Tratar de darle sentido a la política estadounidense hacia Cuba es como tratar de darle sentido a una obra de teatro del absurdo. Los argumentos que ofrecen los defensores de esta política no tienen sentido y, cuando intentan explicarlos, suenan como personajes de una obra de Ionesco. Las recientes propuestas legislativas de miembros cubanoamericanos de la Cámara de Representantes son buenos ejemplos.
William Leogrande / www.jovencuba.com
Cuba está en la lista de terrorismo del Departamento de Estado, a pesar de que el último Informe Nacional sobre Terrorismo del Departamento no ofrece evidencia de que La Habana participe en terrorismo internacional. Cita el hecho de que Cuba haya albergado a fugitivos estadounidenses que cometieron crímenes por motivos políticos en Estados Unidos hace más de 40 años. Mientras tanto, Estados Unidos acogió durante años a notorios exiliados cubanos como Orlando Bosch y Luis Posada Carriles, culpables de innumerables ataques terroristas contra Cuba, incluido el bombardeo de un vuelo de una aerolínea cubana, matando a las 73 personas a bordo y el bombardeo de hoteles turísticos en La Habana.
Al principio de la administración Biden, la Casa Blanca dijo que estaba “comprometida a revisar cuidadosamente” la designación de Cuba, y en octubre de 2023, el Secretario de Estado Antony Blinken le dijo al presidente de Colombia Gustavo Petro: “Seguiremos revisándolas según sea necesario para ver si Cuba sigue mereciendo esa designación”. Pero apenas cinco meses después, dijo al Congreso: “No planeamos eliminarlos de la lista”. El subsecretario de Estado adjunto, Eric Jacobstein, dijo a un grupo de legisladores demócratas que, contrariamente a lo que les habían dicho anteriormente, no había ninguna revisión en curso de la designación de Cuba.
Cuando se le preguntó en una rueda de prensa de 2023 por qué Cuba todavía estaba en la lista de terrorismo, un portavoz del Departamento de Estado respondió que se debía al “largo historial de atroces abusos contra los derechos humanos, la supresión de la libertad de prensa y la supresión de la sociedad civil” de Cuba, nada que ver con el terrorismo internacional. El funcionario también reconoció, ajeno a la ironía, que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba participan regularmente en conversaciones de cooperación antiterrorista bajo los auspicios de un acuerdo de aplicación de la ley celebrado durante la administración Obama.
El año pasado, Díaz-Balart se unió a Salazar para patrocinar un proyecto de ley que impide a la administración Biden eliminar a Cuba de la lista de terrorismo hasta que se convierta en una democracia multipartidista. Aunque es poco probable que el proyecto de ley se convierta en ley en este Congreso, su desprecio por los criterios legales para designar a un país como patrocinador del terrorismo me recuerda la declaración de Humpty Dumpty en Alicia en el país de las maravillas: “Cuando uso una palabra, significa exactamente lo que yo elijo. significar."
Díaz-Balart tuvo mejor suerte con la apropiación general. Cuando el Congreso no logra hacer su trabajo al aprobar los 12 proyectos de ley de asignaciones que financian al gobierno, recurre a asignaciones generales que agrupan todos los proyectos de ley inconclusos en un solo proyecto de ley que debe aprobarse para evitar un cierre del gobierno. Todo tipo de medidas dudosas se abren paso en los créditos generales porque simplemente no hay tiempo para filtrarlas todas. Como presidente del Subcomité de Asignaciones para Operaciones Extranjeras, Díaz-Balart estaba perfectamente posicionado para insertar nuevas sanciones a Cuba en el ómnibus.
La asignación ómnibus prohíbe a la administración Biden apoyar al emergente sector privado cubano de unas 10.000 nuevas empresas, a pesar de que promover la empresa privada ha sido la política estadounidense durante los presidentes Obama, Trump y Biden. El representante Salazar llama al sector privado un “mito” porque algunas de las empresas son propiedad de familiares de funcionarios del gobierno, aunque la gran mayoría no lo es. Hace un año, Díaz-Balart obligó a la administración Biden a abandonar sus planes de ayudar al sector privado al amenazar con bloquear la ayuda a Ucrania. Su lenguaje sobre asignaciones, ahora ley, bloquea la financiación estadounidense para “la promoción empresarial, la reforma económica [o] el espíritu empresarial” en Cuba.
Otra disposición de la asignación ómnibus castigaría a los países que pagan a Cuba por brindar servicios médicos con el argumento de que dichos contratos constituyen una “esclavitud moderna”. Desde la década de 1960, Cuba ha enviado unos 400.000 profesionales médicos a prestar servicios en 164 países, pero en las últimas dos décadas los contratos de servicios médicos se han convertido en una importante fuente de ingresos en divisas.
En 2006, el presidente George W. Bush comenzó a ofrecer entrada a Estados Unidos y un camino rápido hacia la ciudadanía para incitar a los médicos cubanos que prestaban servicio en el extranjero a desertar. Algunos de los que desertaron criticaron la presión ejercida sobre ellos para servir en el extranjero, las duras y restrictivas condiciones laborales y el porcentaje de los honorarios contractuales que recibían. Por el contrario, los médicos que participan en los programas informan que se ofrecieron como voluntarios porque los salarios son significativamente más altos que sus salarios en Cuba y por el deseo de ayudar a las personas necesitadas.
Durante la administración Obama, personal médico estadounidense y cubano trabajaron juntos en Haití después del terremoto de 2010 y en África occidental para luchar contra el brote del virus del Ébola. El presidente Obama, en su discurso de 2016 al pueblo cubano, elogió el internacionalismo médico de Cuba y dijo: “Nadie debería negar el servicio que miles de médicos cubanos han brindado a los pobres y a los que sufren”. Pero los republicanos cubanoamericanos lo niegan.
La versión original de la Cámara de Representantes de la asignación para operaciones extranjeras que surgió del subcomité de Díaz-Balart y fue aprobada por la Cámara habría cortado la asistencia de Estados Unidos a la Organización Panamericana de la Salud y a todos los países y organizaciones internacionales que tienen contratos médicos con Cuba. Esas disposiciones no llegaron a formar parte de la legislación general final. Pero el proyecto de ley aprobado niega la entrada a Estados Unidos y amenaza con sanciones financieras contra “funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos” cuyos gobiernos tengan contratos de servicios médicos con Cuba.
Cuba tiene personal médico que presta servicios en el extranjero en docenas de países, incluidos México, Italia, Qatar, Jamaica, varios estados más pequeños del Caribe e Irlanda del Norte. ¿Es realmente de interés nacional para los Estados Unidos prohibir la entrada de sus funcionarios gubernamentales a los Estados Unidos? ¿Sobreviviría a tal prohibición la indispensable cooperación de México en materia de migración y narcotráfico? Afortunadamente, durante las negociaciones sobre el proyecto de ley general final, prevalecieron las cabezas más frías e hicieron que estas sanciones estuvieran sujetas a una exención presidencial. Pero siguen siendo la ley del país, y Washington se arroga una vez más el derecho de sancionar a otros países por sus relaciones con Cuba, como si ni su soberanía ni la de Cuba contaran para nada en Washington.
Ése es el último absurdo de la política de Estados Unidos hacia Cuba. No es sólo que gran parte de esto se base en premisas falsas y hechos distorsionados. Es que un pequeño grupo de legisladores cubanoamericanos conservadores, obsesionados con reducir a Cuba a la miseria, han podido dictar políticas que dañan intereses más amplios de Estados Unidos en América Latina, Europa y el Sur Global. Se salen con la suya porque ningún tema es más importante para ellos que Cuba, y Cuba no es lo suficientemente importante para Biden como para enfrentarlos.
Estas pólizas no son gratuitas. Como agua que gotea sobre una piedra, erosionan gradualmente la buena voluntad de otros países, disminuyendo el “poder blando” de Washington. La acumulación de daños queda reflejada en la votación anual en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución de Cuba que condena el embargo estadounidense. Cuando la resolución se presentó por primera vez en 1992, fue aprobada con 59 países a favor, 3 en contra (Estados Unidos, Israel y Rumania) y una mayoría, 71 abstenciones. El año pasado, 187 países votaron a favor de la resolución. Ucrania se abstuvo y sólo Israel se unió a Estados Unidos en el voto no.
Cuando los patriotas estadounidenses declararon su independencia de la corona británica, detallaron sus razones en la Declaración de Independencia por “un respeto digno a las opiniones de la humanidad”. Ese respeto no es una virtud que los políticos de Washington deban abandonar sólo porque Estados Unidos se ha convertido en una superpotencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario