Integración Centroamericana a consulta en la Sociedad Civil, en perspectiva a Esquipulas de los Pueblos.

Todos los actores en esta integración centroamericana debemos asumir el papel de profundizarla, al margen de las orientaciones que los políticos y las cúpulas gubernamentales quieran impregnarle. La integración tendrá que ser construida desde sus sociedades.

Jaime Delgado / AUNA-Costa Rica

El día 14 de octubre se celebró en San José de Costa Rica el taller preparatorio del Capítulo Nacional Costarricense del Comité Consultivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), de consulta sobre el proyecto Esquipulas III-Esquipulas de los Pueblos, denominado así pues pretende continuar la tarea de Esquipulas I y II, aquellas cumbres presidenciales reunidas en la ciudad guatemalteca con ese nombre, que abrieron el espacio de negociación de la paz y la democracia en Centroamérica entre 1986 y 1987. El Comité Consultivo del SICA (CC-SICA) es la instancia formal de participación de la sociedad civil centroamericana organizada regionalmente.

La consulta fue propiciada en la región por el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), organismo político regional creado mediante los acuerdos de Esquipulas I y II. La realizada en Costa Rica fue la última, sospechamos que por la no ratificación de este país de su Tratado constitutivo; pero no por ello se quedó atrás: nuestra apreciación es que fue la mejor preparada no sólo por la logística del evento adecuadamente facilitada por el Dr. Daniel Camacho Monge, representante de las organizaciones de defensa de los derechos humanos en la región, sino porque se contó con la presencia de intelectuales y estudiosos en el tema y con una experiencia fructífera en la consulta de los otros capítulos nacionales centroamericanos.

El documento resultante de la reunión preparatoria se tituló “La sociedad civil costarricense ante Esquipulas III ‘Centroamérica zona de paz y libre de ejércitos’”, un documento de 35 cuartillas que no dejó asunto por fuera en relación con la integración que muchos queremos. Y ese fue el documento base de la reunión de consulta a la sociedad civil que se celebró posteriormente, el 4 de noviembre pasado, con una amplísima participación de dirigentes sociales y políticos, intelectuales y algunos diputados de la comisión de integración del PARLACEN, un representante de la Secretaría General del SICA y un Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). No hubo, para algunos de nosotros, por suerte, representantes gubernamentales de Costa Rica, lo que hizo que la sociedad civil discutiera sin esa presencia ruidosa, por cuanto, sabemos que este país recién ha sido condenado por la CCJ por un incumplimiento de uno de los acuerdos comunitarios centroamericanos, demanda que fue elevada a esa corte por una organización empresarial costarricense. Pero hubo otros discursos ruidosos, como una intervención de un diputado hondureño del PARLACEN seguidor de los golpistas que quiso sentar cátedra de integración entre los asistentes, como si fuéramos los responsables de la inacción del Estado costarricense en el asunto; además, repudió el rechazo internacional al golpe de estado de su país, con la cantaleta de que “lo que sucede en Honduras solo es comprendido por los hondureños”.

El 4 de noviembre no alcanzó el día para discutir la riqueza temática puesta en la agenda, lo que hizo que se abriera el debate posterior, en el cual algunos hemos puesto nuestro grano de arena: algunas comisiones han continuado el trabajo de afinamiento y clarificación de temas bajo el cuidado del Dr. Camacho. Esta licencia me permitió hacer llegar a don Daniel el siguiente texto, el cual también ha provocado algunas reacciones valiosas:

1. La integración centroamericana puede ser analizada desde diversos ángulos, algunos de los cuales pueden enunciar una visión incluso contradictoria con la de otros. Por ejemplo, la visión emanada desde la institucionalidad, captada de una manera acrítica, podría darnos una imagen de desarrollo y profundidad; sin embargo, si se analiza desde el cumplimiento de los acuerdos, el resultado es desastroso. Si se observa la formalidad de la institucionalización de la sociedad civil, se observa lo genuino, innovador y comunitario, en el sentido más profundo; no obstante, las carencias se observan en la deficiente convocatoria de la misma, por parte de la institucionalidad formal. Si se analiza el sentido con que se ha construido la supranacionalidad centroamericana, el resultado es promisorio; empero, no es lo mismo desde la práctica de los órganos comunitarios, por las resistencias a acatar los acuerdos pactados y a renunciar a la parcela de la soberanía transferida en los acuerdos. Por último, la integración centroamericana en la historia regional, es un ideal que data casi desde el momento mismo emancipatorio y esto no se percibe en ningún otro esquema regional puesto en marcha, aunque exhiban señales de mayor éxito en sus resultados.
En fin, la integración centroamericana debe analizarse, en todo caso, desde las distintas aristas y valorarse lo genuino e innovador de la misma: su historia, su institucionalidad formal, sus políticas comunes y la conceptualización de la participación de la sociedad civil en el Comité Consultivo del SICA.

2. Uno de los aspectos que tiene que evaluarse en este análisis crítico es el impacto, no solo del TLC USA-Centroamérica, sino de toda la dinámica del multilateralismo, desde que estos países apostaron a favor de adherirse al GATT e iniciar negociaciones de TLCs con terceros países, a partir de 1990. Lo que tuviera de genuina la “cláusula centroamericana de excepción” al principio de la nación más favorecida del GATT, quedó entre paréntesis y no ha salido de esa condición desde entonces. Esto ha significado para la integración, un atrincheramiento de su estructura y una pérdida de calidad comunitaria de los acuerdos que se han pactado, desde ese entonces. Uno de esos resultados es el énfasis regionalizante de la integración comercial puesta en marcha a partir de las adhesiones de los países al GATT, a diferencia del sentido comunitario del pasado.

3. Se destaca esta diferenciación pues el análisis de la integración centroamericana tendría que dimensionarse desde el ámbito comunitario, a saber, aquella institucionalidad burocrática o jurídica que emana de los acuerdos y que se constituye en común (por ejemplo, el derecho comunitario y las políticas comunes sectoriales). En segundo término, desde el ámbito regional y en esto se implican aquellos acuerdos emanados desde lo regional y nacional que desembocan en coincidencias, analogías, paralelismos o simetrías en políticas y prácticas en el ámbito regional, ya sea que involucren a todos los países, o a algunos. En tercer término, el ámbito nacional, el cual tiene, según principio de subsidiariedad, la mayor relevancia en las prácticas políticas al ser el espacio de acción y realizaciones más cercano al ciudadano. Se señala esto porque es común en documentos y proclamas, definir impropiamente este sacrosanto principio de la integración.

4. En este aspecto es importante anotar que en Centroamérica se percibe una débil y casi nula presencia del ente comunitario, o de las burocracias centralizadas de la integración. Como la otra cara de la moneda se perciben énfasis marcadamente nacionalistas. Esto no puede ser percibido como negativo per se. Lo que hay, y es notorio, es que hay prácticamente una nula presencia de la autoridad central aunque proliferen demandas, incluso inusuales a la integración. A veces se le pide más de lo que puede dar, o bien se le demandan temas que son, en exclusivo, tareas políticas nacionales. Es usual que se confronte la carencia o debilidad de la integración, por las carencias de la política nacional o por la particular presencia de lo nacional en el asunto: en esto lo que se observa es una nula formación integracionista, incluso en los cuadros políticos más destacados de la nación. No se le puede pedir a la autoridad central lo que es una tarea del estado nacional, pero tampoco se puede condenar a aquella autoridad, por la ausencia de políticas nacionales en tópicos específicos que no han sido negociados en el espacio comunitario. Dos ejemplos, la política salarial es nacional, aunque hayan intenciones y preocupaciones sobre el tema en el ámbito comunitario. En cambio, la política ambiental es comunitaria y en esta medida obliga al estado nacional a ejecutarla, sobre la base del principio de subsidiariedad. Más tajantemente, la integración no puede ser un sistema de homologación de temas, sino un sistema de construcción de políticas comunes.

5. Es sustantivo el hecho en la integración de que cada país debe involucrarse en lo que cree. Esto le da vitalidad, dinamismo, diversidad y gradualidad a la integración. Pero, esto no debe ser simétrico desde la sociedad civil. Los diversos actores sociales deben darle su empuje al sentido de unidad regional, posiblemente con sus propias agendas nacionales, gremiales y sectoriales, pero con la visión clara de que la meta, es la ilusión comunitaria: si no se sueña, no se realiza. En esto estriba el papel sustantivo de la sociedad civil: vigilante, proactiva, comunitaria, propositiva, constructora de imaginarios comunitarios y, en lo fundamental y sin dejar su agenda, debe superar su gremialismo y “parcelismo” nacionalista para construir la comunidad y la identidad centroamericana.
Esto permitirá que la integración sea construida no desde la burocracia, la institucionalidad o el acuerdo sin más, sino desde la sociedad misma. En todo caso, ninguna integración puesta en marcha arranca con el acuerdo mismo si no ha sido construida sobre la base de las interdependencias históricas y las solidaridades sociales. A saber, la integración social, y en este sentido la sociedad costarricense ha dado su aporte desde las organizaciones y la intelectualidad, se constituye en anterior a la integración formal; y la identidad regional se construye desde la sociedad civil, mediante esas interdependencias y solidaridades.

6. A nivel propositivo e inmediato Esquipulas III no tendría que postular un gran proyecto fundacional de la integración centroamericana, sino demandar la puesta en vigencia de lo pactado, con algunos agregados:

• En cuanto a la Secretaría General del Sistema conviene pensar que el proceso de reestructuración y reforma impulsado en 1997 tiene aún posibilidad y vigencia. No puede haber secretarías para todo (lo social, económico, ambiental, seguridad, turístico, etc.), pero tampoco debe verse al Secretario General del Sistema como un super presidente de la región, pues es un “ejecutivo comunitario” que cuenta con un Comité Consultivo de la sociedad civil como su órgano asesor natural.
  
• La Cumbre de los Presidentes centroamericanos tiene funciones claramente establecidas pero los Presidentes deben asumir el compromiso de ejecutar en los espacios nacionales sus acuerdos, los cuales, por principio de subsidiariedad, deben ser ejecutados en ese espacio: el más cercano al ciudadano.
  
• El Comité Ejecutivo del Sistema, con representantes de cada estado, debe integrarse y cada uno de sus miembros asumir las funciones refrendadas por la Cumbre presidencial celebrada en diciembre del 2004, a saber, no ser simplemente un canal de comunicación de la periferia al centro, sino también en la dirección contraria y, por tanto, ser responsables de cuidar que lo pactado en las Cumbre Presidencial sea ejecutado en las diferentes instancias nacionales.
  
• El PARLACEN debe asumir su papel sin pretensiones de mayor calidad en sus funciones (sin pretensiones vinculantes). Su papel originario es el ser espacio de encuentro, concertación y diálogo entre los distintos sectores políticos de la región y, en ese sentido debe tener una labor más proactiva de vigilancia y control político de la institucionalidad regional, comunitaria y nacional en lo que a la integración corresponde.
  
• La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) debe ser cualificada realmente como el único órgano regional supranacional por antonomasia y, en ese sentido, asumir, vía ampliación del pacto fundacional centroamericano, otras tareas y funciones. En ese sentido, el que en Centroamérica se firme una Carta de Derechos Fundamentales y/o una Carta Social, podría dar paso a que, por vía de sus atribuciones los ciudadanos puedan acudir a ese organismo directamente a ventilar la violación a todos aquellos derechos que le sean violados, de una manera más ágil y eventualmente más barato que en el organismo continental de derechos humanos (la CIDH).
  
• El Comité Consultivo del SICA debe ampliar su radio de acción en asesoría a toda la institucionalidad de la integración y, por extensión (de la forma como sectorialmente se señala en ALIDES, por ejemplo) los capítulos nacionales tendrían esa función en relación con la ejecución de acuerdos comunitarios en el ámbito nacional, siguiendo el principio de subsidiariedad. Así, de esa forma, la sociedad civil puede reivindicar su papel de fuerza social coadyuvante y propositiva en la integración centroamericana.
  
• Los Presidentes deben asumir, de nuevo, el compromiso de que cualquier decisión sobre la integración que rebase los límites fundacionales (número de miembros, por ejemplo) debe ser analizado cuidadosamente y posterior a una evaluación total del sistema. De la misma forma, los acuerdos regionales, bilaterales, o nacionales con terceros países en lo económico y comercial, de carácter multilateral, deben ser cuidadosamente evaluados comunitariamente, a fin de no perjudicar más las economías de estas pequeñas naciones.

Todos los actores en esta integración centroamericana debemos asumir el papel de profundizarla, al margen de las orientaciones que los políticos y las cúpulas gubernamentales quieran impregnarle. La integración tendrá que ser construida desde sus sociedades; de ahí que el planteamiento hacia este nuevo Esquipulas de construir una “Centroamérica zona de paz y libre de ejércitos” se haya constituido en clamor de la sociedad civil organizada regionalmente, por más democracia, más respeto a los derechos de las personas, mayor acatamiento de los acuerdos que se pactan y más participación de la sociedad civil: a saber, que se construya una integración de los pueblos.