A medida que avanza la pandemia y deben prolongarse las medidas que obligan a la reclusión, los diversos frentes que requieren una respuesta perentoria comienzan a multiplicarse. Tanto en lo interno como en el escenario internacional.
Roberto Utrero Guerra / Especial para Con Nuestra América
Desde Mendoza, Argentina
Llegado a ese punto, deberán arbitrarse los recursos hospitalarios y los sistemas de logística y evacuación para disminuir el número de víctimas en los diversos lugares en que se ha expandido la enfermedad, comenzando por el AMBA y diversos conurbanos del interior del país, cuyas actividades económicas siguen un estricto protocolo de medidas a los efectos de que los servicios básicos, la provisión de alimentos, el transporte y el personal de seguridad queden asegurados, tal como se viene haciendo hasta el momento. Pero también en el intento de no retroceder a etapas previas que recientan la actividad económica autorizada.
Esta vuelta al confinamiento en puntos críticos, ha obligado a la Administración Nacional de la Seguridad Social ANSES, a ampliar la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia IFE, ayuda puede continuar en adelante. Este aporte creado durante la pandemia ha puesto en evidencia una realidad que permanecía oculta, cuya gravedad comienza a mostrar cifras alarmantes en algunas provincias del norte como Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Salta, donde casi el 50% de la población económicamente activa percibe ese subsidio.
Estas provincias no tienen posibilidades de generar sus propios recursos y dependen de los aportes del gobierno nacional para poder hacer frente a sus gastos corrientes, por lo tanto sus administraciones deben recurrir no solo a lo que envía el ministerio de economía, sino también hacer uso de los aportes que pueden hacer los ministerios de educación, salud y otros organismos que puedan ayudar para que las actividades que se realizan en cada una de esas jurisdicciones puedan continuar como lo han venido haciendo hasta el momento.
Con una economía arrasada y desmantelada por el tsunami Macri cuyo objetivo fue la especulación financiera concentrada en su grupo de amigos, un endeudamiento cómplice elevado y la fuga de capitales, se multiplican los frentes cuya conflictividad crece a la medida en que lo hace la pandemia.
La crítica situación ha llevado a plantear una súper moratoria impositiva por parte de la AFIP, a los efectos de dar un respiro a las empresas que quedaron en pie, dado que miles de pymes cerraron sus puertas y con esto se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, un desempleo que llegó al 10,4, según la última medición del INDEC realizada en 31 aglomerados urbanos del país.[1]
Paralelamente, el flamante ministerio de Desarrollo Productivo, ha dispuesto Medidas para Pymes por el Coronavirus[2] que incluye un Programa de Asistencia de emergencia al Trabajo y la Producción, créditos para el pago de sueldos a tasas del 24%, créditos del BICE para MiPyMes, paquetes de medidas para garantizar la producción, prórroga de moratoria PyME, suspensión temporaria de corte por falta de pago de servicios, suspensión de cierre de cuentas bancarias, Plan Ahora 12 de estímulo al consumo, fomento a exportaciones e importaciones, entre otros beneficios específicos para el sector.
Sigue en tratativas la negociación con los directivos de la mega empresa Vicentin S. A. por su expropiación, su declarada quiebra días antes de la asunción del nuevo gobierno y el destino de los créditos otorgados por el Banco Nación, cuyas autoridades están procesadas. Sus directivos, grandes aportantes a la campaña del gobierno anterior, fueron fieles exponentes de las prácticas de endeudamiento y fuga de capitales, dejando colgados a miles de pequeños productores y empleados.
Mientras el frente externo de la elevadísima y fraudulenta deuda externa continúa la negociación en los organismos financieros internacionales por parte del gobierno, a través de la vicepresidenta Cristina Fernández, ha convocado a los grandes empresarios congregados en torno al Consejo Agroindustrial Argentino que reúne en la persona de José Carlos Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Industrial Argentino, Roberto Domenech, presidente de la Cámara de Empresas Avícolas y Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Ellos le plantearon consolidar al país como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agroalimenticio como biotecnologías, edición génica, tecnologías de la información, maquinarias, insumos, servicios profesionales y técnicos. También aseguraron que en esta década iniciada pueden generarse 210 mil empleos directos en el interior del país y unos 700 mil en total, sin descuidar el entorno ambiental, obteniendo 100 mil millones de dólares anuales de exportación, 52% más que los actuales 65 mil millones de la misma moneda exportados. Todo esto sin requerir subsidios del Estado.[3]
De lo que se desprende la vergonzante situación de pobreza que padece más del 40% de la población en un país que se destaca en el mundo como productor de alimentos y que tiene posibilidades de seguir creciendo en ese sentido.
No escapa también la necesidad de desconcentrar y relocalizar los oligopolios alimenticios que manejan las pocas empresas formadoras de precios de la canasta alimenticia.
Esta concentración productiva empresaria sin quererlo ni desearlo, ha promovido a la expansión de la pandemia dado que el interior del país se provee con productos del conurbano bonaerense y los camiones encargados de transportarla, transportan también el virus. Esto es resultante también del aglutinamiento de población producto de migraciones internas en busca de oportunidades laborales imposibles de lograr en el resto del país. De allí, nuestra constante queja sobre los beneficios y perjuicios por la residencia de Dios en Buenos Aires; asignatura pendiente que demandará décadas de políticas de estímulo a una distribución de la población más equilibrada dentro del territorio nacional.
En este sentido, se viene hablando de una baja del impuesto al valor agregado IVA para la leche líquida y en polvo que rondaría en el 10,5, es decir, el 50% del 21 que viene desde hace 40 años. No escapa que deberían sumarse unos diez artículos imprescindibles como son harinas, carne de cortes económicos, aceite, azúcar, arroz y yerba, cuyos precios fueron dolarizados, como los servicios esenciales, durante el gobierno anterior.
Simultáneamente está la reforma judicial donde el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional que pretende descentralizar a la Justicia Federal, unificar fueros y cámaras, crear fiscalías y defensorías, transferir competencias a la CABA y restablecer pautas para garantizar la independencia de los jueces. Dicho en modo grosero, terminar con el imperio de Comodoro Py. Proyecto que ha sido ampliamente criticado por la oposición sin conocer el texto del mismo, pero en la presunción de ser procesados muchos de los funcionarios que actuaron en el gobierno anterior. Los que haciendo caso omiso a la pandemia y con una impunidad a toda prueba, han viajado al exterior, como el ex presidente Macri que partió este jueves rumbo a París para luego trasladarse a Suiza para reunirse con el presidente de la FIFA.
Demasiados frentes para un gobierno progresista que a poco andar tuvo que enfrentarse a la pandemia, cuyas consecuencias aún están por verse. Pero lo que no puede ignorarse es que la misma es punto de inflexión, un antes y un después del mundo. Un después que, como vienen reflexionando varios compañeros de este y otros espacios, no va a ser muy diferente del presente. Por lo tanto, no hay que ilusionarse con deseos postergados o visiones optimistas ya que los poderosos siempre llevan la delantera y saben cómo crear fuegos artificiales para imponer su voluntad.
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