Definitivamente que nadie pone en duda que esta pandemia dejará consecuencias imborrables en todos los ámbitos de la vida, la economía y la sociedad panameñas. Aquí habrá miles de familias realmente devastadas y vapuleadas. Hemos llegado a un punto que no le tenemos confianza a las autoridades y mucho menos a las imprudentes decisiones, que sobre esta pandemia adoptaron sin evaluar objetivamente sus consecuencias.
Pedro Rivera Ramos / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad Panamá
El día 18 de marzo el gobierno panameño ordena a través de otro decreto ejecutivo, un Toque de Queda en todo el territorio nacional en horario de 9:00 p.m.-5:00 a.m. y se anuncia la construcción en tan solo un mes, de un hospital modular con capacidad para 100 personas. Para el 23 de marzo, cuando en Panamá se reportaban 345 casos confirmados por COVID-19 y se anunciaba que en 20 días habría una unidad de cuidados intensivos en la Ciudad de la Salud con 26 camas y ventiladores, se establece la llamada “Ley Seca”, que prohíbe la distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas; ese mismo día también se modifica el horario del Toque de Queda (ahora sería de 5:00 p.m.-5:00 a.m.). Dos días después, el 25 de marzo a las 5:01 a.m., inicia en todo el país uno de los confinamientos a la población sana y contagiada, más prolongados y estrictos registrados en el mundo durante esta pandemia. Más tarde, el 7 de abril, el uso de mascarillas en todos los sitios públicos, centros de trabajo y oficinas, se hace obligatorio para todos los panameños y extranjeros.
Solo le tomó al gobierno panameño dieciséis días desde que fuera detectado el primer contagiado, para decretar la cuarentena nacional obligatoria en todo el territorio nacional, y desde que apareció el primero en Wuhan, China, dos meses casi para activar el CODES. En otros países, como por ejemplo España, el primer caso apareció el 31 de enero y en Italia el 20 de febrero. Todo esto demuestra que el gobierno panameño y las autoridades sanitarias contaban, por un lado, no solo con el tiempo suficiente para prepararse de manera óptima ante esta urgencia y con las facilidades que sus medidas administrativas y políticas adoptadas previamente, les concedían para ello; sino que por otro, podían disponer de toda la experiencia reciente acumulada por países como China, España, Italia y otros, en el manejo de la crisis pandémica y en las previsiones esenciales que el coronavirus les exigió.
Sin embargo, es evidente que tanto el tiempo transcurrido, así como la experiencia extranjera y las medidas que las autoridades panameñas adoptaron, no fueron aprovechadas para enfrentar los retos, que según el propio Presidente Cortizo, ya se conocían por un informe técnico del 16 de marzo, fecha en que el país tenía el 50% de su capacidad hospitalaria, ocupada por pacientes con patologías diferentes a COVID-19.
En ese informe se proyectaba que para el mes de mayo en el peor de los escenarios, Panamá tendría 5,019 pacientes en Unidades de Cuidados Intensivos y en el mejor caso solo 979. Esa sola información debió bastar para que el gobierno nacional, que con mucha frecuencia se refiere y enfrenta esta crisis con una fraseología bélica, tomara, en consonancia con su planteamiento de guerra, todas las medidas de preparación y aprovisionamiento necesarias, donde se incluyeran nuevas infraestructuras médicas, ampliación y mejoramiento de las existentes, adquisición de nuevos equipos, dispositivos, medicamentos y contratación de personal sanitario, con el fin de luchar con cierto éxito en el peor escenario posible.
En lugar de ello, el país se fue a la “guerra” contra el coronavirus, no con la capacidad de “cortar las líneas de suministro del enemigo”, como un día afirmara el Director de la Caja del Seguro Social, Dr. Enrique Lau, que estaban listos para hacer; tampoco con los avituallamientos y pertrechos esenciales y suficientes, para luchar contra el virus “de la muerte y traidor”, como alguna vez calificara el Presidente al SARS-COV-2; o más recientemente, cuando el Dr. Sucre, ya como ministro de Salud, habló de prepararnos para una “guerra de guerrillas”. Nada de eso sucedió. Sino que nos fuimos a la confrontación bélica con casi el mismo armamento, es decir, el mismo número de camas, ventiladores, hospitales y otros insumos, con el que ya se contaba para tiempos normales y ordinarios.
En otras palabras, con el mismo sistema sanitario desgastado y desfinanciado que ya conocíamos. El único hospital construido en este período ha sido el cuestionado “Modular Panamá Solidario”, inaugurado el 16 de abril en el área de Albrook, que solo dos meses después de construido, inició su ocupación con los primeros 5 pacientes, en el mismo momento que este país contaba con 6,499 contagiados activos y más de 17,500 positivos acumulados. Sencillamente resulta muy claro que los “generales” de esta “guerra”, cometieron imperdonables errores de calado y subestimaron de manera asombrosa e imperdonable, el impacto sanitario de la pandemia.
Al final, ¿en que se aprovechó todo el tiempo de confinamiento forzado de la población sana panameña? ¿Con qué objetivos se retrasaba en el tiempo la propagación del coronavirus en el territorio nacional? ¿Era esto último una medida con base científica, como solía afirmar la ministra Turner cada vez que buscaba justificar todas sus decisiones? Nada de esto fue nunca esclarecido por las autoridades sanitarias en sus comparecencias diarias. Lo que sí resulta bastante claro, es que la principal estrategia del CODES, ha consistido desde un principio, en concentrarse en impedir, a través de un temprano aislamiento domiciliario y su lema aparentemente inocente “Quédate en casa”, que el ya precario sistema de salud público se saturase. ¿Pero acaso los que diseñaron esa estrategia conocían, cuántas personas contagiadas nuestro sistema hospitalario soportaría sin colapsar y cuántos muertos podrían esperarse en esta pandemia?
Todo parece indicar que ni la lectura de las “curvas epidemiológicas”, ni el valor de los títulos de algunos “expertos” y “asesores”, ni mucho menos la experticia científica que algunos creían poseer, sirvieron para determinar estas variables. Aun así, estaban plenamente persuadidos que esta medida sería totalmente eficaz en el “aplanamiento” de la curva de infección y en la disminución del número de contagios diarios; convicción que tal vez explica porque todo el tiempo ganado, se desperdició aguardando una aniquilación o mitigación del virus, que el rápido confinamiento impuesto no trajo ni traerá. ¿Pensaron quizás por un momento que estaban ante un laboratorio o una placa Petri y no ensayando sus insustentables teorías con toda la gravedad que eso implicaba, sobre una sociedad y sus muchas complejidades?
¿Salvar nuestra salud o salvarnos de ellos?
Panamá también fue otro de los muchos países donde se planteó el falso dilema entre salud o economía. Para el gobierno nacional y sus autoridades médicas lo primero, dicen, es la salud de la gente; pero cuando la pandemia lo que pone en peligro es la salud del sistema hospitalario del país, la salud que más importa es esa y para protegerla no vacilaron ni por un segundo, en aplicar las medidas más duras de aislamiento domiciliario que adoptaron. Así que la verdadera preocupación de las autoridades no termina siendo la salud de los panameños, sino que la capacidad de respuesta del sistema sanitario público no fuera rebasado.
Es por ello que junto con el confinamiento, decidieron suspender indefinidamente todas las actividades escolares, deportivas, sociales, culturales y religiosas; lo mismo hicieron con el cierre de fronteras, los vuelos comerciales, reuniones y aglomeraciones. Solo algunas actividades productivas y comerciales, estimadas como esenciales, fueron permitidas. Junto a esas medidas aparecieron las que son un verdadero ejemplo de violación de las libertades democráticas y humanas, al imponerles a todos los panameños de manera también indefinida, restricciones de movilidad de acuerdo con el género y su número de cédula. Muchas de estas disposiciones son similares a las adoptadas por otros países, que igualmente buscaban evitar a toda costa la saturación de sus deplorables sistemas sanitarios, pero en todos ellos, a diferencia de Panamá, sus medidas tenían fecha de caducidad, y si eran renovadas, siempre tenían algún término. Aquí no.
Entre las muchas medidas que la jerarquía del CODES, le ha impuesto al pueblo panameño sin justificación científica, razonable o lógica, figuran dos disparatadas y de poca utilidad: la llamada “Ley Seca” y el Toque de Queda. Pocas veces podemos ser testigo de una coincidencia entre los objetivos e intereses de la medicina, por un lado, y de los cuerpos de seguridad de un país, por el otro. Por eso todavía aguardaremos que alguien pueda explicarnos con claridad, el impacto o la relación de estas dos regulaciones o prácticas sin fundamento científico alguno, en la reducción o aumento de la transmisión del coronavirus. La “Ley Seca” ya no se aplica y nadie la echa de menos (excepto nuestros salvadores, claro) y el Toque de Queda que se mantiene los fines de semana, solo puede presentar como principal beneficio, haber despojado a los hombres de los días sábados que tenían para circular.
Esa misma jerarquía médica encargada de enfrentar las manifestaciones sanitarias de la pandemia en Panamá, nunca pudo establecer mediante la tan cacareada “evidencia científica”, relación alguna entre los ciudadanos que violaban la cuarentena o el Toque de Queda y el aumento en el número de contagios o en la demora en alcanzar el famoso pico de la curva. Si a ellos les pudiéramos demostrar alguna responsabilidad, también la tendrían todos los otros, es decir, todos los que diariamente salen amparándose en miles de salvoconductos, así como los que según su número de cédula y género, pueden circular “legalmente” en días alternos y en horarios restringidos. Y aquí hay algo de lo insólito de todo este breve episodio de la historia panameña: nacionales que para transitar por su propio el país, deben hacerlo con salvoconductos como si fueran extraños.
Uno de los desaciertos más notables de la jerarquía médica del CODES, fue aplicar desde los inicios de la pandemia en Panamá, sus medidas restrictivas en todo el territorio nacional con la misma magnitud e intensidad, sin excepción alguna. ¿Por qué no se consideró antes las especificidades territoriales y sobre todo los niveles de contagio según provincias? ¿Por qué someter al mismo tiempo a todos los habitantes de una nación, a regulaciones que solo se podían intentar justificar para algunos territorios determinados? Aplicar medidas generales de un extremo a otro del país sin considerar el nivel de gravedad y el comportamiento de los casos, no tenía ni fundamento ni sentido alguno. Pero tal vez sí era la materialización del sueño milico y represor, de ver algún día a toda una población encerrada y vigilada al mismo tiempo.
No obstante, el enfoque asimétrico que debió prevalecer cuando iniciara la pandemia, hoy es el que ordena cuáles actividades comerciales y económicas son autorizadas a reiniciar y en qué provincias o regiones se haría. Ahora hay sin dudas, una hiperprecaución o hipercautela, porque se desconoce --aunque no se reconozca-- las características de las aguas que navegan y la distancia que los separa del próximo puerto más seguro. Lucen más bien como si contaran con una brújula defectuosa y estuvieran totalmente a la deriva.
A principios de mayo, cuando el coronavirus SARS-CoV-2 tenía más de dos meses de haber aparecido en Panamá, el gobierno panameño aprobó lo que calificó como “La Ruta Gradual hacia la Nueva Normalidad”, donde concebía la apertura de la economía mediante seis bloques económicos, sin fijar, como ya es natural, fecha alguna para el inicio de ninguno de ellos, excepto el último bloque al que supedita, increíblemente, al desarrollo, producción y comercialización de una hipotética vacuna específica para la COVID-19, que podría ser sumamente insegura, cuando sabemos perfectamente que en ningún laboratorio de biotecnología moderna de las grandes potencias, se están respetando las fases y procesos habituales que su creación conlleva. Esta particularidad adquiere ribetes más peligrosos, cuando las vacunas en pruebas están basadas en tecnologías novedosas (vector viral y genéticas) sobre las cuales existen pocos y exhaustivos estudios.
Además, más allá de esperar ingenuamente una vacuna milagrosa o un tratamiento mágico, sus mayores esfuerzos debieran concentrarlos en el desarrollo de estrategias médicas y nutricionales, que mejoraran y fortalecieran el sistema inmunológico y la resistencia natural de los panameños. Todo esto cobra mucha importancia, cuando se teme que este coronavirus tenga la capacidad de mutar con mucha rapidez, lo que supondría una baja efectividad de cualquier vacuna y, sobre todo, cuando se sabe que el “quedarse en casa” tiene un efecto debilitador innegable sobre el sistema inmune. Ojalá que en ese afán que muestran las autoridades sanitarias del patio por una rápida vacuna, no nos oculten como hacen siempre, el nombre de la vacuna y de su fabricante, los datos más relevantes sobre su seguridad y eficacia y, principalmente, esperamos se atrevan a confiarnos los acuerdos “confidenciales” que con mucha frecuencia, les exigen a los gobiernos los laboratorios farmacéuticos.
La dirección en el territorio nacional del enfrentamiento de la pandemia por el Centro de Operaciones conocido como CODES, se ha caracterizado desde su inicio por su énfasis muy marcado, entre otras cosas, por buscarle respuestas exclusivamente médicas y punitivas a esta crisis, por utilizar todos los recursos disponibles para inocularle a la población, el mayor pánico posible, el mismo que es constantemente reforzado con la transmisión de mensajes pesimistas, alarmistas, desalentadores y desesperanzadores, que no solo provienen de sus conferencias diarias e intervenciones televisivas, sino que cuentan para ese cometido, con la asistencia de los principales medios de comunicación y algunos connotados periodistas. Así mismo, la actuación del CODES también se ha distinguido por su inveterado hábito, de responsabilizar únicamente a la población panameña, sin evidencia creíble alguna, de las deficiencias y fracasos que arrojan sus políticas y decisiones en el manejo de esta pandemia, para de ese modo, exonerarse completamente ellos, las instituciones de salud que administran y a los únicos “héroes” que reconocen (policías, bomberos, personal sanitario y protección civil), de cualquier falla o falta que ocurra.
Sin represión no hay garantía de salud. El papel del periodismo nocivo
Pero en un país donde se han violado flagrantemente un número importante de disposiciones legales, entre ellas, el artículo 55 de la Constitución, bajo la excusa de la emergencia sanitaria y la necesidad de salvar la vida de todos los panameños, se debiese empezar a buscar e identificar a sus héroes verdaderos, no necesariamente entre los que por las funciones inherentes a sus cargos y responsabilidades, deben cumplir o cumplen a cabalidad; sino quizás, entre los cientos de miles de ciudadanos humildes que por necesidades de auténtica sobrevivencia propia y de sus seres queridos, desafiaban diariamente las normas represivas e ilegales impuestas, para tratar de adquirir un tanque de gas, leche para sus hijos o solo para procurarse algo de alimentos en la abarrotería cercana o de la generosidad solidaria de amigos o vecinos. Hoy, como para exhibir cierta pérdida de legitimidad como Estado, la cifra acumulada de detenidos tratados como verdaderos delincuentes, siendo mayoritariamente gente de los sectores populares, es casi el 3% de la población total panameña. En ese infausto número se encuentran miles de auténticos héroes, que a pesar de los abusos y las humillaciones a que fueron sometidos, tienen la certeza que hicieron cuando tocaba, lo humanamente correcto.
Un papel sumamente fundamental en la transmisión de un estado generalizado de pánico entre la población panameña, ha sido desempeñado con mucha eficiencia por los principales medios de comunicación, principalmente televisivos. En esta tarea sus periodistas, desde la zona de confort que estos medios les proporcionan, el estatus de su profesión y el respectivo salvoconducto del que solo se quejan, si son otros los que lo tienen, han contribuido durante mucho tiempo a mantener un clima creciente de alarma, ansiedad, pesimismo y desesperanza. Eso los ha llevado en su férrea competencia entre ellos, hasta asegurar en un spot publicitario, que ya “al mediodía habían validado un fake news”. ¿Puede acaso validarse lo que por definición es considerado una noticia falsa? Naturalmente que no.
Por eso que en efecto, no hay un solo día donde los titulares de sus noticias tengan mensajes tranquilizadores, alentadores y positivos (por ejemplo, número de recuperados por día, contagiados con síntomas leves o porcentaje de sobrevivencia); prefieren en su lugar, concentrarse y enfatizar en el número de muertos y en los que están en las unidades de cuidados intensivos, en calificar erróneamente al virus como virus mortal o de la muerte, en destacar el aumento de los violadores de las medidas restrictivas y en las sanciones impuestas; así como en la necesidad de endurecer aún más el aislamiento domiciliario y advertir de unas supuestas secuelas graves que el coronavirus deja a los recuperados.
En ese irracional pánico que se fue creando, no solo participaron medios de comunicación irresponsables e inescrupulosos, sino también las nocivas “fake news” de las llamadas redes sociales, así como autoridades incompetentes y supuestos “expertos”, que desde diferentes campos de la ciencia, no han desaprovechado la oportunidad para lanzar advertencias, predicciones y hasta vaticinios apocalípticos. Lo cierto es que eso hizo que la histeria colectiva comenzara a reflejarse con mucha rapidez en Panamá, hasta el punto que se comenzaron a comprar de manera desenfrenada, artículos tan absurdos como innecesarios, con la finalidad, alegaban, de prepararse para una cuarentena absoluta.
Mientras que en las conferencias diarias del equipo médico que dirigía las acciones contra el COVID-19, de muchos periodistas y comunicadores sociales, salían con mucha regularidad exhortaciones para que se aplicaran toques de queda de 24 horas toda la semana, declarar estado de excepción y otras medidas de corte hasta fascistoide. Lo más despreciable de esto es que no eran sugerencias de un exaltado miembro de la policía o de los cuerpos de seguridad, sino de profesionales que creemos son defensores de la libertad humana y del respeto a las leyes. Confiamos que en la nueva configuración que aguarda a este país, la prensa sepa reconocer sus evidentes falencias, se prepare mejor, sea más valiente y mucho más crítica y objetiva.
Desde que el SARS-CoV-2 comenzó a cobrar sus primeras víctimas en Panamá, las autoridades médicas no han desperdiciado ni un segundo para advertir o más bien para amenazar a toda la población, de que si la pandemia no se contiene aquí, es por culpa únicamente de una población que no acató las medidas que el gobierno viene tomando. Eso los llevó hasta el punto de insinuar, que podrían considerar hasta con desentubar a pacientes graves. De seguir ese comportamiento que tildan de irresponsable entre los panameños y recurriendo a una táctica más que intimidatoria, concluyen que se verán “forzados” a tomar medidas más duras. De ese modo, las personas se convierten literalmente para el Estado en un enemigo, al que solo se podrá garantizar su salud, mediante la aplicación de normas represivas.
Por eso es que otro rasgo sobresaliente que se halla en la respuesta gubernamental a esta emergencia sanitaria, está en el creciente protagonismo de las fuerzas de seguridad, que hacen a veces creer que el Estado estaba tan o más preocupado por el cumplimiento de las medidas de orden disciplinario y de represión, que por las sanitarias. Así, durante mucho tiempo los detenidos diariamente por violar las normas represivas, fueron mucho más que los detectados por contagio del coronavirus. En ese abuso de autoridad que siempre subyace en esos operativos policiales, no titubearon en hacer uso hasta de jaulas de acero donde apiñaban a todos los capturados. Eso puede explicar porqué hoy en Panamá, tener fiebre se ha transformado casi en un crimen y hasta botar la basura en algunos momentos, ha pasado a convertirse en una acción sumamente peligrosa.
Este CODES o su jerarquía, por la gravedad de la crisis sanitaria y la falta evidente de liderazgo político que ha mostrado el Presidente en esta coyuntura, pasó a reemplazar a los políticos en sus responsabilidades ante la Nación y, de hecho, parece gobernar al país, hasta el punto, que el control de la vida de todos los panameños y sus necesidades más esenciales, son examinadas y consideradas solo, desde un estrecho y peligroso enfoque médico o sanitario, por personas que no admiten errores, ni recomendaciones y que en sus conferencias habituales sobre la marcha de la crisis, suelen felicitarse mutuamente por el gran trabajo que aseguran, vienen desarrollando, sin dirigir ni una sola voz de aliento o de estímulo, hacia el sacrificio de los cientos de miles de confinados domiciliarios que llegarán al final de la pandemia, con deudas, sin ahorros, con su salud mental y física deteriorada, pero gracias a estos salvadores, con vida.
De allí que cuando el 13 de mayo se autoriza que las actividades económicas del Bloque 1 se reinicien y el lunes 1 de junio lo hagan las actividades contempladas en el Bloque 2, no tardó mucho la jerarquía médica del Ministerio de Salud, en asegurar que la apertura de esos bloques eran los responsables del aumento del número de contagios, es decir, nuevamente las personas con su falta de solidaridad y compromiso con ellos y los demás ciudadanos, y no las erráticas, confusas e improvisadas medidas que se han adoptado, las culpables de esta lamentable situación, que curiosa y rápidamente decidieron afrontar con una campaña masiva y muy bien publicitada, de hisopados casa por casa.
Contra eso solo dos observaciones se me ocurren: 1-¿Si los Bloques 1 y 2 son los causantes del aumento de los contagios y en ellos únicamente se desenvuelven actividades económicas, no resulta más razonable buscar en los centros de trabajo los posibles infectados y no en las casas en horarios más bien laborales? 2-Entre el 8 de mayo y el 4 de junio (que incluye los días de apertura de los dos bloques), el promedio de aumento de personas contagiadas no rebasó los 14.9/día, cantidad que no luce como excesiva, como para que dediquen tantos esfuerzos en gráficos y análisis estadísticos, para demostrar lo contrario. Lo cierto es que desde ese momento era claramente evidente, que las autoridades sanitarias panameñas estaban buscando un chivo expiatorio, para explicarse y tratar de justificarnos el aumento exponencial de casos que se avecinaba; cuando su origen habría que buscarlo en primer lugar, en las tantas fallas que se cometían en la identificación de los contagiados y en el rastreo poco riguroso y objetivo de sus contactos, y en segundo lugar, en las condiciones precarias de esas viviendas donde transcurre el duro aislamiento domiciliario.
El SARS-COV-2 se mudó a los barrios
Por eso era muy predecible que una vez el coronavirus y la COVID-19 empezaran a propagarse por los barrios y comunidades populares, la lucha por reducir su contagio se tornaría extremadamente difícil. Ni el uso obligatorio de mascarillas y otras medidas de bioseguridad recomendadas por el personal sanitario, han impedido su rápido crecimiento y expansión vertiginosos. Y es porque ahora estamos situados, donde lavarse las manos con frecuencia no es viable, cuando se carece de agua potable por semanas y hasta por meses; donde han sido enviados miles de infectados sin importar en absoluto, el entorno en que viven y donde el virus se ha apoderado de sus veredas, trillos, zaguanes y en todos los intersticios de esas vidas, para las que sobrevivir con escasos cien dólares al mes, es sencillamente una utopía y una burla. De modo que esta crisis sanitaria no solamente ha desnudado las insuficiencias del sistema de salud pública, sino que ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades sociales que existen entre los habitantes de este país y las diferencias sustanciales que se encuentran a la hora de vivir o sobrevivir en régimen de confinamiento.
Precisamente por el hecho de contar con un sistema sanitario tan deficiente y precario, la pandemia condujo a las autoridades médicas panameñas, a focalizar casi todo el sistema hacia la atención prioritaria de los pacientes con COVID-19. Una gran parte del personal de salud fue reasignado para que se consagrara enteramente a esta emergencia. Eso significó la interrupción, paralización o la sensible afectación, de muchos de los servicios de salud que se le ofrecían a la población, la que también decidió por temor a verse infectada, sobre todo entre el grupo de las embarazadas y personas con padecimientos crónicos, abstenerse de acudir a los centros hospitalarios. Esta situación al prolongarse de la manera en que se ha hecho, ha ocasionado y seguirá ocasionando por un largo tiempo, perjuicios importantes en panameños con patologías distintas al COVID-19. Es lamentable que por culpa de este sesgado enfoque de la atención sanitaria, hoy pareciera que en nuestro país morirse de hambre no es noticia y que únicamente estamos muriendo de COVID-19, porque ya nadie muere a causa solamente del cáncer, diabetes, gripe o infarto.
A estas alturas del desarrollo de la pandemia en Panamá, pocos dudan del manejo desacertado, desarticulado y de mucha improvisación, que le ha venido caracterizando. Ya el propio Presidente calificó de “catástrofe”, lo que hace poco el ministro de Salud tildó de “muy grave”. Una muestra de una de las particularidades más curiosas y tragicómicas de este manejo, tuvo lugar cuando aquí decidieron que los pacientes recuperados, estarían clasificados como clínicos y epidemiológicos. Ningún país lo había hecho antes así, ninguno lo hizo después. ¿De qué cabeza, manual u orientación médica provenía este disparate, que solo podría servir para desalentar cualquier mínima señal de optimismo entre la ciudadanía? Pero el 7 de mayo, a 59 días del inicio de la crisis sanitaria, con mucha sutileza se vieron obligados a reconocer que luego de “revisar la literatura más actualizada”, la cifra ahora de los recuperados sería la total, sin la injustificada disociación aplicada hasta ahora. Ya no sería “científica o epidemiológica”, como parecía haber impuesto uno de los asesores más notorio y más torpe. Extraña coincidencia es que esa enmienda es anunciada en la tarde del mismo día, que en horas de la mañana la jerarquía del MINSA, tuvo un encuentro con enviados de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Mucho antes que esta rectificación llegara, los pacientes recuperados se reportaban con una lentitud tan asombrosa, hasta el punto que en solo un día este grupo de personas pasaron de 61 a 1,881 (ver Comunicados del MINSA # 49-50). Este proceder es justificado más tarde, casi del mismo modo que usaron para acusar a otras naciones, de ocultar el número real de muertos por COVID-19, mediante un “subregistro de muertos por neumonía atípica”. Esta forma de no asumir crítica y objetivamente los desaciertos, parece que lleva al Presidente de la República, en fecha más reciente, a declarar públicamente que este país no “maquillaba casos”, casi insinuando que sospecha que otras naciones sí lo hacían. Solo esperamos que siendo así y para demostrar absoluta coherencia, nuestro Presidente se abstenga de recibir ayuda médica en esta penosa crisis, de alguna de esas deshonestas naciones.
La jerarquía médica encargada de dirigir esta crisis de salud pública, se ha caracterizado por hablar con excesiva frecuencia desde el mundo de la incertidumbre, de los riesgos inminentes a la vida, de una visión apocalíptica, de las amenazas a la población, de las incongruencias y de los datos curiosamente parciales y pobres. La ciudadanía por estar confinada en su casa ha tenido que soportar, además de esa pésima conducción, expresiones temerarias, irresponsables e inauditas, vertidas por algunos de los principales responsables del Centro de Operaciones de Salud, en los diferentes medios de comunicación. Así, un día la ministra Turner calificó al virus de invisible (¿en serio?), el Dr. Lau habló del oxígeno crónico y la Dra. Lourdes, que siempre tenía problemas para leer cifras millonarias, aventuró un día una explicación totalmente absurda, sobre las llamadas falsas que se hacían al sistema ROSA. Sin embargo, la expresión más desafortunada es de la autoría del Director de la Caja del Seguro Social, cuando en la conferencia de prensa del día 27 de marzo, aseguró que “este virus está matando al 50% de las personas en el mundo”.
Pero los desaciertos y pifias no se reducen solo a lo que manifiestan en sus intervenciones periódicas. También han sido trasladados al terreno de lo que escriben. Por ejemplo, en el comunicado No. 64 del MINSA (28 de abril), afirman que cuentan con 5,182 personas en aislamiento y después al día siguiente (29 de abril) solo reportan 2,822, cuando realmente tenían un total de 2,698. También en ese mismo comunicado aseguran que tienen 2,455 recuperados, cuando la cifra correcta era de 2,968. De ese modo, en lugar de contar con 6,200 casos de COVID-19 en Panamá, el comunicado erróneamente refleja 8,171 casos. Para el día 30 de abril la jerarquía del MINSA sin detectarlo, ha perdido según los números que reporte a la nación, 18 personas. Ese día informan que cuentan con 6,532 contagiados acumulados, pero la sumatoria del número de fallecidos, hospitalizados, recuperados y en aislamiento, arroja 6,550.
En una conferencia de prensa de esas tantas con las que desde muy temprano nos colmaban, una doctora aseguró que 12 sociedades científicas panameñas, habían estado trabajando durante varios días sin parar, revisando la literatura de diferentes países y llegaron a la conclusión que lo más importante que habían encontrado, consistía en la recomendación de “quedarse en casa”. ¿Insólito descubrimiento para tanto esfuerzo científico invertido, no? Después, otro doctor como para superar la imprudente simpleza y zanjar la situación creada, aseguró que estaban preparando además, una “guía para tratar los casos durante la pandemia”.
Esto no debería sorprendernos tanto, cuando muchos aquí con excesiva facilidad, se autoendilgan el distintivo de científicos, aunque actúan y hablan como si no lo fueran. Y es que un verdadero científico debe constantemente dudar de las verdades que cree conocer y no debe extrañarle que los ciudadanos nos creamos con derecho a cuestionar sus decisiones y propuestas. Y este consenso científico, médico y profesional, que aquí hemos observado desde que inició la pandemia en nuestro país, les está haciendo mucho daño a la ciencia, a los pacientes, a la medicina y a toda la sociedad. Es falso, pero es conveniente cuando lo personal está por encima de lo colectivo. Dentro de ese consenso están los que creen ser los únicos competentes para hablar, no solo de su área de experticia, sino para invadir otros territorios cognitivos ajenos. Son los mismos que consideran que la población no está educada para comprender sus excelsas sapiencias.
Tenemos dudas bien fundamentadas para creer que el actual gobierno panameño sea consciente, que le tocará enfrentar las consecuencias sociales, políticas y económicas inmediatas, que esta pandemia le dejará, con la credibilidad vulnerada y el respaldo popular sensiblemente lesionado. Y todo esto se deriva de la actuación de un gobierno que ha endeudado considerablemente al país, teniendo a la pandemia como excusa, que no ha vacilado en hacerle concesiones laborales a los empresarios, en detrimento de la inmensa mayoría de los trabajadores, lo que conducirá inevitablemente a la precariedad en las condiciones de trabajo, facilitará los despidos, las rebajas salariales y los abusos en las nuevas contrataciones de la fuerza de trabajo.
Esta situación tendrá, sin dudas, repercusiones profundas e importantes, que pueden, por un lado, alcanzar también a la administración pública, con una reducción significativa de su plantilla de funcionarios y una revitalización de la política neoliberal de venta de patrimonio público; mientras que por el otro, generará seguramente desde los sectores organizados del pueblo, grandes y poderosas jornadas de protesta y resistencia.
El pueblo panameño y sobre todo sus sectores más conscientes, han de extraer del manejo de esta pandemia y del tratamiento que el gobierno hizo, urgentes lecciones. No debemos permitir nunca más que tan dócilmente, nos violen nuestros derechos fundamentales y que sean solo ellos, los únicos que pueden decirnos qué hacer y cuándo. Las organizaciones populares se deberán preparar para eventos sucesivos como estos. No podemos permitir otra vez que situaciones como la actual crisis, queden totalmente bajo control de las llamadas autoridades y los medios de comunicación. Es muy peligroso. Una aproximación alternativa y crítica con propuestas, donde la centralidad sea todo lo inherente a lo humano, hará falta.
Como suele ocurrir en épocas de crisis como la presente, una de las particularidades más inherente y sobresaliente del sistema, la corrupción, cree encontrar condiciones perfectas para lanzar su ofensiva escandalosa, sobre los fondos públicos. Así, todo el país comenzó a conocer de inmediato, con supuesto carácter de “urgencia”, solicitudes de adquisición de servicios, bienes e insumos, donde la nota más característica, era un aparente o injustificable sobreprecio.
Entre los casos más connotados, se encuentra aquél polémico contrato por 168 millones, donde la CSS le adjudicó a una empresa privada por cuatro años, el almacenamiento y distribución de medicamentos en esa institución; o el intento del Ministerio de Seguridad de comprar por varios millones de dólares, municiones y otros pertrechos de represión, para prepararse ante eventuales demostraciones de protesta o malestar ciudadano. A ellos se le suman, la compra por el MEF de computadoras laptop por un precio casi tres veces superior al promedio del mercado local; mascarillas con sobreprecios para la Asamblea de Diputados, el Hospital Santo Tomás y el IMA; el Hospital Modular Integral Panamá Solidario; la contratación de una empresa privada para cobrar impuestos en el Distrito de San Miguelito, y tal vez la más escandalosa: la tentativa de adquirir 100 ventiladores artificiales AH-300, para pacientes con COVID-19 con un precio unitario de 49,000 dólares. En este punto ya no sabríamos identificar con claridad, donde está la verdadera pandemia que aqueja al país.
Definitivamente que nadie pone en duda que esta pandemia dejará consecuencias imborrables en todos los ámbitos de la vida, la economía y la sociedad panameñas. Aquí habrá miles de familias realmente devastadas y vapuleadas. Hemos llegado a un punto que no le tenemos confianza a las autoridades y mucho menos a las imprudentes decisiones, que sobre esta pandemia adoptaron sin evaluar objetivamente sus consecuencias. Por eso esperamos que con ese mismo talante autoritario y soberbio que exhibían para tomar sus injustificadas y cuestionables medidas, asuman también con valentía los daños irreparables que provocaron en la salud mental, física y espiritual de los panameños; los perjuicios incalculables a la economía; las flagrantes violaciones a las libertades democráticas; al aumento significativo de la pobreza con sus secuelas de desnutrición, hambre y hasta de muertos.
Porque lo vamos a decir con toda claridad: el número de muertos por causa del coronavirus, serán al final, incomparablemente menor al que motivaron sus desacertadas decisiones. De igual modo, esperaremos que antes de marcharse, dejen un informe pormenorizado de la gestión científica y administrativa, que con sus aciertos y errores (ojalá sepan reconocer), de la que fueran responsables durante esta crisis pandémica; sin excluir, claro está, cualquier auditoría independiente que pueda practicarse. Sugiero que incluyan además, todas las medidas que habrían de adoptarse de aparecer un virus más agresivo en el futuro inmediato. Naturalmente que nada de esto deberá librarlos de cualquier procesamiento penal, político o moral, que les pudiera corresponder por sus acciones u omisiones.
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