Tras los sorprendentes resultados de la primera vuelta del 25 de junio, en la que el candidato que ocupaba el penúltimo lugar en las encuestas de una larga lista de veintitrés candidatos a la Presidencia de la República quedó en segundo lugar, la segunda vuelta se decidió entre Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), miembro de la alianza gobernante, y Bernardo Arévalo, del partido opositor Movimiento Semilla, adalid de la lucha contra la corrupción. Pero estos resultados no dejaron de provocar la reacción de los partidos de la alianza gobernante que, el 30 de junio, presentaron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad (CC) alegando irregularidades electorales.
Así comenzó el conflictivo proceso de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que dio como resultado el triunfo de Bernardo Arévalo el 20 de agosto de 2023. Sin embargo, las acusaciones de fraude y los señalamientos contra el partido Semilla y algunos de sus miembros provocaron la intervención abierta de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea y una serie de protestas sociales sin precedentes encabezadas inicialmente por la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán en nombre de la defensa de la democracia llevaron a una parálisis casi total del país en las semanas siguientes. Qué estaba en juego en este insólito proceso electoral y cómo se resolvió la crisis política y social generada por la inesperada victoria de Bernardo Arévalo y el partido Semilla es la cuestión que nos ocupa.
1. Dudas y desacuerdos sobre los sistemas informáticos
Además de los controvertidos acontecimientos de la primera vuelta electoral que analizamos en la primera parte de este trabajo (exclusión de candidatos, tramas mediáticas), el proceso electoral 2023 estuvo marcado desde sus inicios por sospechas de fraude alimentadas por dudas y desacuerdos sobre los sistemas informáticos adquiridos para el cómputo y transmisión de datos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Electorales del Departamento de Guatemala y del Distrito Central.
Para entender mejor cómo estas polémicas adquisiciones sirven de antesala a las controvertidas acusaciones de fraude tras la primera vuelta de las elecciones, veamos cómo se desarrollaron los procesos convocados por el TSE.
A) El largo proceso de adjudicación de los sistemas informáticos
El 26 de agosto de 2022, en un contexto de fuertes acusaciones de corrupción contra la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024), el pleno del Tribunal Supremo Electoral, presidido por la magistrada Irma Elizabeth Palencia Orellana, autorizó el trámite de los requerimientos presentados por la Dirección General de Informática para la “Implementación del modelo tecnológico para el desarrollo del proceso electoral 2023 con inclusión de solución integral utilizando biometría en las juntas receptoras de votos” (TSE, 26 de agosto de 2022), a pesar de las discrepancias existentes en la sociedad civil sobre las adquisiciones de equipos y software por excepción desde los primeros meses de 2022.
La adquisición de este modelo tecnológico, según el propio Tribunal, se haría efectiva según el “Procedimiento de adquisición por la modalidad de excepción (manera directa) para adquisiciones en el año 2022 con cargo al presupuesto para Elecciones Generales correspondientes al año 2023”, aprobado por el mismo Tribunal, según Acuerdo 121-2022 de fecha 8 de abril de 2022 (modificado por Acuerdo 386-2022 de fecha 26 de agosto de 2022), el cual se fundamenta en el Decreto Número 16-2021 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, que en su artículo 15 faculta al TSE para realizar adquisiciones y contrataciones por excepción, según lo establecido en el artículo 44 literal f) del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado (TSE, 26 de agosto de 2022).
Las discrepancias, decíamos, comenzaron muy temprano, pero fue en septiembre de 2022 cuando se incrementaron los reproches de varias agrupaciones ciudadanas hacia el Tribunal Supremo Electoral por la compra del modelo tecnológico. En efecto, luego de que el Departamento de Comunicación del TSE publicara la convocatoria en la página web institucional, y de que la Secretaría General de la institución designara a los miembros de la Junta Receptora de Ofertas, según consta en la Resolución 3-2022 del 5 de septiembre, la Junta procedió a recibir ofertas el 14 de septiembre, como estaba previsto. Pero algo extraño sucedería: a las diez horas con treinta minutos del mismo día, luego de recibir una sola oferta de Smartmatic International Holding B.V. por seiscientos seis millones noventa y un mil cuatrocientos veinte quetzales (Q606,091,420.00), la Junta Receptora dio por concluida la recepción de ofertas, según consta en el Acta de Recepción de Ofertas Número 184-2022 de fecha 14 de septiembre de 2022 (TSE, 26 de septiembre de 2022).
Ahora bien, la posible adjudicación del contrato a Smartmatic International Holding B.V. llevó a varias agrupaciones ciudadanas a expresar su rechazo a la forma en que se había llevado a cabo el proceso de adjudicación. Esto fue aún más evidente cuando se supo que el representante legal de dicha empresa era Elizandro López Flores, el exviceministro de Gobernación de Alejandro Giammattei. Así, el 22 de septiembre, representantes de trece agrupaciones presentaron sus objeciones al proceso de adjudicación ante el Tribunal Supremo Electoral. Básicamente, señalaron la falta de transparencia en la adjudicación a un solo oferente y solicitaron al TSE anular el proceso e iniciar uno nuevo que cumpla con los principios de transparencia y calidad del gasto público (La Hora, 23 de septiembre de 2022).
Pero los magistrados estaban convencidos de su proceder porque actuaban conforme a lo dispuesto por el Congreso de la República en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2022. Esto es precisamente lo que dio a conocer el TSE en un comunicado del 23 de septiembre dirigido a la opinión pública:
“Que el Tribunal Supremo Electoral para garantizar el evento electoral de las ELECCIONES GENERALES 2023, se encuentra realizando las adquisiciones de bienes, suministros y servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 último párrafo del Decreto 16-2021 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, que literalmente dice: ‘…se faculta al Tribunal Supremo Electoral para realizar las adquisiciones en el año 2022, con cargo a la asignación presupuestaria para elecciones generales correspondientes al año 2023, bajo el procedimiento que establece el artículo 44 literal f) del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado’. Para los efectos administrativos, se emitieron los Acuerdos de este Tribunal números 121 y 386 ambos 2022, mediante los cuales se establece el procedimiento, garantizando la publicidad y transparencia de dichas adquisiciones, habiendo realizado publicaciones oportunamente en un periódico de mayor circulación, en el Diario Oficial y la página web de este Tribunal. Lo anterior, en concordancia con los artículos citados y el artículo 143 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos” (TSE, 23 de septiembre de 2022).
Sin embargo, haciendo caso omiso a lo establecido por el Congreso de la República, las agrupaciones ciudadanas insistieron en que el TSE debe apegarse a lo establecido en los artículos 38 y 17 de la Ley de Contrataciones del Estado, que establece la obligación de realizar cotizaciones o licitaciones públicas cuando las adquisiciones superen los noventa mil (Q90,000.00) y novecientos mil quetzales (Q900,000.00), respectivamente. Por su parte, las cámaras empresariales afirmaron que el proceso de licitación no garantizó una adjudicación idónea ni adecuada: “Hoy, ese proceso no se ha dado a conocer de manera suficiente, sus bases y términos de referencia deben ser mejor elaborados, y existen dudas fundadas sobre si ha existido una amplia participación de oferentes, lo que es fundamental para tomar una mejor decisión. Es nuestro criterio que las dudas generadas a la presente fecha no garantizan una adjudicación idónea ni adecuada”, argumentó el CACIF (Prensa Libre, 23 de septiembre de 2022).
En este contexto, el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral cedió ante la presión generada por las diversas agrupaciones ciudadanas que se oponían a la adquisición del modelo tecnológico. Si bien los magistrados actuaron conforme a la ley, y aunque su rechazo se justificó en las “observaciones técnicas” presentadas por la Junta Receptora de Ofertas en el Acta de Verificación de Presentación de Requisitos Número 191-2022 (TSE, 26 de septiembre de 2022), fue evidente que su decisión estuvo condicionada por la presión ejercida por las agrupaciones ciudadanas que, por sospechas genuinas de corrupción, temor ante la posibilidad de fraude electoral o como parte de una conspiración contra el gobierno y sus aliados, que buscaban la continuidad de la alianza gobernante, expresaron su preocupación por la anómala adquisición de equipos y software para el desarrollo de las elecciones generales de 2023 (Emisoras Unidas, 28 de septiembre de 2022). Pero los magistrados no iban a abandonar su objetivo.
En efecto, en un nuevo intento por adquirir los equipos y software, el TSE volvió a convocar a personas individuales y jurídicas a presentar sus ofertas el 24 de octubre de 2022. Pero esta vez, dividió la convocatoria en seis contratos distintos y, para generar confianza entre la sociedad, adaptó su discurso al uso de la transparencia, la publicidad y las buenas prácticas administrativas: “Si hubo una desinformación en el pasado, nosotros estamos interesados en que ustedes sepan que la transparencia es un eje central de esta administración”, dijo la magistrada Irma Palencia (TSE, 24 de octubre de 2022). Sin embargo, a pesar de que esta medida busca favorecer la participación de más oferentes, este nuevo método de adjudicación no disipa la desconfianza de las agrupaciones ciudadanas, pues los magistrados insisten en realizar compras por excepción.
Ante esto, varias agrupaciones presentaron una larga lista de hallazgos sobre el proceso de licitación de los sistemas informáticos que “ponen en riesgo la democracia” (República., 9 de noviembre de 2022), por lo que piden al TSE que desista de tales adquisiciones. Así, a medida que pasa el tiempo, las críticas apuntan a la escasez de tiempo para realizar las compras: “El TSE juega una carrera contra el tiempo. Debía hacer campañas de empadronamiento y las está haciendo tarde. Debía preparar a las y los migrantes para las votaciones, y lo está haciendo tarde. Debía hacer las compras y prepararse para las elecciones, y también lo está haciendo tarde”, dice una periodista que criticó la falta de ejecución presupuestaria del TSE (Quorum, 10 de noviembre de 2022).
Como vemos, la auditoría social es implacable frente a un TSE que, salvo la medida que busca promover la participación de más oferentes, mantiene sus posiciones.
El 9 de noviembre, después de que varias agrupaciones y antiguos miembros de las Juntas Electorales advirtieran que el Tribunal Supremo Electoral podría modificar el proceso de digitación de votos y que con ello se perdería la custodia del voto, la presidenta del TSE aseguró que la confusión generada por las bases de un contrato para la adquisición de software e infraestructura tecnológica había llevado a este supuesto, pero que en las elecciones de 2023 no se cambiará la forma en que se han transmitido los resultados preliminares en procesos electorales anteriores (Prensa Libre, 12 de noviembre de 2022).
Sin embargo, ese mismo día, según consta en el Acta 55-2022 del 9 de noviembre de 2022 (Prensa Libre, 16 de noviembre de 2022), el pleno de magistrados aprobó una modificación al modelo tecnológico que se implementará en las elecciones: la digitación ya no se hará en un centro de verificación como estaba previsto, sino que será en el centro de votación, informó el TSE en un comunicado publicado en sus redes sociales (Prensa Libre, 16 y 17 de noviembre de 2022). Al hacer esto, el pleno de magistrados confirmó el señalamiento de las agrupaciones ciudadanas que objetaban la adquisición del modelo tecnológico.
De hecho, el 16 de noviembre, un día antes de la fecha fijada para recibir las ofertas de los seis contratos publicados, los magistrados anunciaron en una conferencia de prensa que prescindían de tres contratos debido a modificaciones en el modelo tecnológico para mantener la cadena de custodia en los centros de votación. En concreto, prescindían del relacionado con el software e infraestructura tecnológica para la digitalización, transmisión, digitación, verificación y publicación de resultados preliminares e información del proceso electoral de 2023; del relacionado con el software e infraestructura tecnológica para el registro y estadística de votantes e identificación biométrica en el proceso electoral de 2023; y del relacionado con el servicio de comunicación satelital portátil para la conectividad de los centros de votación en el proceso electoral de 2023 (Prensa Libre, 16 de noviembre de 2022).
Así, el jueves 17 de noviembre, como estaba previsto, la Junta Receptora recibió las ofertas para los otros tres contratos publicados: el relacionado con la compra de equipos de cómputo para la digitalización, digitación e impresión de documentos para el proceso electoral de 2023, el contrato para la compra de servidores para el centro de datos para las elecciones de 2023 y el contrato para el servicio de instalación y equipamiento tecnológico del centro de prensa y otras áreas para la difusión de resultados electorales preliminares en el centro nacional de información del proceso electoral 2023 (Prensa Libre, 16 y 17 de noviembre de 2022).
Ahora bien, ante el anuncio por parte de la presidenta del TSE de una inminente reformulación del proceso de adquisición de los contratos suspendidos (Prensa Libre, 17 de noviembre de 2022), agrupaciones ciudadanas que se han opuesto al método de adquisición mediante la modalidad de excepción advierten nuevamente que el pleno de magistrados debe apegarse a lo establecido en los artículos 38 y 17 de la Ley de Contrataciones del Estado sobre cotizaciones y licitaciones públicas. Además, deben publicar los contratos de adquisición en GUATECOMPRAS (Prensa Libre, 18 de noviembre de 2022), el sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado.
Así, en medio de las dudas de los partidos políticos y la sociedad civil sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral, la transparencia en las compras y las denuncias anticipadas de fraude electoral, y en un contexto preelectoral marcado por diversas especulaciones sobre la parcialidad del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas en el proceso electoral (Prensa Comunitaria, 16 de diciembre de 2022), el TSE anunció, en una conferencia de prensa celebrada el 10 de diciembre, que descartaba definitivamente la adquisición del software y servicios de comunicación satelital, cuyo proceso de adjudicación fue suspendido el 16 de noviembre.
No obstante, en febrero de 2023, como veremos más adelante, el TSE adquiere un programa informático para la transmisión de resultados preliminares, y a principios de mayo se conoce que la Junta Electoral Departamental de Guatemala y la Junta Electoral del Distrito Central contratan un sistema informático para el recuento preliminar de votos y la transmisión de datos para las elecciones del 25 de junio. Ambas adquisiciones, aparentemente independientes, alimentarán dudas, desacuerdos y conflictos en el proceso electoral.
a) La inesperada adquisición del TREP
A decir verdad, muy poco se sabe de la adquisición del TREP. Qué conversaciones (y qué negociaciones) pudo haber entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, posibles intermediarios y posibles oferentes de un sistema informático para las elecciones del 25 de junio de 2023, entre el 10 de diciembre de 2022, fecha en la que el TSE anuncia que descarta definitivamente las adquisiciones del software y los servicios de comunicación satelital, y el 27 de febrero de 2023, fecha en la que el TSE hace pública la decisión de adquirir el TREP, es una incógnita que permanece abierta por falta de información.
En efecto, el 27 de febrero se supo que el Tribunal Supremo Electoral había recibido el 14 de febrero de 2023 dos ofertas para contratar a una empresa que les vendiera un programa informático para la transmisión de los resultados preliminares del proceso electoral de 2023 (Prensa Libre, 27 de febrero de 2023): una oferta de Datasys Guatemala, S.A., por ciento cuarenta y ocho millones ochocientos cincuenta mil doscientos cincuenta quetzales (Q148,850,250.00), y otra oferta de PBS Guatemala, S.A., por ciento trece millones novecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro quetzales (Q113,957,424.00). Por otro lado, según los detalles del proyecto obtenidos por Prensa Libre, dicho “proyecto consiste en el escaneo, transmisión, grabación, validación y publicación de los resultados preliminares de los comicios” (Prensa Libre, 27 de febrero de 2023).
Además de la falta de información y el método de adjudicación del contrato a Datasys, lo que disgustó a algunas agrupaciones ciudadanas que criticaron al TSE según algunos medios que cubrieron la noticia, fue la decisión final de los magistrados: escogieron a la empresa que presentó la oferta más cara y que, aunque Datasys lo niega, en Colombia fue señalada de no cumplir con algunos requisitos legales y en Honduras por carecer de experiencia en auditoría electoral (Prensa Libre, 27 de febrero de 2023).
Sin embargo, a pesar de que ciertos medios de comunicación mencionan que hubo críticas de sectores de la sociedad civil por la falta de transparencia en la compra del millonario sistema informático (Prensa Libre, 28 de febrero de 2023) o una lluvia de críticas al TSE tras la millonaria compra del sistema informático para las elecciones generales (Soy502, 28 de febrero de 2023), la reacción de las agrupaciones ciudadanas ante la noticia de la compra del TREP disminuyó en intensidad. ¿Las agrupaciones ciudadanas, en su mayoría ONG financiadas por entidades de la comunidad internacional que en ese momento apoyaban discretamente al partido Semilla y a Bernardo Arévalo, habían logrado su objetivo? ¿El trabajo de las ONG en contra de las adjudicaciones anteriores y la inacción de las ONG en contra de la adquisición del TREP formaban parte de la conspiración urdida por la comunidad internacional, el partido Semilla y Bernardo Arévalo para ganar las elecciones? ¿Había ocurrido un cambio de bando entre los magistrados del TSE elegidos por la alianza gobernante? ¿En qué momento los magistrados del TSE pasan del bando que lideraba formalmente Alejandro Giammattei al bando que liderará formalmente Bernardo Arévalo si gana las elecciones presidenciales? ¿Qué interés mueve a la comunidad internacional en Guatemala? ¿Es la defensa de la democracia, como dicen?
Estas son las preguntas que surgen a medida que se avanza en el trabajo y se trata de encontrar explicaciones racionales a lo ocurrido durante el proceso electoral de 2023. Como no se puede explicar todo ahora, porque hacerlo requiere del desarrollo de los hechos que estamos analizando, conformémonos en este momento con saber que el trabajo de los medios de comunicación y de las ONG fue determinante para el ascenso de Bernardo Arévalo y el partido Semilla a la cúspide del poder y que este no hubiera sido posible sin el apoyo financiero, político y diplomático de la comunidad internacional, liderada por los Estados Unidos, que ejerció presión en todo momento hasta ver sentado a Bernardo Arévalo en la silla presidencial.
Por su importancia, nos permitimos citar textualmente el comunicado del TSE sobre la adjudicación del TREP dirigido a la ciudadanía en general el 28 de febrero de 2023:
“Que se adjudicó el Programa Informático para Transmisión de Resultados Preliminares del Proceso Electoral 2023 (TREP), a la empresa DATASYS Guatemala, S.A., la cual tiene una asociación estratégica con la empresa PODERNET, S.A. de C.V., con más de 20 años de experiencia y con más de 15 acreditaciones en procesos electorales. La adjudicación se realizó cumpliendo con criterios de calidad, características del programa y el tiempo de adecuación para desarrollar simulacros en el menor tiempo posible.
Fueron tres empresas las invitadas a ofertar y únicamente dos presentaron su intención de participar. La Junta Receptora de Ofertas verificó el cumplimiento de requisitos fundamentales y formales, disposiciones especiales y el formulario de ofertas, elaborándose un cuadro comparativo en donde DATASYS Guatemala, S.A., obtuvo 95% de cumplimiento.
Entre las características que se tomaron en cuenta para la adjudicación se encuentran:
· Incluye bitácoras de registro de transacciones de base de datos (logs de base de datos) que pueden ser utilizadas en auditoría o administración del programa informático, garantizando el principio de transparencia.
· El tablero de control y seguimiento de documentos No. 4 (acta final-cierre y escrutinios), que incluye el programa informático, está bien desarrollado y es muy amigable para el usuario.
· La inicialización y puesta en cero de las estaciones de escaneo, captura y transmisión y emisión del reporte respectivo se realiza de forma automática en todas las estaciones de trabajo.
· Detecta errores y duplicidades en el escaneo de documentos No. 4 (acta final-cierre y escrutinios), lo que le da certeza al proceso de escaneo de documentos y en general del funcionamiento del programa informático.
· La reportería y presentación de resultados preliminares permite visualizar datos a nivel de Centro de Votación, Municipal, Departamental, Regional y Nacional en tiempo real.
· Acceso y disponibilidad inmediata de los documentos No. 4 (acta final-cierre y escrutinios), digitalizados (consulta y descarga).
· Finalmente, en las pruebas técnicas la empresa DATASYS Guatemala, S.A., superó en ponderación a la otra empresa.
Es preciso comunicar a la población en general que es responsabilidad de este Tribunal contar en el corto plazo con el programa informático TREP para el proceso electoral 2023, considerando que debe ser sometido a simulacros que permitan garantizar los resultados preliminares, siendo los ciudadanos en todo el proceso los custodios del voto” (TSE, 28 de febrero de 2023).
El jueves 2 de marzo, en la reunión semanal del TSE con los fiscales de los partidos políticos, Jorge Salvador Santos Neill, jefe de la Dirección de Informática, y representantes de la empresa Datasys, S.A. presentaron el TREP, explicando las ventajas del sistema informático, que, según dijeron, comienza con la puesta a cero de la base de datos antes de iniciar el recuento de votos y la digitalización del acta No. 4, dejando el acta original escaneada para su posterior consulta.
Además, indicaron, los datos digitalizados se subirán a una base de datos en la nube, conectada a los diferentes centros de digitación y captura de datos. El TREP, señalaron finalmente, es una tecnología en tiempo real que actualiza y muestra los resultados de cada acta que se digitaliza. La información se puede consultar por acta, por Junta Receptora de Votos (JRV), por municipio, departamento o general, y por tipo de elección (presidente y vicepresidente, corporación municipal, diputados distritales, diputados de lista nacional y diputados al Parlamento Centroamericano) (TSE, noticia sin fecha).
Sin embargo, en esta reunión se criticó la adquisición del TREP: el alto coste del sistema informático, la necesidad de contar con más información sobre la empresa favorecida y las complicaciones que podría generar el sistema informático durante las elecciones, fueron, en ese orden, las preocupaciones de Héctor Aldana, Elmer Palencia y Roberto Villate, fiscales de los partidos Vamos, Valor y Podemos, respectivamente (Prensa Libre, 3 de marzo de 2023).
Al margen de las dudas que siempre surgen en este tipo de presentaciones, los fiscales nacionales de los otros partidos políticos presentes en la reunión parecían satisfechos, ya que no expresaron ningún desacuerdo.
Ahora bien, durante la reunión ocurrieron dos hechos extraños. Por un lado, y contrario a lo que cabría esperar, dos de los principales partidos de la alianza gobernante, de los que se había dicho que habían cooptado el TSE, fueron los que se opusieron a la adquisición del TREP. Por otro lado, los partidos que se cree lideran la lucha contra la corrupción, como Semilla, URNG o Winaq, no expresaron su rechazo a la adquisición del TREP, a pesar de que el TSE no cedió en sus posiciones.
Agreguemos que fue la empresa desfavorecida en la adjudicación del programa informático la que tomó cartas en el asunto: el 22 de marzo, PBS, S.A., insatisfecha con la decisión del Tribunal Supremo Electoral, interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia cuestionando la decisión del TSE de haber elegido la oferta más cara. Pero el 13 de abril, la Corte Suprema de Justicia rechazó el amparo y confirmó la compra del programa informático a Datasys.
Así, Datasys realizó dos simulacros previos a la primera vuelta electoral con los delegados de los partidos políticos y del TSE, el 11 de mayo y el 3 de junio, y uno más el 3 de agosto, centrado en la segunda vuelta electoral.
Tres hechos adicionales merecen una atención especial en este proceso: el 14 de junio de 2023, Datasys informa de que el Tecnológico de Monterrey, una reconocida institución académica mexicana, ha sido elegido para realizar su auditoría. El 29 de junio, cuatro días después de la primera vuelta electoral, Giovanni Fratti y Karen Fischer, partidarios de la alianza gobernante, presentan una denuncia contra los magistrados del TSE por la compra y el funcionamiento del TREP y, el 29 de julio, en seguimiento a esta denuncia, el Ministerio Público requiere al TSE información sobre la compra y el funcionamiento del TREP.
Veamos lo que ocurrió con los sistemas informáticos de la Junta Electoral Departamental de Guatemala y la Junta Electoral del Distrito Central.
b) La polémica adquisición del sistema informático de la Junta Electoral Departamental de Guatemala y del Distrito Central
El 5 de mayo de 2023 se conoció la primicia: la JEDG y la JEDC contrataron un sistema informático paralelo para la transmisión preliminar de datos para el recuento y transmisión de los votos del 25 de junio (Prensa Libre, 5 de mayo de 2023). La noticia, que llegó en medio de las discrepancias de los partidos Vamos, Valor y Podemos con el TSE por la adquisición del TREP y a menos de dos meses de las elecciones, inquietó a los fiscales nacionales de los partidos Podemos y Valor, y en esta ocasión también a César Romano, fiscal nacional de la UNE, ya que el TSE no les había informado (Prensa Libre, 8 de junio de 2023). La incógnita era tal que los fiscales estaban ansiosos por saber por qué la JEDG y la JEDC deberían contar con un sistema informático independiente del TREP: “Que nos comenten por qué ellos consideran que deben de tener un sistema como ese y cuál es la función, cómo va a funcionar”, expresó Elmer Palencia en la reunión de los fiscales con las autoridades del TSE del jueves 8 de junio (Prensa Libre, 8 de junio de 2023).
Como vemos, una vez más, los partidos de la alianza gobernante, que supuestamente tenía el control del TSE, manifestaron su preocupación por la actuación de las autoridades electorales, que no siempre les proporcionaban la información que debían conocer. Su preocupación aumentó cuando conocieron las declaraciones de Álvaro Bravo, presidente de la Junta Electoral Departamental de Guatemala, y de José Murúa, presidente de la Junta Electoral del Distrito Central, en los medios de comunicación. Además, las declaraciones de los magistrados a los medios también les desconcertaban, pues no asumían ninguna responsabilidad al respecto.
“El TSE tiene [sus] propios programas con sus métodos de seguridad y todo, para que para ellos (sic) también poder hacer (sic) su conteo, los dos tenemos que llegar a cuadrar en el mismo número” (Prensa Libre, 5 de mayo de 2023), afirmó Álvaro Bravo en relación con el recuento de votos del TSE y la JEDG.
“El responsable de dar el dato no es el software del TSE sino es cada JED, ellos son los que tienen la responsabilidad de dar transparencia y confirmar cual es la cantidad de votos por todos los partidos ya como lo hagan, cada uno tendrá sus mecanismos” (Prensa Libre, 5 de mayo de 2023), puntualizó José Murúa al comentar que la JEDG y la JEDC compraron el mismo sistema informático.
Por su parte, los magistrados se desvinculaban de cualquier responsabilidad. Con firmeza, aclararon que “sólo responderán por el sistema que fue contratado por ellos”, recalcando que los datos que proporcione el programa contratado por la JEDG y la JEDC “no serán vinculantes” (Prensa Libre, 5 de mayo de 2023).
Ahora bien, a pesar de que cada Junta Departamental contaba con un presupuesto asignado por el TSE del que podía disponer con bastante libertad y de que había muchas dudas sobre su uso y fiscalización (Con Criterio, 19 de junio de 2023), en el caso de la JEDG y la JEDC, el cuestionamiento de los partidos políticos no surgía del mal uso de sus finanzas. Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), el TSE asignó un presupuesto de Q34.7 millones a la JEDG y de Q28.6 millones a la JEDC, pero las dudas y los desacuerdos de los fiscales de Podemos, Valor y UNE sobre ellas en esta ocasión no tenían que ver con el uso de los fondos públicos. Más bien, la desconfianza surgía de cómo estas juntas electorales, que en estas elecciones reunían a dos millones ciento quince mil doscientos sesenta empadronados (2,115,260), equivalentes al 22.8% del total de ciudadanos habilitados para emitir el sufragio (Prensa Libre, 5 de mayo de 2023), usarían el sistema informático durante el recuento y transmisión de los votos al TSE, si ya este había comprado uno a Datasys que se suponía que serviría a todos.
Inculpaciones recíprocas entre el TSE y las juntas electorales del Departamento de Guatemala y del Distrito Central
En este contexto, el 8 de junio tuvo lugar la reunión entre los fiscales de los partidos políticos y las autoridades del TSE. Sin embargo, fue evidente la falta de control de los magistrados sobre la adquisición del sistema informático de la JEDG y la JEDC. De hecho, cuando los fiscales preguntaron a la magistrada Irma Palencia cuánto había costado el sistema informático de las dos juntas electorales, ella afirmó que la cantidad dada a conocer por los medios de comunicación era incorrecta, pero no supo decir a cuánto ascendía la cantidad exacta: “Yo sé qué (sic) la prensa, no sé qué (sic) diario escrito o electrónico sacó un monto de Q7 millones creo yo, pero no es verdad que sea ese monto, es bastante menor y lo sé porque nos reunimos con la empresa” (Prensa Libre, 8 de junio de 2023).
Además, la magistrada Irma Palencia no se expresaba con exactitud en sus declaraciones: En la reunión que mantuvo con los fiscales, afirmó que el pleno de magistrados había tratado de convencer a las juntas electorales para que no llevaran a cabo la compra del sistema informático. “Hablamos con las juntas y les hicimos ver que era innecesario”. También dijo que habían intentado “hacerles ver que con el sistema que iba a comprar el TSE era suficiente”. Sin embargo, tanto Álvaro Bravo como José Murúa, consultados por la prensa, negaron su declaración. La compra de este sistema fue posible gracias al visto bueno del propio TSE, afirmaron. “Nosotros como juntas no podemos hacer absolutamente nada que no sea aprobado y quien lo aprueba es el TSE”, dijo Bravo, quien además afirmó que “como órgano electoral temporal, siguen los lineamientos y procesos de ley” (Prensa Libre, 8 de junio de 2023).
Así, a solicitud de varios partidos políticos, el TSE invitó a la JEDG y a la JEDC a que, en la reunión semanal del próximo jueves 15 de junio, informaran sobre el sistema de transmisión de resultados preliminares comprado a la empresa Sega, S.A. por 5.5 y 2.2 millones de quetzales el 11 de mayo y el 7 de junio, respectivamente.
Los partidos de la alianza gobernante lideran el rechazo al uso del sistema informático y piden la cancelación del contrato
Según lo acordado, los fiscales de los partidos políticos, los magistrados del TSE y las autoridades de la JEDG y la JEDC se reunieron el 15 de junio para conocer los sistemas informáticos que ambas juntas habían adquirido para optimizar el tiempo de transferencia de datos. Tras la presentación del sistema informático por parte de la empresa Sega, que afirmó que ambas juntas electorales lo habían utilizado desde las elecciones de 2011 con la ayuda de la empresa GVM, se indicó, entre otras cosas, que la herramienta ayudaría a optimizar el tiempo de transmisión de los votos en los 123 centros de votación y las 2023 mesas instaladas (Prensa Comunitaria, 15 de junio de 2023).
Pero los desacuerdos entre los fiscales por el uso de un sistema paralelo al TREP se hicieron evidentes de inmediato. Sobre todo, porque les molestaba que no se les hubiera informado antes y porque consideraban que el sistema de Sega duplicaría el trabajo de Datasys. Entre otras cosas, los fiscales preguntaron a los magistrados si la contratación de Sega por las juntas electorales no transgredía la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ya que, según el artículo 108 de dicha ley, los programas informáticos para el escrutinio electoral y la transmisión de resultados corresponden al Centro de Procesamiento de Datos del TSE. ¿Puede legalmente otro ente duplicar el sistema?, preguntó uno de los fiscales. Es peligroso, dijo, porque no conocemos al proveedor, no sabemos si tiene experiencia y no hemos realizado un simulacro de este sistema, como se hizo con Datasys (Prensa Comunitaria, 15 de junio de 2023).
De hecho, las críticas de los fiscales de los partidos políticos al sistema informático de Sega fueron generalizadas, ya que la mayoría de ellos consideraron que este sistema duplicaba la transmisión de resultados preliminares. La crítica más ingeniosa, en nuestra opinión, fue la de Diego Ronquillo, fiscal del partido CREO, quien, en contra de lo afirmado por las autoridades electorales, dijo que el sistema Sega podría ser vinculante, ya que, si es el tomado por las juntas como legítimo, lo que el sistema arroje decidirá a quienes se les adjudiquen los cargos municipales.
“Hay que decir algo que no se ha dicho, y es que este sistema es vinculante y el otro no —Datasys— y lo hace vinculante [el hecho de] que este sistema utilizará las juntas electorales para poder oficializar los datos, mientras [que] el preliminar solo servirá para proyectar el conteo de escrutinios”, precisó Ronquillo (Prensa Libre, 16 de junio de 2023).
A continuación, la magistrada Irma Palencia declaró que, cuando el pleno de magistrados asumió la magistratura, habían encontrado que el sistema era una práctica común y exitosa y que por eso habían aprobado el gasto en el Plan Operativo Anual. De hecho, dijo, invitamos a participar a la empresa GVM, pero esta rechazó la invitación. Además, informó de que el TSE realizó dos licitaciones, pero que en la primera solo participó una empresa y la segunda quedó desierta. Fue en el tercer intento, afirmó, cuando las juntas electorales tuvieron conocimiento de Sega, S.A. y firmaron los contratos con ella (Prensa Comunitaria, 15 de junio de 2023). Posteriormente, se supo que las dos juntas electorales destinaron un total de siete millones seiscientos veintiún mil cuarenta y dos quetzales (Q7,621,042.00) a la compra de este sistema (Prensa Libre, 16 de junio de 2023).
Así, después de que la magistrada Irma Palencia indicara que el sistema adquirido a Sega era una herramienta complementaria alimentada por el sistema oficial de Datasys, lo cual generó dudas por la experiencia de las elecciones de 2019, en las que el desempeño informático fue el factor que generó desconfianza en los resultados, los fiscales propusieron un receso para conversar. Entonces, nombraron al fiscal del partido Unión Republicana (UR), Edgar Vásquez, portavoz del grupo de aproximadamente veinte partidos presentes en la reunión, quien, en representación de los demás, pidió revocar los contratos.
“Es requerimiento del foro de fiscales de partidos políticos, fundamentados en el artículo 28 y 223 de la Constitución Política de la República, que se proceda a revisar la contratación del sistema, definir los mecanismos para poder revocar la implementación del mismo y generen la instrucción o definan el mecanismo legal para que lo puedan revocar y dejar sin efecto”, expusieron los fiscales (La Hora, 15 de junio de 2023).
Minutos después, Álvaro Bravo convocó una rueda de prensa en la que afirmó que no iban a dar marcha atrás en la compra y uso del sistema porque, en su opinión, se trataba de una herramienta básica (La Hora, 15 de junio de 2023). Por su parte, la magistrada Irma Palencia señaló que el tema se analizaría para tomar la decisión de si se continuaría con el contrato o si se aceptaría la petición de los partidos políticos. La decisión final quedará en manos del pleno de magistrados, dijo, que deberá partir del análisis de los contratos. Ya hemos ordenado al departamento jurídico que inicie los correspondientes análisis de los contratos, enfatizó la presidenta del TSE (Prensa Libre, 16 de junio de 2023).
Por otro lado, fiscales de CREO y de otros partidos políticos expresaron una preocupación adicional: recordaron que faltan solo diez días para las elecciones y que los fiscales informáticos aún no han recibido formación sobre el uso del sistema. En este sentido, tanto la presidenta del TSE como los representantes de Sega, S.A. coincidieron en la necesidad de realizar un simulacro y programaron uno para el próximo lunes 19 de junio. Sin embargo, ese mismo día, justo después del simulacro, el secretario general del Partido Republicano (PR), Carlos Velásquez Monge, presentó una denuncia verbal contra la JEDG y la JEDC por la compra del sistema informático dirigida a la fiscal general, Consuelo Porras, en la que solicitaba que se investigaran los posibles delitos cometidos por algunos miembros de las juntas electorales.
Además, el 25 de junio, el mismo día de las votaciones, la secretaria general del partido Winaq, Sonia Gutiérrez Raguay, interpuso la acción de amparo 2024-2023 contra el pleno del TSE por admitir la contratación y actuación de la empresa Sega, S.A. En el requerimiento, Winaq aseguró que la acción fue interpuesta debido al “inminente riesgo de falta de certeza jurídica que impidiera la efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral por la doble contratación de sistemas de escrutinio, sin que uno de estos llenara los requisitos que la Ley Electoral establece” (La Hora, 2 de julio de 2023).
Estas imputaciones no serían las únicas acusaciones legales que pondrían en entredicho los resultados de las elecciones. En la madrugada del 26 de junio, el candidato a la alcaldía de Ciudad de Guatemala por el partido CREO, Roberto González, acusó de fraude electoral a Ricardo Quiñónez, de la coalición Valor-Unionista y actual alcalde de Ciudad de Guatemala. Además, en medio de la confusión provocada por los resultados de las elecciones presidenciales, antes de la medianoche del 30 de junio, los partidos Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, CREO, UNE, Cabal y Azul presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad alegando irregularidades electorales. Por su parte, el partido VOS interpuso una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad, contenida en el expediente 3724-2023, en la que se solicitaba el recuento de las actas de escrutinio en el Departamento de Guatemala y el Distrito Central. Así, diez de los veintidós partidos políticos que competían en las elecciones pidieron la suspensión de los resultados de la primera vuelta y de la adjudicación de cargos.
Veamos cómo se desarrolló este controvertido proceso electoral.
2. Acusaciones de fraude electoral
Como hemos podido observar, se presentaron muchas denuncias por irregularidades en este proceso electoral. De hecho, las primeras denuncias de posible fraude se produjeron en 2022 y los temores nacieron en gran medida del recuerdo de lo ocurrido en 2019 debido a problemas en el sistema informático.
Dado que los límites de esta investigación no nos permiten analizar cada uno de los casos, lo que, de hecho, es innecesario para este trabajo, en esta ocasión nos centraremos en el estudio de las acusaciones de fraude electoral contra Bernardo Arévalo y el partido Semilla, ya que son las que nos permiten explicar lo ocurrido posteriormente. Sin embargo, dado que las acusaciones del partido CREO contra la coalición Valor-Unionista sirvieron de catalizador para el caso anterior, introduciremos el tema con lo sucedido en las elecciones a la alcaldía de Ciudad de Guatemala. Tangencialmente, si es necesario, nos referiremos a los otros casos o los trataremos más extensamente cuando estudiemos los relacionados con el Tribunal Supremo Electoral, la Junta Electoral Departamental de Guatemala y la Junta Electoral del Distrito Central, y los sistemas informáticos.
Veamos, entonces, cómo se desarrolla el proceso de impugnación de la reelección de Ricardo Quiñónez a la alcaldía de Guatemala.
A) ¿Fraude en la elección de alcalde de la Ciudad de Guatemala?
Alcalde de la Ciudad de Guatemala de 1986 a 1990, presidente de la República de Guatemala de 1996 a 2000 y alcalde de Ciudad de Guatemala en varias ocasiones de 2004 a 2018, Álvaro Enrique Arzú Irigoyen logró consolidar un capital político que heredaría a su familia y a sus más cercanos y leales partidarios tras su muerte el 27 de abril de 2018. En efecto, además del Partido Unionista, que le sirvió de vehículo electoral desde 2011, de una estructura institucional que le sirvió de plataforma para maniobrar a su antojo en los asuntos municipales (Plaza Pública, 18 de junio de 2023) y de una estructura de inteligencia militar que operó a su lado durante al menos dos décadas (No Ficción, 22 de febrero de 2021), Álvaro Arzú siempre tuvo a su disposición una estructura política, institucional y militar para mantenerse en el poder e incrementar su patrimonio.
La ambición de Álvaro Arzú llegó a tal extremo que, en los últimos años de su vida, se apoyó también en estructuras criminales. En efecto, y aunque su repentina muerte no permitió conocer más al respecto, ya que las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se cerraron tras su fallecimiento, el descubrimiento del caso Caja de Pandora (CICIG, 5 de octubre de 2017), que expone la existencia de una estructura criminal vinculada a la Municipalidad de Guatemala para favorecer su reelección, y en el caso Financiamiento electoral ilícito Partido Unionista (CICIG, 14 de junio de 2019), que muestra un complejo esquema de corrupción en la Municipalidad de Guatemala para financiar sus campañas, además de los comentarios de no pocas personas sobre los supuestos vínculos de instituciones municipales con el crimen organizado, dan cuenta de ello.
Esto explica, según algunos, la larga permanencia de Álvaro Arzú en las esferas de poder y el difícil traspaso de poder en la Municipalidad de Guatemala. Veamos ahora cómo los herederos de este político lograron retener el poder en las elecciones generales de 2023.
a) El papel de la Junta Electoral del Distrito Central
Tras la muerte de Álvaro Arzú, su sucesor, Ricardo Quiñónez Lemus (uno de los fundadores del Partido Unionista, primer concejal de la municipalidad, esposo de una sobrina del alcalde y parte importante de las tramas de corrupción destapadas por la CICIG en la municipalidad), ganó las elecciones de 2019 con 167,021 votos, no muy lejos de su rival más cercano, Roberto González, del partido CREO, que obtuvo 152,053.
Según las estadísticas, fue una ventaja reducida para el Partido Unionista si se compara con los resultados de elecciones anteriores: en 2015, por ejemplo, la coalición CREO-Partido Unionista que postuló a Álvaro Arzú obtuvo 269,161 votos, frente a los 145,340 votos obtenidos por Luis Enrique Cruz Asturias, del partido VIVA. Entonces, Álvaro Arzú sacó una ventaja de 123,821 votos a Luis Enrique Cruz. Una asombrosa ventaja que tuvo lugar durante los años en que la CICIG realizó sus investigaciones (CICIG, sin fecha).
Como vemos, la ventaja del Partido Unionista sobre sus rivales se ha reducido significativamente. Más aún en 2023, cuando Ricardo Quiñonez venció a Roberto González en unas cuestionadas elecciones por solo 423 votos de diferencia: 106,604 votos a favor del candidato de la coalición Valor-Unionista y 106,181 votos a favor del candidato del partido CREO.
En efecto, en la madrugada del 26 de junio, Roberto González denunció que los digitadores trasladaron actas pendientes de escrutinio de algunos centros de votación a la Junta Electoral del Distrito Central por supuestas fallas en el sistema informático para digitalizarlas ante ella sin que los fiscales de CREO estuvieran presentes para corroborar que las papeletas no estaban siendo alteradas. Sin embargo, una “audiencia exprés” convocada por la JEDC para las 11 de la mañana, con el fin de que ratificaran las impugnaciones que habían realizado ante las Juntas Receptoras de Votos, impidió que los fiscales de CREO pudieran presentar copias de las impugnaciones y la documentación necesaria para ratificarlas, ya que no tuvieron tiempo de obtenerlas. Así, al no presentar CREO la documentación requerida, la Junta Electoral del Distrito Central omitió la lectura de sus impugnaciones y no se ratificó ninguna (Plaza Pública, 27 de junio de 2023).
De hecho, la Junta Electoral del Distrito Central oficializó la reelección de Ricardo Quiñónez al día siguiente de la votación. El alcalde, ansioso por lo que estaba pasando, anunció su reelección de inmediato a través de las redes sociales y, tras la confirmación del ganador por parte del Tribunal Supremo Electoral, la JEDC cerró el polémico caso de las elecciones para la alcaldía de la Ciudad de Guatemala (Plaza Pública, 27 de junio de 2023).
Todo esto sucedió, hay que decirlo, ante la tenaz lucha de Roberto González, quien, en nuestra opinión, marcó la diferencia por primera vez con los del Partido Unionista y se plantó abiertamente en oposición a ellos. Surgen varias preguntas: ¿qué pasó con el sistema informático de la JEDC y cuál es la responsabilidad de José Murúa y los otros miembros de la Junta Electoral del Distrito Central que maniobraron en una audiencia inesperada para oficializar los cuestionables resultados de la elección de alcalde de la Ciudad de Guatemala?
Cabe señalar que la lucha de Roberto González y el partido CREO contra la maniobra de la Junta Electoral del Distrito Central que favoreció la reelección de Ricardo Quiñónez y el Partido Unionista no se detuvo ahí. Ante la falta de respuesta del Tribunal Supremo Electoral a su denuncias y demandas, Roberto González y el partido CREO llevaron su caso hasta la Corte de Constitucionalidad con la esperanza de obtener una resolución favorable. Sin embargo, como veremos más adelante, la CC desestimó su petición tras fallar en conjunto con las solicitudes de asistencia de debida ejecución de los partidos Cambio, Valor y Todos, cuyos casos eran diferentes.
He aquí el comunicado compartido por CREO y Roberto González en redes sociales el 2 de julio de 2023:
“Ante el amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, el partido CREO:
COMUNICA:
1. En días pasados accionamos y denunciamos por las distintas inconsistencias en el llenado, escaneado, digitación, conteo y certificación de las actas finales de cierre y escrutinio (Documento No. 4)
2. Esperábamos que el Tribunal Supremo Electoral y la Junta Electoral del Distrito Central de oficio implementara un mecanismo de revisión, cotejo y enmiendas de dichas actas, lo que provocaría un clima de confianza y tranquilidad en la ciudadanía que su voto fue respetado, sin embargo no fue así pese a que también lo solicitamos.
3. Ante esa situación ahora se deberá realizar dicha actividad de revisión y cotejo por mandato de la Corte de Constitucionalidad y saldrá a luz la verdad.
4. Auguramos que este proceso sea transparente con el acompañamiento de observadores nacionales e internacionales, sociedad civil y población en general.
5. Finalmente, rechazamos todo tipo de acto, publicación o comunicación tendenciosa que pretenda generar desinformación o inestabilidad para el proceso electoral.
6. El partido CREO reitera su compromiso en el deber constitucional de velar por la libertad, efectividad del sufragio, la pureza del proceso electoral y los valores democráticos.
Guatemala 2 de julio de 2023” (La Hora, 3 de julio de 2023).
Ahora bien, muchas personas afirmaron que las anomalías en la elección de alcalde municipal formaban parte de una trama en la que participaban la Junta Electoral del Distrito Central, el Partido Unionista y el Tribunal Supremo Electoral. Como es sabido, Ricardo Quiñónez se proclamó ganador 18 horas después del cierre de los centros de votación y la JEDC oficializó su reelección como alcalde en menos de 24 horas. Algo sumamente extraño, si se tiene en cuenta que la diferencia entre ambos candidatos en ese momento era de 522 votos (106,220 votos para Quiñónez frente a 105,698 para González) y que sobre esta elección ya pesaban serios cuestionamientos y acusaciones de fraude.
En efecto, mientras un grupo de ciudadanos se congregaba frente al TSE alegando fraude electoral, la coalición Foppa por la Ciudad, integrada por el Movimiento Semilla, la URNG-Maíz y Winaq, que había presentado la candidatura de Ninotchka Matute, se sumó a las acusaciones de fraude electoral. Entonces, al igual que Roberto González y el partido CREO, esta coalición se declaró afectada por la Junta Electoral del Distrito Central para beneficiar a la coalición Valor-Unionista, que postulaba al alcalde Ricardo Quiñonez, quien buscaba la reelección (Prensa Comunitaria, 28 de junio de 2023).
Las acusaciones de fraude del partido CREO tuvieron un efecto de arrastre, ya que los partidos Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, UNE, Cabal y Azul se sumaron a ellas y presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad el 30 de junio, en el que apelan los resultados de la primera vuelta alegando irregularidades electorales (números erróneos en los totales de las actas de escrutinio y tachaduras en los documentos). Así, en una resolución del 1 de julio, la CC ordenó al Tribunal Supremo Electoral suspender los resultados de las elecciones de forma provisional y a las Juntas Electorales Departamentales realizar las audiencias de revisión del escrutinio en un plazo de cinco días.
En este sentido, del 4 al 6 de julio, el TSE, a través de las JED, llevó a cabo la repetición de las audiencias de revisión del escrutinio, cotejo de las actas y verificación de los resultados (Prensa Libre, 6 de julio de 2023). Tras este proceso, el partido CREO solicitó, al igual que los partidos Valor, Todos y Cabal en algunos municipios, que las Juntas Electorales Departamentales realizaran un recuento voto por voto debido a su inconformidad con los resultados de las audiencias de revisión de actas de escrutinio ordenadas por la Corte de Constitucionalidad, lo cual llevó a la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, a resolver el asunto de manera conjunta. En efecto, los magistrados de la CSJ consideraron que el TSE acató la decisión de la CC en el amparo solicitado por los partidos Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, UNE, CREO, Cabal y Azul y, de manera general, en diferentes casos, fallaron en contra del recuento voto por voto. Así, los partidos Valor, Todos y Cabal en los municipios afectados, pero también el partido CREO en el municipio de Guatemala, recibieron un rotundo no a su solicitud de un nuevo recuento voto por voto.
Con el camino despejado, el Tribunal Supremo Electoral oficializó estos controvertidos resultados el 17 de julio: 106,604 votos a favor de Ricardo Quiñónez, de la coalición Valor-Unionista, contra 106,181 votos a favor de Roberto González, del partido CREO. Así, con una diferencia de solo 423 votos, Ricardo Quiñónez fue reelegido alcalde de Ciudad de Guatemala.
Veamos ahora cómo la denuncia de fraude electoral de Roberto González dio lugar a una serie de denuncias por parte de otros partidos políticos inconformes con la victoria de Bernardo Arévalo y el partido Semilla.
B) ¿Fraude en la elección de Presidente de la República?
Mientras Bernardo Arévalo celebraba con sus compañeros de Semilla y simpatizantes, y mientras sus aliados en la comunidad internacional en Guatemala y en el extranjero celebraban expectantes, los partidos políticos de la alianza gobernante y sus simpatizantes trataban de comprender lo sucedido. Los sistemas informáticos, la condena internacional de la corrupción gubernamental o la extrema confianza de los partidos de la alianza gobernante... Algo había fallado para que los resultados de la primera vuelta de las elecciones fueran tan desconcertantes. ¿Cómo era posible que el penúltimo de los veintitrés candidatos a la presidencia en las encuestas de la primera vuelta, alguien poco conocido y sin relación conocida con las comunidades, hubiera pasado de la noche a la mañana a disputar la segunda vuelta de las elecciones con Sandra Torres? ¿Hubo fraude?
Ciertamente, no entendían lo que había sucedido ni sabían qué hacer hasta que Roberto González denunció el primer caso de fraude electoral. Así, aunque el candidato de CREO denunció una situación muy particular en la Ciudad de Guatemala, los partidos inconformes, muchos de ellos pertenecientes a la alianza gobernante, decidieron denunciar el fraude electoral. De hecho, la noche del 30 de junio, horas antes de que concluyera el plazo de cinco días establecido por la Constitución para presentar impugnaciones, nueve partidos encabezados por Vamos, UNE y Valor interpusieron un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, alegando irregularidades electorales. De esta manera, buscaban impedir la adjudicación de cargos, que depende de las Juntas Electorales Departamentales (JED).
a) El recurso de amparo de los partidos políticos inconformes con los resultados y la resolución provisional de la Corte de Constitucionalidad
Aunque “durante la votación no se efectuaron vicios relevantes”, afirmaron los secretarios generales de los partidos, “en el procedimiento de escrutinio, faccionamiento de actas finales y de resultados, digitación de datos y presentación de resultados a la población, se viciaron los procedimientos, generando (…) una grave violación a la garantía de elecciones auténticas (…) constituyendo una afrenta a la voluntad ciudadana y colectiva y a la dignidad de los ciudadanos…” (CC, 1 de julio de 2023).
Además, los partidos postulantes argumentan que “concurrieron distintos vicios, específicamente, en el conteo de votos y la elaboración de actas, los que ponen en riesgo la voluntad del electorado, y amenazan con la posibilidad de adjudicar cargos pese a la existencia de documentos incongruentes, alterados y/o falsificados” (CC, 1 de julio de 2023). Como pruebas, los partidos acompañan copias de documentos que reproducen actas de distintas Juntas Receptoras de Votos del proceso electoral donde estiman existen anomalías.
Así, tras un análisis jurídico de la situación y de la justificación legal de la competencia de la Corte de Constitucionalidad en el asunto (quien, cuando la competencia establecida en los artículos 11 al 14 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad no estuviera claramente establecida, determinará, sin formar artículo, el tribunal que deba conocer), la CC definirá la situación, resolverá provisionalmente y determinará el camino a seguir en el proceso, según los mecanismos legales establecidos por la Constitución y demás leyes, hasta llegar a un fallo definitivo respecto al problema planteado en el amparo 2119-2023 del 30 de junio de 2023, promovido, en ese orden, por los partidos Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, CREO, UNE, Cabal y Azul.
En la solicitud de amparo, los postulantes especifican que se ha interpuesto en contra el Tribunal Supremo Electoral y señalan como acto reclamado “…el riesgo y amenaza inminente de que se realice adjudicación de cargos a elección popular sin haber entrado a conocer las Juntas Electorales Departamentales, los vicios contenidos en las actas manuscritas, actas digitalizadas y consecuentemente subsistentes al efectuarse la revisión de escrutinios a nivel nacional, cuya consecuencia sería la adjudicación de cargos a personas que no fueron electas democráticamente por la población guatemalteca” (CC, 1 de julio de 2023).
Así, señalan como agravios, entre otros, que el procedimiento utilizado para trasladar el sagrado voto de los ciudadanos a los resultados oficiales fue vulnerado por diversos actores que alteraron los datos en las actas de cierre y escrutinio, generando un cómputo indebido e ilegal, con documentación que contiene vicios manifiestos y hechos posiblemente ilícitos, generando con ello incertidumbre en la sociedad y una clara vulneración del Estado Democrático de Derecho (CC, 1 de julio de 2023).
Con estos argumentos, que como vemos apuntan directamente al recuento, escrutinio y traslado de votos, en los que los sistemas informáticos jugaron un papel fundamental, los partidos políticos solicitan que se les otorgue el amparo provisional y que se suspendan los actos arbitrarios manifestados en las actas y documentación donde se recopiló la voluntad popular, cesando la etapa en la que se encuentra el proceso electoral y procediendo a revisar y corregir los vicios manifiestos para poder continuar con los procedimientos en apego al principio de legalidad (CC, 1 de julio de 2023).
Además, solicitan la emisión de declaraciones judiciales de protección y garantía de las papeletas de las elecciones generales de 2023 y que, entre otros efectos positivos, se suspendan los actos del proceso electoral que vulneren el principio de autenticidad de las elecciones, ordenando provisionalmente no continuar las fases de las elecciones hasta que no se subsanen los defectos de la documentación electoral (CC, 1 de julio de 2023). Asimismo, solicitan la suspensión del acto administrativo-electoral Acta Final de Cierre y Escrutinio, identificado como documento electoral 4 (Acta No. 4), la suspensión de la validez de las actas finales de cierre y escrutinio y que se lleve a cabo un recuento independiente y una revisión judicial de acuerdo con los estándares internacionales.
En este sentido, los partidos postulantes solicitan la suspensión del procedimiento para determinar los resultados electorales y la adjudicación de cargos y que se ordene a las autoridades electorales que efectúen los procedimientos necesarios para revisar, verificar y garantizar la voluntad de los ciudadanos en el proceso electoral de las elecciones generales de 2023, convocadas por Decreto No. 1-2023 del Tribunal Supremo Electoral (CC, 1 de julio de 2023).
Así, tras considerar lo anterior, la Corte de Constitucionalidad señala que es la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, la que debe conocer del presente amparo. No obstante, con base en lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Amparo, que establece su competencia cuando a su juicio las circunstancias así lo aconsejen, la Corte de Constitucionalidad, tras recordar que su función esencial es la defensa del orden constitucional, “con el fin último de garantizar que el sistema republicano, democrático y representativo no sufra desmedro”, y que si bien la Constitución ha hecho una reserva legal para que buena parte de los asuntos relacionados con la materia electoral se regulen por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reservó para su texto, en el artículo 136, algunos de los principios considerados esenciales para la prevalencia del Estado democrático de Derecho. Entre ellos, el deber de velar por la pureza del proceso electoral cuya obligación se replica en el contenido del artículo 3 de la LEPP.
Así, la Corte de Constitucionalidad justifica legalmente su intervención en el proceso electoral. Sin embargo, antes de tomar una decisión, recuerda que el principio anterior se encadena con la función del Tribunal Supremo Electoral de procurar seguridad y certeza jurídica en el proceso electoral, la cual es fundamental para garantizar confianza en las relaciones jurídicas entre los diversos actores involucrados en dicho proceso: electores, candidatos, organizaciones políticas y autoridades electorales. De hecho, el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos indica que “El desarrollo de cada proceso electoral será fiscalizado por los órganos electorales y por las organizaciones políticas que participen…” (TSE, marzo de 2019), lo cual deriva en el hecho de que todo órgano electoral y organización política tienen el deber jurídico de realizar el debido escrutinio sobre cualquier anomalía que pueda presentarse dentro del proceso electoral.
En este sentido, la Corte de Constitucionalidad advierte que, dado que los partidos políticos solicitantes del amparo alegan anomalías en el funcionamiento del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) durante el escrutinio y presentan varias copias de las actas de las juntas electorales como justificación, el Tribunal considera que es meritorio el reencauzamiento del procedimiento para que prevalezca lo que ordena la Constitución.
Así, ante la necesidad de preservar la transparencia del proceso electoral frente a las acusaciones que la ponen en duda, con incidencia en el orden democrático que la autoridad electoral cuestionada está llamada a proteger en este caso, la Corte de Constitucionalidad estima que, en el presente caso, concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina y se dan los supuestos regulados en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, por lo que se otorga el amparo provisional solicitado.
“…este Tribunal estima, de los hechos relatados por las organizaciones políticas postulantes, así como con base en el análisis efectuado al escrito de amparo y a los documentos que se ofrecieron como medios de comprobación, que en el presente caso concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina y se dan los supuestos regulados en el artículo 28 ibidem, por lo que se otorga el amparo provisional solicitado” (CC, 1 de julio de 2023).
Ahora bien, el amparo provisional otorgado tiene los siguientes efectos positivos:
“a) que las Juntas Electorales Departamentales y la del Distrito Central, independientemente de que ya hubiesen llevado a cabo la audiencia de revisión de escrutinios, derivado de las denuncias que se hacen en este amparo, de las cuales se invoca no haber tenido noticia oportuna, convoquen a una nueva audiencia de revisión de escrutinios, en las que los sujetos legitimados podrán hacer valer las objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes, especialmente aquellas que generen las dudas que han planteado en amparo, en función del escrutinio y la calificación de votos que consta en las actas finales de las Juntas Receptoras de votos;
b) luego de realizada esta actividad, que los órganos electorales competentes realicen un cotejo entre las actas que formaron parte del proceso electoral a efecto de determinar si cada una de ellas cumplió con los requisitos legales y, en caso de establecer razonablemente que se pudo haber alterado el resultado de la votación, la Junta Electoral Departamental y/o del Distrito Central procedan a introducir las modificaciones pertinentes o, en su caso, analizar si concurren los supuestos de anulación que prevé la ley, sin perjuicio de cualquier otra actuación tendiente a la restitución de la seguridad en el proceso electoral; si para ello deviniera necesario un nuevo conteo de votos, así deberán disponerlo en resoluciones debidamente razonadas, con la presencia de los órganos electorales que determina la ley y representantes de las organizaciones políticas¸ para el efecto deberán velar por la conservación y seguridad de las respectivas boletas;
c) en tanto se dilucidan las situaciones anteriormente previstas, el Tribunal Supremo Electoral debe suspender la calificación y oficialización de resultados a efecto de que, para la fecha prevista para la segunda vuelta para elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado” (CC, 1 de julio de 2023).
Así, con el fin de cumplir los efectos positivos del amparo, la Corte de Constitucionalidad otorga un plazo de cinco días para celebrar la audiencia de revisión del escrutinio y, si procede, autoriza el conocimiento de las denuncias que los fiscales de los partidos no pudieron presentar ante las Juntas Receptoras de Votos. Posteriormente, se deberá realizar la depuración necesaria en un plazo no superior a quince días, a partir de la notificación de la presente resolución.
La Corte de Constitucionalidad deja claro que este pronunciamiento debe cumplirse estrictamente en los plazos mencionados para garantizar que la alternancia en el ejercicio del poder se produzca en la fecha prevista en la Constitución Política de la República y que emane de un proceso electoral que garantice la voluntad democrática de los ciudadanos, extremos que en ninguna circunstancia deben cuestionarse o modificarse (CC, 1 de julio de 2023).
Para ello, el 2 de julio, el Tribunal Supremo Electoral ordenó a las Juntas Departamentales y a la Junta Electoral del Distrito Central que procedieran según las ordenanzas de la Corte de Constitucionalidad. Además, suspendió la oficialización de los resultados de la primera vuelta electoral.
“El Tribunal Supremo Electoral
a la ciudadanía en general informa
Notificados el 1 de julio del presente año de la resolución del amparo 3731-2023, en vista de su contenido y alcances, es menester traer a colación el deber que impone el principio de velar por la pureza del proceso electoral, que se concatena con la función del Tribunal Supremo Electoral de procurar seguridad y certeza jurídica, deberes a los que el Tribunal ha sometido el evento electoral recién pasado, donde la administración e integridad de las elecciones fueron dotadas de las herramientas tecnológicas y logísticas modernas y científicas para proteger el régimen democrático del país.
En cumplimiento de ese deber, las audiencias de revisión de escrutinios a nivel nacional (artículo 238 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos) concluyeron en el plazo regulado, el viernes 30 de junio, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad habilitó de nueva cuenta, un período de 5 días donde las Juntas Electorales Departamentales deberán organizarse para llevar a cabo las audiencias de escrutinios, guardando rigurosamente las formas y requisitos que la ley especial de la materia impone, con la presencia de los actores que determina la ley.
En congruencia con lo antes indicado, este órgano electoral con fecha de hoy resolvió, que en ejecución de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad y en tanto se dilucidan las situaciones aludidas en su resolución, este órgano colegiado suspende la calificación y oficialización de resultados de las Elecciones Generales realizadas el veinticinco de junio de dos mil veintitrés.
Por lo anterior, los ciudadanos pueden seguir confiando en la autoridad electoral, nuestro compromiso es con Guatemala y la vocación de servicio es nuestra fidelidad con el fortalecimiento democrático.
Privilegiamos la certeza y seguridad jurídica del voto
Por unas elecciones transparentes y eficientes
Ciudad de Guatemala, 02 de julio de 2023” (TSE, 2 de julio de 2023).
b) La controvertida ambigüedad de la resolución de la Corte de Constitucionalidad: ¿recuento de todos los votos o solo de los de las actas impugnadas?
Tras el escándalo provocado por la impugnación de los resultados electorales por parte de los partidos políticos, que provocó la concentración de varias decenas de simpatizantes del partido Movimiento Semilla frente a las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad para presionar contra una posible resolución favorable al recurso de amparo interpuesto por los partidos contra el Tribunal Supremo Electoral (Prensa Comunitaria, 1 de julio de 2023), varios sectores sociales y misiones de observación nacionales e internacionales, dentro y fuera de Guatemala, cuestionaron la decisión de la Corte de Constitucionalidad y señalaron la existencia de un complot electoral para favorecer la continuidad de la alianza gobernante. “Analistas e instituciones cuestionan resolución de la CC que ordena repetir la audiencia de revisión de escrutinios”, informó Prensa Libre al día siguiente del fallo provisional (Prensa Libre, 2 de julio de 2023). “Tensión en Guatemala tras la impugnación que podría anular el resultado de las elecciones”, informó ese mismo día Infobae, diario digital argentino aliado de The Washington Post y Google (Infobae, 2 de julio de 2023). “La fase 2 del fraude en Guatemala” fue uno de los titulares de La Hora el último día de la audiencia de revisión del escrutinio ordenada por la Corte de Constitucionalidad (La Hora, 6 de julio de 2023).
Hubo incluso confusos incidentes relacionados con las redes sociales. El 5 de julio, ciertamente, Prensa Libre rechazó la “cobarde y anónima falsificación de su primera plana circulada por redes sociales desde la tarde del lunes” (3 de julio) (Prensa Libre, 5 de julio de 2023). “La gentuza netcentera participante es parte de los esfuerzos de partidos, del gobierno o de interesados en mentir o divulgar falsedades claras u ocultas, para sorprender al ciudadano preocupado por los acontecimientos políticos post electorales. A ellos les pido no divulgarlas y sospechar de la verdadera intención de quien se las envió”, afirmó el vicepresidente del diario (Prensa Libre, 5 de julio de 2023).
Ahora bien, la aclaración de Prensa Libre es tan ambigua, confusa y contradictoria que, en lugar de aclarar lo que supuestamente estaba sucediendo con la portada del diario, contribuyó a la desinformación, algo extraño si se tiene en cuenta que quien la escribió es un reconocido periodista que ocupa un alto cargo de dirección en dicho medio informativo.
La desinformación era tal que el mismo Alejandro Giammattei tuvo que pronunciarse el 10 de julio a través de un comunicado en redes sociales.
“Estimado Pueblo de Guatemala
Existe una campaña de desinformación con el ánimo de generar confusión y desestabilización.
Hago un llamado a todos los guatemaltecos a no dejarse sorprender.
Ante dicha campaña de desinformación y rumores absolutamente falsos y tendenciosos, por este medio manifiesto a ustedes, que respetuoso de la Constitución Política de la República de Guatemala y del plazo constitucional para el cual fui electo democráticamente, mi período Constitucional finaliza el 14 de enero de 2024, plazo improrrogable que respetaré, tal como juré hacerlo al asumir el cargo y como parte del fortalecimiento de nuestra democracia y Estado Constitucional de Derecho.
Sirva esta aclaración para reiterar mi llamado a que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo en la fecha señalada por la ley y con posterioridad, con quien resulte electo, se iniciará el proceso de transición respectivo.
Dios bendiga a Guatemala” (Gobierno de Guatemala, 10 de julio de 2023).
Mientras tanto, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, la Organización de los Estados Americanos (OEA), varias ONG (ciudadanas, de derechos humanos, académicas, religiosas), la Universidad Rafael Landívar (URL), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), el Consejo Nacional Empresarial (CNE), la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AMCHAM) y otros criticaron la decisión de la Corte de Constitucionalidad. A decir verdad, nunca la elección de nuevas autoridades en el Poder Ejecutivo había suscitado tanto interés a nivel nacional como internacional. De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) y la OEA expresaron su preocupación por la judicialización del proceso electoral y pidieron respetar la voluntad popular expresada en las urnas (Infobae, 2 de julio de 2023).
La preocupación de la comunidad internacional llegó a tal extremo que el propio jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, emitió un comunicado en el que advertía de que “sabotear las elecciones del 25 de junio sería una grave amenaza para la democracia, con profundas implicaciones” (InSight Crime, 4 de julio de 2023). Por su parte, la OEA cuestionó la acción judicial al considerar que, según la ley electoral, la impugnación la realizan los fiscales de los partidos políticos ante la Junta Receptora de Votos (JRV) el día de las elecciones. “Esa situación se ve hoy agravada por la instrumentalización de la justicia para buscar la invalidación de una elección que el domingo 25 de junio registró la voluntad popular”, dijo. “No existe razón para sospechar que hubo irregularidades de tal dimensión que alcanzaran a afectar las escogencias del electorado en la carrera presidencial”, concluyó (Infobae, 2 de julio de 2023). Además, la misión de observación de la Unión Europea instó a las “instituciones judiciales y [a los] partidos políticos [a] que respeten la clara voluntad de los ciudadanos expresada libremente en las elecciones del 25 de junio” (Infobae, 2 de julio de 2023).
En este contexto, el partido Winaq desestimó el amparo relacionado con los sistemas informáticos para, según dijo, “evitar que la acción interpuesta pueda ser utilizada a favor de actores políticos tradicionales vinculados a la corrupción, impunidad y cooptación del aparato del Estado” (La Hora, 2 de julio de 2023). Por su parte, Bernardo Arévalo pidió a sus adversarios que presentaran sus impugnaciones conforme a la ley: “Los partidos que están pidiendo el reconteo de votos, lo hacen sin respaldo legal porque saben que no tienen el apoyo del pueblo. Se trata de una pura acción intimidatoria que destruye la voluntad del cambio esperanzado que exige la mayoría de la población”, aseguró a los periodistas (La Hora, 1 de julio de 2023-1).
Sin embargo, el candidato del partido Semilla solo estaba parcialmente en lo cierto. Si bien los partidos políticos que interpusieron el amparo no lo hicieron ante la Corte Suprema de Justicia como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que la Corte de Constitucionalidad podrá conocer de un amparo cuando no se establezca claramente la competencia establecida en los artículos 11 a 14 de dicha ley y podrá, en todo caso, definir la situación, resolver provisionalmente y determinar la vía a seguir en el proceso, de conformidad con la ley. Por lo tanto, los partidos políticos no estaban actuando fuera de la ley. Conscientes de esta “argucia técnica”, como dijeron los abogados afines al partido Semilla (La Hora, 1 de julio de 2023-2), sus abogados actuaron conforme a la Ley de Amparo y consiguieron, al menos en este momento del proceso, lo que buscaban: suspender el recuento de votos e impedir la adjudicación de los cargos.
De hecho, lo que alertó a los opositores de la alianza gobernante sobre la decisión de la Corte de Constitucionalidad fue lo señalado en el inciso b) de su resolución, que indica que la Junta Electoral Departamental y/o del Distrito Central deberá, cuando el caso lo amerite, “analizar si concurren los supuestos de anulación que prevé la ley, sin perjuicio de cualquier otra actuación tendiente a la restitución de la seguridad en el proceso electoral; si para ello deviniera necesario un nuevo conteo de votos” (CC, 1 de julio de 2023). En otras palabras, y aunque los opositores a la medida cautelar solicitada por los partidos políticos prefirieron entender la orden de la CC como mejor les pareció, ésta ordenó cautelarmente “un nuevo conteo de votos”.
Sin duda, fue la ambigüedad de la resolución de la Corte de Constitucionalidad la que causó el desorden de la audiencia de revisión del escrutinio entre los dos grupos de partidos políticos que claramente definían la contienda electoral, ya que cada uno interpretó la resolución según su conveniencia. Mientras que los fiscales de Vamos, Mi Familia y el resto de partidos que solicitaron el amparo querían revisar acta por acta y volver a contar los votos, varias de las JED y la JEDC, entre ellas las que estaban del lado de Ricardo Quiñónez y Bernardo Arévalo, sostenían que solo debían revisarse las actas impugnadas.
Surge una pregunta: ¿falló así la Corte de Constitucionalidad para favorecer a los partidos solicitantes del amparo? Creemos que la CC dejó abierta la posibilidad de un nuevo recuento de votos para beneficiar a los partidos de la alianza gobernante, pero la enorme presión nacional e internacional en su contra hizo que no pudiera ser más explícita. Por ello, optó por redactar una resolución poco clara, dejando a los interesados su particular interpretación. Aunque los partidos postulantes tenían el argumento legal para exigir un nuevo recuento de votos y lo pelearon muchas veces a gritos en la sede de las Juntas Electorales Departamentales, ubicada en el Parque de la Industria (No Ficción, 11 de julio de 2023), al final, fueron los partidarios de Quiñónez y Arévalo quienes se impusieron, logrando el primero su reelección y el segundo disputar la segunda vuelta electoral.
La audiencia de revisión del escrutinio se llevó a cabo del 4 al 6 de julio. Entonces, en medio de los alegatos a favor o en contra de ambas posiciones, las Juntas Electorales Departamentales y la Junta Electoral del Distrito Central desarrollaron la revisión de las actas impugnadas y la verificación de los resultados del conteo preliminar. Sin embargo, varios partidos de la alianza gobernante, inconformes con el desarrollo de la revisión del escrutinio, señalaron los días 4 y 5 que las elecciones eran fraudulentas en el recuento de los votos. Así, salvo algunas pequeñas variaciones, la revisión de las actas impugnadas confirmó el jueves 6 de julio que los resultados de los candidatos ganadores y de los que competirían en la segunda vuelta coincidían con los resultados preliminares. De hecho, solo 422 actas de las 122,293 actas revisadas presentaron irregularidades.
Pero los partidos inconformes tenían un as bajo la manga. Jorge Baldizón, secretario general en funciones del partido Cambio, que había asumido el liderazgo de los nueve partidos que presentaron el recurso de amparo contra el Tribunal Supremo Electoral el 30 de junio, volvió a actuar ante la Corte Suprema de Justicia para que, tras el amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad, se hiciera un nuevo recuento de los votos de las elecciones generales de 2023: “Que se cumpla con lo que se está ordenando, que es precisamente un reconteo de votos”, dijo Baldizón (La Hora, 4 de julio de 2023). En este sentido, la noche del 3 de julio informó de que había solicitado en la CSJ la debida ejecución de lo resuelto por la CC en el amparo provisional del 1 de julio.
c) La solicitud de asistencia en la ejecución del amparo provisional
En la misma línea del partido Cambio, los partidos Valor y Todos presentaron ante la Corte Suprema de Justicia, los días 6 y 7 de julio respectivamente, una “solicitud de asistencia de ejecución de amparo provisional” para que el Tribunal Supremo Electoral informe de si las Juntas Electorales Departamentales de Sacatepéquez y Retalhuleu, en el caso de Valor, y en la Junta Electoral Departamental de Guatemala, en el caso de Todos, cumplieron el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad el 1 de julio de 2023 (CSJ, 7 de julio de 2023). En dicha solicitud, piden la revisión de todas las actas del escrutinio y un nuevo recuento de los votos.
Además, el 6 de julio, CREO interpuso un amparo contra la Junta Electoral del Distrito Central, acusándola de incumplir la resolución de la Corte de Constitucionalidad y solicitando la revisión de todas las actas de escrutinio y el recuento de los votos (CSJ, 7 de julio de 2023). Por su parte, el 7 de julio, el partido Cabal presentó ante la Corte Suprema de Justicia su desistimiento del amparo presentado en la CC el 30 de junio, explicando que su “decisión legal y política busca coadyuvar a que los plazos constitucionales en el proceso electoral se cumplan y que el 20 de agosto se realice la segunda vuelta de las elecciones generales” (Soy502, 8 de julio de 2023).
¿Estas acciones individuales de Valor y Todos formaron parte de la jugada anunciada por Jorge Baldizón el 3 de julio o fueron las circunstancias en las que se desarrolló la audiencia de revisión del escrutinio las que les hicieron actuar en contra de los resultados de las elecciones generales de 2023? Haciendo caso omiso de la astucia de Jorge Baldizón, que desde el 30 de junio demostró públicamente que conocía los procesos legales y las argucias técnicas para darles la vuelta, algunos afirman que fue CREO el que logró unificar a los ocho partidos políticos que interpusieron el amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral (No Ficción, 11 de julio de 2023). Sin embargo, otros aseguran que fue Jorge Baldizón y el partido Cambio los que se encargaron de reunir al resto de partidos políticos.
Sea como fuere, lo cierto es que, de acuerdo con la notificación de fecha 7 de julio de 2023 remitida por la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Supremo Electoral, “para uso de la Corte Suprema de Justicia”, la CSJ admitió a trámite las solicitudes de debido cumplimiento presentadas por los partidos Valor y Todos. Además, remitió a lo resuelto en el numeral romano tres (III) de la resolución de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés, que resuelve el registro trece mil cuatrocientos veinticinco (13425), presentado por el partido político Cambio, los amparos presentados por los partidos CREO y Cabal los días 6 y 7 de julio, respectivamente, (CSJ, 7 de julio de 2023).
Ahora bien, de conformidad con el procedimiento interno del Organismo Judicial (OJ), mediante notificación 58853, la presidenta de dicho organismo, Silvia Valdez, trasladó al Tribunal Supremo Electoral las solicitudes de asistencia de ejecución de amparo provisional de los partidos Valor y Todos, y los amparos interpuestos por los partidos CREO y Cabal. Esto se debe a que la Corte Suprema de Justicia, antes de emitir la sentencia de amparo, debe solicitar al Tribunal Supremo Electoral la información correspondiente a las audiencias de revisión de actas ordenadas por la Corte de Constitucionalidad, y establecer si se cumplió con cada uno de los aspectos señalados por el amparo provisional.
Sin embargo, tras filtrarse la notificación a los medios de comunicación, las críticas de la oposición no se hicieron esperar. En efecto, algunos medios escritos, basados en opiniones no siempre acertadas de algunos abogados, tergiversaron el contenido de la notificación, señalaron la labor de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y crearon zozobra en la población: Por ejemplo, el diario La Hora señaló que las resoluciones de la CSJ eran ilegales, pues solo contaban con la firma de la presidenta del Organismo Judicial, y tenían el propósito de retrasar la oficialización de los resultados electorales (La Hora, 8 de julio de 2023).
“El amparo provisional y su ejecución favorable o no, cuando son órganos judiciales colegiados, se dictan a través de un auto, el cual debe ser firmado por todos los magistrados”, escribió el abogado Ovidio Orellana en su cuenta de Twitter (La Hora, 8 de julio de 2023).
“La presidenta de la CSJ no tiene facultades para suspender ella sola con su firma el proceso electoral y menos aún puede apercibir el TSE. Increíble el nivel de abuso de poder que estamos presenciando”, comentó el abogado Alejando Balsells en su cuenta de Twitter (La Hora, 8 de julio de 2023).
Aunque el diario La Hora aclara al final del artículo que la notificación de la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Supremo Electoral fue solo una resolución de trámite y, aunque reconoce que en estos casos solo firma el presidente del cuerpo colegiado, lo que aparentemente aclara especulaciones anteriores, el diario La Hora insiste en que “la resolución ‘de trámite’ tiene efectos de fondo” (La Hora, 8 de julio de 2023). Así, un procedimiento normal en el Organismo Judicial se presentó como parte de un complot de los magistrados de la CSJ contra la oficialización de los resultados electorales.
En este contexto, el sábado 8 de julio, Bernardo Arévalo presentó un recurso de queja ante la Corte de Constitucionalidad contra las resoluciones del 6 y 7 de julio que admitieron a trámite las solicitudes de asistencia en la ejecución del amparo provisional presentadas a favor de los partidos Valor y Todos. La preocupación de Bernardo Arévalo, explicitada en su demanda, es que las resoluciones sobre el trámite de las solicitudes de asistencia ordenan, en el apartado V), que el Tribunal Supremo Electoral continúe con la suspensión de los resultados de la primera vuelta: “En tanto se dilucidan las situaciones anteriormente previstas el Tribunal Supremo Electoral continuará con la suspensión, calificación y oficialización de resultados, tal y como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en el inciso c) de la resolución de fecha uno de julio de dos mil veintitrés” (Arévalo de León, 8 de julio de 2023).
Además, Bernardo Arévalo solicita “que se certifique lo conducente en contra de la presidenta de la CSJ, por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, al posiblemente haber usurpado funciones que le corresponden a la CSJ integrada de conformidad con la ley” (Arévalo de León, 8 de julio de 2023). Así, en medio de las tensiones provocadas por los controvertidos resultados del 25 de junio, Bernardo Arévalo pide a la Corte de Constitucionalidad que admita a trámite la queja en contra de la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, y que deje sin efecto la resolución 2119-2023 OFICIAL 18 y se detenga el trámite de las solicitudes de asistencia de ejecución del amparo solicitadas a favor de los partidos Valor y Todos.
Por otra parte, ese mismo sábado 8 de julio, aproximadamente trescientos estudiantes de la Universidad de San Carlos afines a Semilla y opuestos al rector Walter Mazariegos salieron a la calle en la Zona 1 en protesta por el retraso judicial en los resultados electorales y señalaron que se estaba intentando retrasar la segunda vuelta de las elecciones.
No obstante, el lunes 10 de julio, en contra de cualquier especulación, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, declaró inadmisible el amparo provisional 2119-2023, que buscaba una nueva revisión del escrutinio de las elecciones del 25 de junio. “Esta Corte estima que el TSE ha dado cumplimiento a las audiencias de revisión de escrutinio, de conformidad con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, por lo que declara improcedentes las asistencias para la ejecución del amparo provisional (…). Por unanimidad, se declara sin lugar la ejecución del amparo provisional”, informó Rudy Esquivel, portavoz del Organismo Judicial (Prensa Comunitaria, 10 de julio de 2023). Esta es la declaración:
“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO, con base en lo considerado y leyes aplicables al resolver, DECLARA: I) IMPROCEDENTES las asistencias para la ejecución del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad en resolución de fecha uno de julio de dos mil veintitrés, solicitadas por Jorge Eduardo Baldizón Vargas, secretario general en funciones del partido político CAMBIO, en quien se unificó la personería de los postulantes del amparo; Carlos Alberto Molina Vargas, en calidad de Fiscal Departamental de Sacatepéquez del partido político VALOR; Mario Roberto De León Maldonado, en calidad de fiscal departamental de Retalhuleu del partido político VALOR; Byron Bladimiro Rodríguez Palacios, en calidad de secretario general del partido político TODOS, tercero interesado en el amparo arriba solicitado; Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán, en calidad de secretario general del partido político Compromiso, Renovación y Orden —CREO—, en contra del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL” (CSJ, 10 de julio de 2023).
Por ello, el 12 de julio, tras finalizar la verificación de los recursos de nulidad interpuestos por los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral emitió el Acuerdo 1328-2023, en el que se declaraba la validez de las elecciones celebradas el 25 de junio, así como los votos obtenidos por las diferentes organizaciones políticas que se presentaron a las elecciones presidenciales. Con este acuerdo, el TSE oficializó que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales postulados por los partidos UNE y Semilla son los que participarán en la segunda vuelta electoral (TSE, 12 de julio de 2023).
Sin embargo, la inconformidad con los resultados de las elecciones para la alcaldía de la Ciudad de Guatemala persistía. Ese mismo día, el partido CREO interpuso un recurso de queja ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, pues insiste en que la Junta Electoral del Distrito Central celebre una audiencia para el recuento voto por voto de la elección de alcalde de la Municipalidad de Guatemala. La denuncia señala que al menos 30 actas electorales deben ser depuradas, ya que no fueron firmadas por ninguno de los tres miembros de la Junta Receptora de Votos. Por ello, solicita que se ordene a la Junta Electoral del Distrito Central que realice una audiencia para la depuración de las actas y que, por este motivo, se remita la documentación al Tribunal Supremo Electoral con los resultados totales para la adjudicación de la corporación municipal (Prensa Libre, 12 de julio de 2023).
Según CREO, la Corte Suprema de Justicia violó el debido proceso al declarar improcedente la solicitud de ejecución de la orden de la Corte de Constitucionalidad, debido a que no otorgó audiencia a la Junta Departamental del Distrito Central. CREO argumenta que se debió verificar el cumplimiento de la medida cautelar, por lo que no se garantizó el derecho de defensa de las partes involucradas, ni el debido proceso. Por ello, CREO señala que la Corte de Constitucionalidad debe ordenar a la Corte Suprema de Justicia que deje sin efecto legal al menos 30 mesas (Prensa Libre, 12 de julio de 2023).
No obstante, la Corte de Constitucionalidad denegó la solicitud de amparo presentada por el partido CREO (Prensa Libre, 13 de julio de 2023-1), pues estimó que, en el caso referido, “se cumplió con los alcances del amparo provisional decretado en auto de uno de julio de dos mil veintitrés dictado por esta Corte en el expediente identificado como 3731-2023” (CC, 13 de julio de 2023-1).
Así se cerró el capítulo del supuesto fraude electoral en la elección de alcalde de la Municipalidad de Guatemala, dejando un doble sentimiento entre los partidarios de Roberto González. Por un lado, la satisfacción de haber luchado por el derecho de los ciudadanos a que se respete la democracia y, por otro, la certeza de haber sido víctimas de una confabulación entre el Partido Unionista, la Junta Electoral del Distrito Central y la Municipalidad de Guatemala.
No obstante, persistían las dudas sobre los sistemas informáticos.
C) ¿Explica la manipulación de los sistemas informáticos el supuesto fraude electoral?
La firmeza con la que José Murúa y Álvaro Bravo decidieron rescindir el contrato de la JEDC y la JEDG con la empresa Sega por la supuesta lentitud del sistema informático durante las elecciones del 25 de junio (Emisoras Unidas, 29 de junio de 2023) genera dudas, ya que ambos manifestaron estar convencidos de su decisión durante las conversaciones con los fiscales de los partidos políticos sobre la falta de transparencia en la adquisición de este sistema alternativo para el conteo de votos y transmisión de resultados, argumentando la necesidad de transmitir los datos al Tribunal Supremo Electoral el día de las elecciones (Prensa Libre, 8 y 16 de junio de 2023).
En efecto, el 29 de junio la Junta Electoral del Distrito Central convocó una rueda de prensa para informar, entre otras cosas, de que había cancelado el contrato con Sega, S.A. debido a la lentitud que presentó el sistema informático el día de las elecciones. Como si solo se tratara de una cuestión de dinero o como si solo eso interesara a los votantes, José Murúa dijo, en otras palabras, que no había problema porque ya se había tomado la decisión de rescindir el contrato: “En el gobierno no existen anticipos, no existen pagos por servicios no concluidos, a diferencia de la empresa privada. Aquí al momento en que das por concluido un contrato porque no se llevó a cabo el servicio contratado, ahí termina, no hay pago al respecto”, señaló, como si nada, el presidente de la JEDC (Emisoras Unidas, 29 de junio de 2023).
Entonces, tras el dudoso papel cumplido por la Junta Electoral del Distrito Central en la reelección del alcalde Ricardo Quiñónez, esta aseguró que para las elecciones de la segunda vuelta no habría de qué preocuparse porque en esa ocasión se utilizaría de nuevo el TREP. “Para garantizar la transparencia y agilidad en la transmisión de los resultados” se utilizará nuevamente el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares, dijo (Emisoras Unidas, 29 de junio de 2023).
Una vez más, surge la pregunta de qué ocurrió realmente durante las elecciones a la alcaldía de Ciudad de Guatemala. Esta cuestión cobra más relevancia aún tras las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral: “Tuvimos que intervenir en algunos momentos, a llamarlos, a pedirles explicaciones ya que no llegaba los datos de Guatemala”, dijo la magistrada Palencia (Emisoras Unidas, 29 de junio de 2023). ¿Se estaba llevando a cabo el fraude de la Municipalidad de Guatemala en ese momento?
De hecho, dijo la magistrada Irma Palencia, los magistrados “nunca conocieron el funcionamiento del sistema interno de las juntas electorales, pero sí hubo bastantes ocasiones en que tuvimos que llamarles”. La supuesta gravedad de los fallos del sistema informático contratado por la JEDC fue tal que la junta electoral, presidida por José Murúa, no pudo enviar los datos con mayor facilidad: “Ya como a las 11 empezaron a fluir más los datos de ellos, que al ser un 24% afectaba la totalidad”, agregó la presidenta del TSE (Emisoras Unidas, 29 de junio de 2023). ¿Todo ello formó parte de una trama electoral, de un fraude electoral, para asegurar la reelección de Ricardo Quiñónez en la alcaldía de Guatemala?
Las dudas sobre la elección de alcalde de la Ciudad de Guatemala aumentan aún más cuando, al revisar los periódicos, encontramos que, en una conferencia de prensa el 17 de julio, la magistrada Irma Palencia informó de que la Junta Electoral del Distrito Central había rescindido el contrato con la empresa Sega, S.A., y de que la Junta Electoral del Departamento de Guatemala analizaba tomar la misma decisión: No esperamos que en la segunda vuelta utilicen otra herramienta que no sea el TREP oficial, que ya se conoce, que tiene un enlace muy fácil. Esperamos que nos acompañe conforme se vayan dando los resultados, después del cierre de las mesas electorales, dijo la presidenta del TSE (La Hora, 17 de julio de 2023-1).
Ahora bien, el miércoles 5 de julio se difundió en redes sociales un oficio del Ministerio Público dirigido al Tribunal Supremo Electoral en el que le solicitaba que le remitiera copia certificada del contrato suscrito por la Junta Electoral Departamental de Guatemala y la empresa Sega, S.A., relacionado con la adquisición de software (Prensa Comunitaria, 6 de julio de 2023).
Según aclaró ese mismo día el Ministerio Público, se trataba de un requerimiento de información del MP al TSE en seguimiento a una denuncia presentada por el entonces candidato a diputado Carlos Velásquez Monge del Partido Republicano. Sin embargo, el aviso oficial de la Fiscalía alertó a las ONG que vigilaban el desarrollo del proceso electoral. Mirador Electoral, en un comunicado, ratificó que todos los integrantes de las Juntas Electorales Municipales, Juntas Electorales Departamentales y de la Junta Electoral del Distrito Central, gozan del derecho de antejuicio porque la Ley Electoral de Partidos Políticos es de rango constitucional (Prensa Comunitaria, 6 de julio de 2023).
Había que esperar, pues, hasta el final del proceso electoral el 31 de octubre de 2023 para que el Ministerio Público pudiera investigar a fondo este asunto, que ciertamente generó sospechas entre los votantes y los partidos políticos. De hecho, la adquisición del sistema paralelo de recuento de votos suscitó varias reacciones. Por ejemplo, el 24 de junio, el partido VOS denunció supuestas irregularidades en la adquisición de dos sistemas informáticos que se utilizarían para la digitalización de los votos y la transmisión de los resultados electorales preliminares (Prensa Comunitaria, 6 de julio de 2023).
Además, días después de las elecciones del 25 de junio, los representantes del partido Valor presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por supuestos delitos de falsedad ideológica con agravante electoral contra todas las Juntas Electorales Departamentales. La acción legal afecta a los representantes de las empresas Datasys y Pronet, ambas dependientes de Datasys, S.A., encargadas de la transmisión de resultados electorales preliminares, así como a los digitadores de las empresas encargadas de la difusión de los datos preliminares.
De hecho, el Ministerio Público está investigando denuncias penales por una posible manipulación de los sistemas informáticos de la JEDG y la JEDC, así como por una posible manipulación del TREP, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral presentó un informe en el que se reflejaba el buen funcionamiento y la ausencia de vulnerabilidad del TREP durante las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto (TSE, 21 de septiembre de 2023), y a pesar de la presión ejercida por entidades internacionales, gobiernos extranjeros, así como por ONG y medios de comunicación escritos y digitales nacionales y extranjeros. Por otro lado, el 27 de septiembre, el MP denunció a todos los magistrados del TSE por la compra del TREP y solicitó la retirada de la inmunidad de los magistrados titulares y suplentes, acusándolos de tres delitos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude (Prensa Libre, 28 de septiembre de 2023).
Por tanto, existen causas penales derivadas de cuestiones electorales, pero también de posibles problemas de corrupción. Entre ellos, el caso “Corrupción Semilla”, presentado por el Ministerio Público el 13 de julio de 2023, justo un día después de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los cuestionados resultados presidenciales de la primera vuelta de las elecciones generales de 2023.
3. “Corrupción Semilla”: ¿trama de corrupción o argucia legal?
El miércoles 12 de julio es, sin duda, un día clave para entender el desarrollo futuro del proceso electoral de 2023. Ese día, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, informó de la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla por un caso de corrupción. “En un nuevo caso de corrupción e impunidad denominado ‘Corrupción Semilla’ a solicitud de la FECI, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla” (La Hora, 12 de julio de 2023), afirmó Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, momentos antes de que el Tribunal Supremo Electoral declarara la validez de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales del 25 de junio.
Este polémico caso, que salió a la luz en medio de las ya turbulentas condiciones políticas y electorales del país, dio lugar a dos interpretaciones distintas. Para quienes veían con buenos ojos el triunfo de Bernardo Arévalo y el partido Semilla, el caso “Corrupción Semilla” era una “argucia legal” (La Hora, 14 de julio de 2023) del grupo de poder encabezado por Alejandro Giammattei desde la presidencia de la República para impedir la participación del candidato del partido Semilla en la segunda vuelta, lo cual era lógico pensar si se tenía en cuenta lo sucedido desde el comienzo del proceso electoral. Para quienes se oponían al triunfo de Bernardo Arévalo y del partido Semilla, el descubrimiento del caso “Corrupción Semilla” era una acción oportuna del Ministerio Público que impediría la participación del candidato del partido Semilla y allanaría el camino para que otro candidato de los partidos de la alianza gobernante pasara a la segunda vuelta electoral. En la misma línea de opinión se encontraban quienes pensaban que la acción del Ministerio Público tenía como objetivo mantener a Alejandro Giammattei en la presidencia de la República.
Sea como fuere, lo cierto es que el caso “Corrupción Semilla” se comunicó oficialmente a través de las redes sociales el 12 de julio de 2023 y que, a partir de entonces, se incrementaron las turbulencias políticas y sociales generadas por las pugnas entre dos grupos de poder interesados en controlar el Poder Ejecutivo. Para aclarar nuestras dudas, veamos en qué consiste.
A) El caso “Corrupción Semilla”
Según la información proporcionada por el Ministerio Público el 16 de julio de 2023 (MP, 16 de julio de 2023), el caso “Corrupción Semilla” se inició con una denuncia presentada el 14 de julio de 2022 ante la Fiscalía de Delitos Electorales por un ciudadano que afirmó haber sido inscrito ilegalmente en el partido político Movimiento Semilla, pues la denuncia inicial presentada ante el Tribunal Supremo Electoral el 18 de mayo del mismo año había sido infructuosa. De hecho, el 24 de mayo de 2022, el TSE respondió al ciudadano que no era posible darle trámite a su denuncia, ya que no formaba parte de sus funciones.
Ahora bien, el ciudadano presentó su denuncia ante el Ministerio Público a principios de 2023. Posteriormente, el 14 de marzo, el partido político Movimiento Semilla, a través de su secretario general y candidato a la Presidencia de la República, César Bernardo Arévalo de León, denunció a Jaime Gabriel Gudiel Arias y presentó una copia de un documento de adhesión masiva de fecha 18 de abril de 2018, firmado entre el Movimiento Semilla y el Equipo de Adhesiones.
Así, el 24 de marzo, tras la investigación correspondiente y tras determinar que la letra y firma del denunciante habían sido falsificadas, el caso fue trasladado a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que procedió a localizar a las personas incluidas en los listados de afiliación. Entonces, se determinó que más de cinco mil ciudadanos podrían haber sido afiliados ilegalmente al partido político Movimiento Semilla mediante la falsificación de documentos. De hecho, en su declaración testimonial se estableció que ninguna de las personas adheridas al partido Movimiento Semilla había firmado las hojas de adhesión y que su letra y firma eran falsas. Además, se descubrió que 12 personas fallecidas habrían sido inscritas en dicho partido político y que, en muchos casos, una misma huella digital había sido asignada a varias personas.
Además de alterar los registros, la FECI determinó que el Movimiento Semilla pagó en 2018 a un equipo de adhesión Q7 quetzales por firma recolectada, lo que supone un total aproximado de Q175,000 quetzales, cuyo origen se desconoce.
El Ministerio Público presentó estos hechos ante el Tribunal Supremo Electoral el 30 de mayo de 2023, pero no fue sino hasta el 11 de julio de 2023 (un día después de que la Corte de Constitucionalidad negara el amparo interpuesto por los nueve partidos políticos que denunciaron irregularidades en las elecciones del 25 de junio y un día antes de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados de la primera vuelta) cuando el TSE envió el último informe requerido por el Ministerio Público que corroboraba la información solicitada.
El 13 de julio, la FECI realizó una diligencia de allanamiento, inspección y registro en la sede del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE con el objetivo de obtener indicios que fortalecieran la investigación. El 21 de julio, la FECI realizó esa misma diligencia en la sede del partido Movimiento Semilla con el mismo objetivo.
El informe del Ministerio Público concluye aclarando que “ninguna de las actuaciones tiene la finalidad de interferir en la fecha de la realización de la segunda vuelta, ni de inhabilitar la participación de ningún candidato” (MP, 16 de julio de 2023). Sin embargo, en los meses siguientes se producirá una sorprendente movilización social contra las acciones del Ministerio Público y en “defensa de la democracia”.
Para comprender mejor el caso de corrupción descubierto en el partido Semilla, veamos los principales avances de la investigación de la FECI contenidos en los informes del Ministerio Público publicados el 8 de diciembre de 2023.
a) Evolución del caso “Corrupción Semilla”
En el informe presentado el 8 de diciembre de 2023 (MP, 8 de diciembre de 2023), el Ministerio Público refirió que el caso “Corrupción Semilla” está compuesto por tres fases que han contado con el apoyo de entidades técnicas y científicas como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el Registro Nacional de las Personas (RENAP) y el Tribunal Supremo Electoral, que le han permitido generar indicios y pruebas a través de una investigación penal objetiva.
Por tanto, existen tres capítulos fundamentales en la investigación: “Caso Corrupción Semilla Investigación Fase I”, “Caso Corrupción Semilla Investigación Fase II Financiamiento Electoral No Registrado y Lavado de Dinero” e “Ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral 2023”. Veamos en qué consiste cada una de ellas.
Caso Corrupción Semilla Investigación Fase I
Un dato importante que aparece en el informe de la Fase I es el relacionado con la denuncia presentada por un ciudadano ante el TSE el 18 de mayo de 2022. Según este informe, el 24 de mayo de 2022, el Tribunal Supremo Electoral respondió al ciudadano que no podía tramitar su denuncia por no estar dentro de su ámbito de funciones y atribuciones, pero no la remitió al Ministerio Público para su trámite respectivo. Por tanto, el TSE omitió su deber de presentar la denuncia.
Además, aunque la confusa redacción de esta parte de la presentación tiende a enredar la información, resulta novedosa la responsabilidad que el Ministerio Público atribuye a Samuel Andrés Pérez Álvarez, quien siendo secretario general del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semilla, solicitó la inscripción de dicho partido ante el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral el 31 de octubre de 2018, a pesar de tener conocimiento de los hechos ilícitos relacionados con la campaña de afiliación que el Movimiento Semilla pagó en 2018 para lograr los 25,000 afiliados que establece la ley para constituirse como partido político. Ahora bien, el TSE inscribió el partido político Movimiento Semilla a pesar de tener pleno conocimiento de los hechos ilícitos ocurridos en los documentos presentados, lo que involucra a funcionarios en los delitos cometidos. De hecho, afirma el MP, la participación del partido político Movimiento Semilla en la política no hubiera sido posible, ya que el Comité Pro Formación del Partido no cumplía con los requisitos legales para su inscripción.
Ahora bien, este caso de corrupción también salpica a Bernardo Arévalo de León, candidato presidencial del partido Semilla, quien, en su calidad de secretario general y representante legal de dicho partido, presentó una denuncia contra Jaime Gabriel Gudiel Arias el 14 de marzo de 2023, acusándole de los hechos que se estaban investigando. De hecho, el Ministerio Público afirma que Bernardo Arévalo adjuntó a su denuncia un documento fechado el 18 de abril de 2018 que pretendía presentar como “contrato de adhesión masivo” con el “equipo de adhesión” de Iliana y Ashley Gudiel, suscrito por Samuel Pérez, Iliana Gudiel y Alberto Sánchez, aun cuando no reunía los requisitos legales para ser denominado contrato y presentaba la anomalía de haber sido firmado por Ileana Gudiel y no por el denunciado Jaime Gabriel Gudiel Arias.
Además, el secretario general del partido Semilla desobedeció la orden del juez contralor de entregar la denuncia y el supuesto contrato en original en un plazo de 48 horas, requerimiento que le fue entregado al abogado Hugo Bautista el 21 de julio de 2023. De hecho, hasta el 8 de diciembre de 2023, fecha de presentación de este informe del Ministerio Público, no lo había entregado, por lo que el juez contralor certificó lo procedente contra quien resulte responsable por dicha desobediencia y obstrucción a la justicia.
Por otra parte, el Ministerio Público señala que Bernardo Arévalo, en su calidad de secretario general y representante legal del partido Movimiento Semilla, omitió y eludió denunciar a Cinthya Alejandra Rojas Donis, a pesar de que esta persona declaró bajo juramento que los datos contenidos en las hojas de adhesión son verídicos, lo que revela su intención de encubrir su responsabilidad y participación en los hechos denunciados, y su deseo de que se persiguiera únicamente a personas seleccionadas por él.
Por ello, la fiscal Leonor Morales refirió que el mismo día de la presentación del informe, 8 de diciembre de 2023, se presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra de Bernardo Arévalo y Samuel Pérez, quienes ostentan el cargo de diputados del Congreso de la República. Además, se solicitó la aprehensión de Jaime Gabriel Gudiel Arias y Cynthia Alejandra Rojas Donis por los delitos de falsedad ideológica con agravación electoral de forma continuada.
Cabe mencionar que en las hojas de adhesión se encontraron varias situaciones ilícitas que el Registro de Ciudadanos omitió maliciosamente en beneficio del Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Asimismo, el Registro de Ciudadanos omitió depurar las hojas de adhesión en los 15 días estipulados. De haberse subsanado todas las ilegalidades que permiten la adhesión de personas al Comité Pro Formación, afirma la FECI, este habría tenido solo 16,124 personas adheridas, cantidad con la que no podría haberse constituido como partido político y, por tanto, no habría nacido a la vida jurídica (MP, 8 de diciembre de 2023).
Caso Corrupción Semilla Investigación Fase II Financiamiento Electoral No Registrado y Lavado de Dinero
En 2019, el partido político Movimiento Semilla participó por primera vez en un proceso electoral. A raíz de las investigaciones de la FECI, se solicitó un informe financiero de una auditoría realizada a dicho partido en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Entonces, la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos del Tribunal Supremo Electoral remitió el Informe Final No. APP-013-2021, “Auditoría financiera”, que estableció varios hallazgos relacionados con el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables, y con deficiencias de control interno.
En el primer caso, por ejemplo, existen diferencias entre las cifras reflejadas en el Estado de Ingresos y Egresos con los Informes de Financiamiento Privado por Origen de los Recursos de Gastos Realizados (GR-PRI) e Informe de Campaña Electoral (INFOCAMP) (hallazgo No. 1); incongruencias en las cifras registradas en el estado de ingresos y egresos con los registros del libro mayor (hallazgo No. 2) y recibos de ingresos emitidos sin identificar al financista de la aportación dineraria (hallazgo No. 3). En el segundo caso, existen gastos permanentes correspondientes a gastos de campaña electoral (hallazgo No. 1).
Pero también hay otras revelaciones importantes. Entre otras, existen documentos por pagar que corresponden a préstamos dinerarios realizados por particulares y respaldados con reconocimientos de deuda y declaraciones de préstamos sin intereses, firmados por Samuel Pérez, secretario general de la junta directiva del Comité para la Constitución del Partido Político Movimiento Semilla en los años 2017 y 2018, que la organización política registró como parte de sus obligaciones en el balance de situación general al 31 de diciembre de 2019. En este se observa que no se cumplieron los plazos de pago, ya que no hubo cargos ni abonos.
Por ello, el Ministerio Público ha determinado que se han cometido delitos relacionados con la fiscalización electoral de fondos (art. 407 “L” del Código Penal) y el financiamiento electoral no registrado (art. 407 “O” del Código Penal), y ha señalado al personal responsable del partido político Movimiento Semilla, entre los que se encuentran Samuel Pérez y Ligia Iveth Hernández Gómez, a quienes ha solicitado que retiren el derecho de antejuicio.
Ahora bien, dado que el partido político Movimiento Semilla no pudo desvirtuar los hallazgos de la auditoría financiera practicada por la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, la Dirección General del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, en resolución del 8 de junio de 2022, impuso al partido político Movimiento Semilla la sanción de 50,001 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley electoral y de partidos políticos.
Para cancelar dicha multa, el partido político Movimiento Semilla llevó a cabo las siguientes acciones. El 28 de julio de 2022, mediante escritura pública número 14, la notaria Andrea María Reyes Zeceña realizó un contrato de préstamo con garantía fiduciaria, que suscriben las siguientes personas: César Bernando Arévalo De León, en su calidad de secretario general y representante legal del partido político Movimiento Semilla, como deudor; Ligia Iveth Hernández Gómez y Samuel Andrés Pérez Álvarez, como fiadores, con Félix Manuel Alvarado Browning como acreedor, por la cantidad de 44,000 dólares. Además, ese mismo día, la notaria Diana Odette Benavides Lázaro hizo constar la declaración jurada de Félix Manuel Alvarado Browning, quien manifestó que sus ingresos son lícitos y que provienen de sus actividades comerciales y de consultoría, legalmente registradas y facturadas.
Sin embargo, el Ministerio Público ha considerado que el secretario general y representante legal del partido político Movimiento Semilla, y diputado del Congreso de la República, Bernardo Arévalo, cometió el delito de lavado de dinero y otros activos (artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos), por lo que ha determinado solicitar el retiro del derecho de antejuicio (MP, 8 de diciembre de 2023).
Ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral 2023
Según el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral cometió varias ilegalidades durante el proceso electoral de 2023 (MP, 8 de diciembre de 2023). Entre ellas, destacan las encontradas en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y en el Tribunal Supremo Electoral, tras los allanamientos del 12 y 29 de septiembre, respectivamente. En estos se determinó que el TSE había incurrido en ilegalidades en la custodia de las cajas electorales, ya que en dichas cajas no se encontraba el documento 4, que muestra los datos de los votos obtenidos por los candidatos, y que los formatos de los documentos utilizados no eran uniformes.
Esto lleva al Ministerio Público a afirmar que la suma de los hallazgos encontrados hasta el momento denota la opacidad en la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, su falta de transparencia y su complicidad en actos ilegales.
“El hallazgo relacionado, concatenado con los otros hallazgos descritos, denotan la opacidad en el actuar de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, su falta de transparencia al omitir publicar todos los acuerdos emitidos, ya que (…) fue permisivo y facilitador para la comisión de delitos que atentaron contra el proceso electoral, y la dolosa omisión de publicar los acuerdos emitidos de conformidad con la ley, permitió una serie de acciones que probablemente les permitía emitir acuerdos con posterioridad, con el propósito de avalar la comisión de acciones ilegales” (MP, 8 de diciembre de 2023).
Por supuesto, las irregularidades detectadas por el Ministerio Público están respaldadas por pruebas. En este nivel de la investigación, el Ministerio Público señala tres acciones ilegales cometidas por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral con la complicidad de trabajadores del TSE y personas ajenas a este: 1) sobrevaloración e ilegalidades en la adquisición de los sistemas TREP y SEGA; 2) sabotaje al sistema informático del Tribunal Supremo Electoral; y 3) ilegalidades cometidas por personal del Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral.
Además de las pruebas de las irregularidades ya mencionadas, la Fase III del Informe reporta posibles ilícitos en la contratación de empresas para la impresión de material electoral (de 9 empresas solo 4 fueron reportadas al MP por el TSE, entre ellas, una cuyo objeto no tiene nada que ver con la impresión de material electoral), incumplimiento del documento 4 de los requisitos señalados por la ley y alteración de información contenida en documentos electorales.
Por ello, se informa que se solicitó la orden de aprehensión contra Jorge Salvador Santos Neill, director de Informática del Tribunal Supremo Electoral, por los delitos de abuso de autoridad y falsedad material con agravación electoral; y en contra de Alejandra María Chiroy Castro, directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, por el delito de abuso de autoridad (MP, 8 de diciembre de 2023).
El informe sobre las ilegalidades cometidas por el Tribunal Supremo Electoral continúa con una lista de irregularidades detectadas que, dada la naturaleza de este trabajo, mencionaremos solo por sus títulos:
· Digitadores afiliados al partido Movimiento Semilla.
· Otras ilegalidades: 1) Incumplimiento de formalidades posteriores al llenado de los documentos 4, actas finales de cierre de escrutinio; 2) Incumplimiento de las disposiciones legales por parte de las juntas electorales municipales (JEM) en la verificación del cumplimiento de los requisitos de las actas finales de cierre y escrutinios; 3) Incumplimiento de la exactitud de los datos contabilizados, ya que no tomaron en cuenta actas ilegibles y votos de lugares con disturbios.
· Resoluciones del TSE que violan el artículo 157 de la Constitución Política de la República.
Además, existe un importante apartado sobre “Falsedad material en actas 8”. Los títulos de esta sección son los siguientes:
· Ilegalidades en las actas 4 y 8.
· Actas faltantes dentro del TREP.
· Actas 4 faltantes dentro del TREP.
· Hallazgos al confrontar las actas 4 del TREP y las actas 4 blancas digitalizadas.
· Diferencias en las sumatorias de las actas 4 del TREP y las cifras de las actas 8.
· Diferencias en las fechas de la gráfica del acta 4 y las fechas de los datos grabados en el TREP.
· Precarga ilegal de datos.
Así, el Ministerio Público asegura que la información obtenida hasta el momento refleja que se realizaron precargas ilegales de información en el sistema y afirma que todas las cargas realizadas antes de las 18:00 horas son ilegales y fraudulentas, ya que se subieron al sistema cuando muchos guatemaltecos aún no habían votado (MP, 8 de diciembre de 2023).
Ahora bien, la suspensión de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla el 12 de julio sacudirá a sus simpatizantes y generará las primeras protestas contra la fiscal general, Consuelo Porras; el titular de la FECI, Rafael Curruchiche; y el juez Séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, a quienes se pedirá que renuncien a sus cargos. A partir de ahora, la prioridad de las organizaciones, asociaciones, agrupaciones y gremios afines a Bernardo Arévalo y al partido Semilla será forzar la renuncia de las autoridades judiciales bajo el argumento de la defensa de la democracia.
4. Inicio de las protestas sociales
Si el 4 de julio los 48 Cantones de Totonicapán convocaron a las diversas organizaciones indígenas, sociales y gremiales a sumarse a las manifestaciones que se convocarían en caso de que la Corte de Constitucionalidad no revocara la resolución provisional de amparo que favorecía a los partidos políticos que solicitaban un nuevo recuento de votos y la revisión de las actas de escrutinio (Prensa Libre, 4 de julio de 2023), a partir del 13 de julio las convocatorias y acciones de los 48 Cantones de Totonicapán contra el Ministerio Público también apuntarían a la unidad con los pueblos indígenas para defender la democracia (Soy502, 13 de julio de 2023). De hecho, el 13 de julio, el Consejo de Autoridades Indígenas de los 48 Cantones, junto con los pueblos indígenas articulados de Guatemala, se declararon en asamblea permanente a la espera de la decisión del Registro de Ciudadanos sobre la suspensión del partido Semilla (Prensa Libre, 13 de julio de 2023-2).
A) Llamado a la movilización social: ¿En defensa de la democracia o contra los fiscales y jueces que llevan los casos penales del partido Semilla?
Varios acontecimientos importantes tuvieron lugar entre el 12 y el 13 de julio, tras la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla y el allanamiento del Registro de Organizaciones Políticas del TSE por parte de la FECI. El día 12, decenas de simpatizantes del partido se concentraron frente al edificio del Ministerio Público para manifestar su rechazo a las acciones de la FECI y exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras. El día 13, el partido Semilla presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para detener la investigación de la FECI, alegando que era ilegal. Además, Bernardo Arévalo denunció al fiscal Rafael Curruchiche ante el Ministerio Público por la comisión de cinco delitos graves. Mientras tanto, un creciente grupo de simpatizantes del partido se sumó a las protestas para exigir que se detuvieran las investigaciones contra el partido Semilla y que se respetaran los resultados de la primera vuelta.
Por otra parte, varias organizaciones sociales se solidarizaron con las acciones de los simpatizantes del Movimiento Semilla y empezaron a pronunciarse a través de comunicados o sumándose a las protestas que se iban organizando a medida que pasaban los días. Una de ellas fue la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán.
a) Pronunciamiento de los 48 Cantones de Totonicapán
El llamado del 13 de julio de los 48 Cantones de Totonicapán a defender la democracia fue un claro respaldo a Bernardo Arévalo, ya que existía una relación previa entre ellos. De hecho, el 27 de marzo de 2023, justo cuando iniciaba la campaña electoral, representantes de esta organización indígena se reunieron con él afuera del Congreso de la República para presentarle sus demandas (Arévalo de León, 28 de marzo de 2023). Así, tras la suspensión del partido Semilla y el allanamiento del Registro de Organizaciones Políticas, los 48 Cantones de Totonicapán se pronunciaron sobre la coyuntura electoral y pidieron el apoyo de los guatemaltecos para paralizar el país.
“A partir de hoy estaremos coordinando [las] acciones a tomar como pueblos indígenas en defensa de nuestra democracia, en función a ello (sic) tomaremos decisiones en torno al inicio de movilizaciones en todo el país, hacemos un llamado a las sociedades civiles, pueblo en general y comunidad universitaria a que en su momento oportuno se unan y paralicemos el país hasta hacer respetar nuestros derechos y logremos retomar nuestro estado de Guatemala demostrando que nuestra democracia se respeta”, se lee en el comunicado de esta fecha (Soy502, 13 de julio de 2023).
Como se observa, la paralización del país fue la acción que los líderes de los 48 Cantones de Totonicapán propusieron a los diversos sectores sociales para hacer valer los resultados de la primera vuelta y, con el esperado triunfo de Bernardo Arévalo en la segunda, arrebatar el Estado al grupo de poder que tomó el control con la llegada de Jimmy Morales a la Presidencia en 2016. Así, diversos sectores sociales que en su momento apoyaron la lucha contra la corrupción respondieron a su llamada.
b) Pronunciamientos de otros sectores sociales
El 13 de julio, la Universidad Rafael Landívar, promotora del Movimiento Semilla y base social y política del partido, llamó a defender la democracia para tener un futuro esperanzador. En un comunicado, llamó a respetar el orden constitucional y las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, emitidas en pleno cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas durante la primera vuelta. Además, la URL exigió respetar la integridad del proceso electoral y la soberanía que reside en el pueblo, según el artículo 141 de la Constitución, ya que no hacerlo conlleva un grave peligro para la institucionalidad, atenta contra la libertad y dignidad del pueblo, e irrespeta el derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes (La Hora, 13 de julio de 2023-1).
En este sentido, la URL expresó su preocupación por la regresión democrática, que avanza a pasos acelerados y que está impulsada por “actores no gubernamentales y públicos”, en detrimento de los mandatos encomendados, e instó a los altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad a cumplir con su obligación de mantener el orden constitucional del país (La Hora, 13 de julio de 2023-1).
Incluso la conservadora Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) repudió, mediante un comunicado fechado el 14 de julio, que el Ministerio Público intentara romper el orden constitucional y el estado de derecho (La Hora, 13 de julio de 2023-2).
Por su parte, Comediantes en Resistencia y Justicia Ya, dos agrupaciones típicas del Movimiento Semilla, convocaron a una nueva manifestación frente al Ministerio Público para el sábado 15 de julio (La Hora, 15 de julio de 2023). El rechazo a las acciones del Ministerio Público había llegado a tal extremo que algunos guatemaltecos residentes en Estados Unidos y México se manifestaron frente a las embajadas de Guatemala en esos países, uniéndose a las protestas que se estaban produciendo en Guatemala (La Hora, 15 de julio de 2023).
El periódico La Hora, que no ocultaba su simpatía por Bernardo Arévalo y el partido Semilla, aprovechó la publicación en sus páginas de un pronunciamiento sobre la situación en Guatemala por parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, integrada por exjefes de Estado y de gobierno conservadores, para definir sus aspiraciones ideológicas e influir en sus lectores: “No es una lucha, pues, de izquierdas y derechas, sino una lucha entre los que creen en la democracia y quienes quieren atropellar la voluntad popular simplemente porque no les gustó el resultado. Es una lucha entre ciudadanos y autócratas que se manifiesta cada día con mayor ímpetu en nuestra misma Guatemala, donde se están produciendo situaciones gravísimas para anular una elección que, contra todo pronóstico, dejó fuera a casi todos los que habían pactado con el sistema” (La Hora, 17 de Julio de 2023-2).
Así, cuatro días después de que la FECI solicitara la suspensión del partido Semilla, continuaban las expresiones de rechazo a sus acciones y las protestas frente al Ministerio Público para exigir la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Fredy Orellana.
Para tener una visión más completa del momento político que se vivió tras el anuncio de la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla, veamos cómo este y Bernardo Arévalo lograron posponerla hasta después del 31 de octubre, fecha de cierre del proceso electoral de 2023.
B) El recurso de amparo presentado por el partido Semilla y la resolución de la Corte de Constitucionalidad
Tras la anunciada suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla, ordenada por el Juez Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, Fredy Orellana, dentro del expediente 0179-2023-00231, el partido político Movimiento Semilla promovió un recurso de amparo contra el Tribunal Supremo Electoral el 13 de julio de 2023, por medio de su representante legal, César Bernardo Arévalo de León. En él, señala como acto reclamado el peligro de que el Tribunal Supremo Electoral suspenda el curso normal y vulnere el proceso electoral, y la amenaza que se cierne sobre este si suspende o cancela la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla, con base en la resolución emitida por el juez mencionado, que “ordena la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla” (CC, 13 de julio de 2023-2).
“El peligro de que el Tribunal Supremo Electoral con base en la resolución emitida por el Juez penal referido, suspenda el curso normal y vulnere el proceso electoral, suspendiendo y/o cancelando al Partido Político Movimiento Semilla; así como, la amenaza que cierne sobre el proceso electoral” (CC, 13 de julio de 2023-2).
Así, tras analizar los argumentos del partido Semilla, entre los que destaca que es imperativo que la Corte de Constitucionalidad, ante el rompimiento del orden constitucional, restablezca el imperio de la Constitución Política de la República y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y garantice el curso normal y la pureza del proceso electoral, para que el sistema democrático no sufra desmedro, y tras analizar la solicitud de amparo provisional, que solicita actuar a prevención, toda vez que la validez de la resolución emitida por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal “conlleva un riesgo alto de constituir un daño irreparable, dejando fuera de las elecciones a candidatos que fueron electos popularmente”, la Corte de Constitucionalidad, basada en las leyes y autos relacionados, resuelve otorgar el amparo provisional solicitado.
“De los hechos relatados por la organización política postulante, así como con base en el análisis efectuado al escrito de amparo, en el presente caso concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina y se dan los supuestos regulados en el artículo 28 ibidem, por lo que se otorga el amparo provisional” (CC, 13 de julio de 2023-2).
Ahora bien, además de conceder el amparo provisional, la Corte de Constitucionalidad decreta que la resolución del 12 de julio de 2023, emitida por el Juez Séptimo de Instancia Penal, no afecta ni suspende el Acuerdo 1328-2023 del Tribunal Supremo Electoral que, en esa misma fecha, declaró la validez de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República. Lo anterior, afirma la CC, con el fin de preservar la oficialización de los resultados prevista en dicho acuerdo, para que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados en el citado acuerdo.
De hecho, la Corte de Constitucionalidad afirma que la referida decisión del Juez Séptimo de Instancia Penal no tiene efectos positivos en cuanto a suspender el proceso electoral en la fase en la que se encuentra, así como sus efectos posteriores; por tanto, el Tribunal Supremo Electoral, que está obligado a hacer prevalecer el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder, debe proceder como corresponde, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 1328-2023 (CC, 13 de julio de 2023-2).
No obstante, la Corte de Constitucionalidad advierte que lo anterior, “es sin perjuicio de las facultades de persecución penal que competen al Ministerio Público y lo regulado en los artículos 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (CC, 13 de julio de 2023-2).
Ahora bien, el 13 de julio de 2023, el mismo día en que el partido Movimiento Semilla interpone la acción de amparo contra el Tribunal Supremo Electoral y en que la Corte de Constitucionalidad concede el amparo y revoca la decisión del juez de suspender al partido Semilla, la FECI allana el Departamento de Organizaciones Políticas del TSE basándose en esta misma resolución de la CC que también autoriza al Ministerio Público a continuar con sus facultades de persecución penal.
C) Allanamientos de la FECI y aumento de la tensión social
El allanamiento del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, sumado al allanamiento de la sede del partido político Movimiento Semilla el 21 de julio, elevó las tensiones sociales hasta el punto de que diferentes actores del sistema político y electoral se posicionaron a favor o en contra de la actuación del Ministerio Público. El 13 de julio, antes de que la Corte de Constitucionalidad se pronunciara sobre la medida cautelar solicitada por el partido Semilla, Ramiro Muñoz, jefe del Departamento de Organizaciones Políticas, dio una conferencia de prensa e indicó que el último párrafo del artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que ningún partido político puede ser suspendido mientras se desarrolle un evento electoral. Además, Ramiro Muñoz interpuso un recurso de amparo contra la resolución emitida por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal y desobedeció la resolución de suspensión del partido Semilla. Mientras tanto, el 14 de julio, el Ministerio Público calificaba de campaña de desinformación las opiniones vertidas en su contra por diversos sectores nacionales e internacionales y, el sábado 15 de julio, los candidatos de la UNE y Semilla iniciaron sus respectivas campañas electorales.
Pero eso no fue todo. El 17 de julio, el Tribunal Supremo Electoral informó de que Ramiro Muñoz estaba de vacaciones por motivos personales y de que Eleonora Castillo, subdirectora del Registro de Ciudadanos, ejercería sus funciones. El 18 de julio, el juez Fredy Orellana ordenó al Ministerio Público que investigara a Ramiro Muñoz por desobedecer la resolución que había emitido días antes. El 19 de julio, el Ministerio Público informó de que Ramiro Muñoz había sido imputado por desobedecer dicha resolución. El partido Semilla calificó de ataques las acciones de la FECI; Bernardo Arévalo dijo ser víctima de esta fiscalía y anunció una rueda de prensa a través de Facebook y TikTok para el día siguiente; y, una vez más, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la Lista Engel para El Salvador, Honduras y Guatemala, en la que identificó a algunos funcionarios guatemaltecos como actores corruptos y/o antidemocráticos. Entre ellos, la fiscal Cinthia Monterroso, el juez Fredy Orellana, el rector Walter Mazariegos y el dirigente magisterial Joviel Acevedo.
Por su parte, el Gobierno de Guatemala, a través del presidente Alejandro Giammattei, expresó su firme rechazo a la subjetividad de la publicación, que incluye a guatemaltecos señalados mediante juicios de valor sin la garantía de una legítima defensa a través de un debido proceso judicial, lo que viola el principio universal de presunción de inocencia. Giammattei enfatizó que el Gobierno de Guatemala considera deleznable esta herramienta que, según expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, Estados Unidos está utilizando para imponer su jurisdicción a personas en el exterior. Además de reiterar que la Lista Engel no puede ser considerada un instrumento vinculante en la legislación guatemalteca, porque se deriva de acusaciones mediáticas infundadas, condenó la injerencia externa en asuntos internos y el uso de herramientas políticas abusivas contra los guatemaltecos. Finalmente, Giammattei reafirmó su compromiso de trabajar por la defensa de la soberanía nacional (La Hora, 19 de julio de 2023-1).
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos asumió abiertamente el liderazgo de la conspiración nacional e internacional contra el gobierno de Alejandro Giammattei y sus aliados, y expresó su decidido apoyo a Bernardo Arévalo. En nombre del Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller dijo: “Hacemos un llamado a todos los líderes, miembros de la sociedad civil, periodistas, el sector privado y la comunidad internacional a unirse a este esfuerzo para fortalecer la gobernabilidad democrática y acabar con la corrupción (La Hora, 19 de julio de 2023-2).
Ahora bien, la FECI allanó la sede de Semilla el 21 de julio, en el marco de la investigación sobre las irregularidades en la formación del partido. La incertidumbre política y las tensiones sociales alcanzaron tal extremo que, ese mismo día, la Corte de Constitucionalidad se vio obligada a publicar un comunicado dirigido a las autoridades electorales, al Ministerio Público, al Organismo Judicial y a la ciudadanía para ratificar su resolución del 13 de julio.
“Ante la situación imperante en el país, en el marco del proceso electoral aún en curso, en resguardo de la transparencia de dicho proceso electoral y en aras de preservar la paz y el orden social, como máximo Tribunal de garantías constitucionales, hace uso de su condición de guardián de la Constitución y, por ende, de su deber de resguardar la democracia y el Estado de Derecho, por lo que, precisa hacer saber a las Autoridades Electorales, al Ministerio Público, al Organismo Judicial y a la ciudadanía, lo siguiente:
… 3) De esa cuenta, a las Autoridades Electorales, al Ministerio Público, al Organismo Judicial y a la ciudadanía, esta Corte como intérprete legítimo de su decisión, hace saber que, según los términos de dicho amparo provisional, la decisión aludida del orden penal carece de efectos para suspender la continuidad y conclusión del proceso electoral celebrado en este año; (…). En términos concretos y en salvaguarda del régimen democrático, la resolución del ámbito penal carece de efecto positivo para dejar sin personalidad, precautoriamente, a los partidos participantes en tanto el proceso electoral no se haya dado por concluido, por lo que la orden judicial no puede llevar tal alcance, asimismo, la conservación de la personalidad jurídica del Partido, que dispongan las autoridades electorales, tiene asidero en la resolución provisional de esta Corte, pues suspender la personalidad jurídica del Partido en este momento, trascendería en el momento actual el desarrollo del proceso electoral. Todo lo antes mencionado, sin perjuicio de las facultades de persecución penal que competen al Ministerio Público” (CC, 21 de julio de 2023).
En su mensaje, como puede verse, la Corte de Constitucionalidad, además de aclarar y reafirmar el contenido de su resolución, trataba de apaciguar los ánimos de una sociedad crispada y exhausta, que veía cómo las medidas de presión de los sectores involucrados en la defensa de la democracia se radicalizaban.
Entre muchos pronunciamientos de la comunidad internacional, destacan las declaraciones de los congresistas estadounidenses Raúl Grijalba, Norma Torres, Eleanor Holmes y James McGovern, quienes pidieron a Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, que tomara medidas más drásticas por las acciones altamente irregulares llevadas a cabo por instituciones guatemaltecas lideradas por personas identificadas como corruptas e incluidas en la Lista Engel (La Hora, 24 de julio de 2023).
Sin embargo, el 12 de septiembre, la FECI allanó el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, lo que provocó el rechazo de los partidarios de Semilla, de los guatemaltecos que no compartían la idea del fraude electoral y de la comunidad internacional que apoyaba abiertamente a Bernardo Arévalo. El objetivo era abrir las cajas y secuestrar pruebas sobre el supuesto fraude. No obstante, el 29 del mismo mes, el Tribunal Supremo Electoral fue allanado de nuevo.
Así, continuaron las expresiones de rechazo y las acciones contra la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla y el intento de anulación de las elecciones por parte del Ministerio Público. Como veremos en una próxima investigación, esta evolución desembocó en los bloqueos de carreteras convocados por los 48 Cantones de Totonicapán (Prensa Libre, 29 de septiembre de 2023-2), que paralizaron el país del 2 al 22 de octubre (Plaza Pública, 22 de octubre de 2023). Mientras tanto, veamos cómo se resolvió la segunda vuelta electoral entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo.
5. Campaña electoral y triunfo de Bernardo Arévalo
Como se sabe, la disputa por la Presidencia de la República se dirimió entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo, luego del tortuoso camino recorrido por el inesperado ganador de la primera vuelta y tras una accidentada campaña electoral que finalmente decidió el control del Poder Ejecutivo.
Por un lado, la campaña de Sandra Torres y la UNE era tradicional, fuera de contexto y poco inteligente, y defendía posiciones ultraconservadoras y acusaba a sus adversarios políticos de comunistas radicales. De hecho, su campaña revivía las denuncias anticomunistas más absurdas de la Guerra Fría, como si Bernardo Arévalo formara parte de la supuesta “amenaza comunista” de aquellos años.
Por otro lado, Bernardo Arévalo y Semilla desarrollaban una campaña cruel (Murga Armas, julio-septiembre de 2024), autodenominada “inteligente”, basada en la difusión de información denigratoria sobre Sandra Torres y en la promoción del “hijo de Arévalo” a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Además, la conspiración mediática nacional e internacional en contra de “los corruptos” ayudaba a Bernardo Arévalo y a Semilla a ganarse la simpatía de la gente.
Así, a diferencia de la campaña de Sandra Torres, basada en anuncios de televisión y radio y carteles con inscripciones que proclamaban valores conservadores y retrógrados, la campaña de Bernardo Arévalo se centró en el trabajo de imagen y en las redes sociales, proclamando una visión social de la sociedad y un discurso anticorrupción. También utilizó algunas artimañas: es muy probable que algún miembro de Semilla, conocedor de la importancia de la imagen en la publicidad, diseñara e introdujera un símbolo similar al logotipo del Movimiento Semilla (Wikipedia, 8 de julio de 2023) como logotipo de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOEGT, julio de 2023), para promocionar subrepticiamente al partido Semilla durante todo el proceso electoral.
Cabe señalar que la campaña electoral de Bernardo Arévalo en 2023 intentó ser una copia de la campaña de Barack Obama en 2008 (El País, 3 de mayo de 2012). De hecho, Bernardo Arévalo utilizó la palabra “esperanza” para presentarse como garantía de cambio, al igual que Barack Obama. Y, a partir del 15 de enero de 2024, fecha en la que tomó posesión como presidente, ha empezado a utilizar en las redes sociales la frase “sigamos avanzando”, que también copió del presidente Barack Obama, quien, cuando buscaba la reelección en 2012, utilizó la palabra forward (esperanza) para pedir a los estadounidenses que siguieran avanzando. De este modo, al igual que Barack Obama en Estados Unidos, Bernardo Arévalo pretende presentarse como el líder que ha ayudado a Guatemala a superar la crisis.
Así, el domingo 20 de agosto de 2023, en segunda vuelta electoral, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, candidatos a presidente y vicepresidente del partido Semilla, respectivamente, obtuvieron 2,442,718 votos, contra 1,567,664 votos obtenidos por Sandra Torres y Romeo Guerra, candidatos a presidente y vicepresidente de la UNE, respectivamente (TSE, Edición 2024).
Con estos resultados, y tras superar los obstáculos legales surgidos el 30 de junio a raíz de la solicitud de amparo de los partidos políticos, Bernardo Arévalo fue declarado presidente electo de Guatemala el 20 de agosto. Sin embargo, tras la publicación el 24 de agosto de un supuesto plan para asesinarlo, la denuncia de Bernardo Arévalo el 1 de septiembre de un supuesto golpe de Estado, los allanamientos del Ministerio Público en las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral del 12 al 14 de septiembre y el 29 de septiembre, y el fin de las protestas y bloqueos de carreteras el 22 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral declaró concluido el proceso electoral y oficializó los resultados de las elecciones el 31 de octubre de 2023, como estaba previsto (TSE, 31 de octubre de 2023-1).
Así, tras una larga evaluación, el Tribunal Supremo Electoral rechazó las solicitudes de varias agrupaciones y gremios que pedían ampliar el periodo electoral hasta el 15 de enero de 2024 por temor a que las investigaciones del Ministerio Público y las resoluciones judiciales afectaran los resultados ya oficializados o impidieran la toma de posesión de algunos candidatos electos, entre ellos el presidente electo Bernardo Arévalo. En este sentido, el TSE declaró “inalterables” los resultados del 20 de agosto y garantizó la alternancia en el poder que debe producirse el 14 de enero de 2024 (TSE, 31 de octubre de 2023-2).
Sin embargo, el fin del proceso electoral no ha significado el fin de las disputas entre los dos grupos de poder que luchan por el control del Ejecutivo. Aunque los resultados electorales fueron oficializados y Bernardo Arévalo y los diputados electos del partido Semilla esperan tomar posesión el 14 de enero de 2024, las investigaciones del Ministerio Público sobre el presunto fraude electoral y la supuesta corrupción en el partido Semilla los sitúan en una situación incierta y vulnerable que dificulta prever el futuro del próximo gobierno.
Nos surgen las siguientes preguntas: ¿Las protestas y bloqueos de carreteras convocados por los 48 Cantones de Totonicapán buscaban defender la democracia, como aseguraron los dirigentes indígenas, o evitar las investigaciones del Ministerio Público contra el partido Semilla y algunos de sus miembros, como aseguraron las autoridades del MP? ¿Cómo se explica la parálisis sin precedentes del país y qué consecuencias económicas y sociales tuvo en los días de mayor auge? ¿Fue sólo la capacidad organizativa de los 48 Cantones de Totonicapán la que paralizó el país, como se piensa, o hubo apoyo de otras estructuras? ¿Qué papel jugaron las organizaciones indígenas y campesinas vinculadas a la exguerrilla en las movilizaciones y bloqueos de carreteras en el país y las estructuras urbanas vinculadas a la Municipalidad de Guatemala en las movilizaciones y bloqueos en la Ciudad de Guatemala?
Conclusión
Bernardo Arévalo ganó las elecciones presidenciales el 20 de agosto de 2023 con una amplia ventaja. Sin embargo, las investigaciones del Ministerio Público sobre el presunto fraude electoral y el caso de corrupción descubierto en el partido Semilla le sitúan en una situación vulnerable, a pesar del visible y decidido apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y organismos internacionales como la OEA, que le han acompañado en todo momento.
Si el triunfo de Bernardo Arévalo y del partido Semilla fue producto de una conspiración nacional e internacional, y si el respaldo de las organizaciones indígenas y campesinas que se movilizaron a su favor fue estimulado por el financiamiento internacional, así como el de las agrupaciones y/o asociaciones ciudadanas, académicas, periodísticas, religiosas y gremiales, la legitimidad social del futuro gobierno y su presidente está en entredicho y depende del apoyo político y financiero de los países que, en nombre de la democracia, condujeron el proceso electoral.
Por tanto, el futuro del gobierno de Bernardo Arévalo y del partido Semilla es incierto. Ante esta situación, cabe preguntarse cuál es el interés de Estados Unidos y Europa en su supuesta defensa de la democracia guatemalteca. ¿Tiene su interés en Guatemala relación con su geopolítica global de las drogas en la región centroamericana?
Una hipótesis es que, además de los beneficios de las organizaciones no gubernamentales provenientes de las agencias de cooperación y de los organismos internacionales, los beneficios provenientes de las estructuras del narcotráfico fueron un factor de cohesión y movilización social de colectivos, agrupaciones y/o asociaciones durante el proceso electoral de 2023, con el fin de asegurar la victoria de Bernardo Arévalo y del partido Semilla, y fortalecer el grupo de poder multinacional que les ha apoyado, en consonancia con la geopolítica global de las drogas de Estados Unidos y Europa en la región centroamericana.
Referencias
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*Esta artículo se publicó originalmente en la Revista Economía, nº 243 enero-marzo de 2025, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, Guatemala.
* Doctor en Antropología y Sociología de la Política. Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IIES-USAC).
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