En nuestra opinión, la mejor manera
de asegurar la soberanía de Brasil, especialmente en la región amazónica, es
promover la explotación sustentable de la biodiversidad y los recursos
naturales. Nuestra generación y las futuras generaciones obtendrán muchos más
ingresos y podrán contar con más y mejores empleos a través de esta estrategia
sensata y moderna.
Declaración
Grupo de Puebla
El brutal retroceso ambiental que se observa en
Brasil con la llegada de Bolsonaro al poder, cuya cara más dramática es la
actual devastación de la Amazonia por vastos y criminales incendios,
constituyen una agresión innombrable a un patrimonio incalculable de aquel país
y su soberanía nacional, así como compromete el futuro de las generaciones
jóvenes de brasileiros y no brasileiros
En efecto, antes de llegar al poder, Bolsonaro dio
declaraciones demostrando su clara intención de promover retrocesos
sustanciales en la agenda ambiental de Brasil. Prometió no dar un “centímetro
más de tierra para indígenas y quilombolas” y afirmó que la Amazonía tenia que
ser explorada comercialmente con la ayuda de los Estados Unidos.
Además, él y su canciller pre-Ilustrado, emulando a
la administración Trump, cuestionaron el calentamiento global, a pesar de la
sólida evidencia científica disponible, y amenazaron incluso con eliminar a
Brasil del Acuerdo de París.
En este sentido, la agenda anti-ambiental del
gobierno de Bolsonaro es una clara manifestación de sumisión geopolítica a la
agenda regresiva del gobierno de Trump y encarna el evidente deseo de entregar
el inmenso patrimonio fitogenético, zoogenético y mineral de Brasil a la
búsqueda depredadora de empresas extranjeras, en detrimento del uso soberano
y sustentable de sus vastos recursos
ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas en la preservación de
sus culturas y de la población en general a un medio ambiente equilibrado.
Este anti-ambientalismo pre-científico, irracional y
entreguista del gobierno de Bolsonaro se contrapone a los grandes avances
civilizatorios realizados en esta área en gobiernos brasileños anteriores,
particularmente en los de Lula y Dilma.
En esos gobiernos, con el establecimiento de la Política
Nacional sobre Cambio Climático, las áreas de protección ambiental fueron
ampliadas considerablemente y los niveles de deforestación se redujeron
sustancialmente, especialmente en la Amazonía.
Los resultados fueron dramáticos. En 2012, en el
gobierno de Dilma, Brasil tuvo la tasa de deforestación más baja en su historia
documentada. La reducción de la deforestación en Brasil alcanzó el 76,27%, en
comparación con los niveles practicados hasta principios de este siglo. Como
resultado, las emisiones de CO² se desplomaron de 3.453 billones de toneladas
en 2004 a 1.368 billones de toneladas en 2015, el último año del gobierno del
Partido de los Trabajadores.
Estos avances internos, entre muchos otros,
permitieron un cambio notable de posición de Brasil en el escenario
internacional. Así, en las Conferencias de la ONU sobre el Cambio Climático
(Río + 20 y COP 15), Brasil salió de una posición histórica eminentemente
defensiva y llevo en su equipaje propuestas concretas: una Política Nacional
sobre Cambio Climático, un Fondo para financiar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y más importante aún, el compromiso de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 36,1% a un 38,9%, junto con
el compromiso de reducir la deforestación de la Amazonia en un 80%, una meta
que ya se había sido prácticamente
logrado en 2012.
Brasil se convirtió así, de manera coherente con sus
intereses nacionales, en uno de los líderes mundiales en la lucha contra el
efecto invernadero y los desequilibrios ambientales. Los otros países
latinoamericanos también se sumaron a este esfuerzo.
Ahora, bajo el gobierno de Bolsonaro, Brasil se ha
convertido en un villano ambiental que atenta a sus propios intereses, su
soberanía y los anhelos de la humanidad. De ser una solución, Brasil se
convirtió en un gran problema.
La señal de la catástrofe ambiental que se está
desarrollando actualmente principalmente en la Amazonía, con un aumento
incontrolado del 67% en las áreas quemadas, fue dada por las actitudes hostiles
del nuevo gobierno hacia el medio ambiente y los derechos de los pueblos
indígenas.
De hecho, en pocos meses, el gobierno de Bolsonaro:
1. debilitó al Ministerio del Medio Ambiente al
trasladar la Agencia Nacional del Agua al Ministerio de Desarrollo Regional y
el Servicio Forestal de Brasil al Ministerio de Agricultura;
2. anunció la revisión de las 334 Unidades de
Conservación brasileñas, amenazándolas de reducción o extinción;
3. coloco un freno en la fiscalización ambiental, lo
que provocó una caída del 34% en el número de multas impuestas por IBAMA
4. comenzó el desmantelamiento de la Política
Climática, con declaraciones posteriores contra esta política global, incluido
el Ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien define el tema como
“académico” y “no prioritario”;
5. atacó el Fondo Amazonia y sus principales
financiadores, como Alemania y Noruega, recurriendo incluso, a acusaciones
falsas;
6. atacó y debilitó a los órganos de control
ambiental, en particular IBAMA e ICMBio, y cuestionó los datos de monitoreo
INPE, lo que resultó en la renuncia de su responsable;
7. trató de vaciar FUNAI cambiando la función de
demarcación de tierras indígenas al Ministerio de Agricultura; y
8. se negó a albergar la COP-25.
Al contrario de lo que dice el gobierno de
Bolsonaro, esta no es una agenda de protección de la soberanía; esto es una
agenda para promover la fechoría económica, social y ambiental.
Brasil, que tiene el 20% de la biodiversidad
internacional y el 13% del agua dulce del planeta, la mayor potencia ambiental
del mundo, quiere preservar y ampliar sus compromisos ambientales, de forma de
hacer una contribución decisiva para evitar que el cambio climático llegue al
punto de no – retorno, lo que afectará por igual la vida de los brasileños y de
los demás pueblos de la tierra.
Bolsonaro y su locura depredadora no representan a
Brasil ni a los demás países de América Latina.
En nuestra opinión, la mejor manera de asegurar la
soberanía de Brasil, especialmente en la región amazónica, es promover la
explotación sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales. Nuestra
generación y las futuras generaciones obtendrán muchos más ingresos y podrán
contar con más y mejores empleos a través de esta estrategia sensata y moderna.
Este es el camino racional, justo y soberano de
Brasil, América Latina y el mundo. Los otros países de la cuenca del Amazonas,
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana y Surinam, entienden que
esta es la forma de cuidar bien este jardín que comparten con Brasil.
Ya el mal camino piromaníaco que propone Bolsonaro
significará, para Brasil, aislamiento diplomático, represalias comerciales,
pobreza, escasez, sufrimiento para los pueblos originarios y la población más
pobre, así como la erosión de su soberanía sobre el Amazonas y sus recursos
naturales. Un mal camino que avergüenza a ese país ante el mundo.
Para el planeta, la locura ambiental de Bolsonaro,
que miente sobre su respeto a los compromisos asumidos, es una amenaza global
que debe ser contenida. Por lo tanto, entendemos las iniciativas para abordar
el problema, como la que lleva a cabo el G7.
Bolsonaro no solo está incendiando el Amazonas, sino
que está quemando la soberanía de Brasil, la soberanía de los demás países de
la cuenca del Amazonas y el futuro de toda la humanidad.
Fernando Haddad, ex ministro de
Educación y ex candidato presidencial, Brasil.
José Luis Rodríguez Zapatero, ex
Presidente, España
Rafael Correa, ex Presidente, Ecuador
Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato
presidencial y fundador del PRD, México.
Karol Cariola, diputada, Chile.
Leonel Fernández, ex Presidente,
República Dominicana.
Julián Andrés Domínguez, ex Diputado
y ex Ministro, Argentina.
Miguel Barbosa Huerta, Gobernador de
Puebla, México.
José Miguel Insulza, ex Secretario
General OEA, actual senador, Chile.
Camilo Lagos, presidente Partido
Progresista de Chile.
Guillaume Long, ex Canciller,
Ecuador.
Clara López Obregón, ex Ministra del
Trabajo y ex Candidata Presidencial, Colombia
Esperanza Martinez, ex Ministra de
Salud, actual senadora, Paraguay.
Daniel Martínez Villamil, ex ministro
y senador, actual candidato presidencial, Uruguay.
Aloizio Mercadante Oliva, ex ministro
de Educación y ex Jefe Gabinete Presidencial, Brasil.
Alejandro Navarro, senador, Chile.
Carlos Ominami, ex ministro de
Economía y ex Senador, Chile.
Yeidckol Polevnsky, Presidenta de
Morena, México.
Gabriela Rivadeneira, Asambleísta
Nacional, Ecuador.
Ernesto Samper, ex Presidente,
Colombia.
Felipe Carlos Solá, diputado
nacional, Argentina.
Carlos Sotelo García, ex Senador,
México.
Jorge Enrique Taiana, ex Canciller,
Argentina.
Carlos Alfonso Tomada, ex Ministro
del Trabajo, actual Legislador Federal, Argentina.
Beatriz Paredes, senadora, México.
Celso Amorim, ex canciller, Brasil.
Carol Proner, jurista, Brasil.
Marco Enríquez-Ominami, ex Candidato
Presidencial, Chile.
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