo que existe hoy es un sistema electoral que asegura que el poder quede siempre en las mismas manos, mediante lo que algunos gobernantes de la región han llamado una “dictadura en democracia”. Consideramos que la participación política debe asegurarse en un marco auténticamente democrático, lo que significa implementar mecanismos que aseguren que la voz y demandas de las comunidades se incorporen en la definición de las políticas públicas y del modelo económico.
Considerando todo lo anterior, desde el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos decimos:
- Que rechazamos permanente y radicalmente el libre comercio, en especial las actuales “negociaciones” de un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que a pesar de la retórica que los gobiernos de ambas regiones proyectan en sus declaraciones públicas, no es más que un tratado de libre comercio de características semejantes e impactos idénticos que los que acostumbra imponer a los pueblos los Estados Unidos, pero que incluso va más allá al imponer nuevas obligaciones en ámbitos como propiedad intelectual, servicios públicos y protección de las inversiones extranjeras.
- Demandamos que además de manifestarnos contra la violencia, discriminación y exclusión que sufren las mujeres, el carácter antipatriarcal del Foro Mesoamericano de los Pueblos, se exprese en adelante y de manera concreta, mediante metodologías que aseguren la equidad en la participación mediante la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones y en los paneles de discusión, así como en las actividades que el Foro promueva en sus planes de acción. Llamamos a las organizaciones y movimientos sociales mesoamericanos, a hacer mayores esfuerzos por superar la situación de discriminación que las mujeres viven también a lo interno de nuestras luchas.
- Exigimos garantías para que las niñas, niños y adolescentes, puedan expresarse y ser escuchados, asegurando espacios para que ellos y ellas se junten para conocer y compartir los problemas que los afectan y sobre todo aquellos que tengan que ver con firmas, acuerdos y convenios ya sea que violen sus derechos o que busquen protegerlos, pues los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a usar la palabra para referirse y decidir sobre todo aquello que vaya a afectar sus condiciones de existencia.
- Asumimos nuestro compromiso de integrar el enfoque de derechos de la diversidad sexual en nuestras organizaciones y prácticas diarias, además de exigir políticas públicas a favor de las personas gay, lesbianas, transexuales y bisexuales. Particularmente, el Foro Mesoamericano de los Pueblos se manifiesta a favor de la aprobación, en Costa Rica, del proyecto de ley que permitiría la unión civil de personas del mismo sexo, considerando que sería un paso muy importante en este sentido.
- En cuanto al problema del cambio climático, consideramos que hay que darle un enfoque político, de justicia y que siente claramente la responsabilidad por la crisis que vive la humanidad y el planeta en su conjunto; exigimos reparación y pago del daño por la deuda ecológica que los países industrializados tienen para con los países del sur, además de vincular la cuestión del cambio climático con la soberanía alimentaria, el combate a los patrones de consumo depredadores del medio ambiente, el lanzamiento de una campaña de los movimientos a favor de la justicia ambiental y poner realmente la cuestión ecológica como algo fundamental del modelo económico y social por el que estamos luchando.
- Manifestamos enérgicamente nuestro repudio contra la militarización creciente que afecta a nuestros pueblos y contra la criminalización que sufren los movimientos sociales, concretamente repudiamos a la MINUSTAH que con más de 7 mil soldados somete y humilla al hermano pueblo de Haití, con la participación de tropas de países latinoamericanos como El Salvador, Argentina, Brasil, Bolivia y Chile. Repudiamos también la reactivación de la IV Flota, las operaciones del Comando Sur y muy especialmente nos manifestamos contra el mantenimiento de la Base Militar de Palmerola, en territorio hondureño, por ser una amenaza permanente para los pueblos de nuestra región.
- Demandamos una reforma agraria integral, orientada no simplemente a repartir tierras entre el campesinado, sino que fomente una verdadera política productiva en beneficio de los pequeños y medianos productores agrícolas, con crédito oportuno, asistencia técnica y protección frente a la invasión de productos agrícolas transgénicos importados, poniendo énfasis en la recuperación de la soberanía alimentaria de nuestros países. Esta reforma agraria debe basarse no en los principios de la agricultura industrial, sino recuperar los conocimientos tradicionales, el rescate de la semilla criolla, establecer prohibiciones para el uso de semillas transgénicas y la construcción de redes de consumo responsable.
- Exigimos que la cooperación para el desarrollo se enfoque en la defensa y promoción de la vida, en la equidad y en la justicia, no en la reproducción del status quo. En ese sentido consideramos urgente la transformación inmediata de sus prácticas asistencialistas (muchas veces marcadas por la corrupción), de cooptación de líderes y desarticulación de nuestros movimientos, como mecanismo para impedir nuestra lucha por la autonomía y libre determinación.
- Exigimos el respeto al derecho de los pueblos indígenas a su territorio, recursos naturales, formas de organización y autonomía, sustentados y vinculados sobre su propia cosmovisión. Asimismo condenamos la violencia que actualmente se ejerce sobre los pueblos indígenas, para expropiarlos de sus riquezas naturales y culturales. En el marco de esta Declaración, muy especialmente nos pronunciamos en contra del megaproyecto turístico en Bahía de Tela, en Honduras, como uno de los proyectos más dañiños (aunque no el único) que se impulsan actualmente en la región, provocando un inmenso crimen ecológico y cultural que afecta a las comunidades Garífunas, despojándolas de su territorio y de sus derechos ancestrales.
- Como Foro Mesoamericano de los Pueblos, demandamos el cese inmediato de las políticas de inversión y megaproyectos, tales como represas hidroeléctricas, minería, turismo a gran escala, agricultura extensiva e intensiva en manos de las transnacionales, entre otras, que atentan contra la vida de los pueblos.
- Llamamos a fortalecer la lucha inclaudicable por la defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, a decir No a la flexibilización y tercerización laboral en detrimento de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras.
- Condenamos a la Unión Europea por la aprobación de la llamada Directiva de Retorno que criminaliza a las personas migrantes, así como a los Estados Unidos por la construcción del Muro de la Vergüenza, pues las migraciones son causadas por un modelo excluyente que obliga a millones de personas a abandonar su patria en busca de una oportunidad para sobrevivir. Demandamos la inmediata derogatoria de la Directiva de Retorno así como la construcción de una legislación migratoria que reconozca la Ciudadanía Universal de las personas migrantes.
- Rechazamos los espacios oficiales de juventud al tiempo que reprochamos las políticas demagógicas de inclusión de la juventud, en el marco de las cumbres de Estado, por ser inconsultas y antipopulares. Proponemos frente a esto relanzar la lucha hacia la construcción de un movimiento popular mesoamericano de juventud que pueda articular efectivamente las iniciativas que las organizaciones juveniles impulsan en nuestros países.
- En un contexto de monopolio mediático, luchamos por una comunicación alternativa, desde las bases, hacia una integración mesoamericana, le apostamos a una red de comunicación desde los movimientos sociales, proponemos la apropiación del software libre al servicio de los movimientos sociales y de las comunidades, y nos comprometemos a unirnos para seguir comunicando el otro mundo posible y necesario.
- Llamamos a construir un modelo mesoamericano para poder gobernar desde abajo hacia arriba, sin distinciones de ningún tipo, para poder manejar nuestra propia agenda regional es preciso avanzar con nuestro propio concepto de democracia y gobernabilidad, para ello debemos consolidar un verdadero Movimiento Social Mesoamericano que sea capaz de alcanzar estas transformaciones. Nos manifestamos también en contra de la corrupción de los gobiernos de la región, que afecta a millones de personas al negarles sus derechos a una vida digna, con trabajo, salud, educación, agua potable y otros servicios, pues los recursos públicos se consumen en pagar por privilegios para unos pocos.
- Creemos fundamental lucha por la construcción de un Estado Laico, con igualdad y equidad de género, que luche realmente contra la violencia familiar, en pro de los derechos sexuales y reproductivos, con justicia económica y en pro del aborto terapéutico. Necesitamos asimismo promover una espiritualidad liberadora, integradora y restauradora de nuestras culturas e identidades.
- Finalmente, el VII Foro Mesoamericano de los Pueblos manifiesta su solidaridad para con los Cinco Héroes Cubanos, vilmente encarcelados en las prisiones del Imperio estadounidense, pues su lucha es la de todo un pueblo y la de todo un continente que aspira a un mundo con libertad, justicia y equidad. Nos manifestamos también en solidaridad con todos los presos políticos de toda la región mesoamericana y de todo el continente, en especial los presos políticos en Oaxaca y los estudiantes perseguidos y encarcelados actualmente en Panamá.
La realización del VII Foro Mesoamericano ha sido de vital importancia para continuar la construcción de pensamiento y articulación de acciones colectivas, pues ha permitido reencontrarnos en discusiones y debates necesarios para conocernos mejor y poder pensar en un proyecto social alternativo, de alcance regional.
Reafirmamos la necesidad de seguir profundizando nuestra articulación, pues necesitamos dar pasos que vayan más allá de la celebración del Foro como evento, para construir un Movimiento Social Mesoamericano donde los Foros sean parte de este proceso pero no su objetivo principal. El próximo Foro Mesoamericano de los Pueblos será realizado en México, en el 2009, por lo cual desde ahora alentamos la participación popular en este importante espacio de encuentro de luchadores y luchadoras de toda la región.
¡VIVA MESOAMÉRICA UNIDA! ¡OTRA MESOAMÉRICA Y OTRO MUNDO SON POSIBLES!
Managua, Nicaragua, 16 de julio de 2008.